Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 136031
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Miguel, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el señor Héctor Bernabé Herrera y, en consecuencia, condenó a Swiss Medical Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de prestaciones dinerarias establecidas en el régimen especial de riesgos del trabajo por la incapacidad que manifestó padecer como consecuencia del accidente de trabajo denunciado en autos, adicionando intereses en la forma y modo en que estableció. Por otro lado, hizo lugar a las excepciones de falta de legitimación pasiva interpuestas por Welttechnik S.A. y Swiss Medical Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. en cuanto pretendía la reparación integral por daños y perjuicios (v. pronunciamiento de fecha 12-III-2025).
Para así decidir, en lo que interesa destacar por ser materia de agravio, juzgó no acreditada la responsabilidad civil del empleador y de la aseguradora, con sustento en que no se advertían cuáles eran las supuestas omisiones que hubieran sido la causa del daño.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 24-III-2025), el que fue concedido por el a quo en el marco de la excepción contenida en el art. 82 de la ley 15.057 (v. resolución de fecha 7-IV-2025).
En su presentación relata los antecedentes de la causa. Cita las normas y la doctrina que considera violadas. En lo sustancial, sostiene que la decisión de grado es arbitraria.
En primer lugar, se agravia de que el tribunal de origen no hubiera tenido por acreditada la responsabilidad civil de la aseguradora ni de la empleadora. Al respecto, señala que el actor probó cuales eran los incumplimientos que les imputaba.
Posteriormente, cuestiona el quantum indemnizatorio. En esencia, objeta que el tribunal de origen no utilizara como parámetro de actualización el índice de las Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables -RIPTE-.
Por último, se agravia de la imposición de costas.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone señalar que el órgano de grado concedió el remedio en el marco de la excepción prevista en el art. 82 de la ley 15.057 -Resolución SC 1.840/2024- por considerar que el valor de lo cuestionado no excede el monto mínimo aplicable a la fecha de interposición de aquel, lo que fue notificado, sin que mereciera objeciones. En consecuencia, la admisibilidad del remedio en examen sólo puede justificarse en el marco de la doctrina elaborada en torno al alcance de la excepción contenida en el citado precepto legal (cfr. causa L. 132. 789, "Testone ", resol. de 20-IX-2024).
A continuación, y a propósito de los argumentos desplegados por el impugnante en su presentación, es preciso afirmar que no se encuentra involucrada -como denuncia- una cuestión de naturaleza federal que autorice el conocimiento de la impugnación sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la CSJN in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478).
En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 128.119, "Barragán", resol. de 4-VII-2022; L. 126.806, "Giles", resol. de 21-VI-2023 y L. 132.450, "Sánchez", resol. de 29-V-2025; e.o.).
III.2. Realizado el examen conforme los lineamientos anteriormente enunciados no se observa, respecto de los agravios vinculados a la responsabilidad civil y el quantum indemnizatorio, la concurrencia del supuesto excepcional mencionado, desde que el recurrente trae a consideración agravios relacionados con cuestiones cuya definición es privativa del sentenciante de grado y relativos a la valoración de los hechos y las pruebas, asuntos detraídos de la revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto antes señalado (causas L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020; L. 130.641, "Areco", resol. de 22-XII-2023; L. 132.539, "Reyes", resol. de 3-IV-2025 y L. 134.321, "Samaniego", resol. de 16-X-2025).
Asimismo, corresponde señalar que en su lacónico reproche final que formula el recurrente, respecto de la imposición de costas, prescinde citar como transgredida doctrina legal alguna de esta Suprema Corte, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018; L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020; L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020; L. 125.492, "Sartor", resol. 29-III-2021 y L. 130.055, "Mier Vique", resol. de 10-IV-2023).
Finalmente, cabe recordar que esta Corte tiene dicho que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 127.641, "Maidana", resol. de 28-XII-2021; L. 128.413, "Núñez", resol. de 7-VI-2022 y L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/06/2026 12:24:43 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/06/2026 20:26:11 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 26/06/2026 17:24:11 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/06/2026 19:47:56 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/07/2026 09:26:22 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 01/07/2026 10:36:01 hs. bajo el número RR-1289-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia