Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 133141
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en tanto no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Quilmes, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda deducida por Abel Sebastián Segovia y condenó a Federación Patronal Seguros S.A. al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14, inc. 2 apartado "a", de la ley 24.557 y el adicional contemplado en el art. 3 de la ley 26.773, como consecuencia de las secuelas incapacitantes derivadas del accidente denunciado (v. pronunciamiento de fecha 5-VII-2024).
En lo que resulta de interés por ser materia de agravio, en primer lugar, declaró la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia 669/2019, por entender que no correspondía su aplicación retroactiva.
Luego, a efectos de calcular la indemnización que le correspondía percibir al demandante, concluyó -con sustento en el precedente de esta Corte que menciona- que correspondía actualizar el ingreso base mensual tomando como parámetro el coeficiente resultante de la variación del índice de las Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables -RIPTE-. Asimismo, por mayoría, añadió intereses a una tasa pura del dos por ciento (2%) anual desde la fecha de exigibilidad del crédito.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 8-VIII-2024), los que fueron concedidos por el a quo (v. resolución de fecha 29-XII-2025), habiéndose conferido vista al Procurador General (v. dictamen de 2-VI-2026).
III.1. En el remedio extraordinario de nulidad, con fundamento en el art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, alega que la decisión de grado no se encuentra respaldada en la normativa legal vigente.
III.2. De conformidad con lo dictaminado por el Señor Procurador General, el recurso no prospera.
III.2.a. En principio, corresponde recordar que el remedio extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. prov.; causas L. 129.167, "Scalise", sent. de 29-V-2024 y L. 133.540, "Wagner", resol. de 20-IV-2026).
Sentado ello, cabe destacar que lo que el art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires sanciona con la nulidad es la ausencia de base legal de las decisiones judiciales, mas no su incorrecta, desacertada o deficiente fundamentación, cuyo estudio resulta ajeno al remedio intentado, siendo inherente al de inaplicabilidad de ley (causas L. 128.943, "Carloni", resol. de 19-IX-2022; L. 128.962, "Parenti", resol. de 1-VIII-2023 y L. 134.823, "Fernández", resol. de 4-XII-2025).
En el caso, no se halla vulnerada dicha cláusula constitucional, habida cuenta que la simple lectura del fallo en crisis demuestra que el mismo se encuentra basado en el texto expreso de la ley (causas L. 131.594, "Cobas", resol. de 29-VII-2024 y L. 134.379, "Club Atlético Once Unidos", resol. de 23-IV-2026).
IV.1. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con denuncia de las normas y las garantías constitucionales que considera infringidas, objeta, en esencia, lo que entiende sería la errónea aplicación del decreto 669/2019.
IV.2. El presente medio de impugnación tampoco prospera.
IV.2.a. Liminarmente, se impone señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por la diferencia entre el monto de condena y la suma indemnizatoria por la que el impugnante considera que debería haber prosperado- no excede el mínimo fijado por el art. 82 de la ley 15.057, aplicable a la fecha de interposición del recurso, según Resolución 1.840/2024.
Asimismo, debe indicarse que la recurrente no expuso razones suficientes que ilustren -en el caso- la presencia de un agravio federal que autorice el conocimiento del recurso sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; causas L. 118.518, "Berg", resol. de 1-VII-2015; L. 125.642, "Eseiza", resol. de 4-III-2021; L. 128.521, "Bruzzo", resol. de 29-VI-2022 y L. 133.135, "Cabello", resol. de 29-V-2025).
En consecuencia, en la especie, la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la doctrina elaborada en torno al alcance de la excepción contenida en el citado precepto legal (cfr. causa L. 132. 789, "Testone ", resol. de 20-IX-2024 y L. 133.485, "Garófalo", resol. de 16-X-2025).
De suyo, entonces, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020; L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020 y L. 134.900, "De Mugica", resol. de 11-XII-2025).
IVI.2.b. Sin dejar de señalar que la normativa que se denuncia erróneamente aplicada no constituyó la base legal de la decisión de grado, lo cierto es que, bajo las señaladas premisas, la exclusión de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, toda vez que la reclamante omite citar como vulnerada, en apoyo de su pretensión, doctrina legal alguna de esta Suprema Corte, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018; L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020; L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020; L. 129.198, "Sosa Moura", resol. de 21-X-2022; L. 131.299, "Iuliano", resol. de 21-III-2024 y L. 133.928, “De Ada”, resol. de 22-VI-2026).
Finalmente, es dable recordar que esta Corte tiene dicho que la doctrina legal es la que emana de sus propios fallos y no la que deriva de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.514, "Pardo", resol. de 26-IX-2018; L. 125.472, "Ávila", resol. de 12-II-2021; L. 130.081, "Torres", resol. de 27-III-2023 y L. 133.743, "Fiori", resol. de 27-X-2025).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en tanto no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. Resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21), y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/06/2026 21:46:40 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 30/06/2026 19:52:48 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/07/2026 16:51:58 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/08/2026 10:24:46 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/08/2026 11:14:48 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 05/08/2026 14:18:17 hs. bajo el número RR-1550-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia