Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 136367
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la demandada (art. 292 del CPCC; 89, ley 15.057; Acuerdo 4.068/2022; Resol. 24/20 y Resol. 1.840/24).
Las costas se difieren para el momento en que se resuelva el mérito del recurso que se concede y la regulación de honorarios para su oportunidad.
I. En el caso, el Tribunal de Trabajo n° 3 con asiento en la ciudad de Avellaneda, perteneciente al Departamento Judicial de Avellaneda - Lanús, tras decretar la inconstitucionalidad sobrevenida del art. 7 de la ley 23.928, hizo lugar a la demanda interpuesta por Saturnino Sosa y condenó a Asociart S.A. ART al pago de la suma que especificó en concepto de indemnización regulada en el art. 14 apdo. 2 inc. "a" de la ley 24.557, con más intereses y efectuando una actualización (v. sent. de 29-V-2025).
II. Contra dicha decisión, la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 18-VI-2025), oportunidad en que, en lo que interesa aquí destacar, cuestionó la declaración de inconstitucionalidad del citado art. 7 de la ley 23.928 y se agravió de la aplicación del Decreto 669/19. En tal sentido, con apoyo en diversos precedentes jurisprudenciales emanados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que indicó, alegó que el tribunal laboral, para así resolver, debió haber demostrado, y no lo hizo, que en el caso concreto cualquier mecanismo alternativo a la prohibición de indexar resultaría absolutamente insuficiente para preservar la integridad del crédito laboral. Denunció gravedad institucional.
Desde otro costado, sostuvo que la incapacidad tomada para la base del cálculo en el fallo en crisis, no se ajusta a la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales incluida en el Anexo I del Decreto n° 659/96, es decir, lo determinado por el juez en cuanto a lo que informa el perito no se ajusta a las prescripciones de dicho decreto.
III. El tribunal de grado, a su turno, sostuvo que la recurrente incumplió con la carga procesal que le incumbe de acreditar que el monto litigioso supera el mínimo establecido por el art 278 del Código Procesal Civil y Comercial, a la vez que consideró no evidenciado el supuesto de excepción establecido en el art. 82 de la ley 15.057 (v. resol. de 26-6-2025), lo que motivó la articulación de la queja en tratamiento (art. 292, CPCC; v. presentación de 7-VII-2025).
En la vía de hecho intentada ante esta sede, la interesada afirma que además de superar el valor del litigio los límites impuestos por la ley procesal según los nuevos parámetros que indica, correspondería, en la especie, habilitar la instancia de casación local, en virtud de la transgresión de la doctrina legal denunciada y en atención a la cuestión federal introducida.
IV. La queja prospera con el siguiente alcance.
IV.1. Cabe señalar que las manifestaciones vertidas por el recurrente, recién al momento de interponer el recurso de queja normado en el art. 292 del Código Procesal Civil y Comercial, tendientes a sortear el valladar impuesto en el art. 82, de la ley 15.057 -aplicable a la fecha de interposición del recurso, según Resolución 1.840/2024-, no son atendibles.
Nótese, que en reiteradas ocasiones ha declarado este Tribunal que no puede traerse a consideración en la instancia extraordinaria aquella pretensión que no fue llevada a conocimiento del órgano de grado, deviniendo reflejo de una reflexión tardía (cfr. causa L. 132.105, "Baigorria", resol. de 29-V-2024 y L. 133.975, "Toloza", resol. de 27-III-2025).
IV.2. En atención a lo dicho, correspondería, tal como lo reclama la interesada en el marco de los argumentos desarrollados en el recurso de hecho deducido de modo directo ante esta sede extraordinaria, verificar la existencia, o no, de la hipótesis de excepción prevista en el citado precepto ritual (causa L. 132.699, "Colque Choque", resol. de 29-X-2024 y L. 132.340, "Juncos", resol. de 27-XI-2026; e.o.).
V. No obstante ello, no puede soslayarse que el agravio dirigido a controvertir la declarada invalidez constitucional del art. 7 de la ley 23.928, involucra, prima facie valorado, el análisis de una cuestión federal, circunstancia que justifica su abordaje con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales, tal como lo afirmó la apelante (v. pags. 5/8 del escrito de 18-VI-2025), lo que en modo alguno importa adentrarse en el análisis de la fundabilidad -y suficiencia- de los agravios expuestos y que conciernen a las cuestiones federales que se denuncian.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la demandada (art. 292 del CPCC; 89, ley 15.057; Acuerdo 4.068/2022; Resol. 24/20 y Resol. 1.840/24).
Las costas se difieren para el momento en que se resuelva el mérito del recurso que se concede y la regulación de honorarios para su oportunidad.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y pasen los autos a despacho.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/06/2026 21:47:14 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 30/06/2026 19:53:17 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/07/2026 11:58:34 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 01/07/2026 16:52:15 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/07/2026 09:03:08 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 02/07/2026 12:53:31 hs. bajo el número RR-1320-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia