Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 139179
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. (art. 292 del CPCC; 89, ley 15.057; Acuerdo 4.068/2022; Resol. 24/20 y Resol. 1.840/24).
Las costas se difieren para el momento en que se resuelva el mérito del recurso que se concede y la regulación de honorarios para su oportunidad.
I. En el caso, el Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Quilmes, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la acción promovida por el señor Martín Francisco Escalante y condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de prestaciones dinerarias por incapacidad (v. sent. de 22-XII-2025).
Para así decidir, en lo que interesa destacar, tras juzgar acreditado que el actor resultaba portador de una incapacidad de tipo parcial y permanente del 65 % de la total obrera en relación con el accidente sufrido el 2 de diciembre de 2016, dispuso actualizar el crédito laboral según los lineamientos de la doctrina legal que indicó, en cuanto establece como parámetro objetivo de referencia la variación del Indice de Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables.
II. Además, el Tribunal de grado reguló los honorarios de los profesionales intervinientes del siguiente modo: a los letrados de la parte actora, Dra. Ampo, Valeria Andrea, en la cantidad de 103,02 JUS; Dr. Dono Leidi, Daniel Alejandro en la cantidad de 7 JUS y Dr. Sánchez, Hernán Gabriel en la cantidad de 96,02 JUS, todos con más el 10% de ley (arts. 2, 9, 13, 15, 16, 21, 23, 24, 28 inc. h, 43, 51 y 54 Ley 14.967 y 12 Ley 8455). A los letrados de la demandada Dr. De Belaieff, Carlos Alejandro y De Belaieff, Cecilia en la cantidad de 108,16 JUS cada uno, más IVA en caso de corresponder y con más el 10% de ley (arts. 2, 9, 13, 15, 16, 21, 23, 24, 28 inc. h, 43, 51 y 54 Ley 14.967 y 12 Ley 8455).
Finalmente, estipuló los emolumentos de los peritos intervinientes en la suma especificada en la moneda de curso legal y, sobre el doctor Jorge Bermúdez, indicó que correspondía adicionar la suma correspondiente a los aportes y el Impuesto al Valor Agregado (v. liquidación de 22-XII-2025).
III. Más adelante, en lo que interesa destacar, específicamente el día 2 de febrero de 2026, se presentó el doctor Jorge Bermúdez e informó sus datos bancarios, ocasión en que, además, denunció su condición de monotributista a los fines correspondientes.
IV. Luego, contra la sentencia final de la causa, la legitimada pasiva interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 4-II-2026) y el a quo lo denegó con fundamento en la insuficiencia del depósito previsto en el art. 83 de la ley 15.057. A tal fin, efectuó la conversión al valor del jus vigente a la fecha de interposición del recurso y cotejó dichos valores con el depósito efectuado por la recurrente, concluyendo que éste resultaba inferior al que debió integrar por una diferencia de doscientos cincuenta y dos mil pesos ($252.000; v. resol. de 11-II-2026), lo que motivó la articulación de una revocatoria en tanto dicha suma faltante coincidía con la equivalente al IVA sobre el crédito de honorarios del perito médico actuante en autos (v. escrito de 11-II-2026) y la queja en tratamiento (art. 292, CPCC; v. escrito electrónico de 24-II-2026).
V. El tribunal de origen denegó el remedio citado, en tanto adujo que la liquidación fue practicada con los montos que surgían de la regulación de honorarios de todos los profesionales intervinientes en autos, la cual no fue cuestionada por el perito médico, quien no había denunciado ni acreditado el cambio de su condición ante los organismos de recaudación hasta el momento de realizarla, esto es en fecha 22 de diciembre de 2025 (v. resol. de 23-II-2026).
VI. Sobre dicha plataforma fáctica, en el recurso de hecho deducido de modo directo ante esta sede de casación, la recurrente denuncia que el valor faltante en su depósito halla razón en el hecho de que el mencionado profesional de la salud se encontraba inscripto en el régimen simplificado de monotributo -tal como fue denunciado por el propio galeno en día 2 de febrero de 2026-. En consecuencia, aduce, mal pudo el a quo, el día 11 de febrero de 2026 imputar a su parte la obligación de cumplir con el depósito de un tributo que no fue impuesto por la ley y menos aún alegar desconocimiento de la señalada condición tributaria oportunamente denunciada.
VII. La queja prospera.
VII.1. De inicio, corresponde recordar que esta Suprema Corte ha dicho que, en caso de sentencia condenatoria, el art. 83 de la ley 15.057 -aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario, según Resol. 1.840/24- establece, como carga ineludible para la admisibilidad de los recursos extraordinarios, el depósito previo de capital, intereses y costas, cuya finalidad es la de asegurar al trabajador la posibilidad de hacer efectivo sin dilaciones su crédito, del que el fallo atacado constituye fuerte presunción favorable, y que el mencionado depósito debe ser integrado en término -dentro de los diez días, a partir de la notificación de la liquidación- y en su totalidad, desde que los plazos otorgados para su cumplimiento son perentorios e improrrogables (causa L. 132.937, "Moreno", resol. de 27-IX-2024).
VIII.2. En la especie, de un detenido estudio de las constancias de la causa se observa que el tribunal de grado, tal como se reseñó, al denegar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la legitimada pasiva, excediendo el marco de las atribuciones otorgadas por el legislador y contenidas en los art. 281 del Código Procesal Civil y Comercial (arts. 83 y 89, ley 15.057) a fin de sustentar su decisión sobre el juicio en torno a los requisitos de admisibilidad del remedio extraordinario intentado y a ese sólo efecto, estimó tanto los honorarios profesionales de los abogados como los de los peritos intervinientes, incluyendo aportes y el impuesto al valor agregado del doctor Bermúdez, quien a dicha fecha ya había denunciado su nueva condición tributaria.
VIII.3. A partir de lo expuesto, se impone concluir que el tribunal de grado, en atención a las peculiares circunstancias del trámite de la causa ya puestas de resalto y, en especial, las dispares actitudes procesales asumidas, ha actuado con excesivo rigor formal al denegar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por los fundamentos que expuso, afectando el derecho de defensa y el debido proceso de la parte impugnante, de rango constitucional (arts. 18, de la Constitución nacional y 15, de su par Bonaerense), puesto que, al momento de confeccionar la liquidación primigenia -esto es la del 22-XII-2025- los emolumentos y aportes se encontraban parcialmente determinados y, al cuantificarlos en ocasión de analizar el cumplimiento del requisito establecido en el citado art. 83 de la ley 15.057 -esto es en la propia denegatoria, sin que lo dicho implique abrir juicio sobre su oportunidad-, no pudo ignorar la condición de monotributista del mencionado profesional atento su expresa comunicación en fecha 2 de febrero de 2026 esto es, previo a la interposición del recurso y de la denegatoria puesta ahora en tela de juicio.
VIII.4. En tal sentido, si bien es cierto que esta Suprema Corte ha dicho que las condiciones de admisibilidad de los recursos extraordinarios se rigen por la ley vigente al momento de su interposición, en especial respecto del requisito regulado en el art. 278 del CPCC (causas L. 116.571, "Pastrán Contrera", resol. de 21-VI-2012; L. 117.189, "White", resol. de 17-IV-2013; C. 121.592, "Hernández", resol. de 28-VI-2017 y L. 120.605, "Altuzarra", resol. de 13-IX-2017; e.o.), también ha sostenido que el derecho no puede convalidar las conductas ambiguas y las sorpresas procesales (causas C. 74.853, "Fisco", sent. de 16-VI-2004 y C. 92.780, "Amato", sent. de 13-IV-2011), y que la causal del excesivo rigorismo no supone soslayar, en modo alguno, el riguroso cumplimiento de las normas adjetivas, sino que pretende contemplar la desnaturalización de su uso en desmedro de la garantía de la defensa en juicio, en los supuestos en que la incorrecta aplicación de un precepto de tal índole venga a frustrar el derecho de fondo en juego (causas Ac. 57.181, "Gallinas", sent. de 25-III-1997; Ac. 60.772, "Egidi", sent. de 2-VI-1998; C. 92.798, "Sandoval", sent. de 14-II-2007; C. 88.931, "Vallet", sent. de 26-IX-2007 y C. 121.320, "Herrera", sent. de 3-X-2018), tal lo que sucede en el sub lite, en el que se discute la habilitación de la instancia de casación en orden al recaudo establecido en el citado art. 83 de la ley ritual del fuero laboral.
IX. Por tales razones, corresponde por vía de excepción, hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la aseguradora demandada en fecha 4 de febrero de 2026.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. (art. 292 del CPCC; 89, ley 15.057; Acuerdo 4.068/2022; Resol. 24/20 y Resol. 1.840/24).
Las costas se difieren para el momento en que se resuelva el mérito del recurso que se concede y la regulación de honorarios para su oportunidad.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y pasen los autos a despacho.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/07/2026 13:30:08 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/07/2026 12:27:50 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/07/2026 10:53:53 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/08/2026 09:39:49 - MANCINI HEBECA Fernando Luis Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/08/2026 11:18:03 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 05/08/2026 14:19:13 hs. bajo el número RR-1579-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia