Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 136344
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación al agravio tratado en el punto IV.2, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), tener por desistido el agravio conforme se indica en el punto IV.3, y declarar procedente el remedio con el alcance establecido en el punto IV.1 en cuanto aplicó al caso las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara, debiéndose los autos remitirse al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
El señor Juez doctor Torres, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Kohan dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar a la demanda promovida por Jonatan Suárez y, en consecuencia, condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de diferencias por prestaciones dinerarias previstas en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, resultantes de la minusvalía que porta como consecuencia del accidente de trabajo sufrido el día 5 de enero de 2012 (v. pronunciamiento de 28-V-2025).
Para así decidir, y en lo que interesa destacar por ser materia de agravio, resolvió -por mayoría- calcular el ingreso base con aplicación del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables -RIPTE- conforme lo dispuesto por el decreto 669/19, normativa que también utilizó para fijar la tasa correspondiente a los intereses sancionatorios en caso de incumplimiento. Asimismo, añadió intereses a una tasa pura del seis por ciento -6%- anual desde la fecha de la primera manifestación invalidante hasta la del pase al acuerdo.
A su vez, tras meritar aplicable al caso las pautas del citado decreto, hizo lugar al planteo introducido por el actor y declaró la inconstitucionalidad de la prohibición de indexar dispuesta en los arts. 7 y 10 de la ley 23.928, modificado por el art. 4 de la ley 25.561.
II. Contra dicha decisión, la parte demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de 3-VI-2025), el que fue concedido por el a quo el 10 de junio de 2025.
En el carril recursivo interpuesto, la recurrente invoca las normas y doctrina legal que considera conculcadas en el pronunciamiento impugnado.
II.1. En esencia, bajo la denuncia de absurdo, objeta la decisión del juzgador de grado en cuanto determinó el ingreso base mensual aplicando retroactivamente las pautas establecidas en el decreto 669/19 -modificatorio del art. 12 de la ley 24.557, según ley 27.348-, normas cuya entrada en vigencia -afirma- resultaban ser posteriores a la fecha del infortunio sufrido por el trabajador. En este sentido, afirma que dicha decisión es contraria a los dispuesto por el art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación y de los fallos que cita.
A su vez, sostiene que es equívoca la decisión del tribunal de origen de no aplicar al caso las resoluciones núms. 1.039/2019 y 332/2023 de la Superintendencia de Seguros de la Nación al momento de determinar el valor mensual del ingreso base del actor.
II.2. Seguidamente, impugna el cómputo de intereses practicado por el sentenciante desde la fecha del accidente toda vez que denuncia cinco (5) años de inactividad procesal por la exclusiva responsabilidad de la parte actora.
II.3. Finalmente, cuestiona la forma de pago dispuesta por el tribunal de grado. En esa línea, alega vulneración del art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo.
III. Con posterioridad, encontrándose la causa en esta sede, se presenta la doctora Benvenuto -en su carácter de letrada apoderada de la parte demandada- y desiste del cuestionamiento esbozado en el punto III.d del recurso extraordinario interpuesto -reseñado en el párrafo final del apartado anterior- (v. págs. 16/21 del rec. de fecha 3-VI-2025 y presentación de fecha 9-II-2026).
IV. El recurso prospera parcialmente.
IV.1. En primer término, ha de señalarse que los agravios reseñados en el punto II.1., hallan adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir en las causas L. 127.690, "Ovejero" (sent. de 26-V-2026) y L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.); resultando ello suficiente para resolver las impugnaciones allí traídas.
Luego, atento la solución que se propicia en el acápite anterior, debe dejarse sin efecto la decisión de grado en cuanto declaró la invalidez constitucional de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928. Ello así, por cuanto dicho pronunciamiento reconoció como único sustento la pauta indexatoria prevista en el decreto 669/19 a fin de actualizar las prestaciones dinerarias reconocidas a la actora mediante la aplicación del índice RIPTE allí contemplado (conf. arg. causa L. 131687, "Vera", resol. de 23-VI-2026).
IV.2. Respecto del restante reproche formulado, referido al modo en que el tribunal de grado computó los intereses, sabido es, que una de las características específicas de la instancia extraordinaria está dada por la mayor exigencia en cuanto a las cargas procesales que deben ser idóneamente abastecidas para transitar con éxito en casación y, en ese escenario, se impone un acabado respeto por las pautas que fija el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 124.447, "Taulamet", sent. de 7-IV-2022; L. 130.878, "Araldi", sent. de 20-XI-2024 y L. 134.584, "Magallanes", resol. de 15-IX-2025; e.o.), no verificándose el cumplimiento de tal recaudo con relación a los planteos esbozados en el punto II.2.
IV.3. Finalmente, corresponde tener a la parte demandada por desistida del cuestionamiento formulado expuesto en el punto II.3. (v. rec. de fecha 3-VI-2025 y escrito de fecha 9-II-2026).
El señor Juez doctor Soria dijo:
A tenor de lo prescripto en el tercer párrafo del art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.), y dejando a salvo mi opinión expuesta en la causa L. 127.690, "Ovejero" (sent. de 26-V-2026), acompaño lo resuelto por mis colegas que me preceden en la votación.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación al agravio tratado en el punto IV.2, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), tener por desistido el agravio conforme se indica en el punto IV.3, y declarar procedente el remedio con el alcance establecido en el punto IV.1 en cuanto aplicó al caso las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara, debiéndose los autos remitirse al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/07/2026 13:31:49 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/07/2026 19:09:40 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 08/07/2026 12:28:31 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/07/2026 10:55:08 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/08/2026 09:13:25 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/08/2026 12:14:20 hs. bajo el número RR-1408-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia