Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130178
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las disposiciones de la ley 27.348 y del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, norma esta última cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
El señor Juez doctor Torres, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Kohan dijeron:
I. El tribunal de trabajo n° 4 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, declaró procedente la demanda promovida por el señor Claudio Oscar Acosta y condenó a Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la reparación sistémica prevista en los arts. 14 inc. 2 "a" de la ley 24.557 y 3 de la ley 26.773, con motivo de la incapacidad que contrajo como consecuencia del accidente de trabajo sufrido el día 3 de marzo de 2015 (v. pronunciamiento de 28-X-2022 y aclaratoria de fecha 11-XI-2022).
En lo que interesa, al momento de establecer el importe de las referidas prestaciones, aplicó las disposiciones contenidas en la ley 27.348 y el decreto de necesidad y urgencia 669/19.
II. Contra dicha decisión la legitimada pasiva interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 10-XI-2022), concedido por el citado tribunal en fecha 7 de diciembre de 2022.
II.1. En primer lugar, critica la aplicación al caso de la ley 27.348 y sostiene, en lo esencial, que la controversia de autos refiere a un hecho que acaeció el día 3 de marzo de 2015, por lo que, lo resuelto transgrede el principio de irretroactividad de las leyes previsto en el art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Añade, en ese sentido, que de conformidad con lo establecido en el art. 20 de la citada ley 27.348, sus disposiciones no resultan aplicables al caso, pues rigen respecto de contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzcan con posterioridad a su vigencia.
Denuncia violada la doctrina legal emergente de la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), destacando que este Superior Tribunal se pronunció en el mismo sentido al analizar la ley 26.773.
II.2. Por otra parte, cuestiona la definición del tribunal de grado en cuanto determinó el valor mensual del ingreso base con ajuste al decreto 669/19.
Refiere que su inaplicabilidad en la especie luce manifiesta, toda vez que dicho reglamento no había sido dictado al momento en que el actor tomó conocimiento de su minusvalía, hecho este último que aconteció en la misma fecha que se produjo el accidente de trabajo por cuyas secuelas incapacitantes reclamó.
Sostiene que, al practicar la liquidación, el juzgador se apartó de la doctrina legal vigente en la materia, ocasionando un menoscabo irreparable a Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., vulnerando su derecho de propiedad y las garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso.
III. El recurso prospera.
III.1. Le asiste razón a la recurrente cuando afirma que el tribunal de origen aplicó erróneamente la ley 27.348.
La temática que subyace en la crítica ya ha sido motivo de análisis por esta Corte. Así, en la causa L. 127.792, "Corbalán" (sent. de 10-IV-2023), ha señalado que la ley citada fue publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina con fecha 24 de febrero de 2017 y entró en vigencia a partir del 5 de marzo de 2017 (cfr. art. 5, Cód. Civ. y Com.), destacando que su art. 20 establece que "La modificación prevista al artículo 12 de la ley 24.557 y sus modificatorias, se aplicará a las contingencias cuya primer(a) manifestación invalidante resulte posterior a la entrada en vigencia de la presente ley".
Luego, y siendo que según surge del pronunciamiento de grado la primera manifestación invalidante se sitúa en el día 3 de marzo de 2015, corresponde admitir el agravio traído y rescindir la parcela de la sentencia de grado en cuanto estimó el ingreso base mensual y calculó las prestaciones debidas al trabajador con apoyo en la citada ley 27.348 (conf. arts. 5 y 7, Código Civil y Comercial de la Nación y 20, ley 27.348).
III.2. Asimismo, los agravios planteados por la recurrente dirigidos a objetar la aplicación al caso del decreto de necesidad y urgencia 669/19, hallan adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir en las causas L. 127.690, "Ovejero" (sent. de 26-V-2026) y L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.).
El señor Juez doctor Soria dijo:
Comparto lo resuelto por mis colegas que me preceden en la votación. Sólo he de aclarar que en aquello vinculado con el decreto 669/2019, suscribo la solución propuesta a tenor de lo prescripto en el tercer párrafo del art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.), y dejando a salvo mi opinión expuesta en la causa L. 127.690, "Ovejero" (sent. de 26-V-2026).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las disposiciones de la ley 27.348 y del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, norma esta última cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/06/2026 21:48:22 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 30/06/2026 19:54:28 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/07/2026 12:00:31 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 01/07/2026 16:52:39 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/07/2026 09:04:49 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 02/07/2026 12:54:03 hs. bajo el número RR-1336-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia