Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130714
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación al agravio tratado en el punto III.2, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.) y declararlo procedente respecto del abordado en el punto III.3; debiéndose en consecuencia revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la acción promovida por el señor Fernando Emanuel Benítez y condenó a Omint Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonarle las sumas que especificó en concepto de prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y el adicional contemplado en el art. 3 de la ley 26.773, con motivo de la incapacidad que contrajera en virtud de los infortunios que sufrió mientras prestaba tareas para su empleadora (v. vered. de fecha 16-II-2023 y sent. de fecha 17-II-2023).
En lo que interesa destacar, sostuvo el a quo que en relación a las patologías padecidas y al porcentaje de incapacidad debía estarse a lo dictaminado en las distintas pericias médicas practicadas en autos.
Por otro lado, al definir las prestaciones dinerarias que integraron la condena, rechazó el planteo de inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/2019 impetrado por el accionante y cuantificó su importe aplicando sus disposiciones, en tanto -señaló- implicaba una modificación en la forma de liquidar el ingreso base mensual al sustituir el art. 12 de la ley 24.557 y sus modificatorias.
II. Frente a lo así resuelto, la aseguradora demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 9-III-2023), el que fue concedido por el órgano de grado (v. resol. del 21-III-2023).
II.1. En primer término, cuestiona la validez constitucional del decreto 669/19 argumentando que no responde a los requisitos que el art. 99 inc. 3 de la Constitución nacional impone para su dictado, a la vez que vulnera el derecho de propiedad de su mandante y el principio de irretroactividad de las normas previsto en el art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación.
II.2. En otro orden, sostiene que el juzgador le asignó pleno valor probatorio a la pericia médica sin fundamento legal alguno y sin realizar un análisis de su contenido a la luz de lo dictaminado por la Comisión Médica interviniente en la etapa administrativa previa. Con cita de la ley local 15.057 y de la nacional 27.348, advierte que se omitió "darse traslado e instar el tratamiento del recurso de apelación".
II.3. Por último, controvierte el modo en que el a quo aplicó en el caso las reglas contempladas en el decreto 669/19. Aduce que la suma alcanzada en concepto de prestación por aplicación de la mentada disposición se exhibe manifiestamente exorbitante y arbitraria.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. En primer lugar, cabe resaltar que -en la especie- el valor de lo cuestionado no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido sólo podría justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653 -aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario-, quedando la competencia revisora de esta Suprema Corte circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal (causas L. 124.135, "Bergara", resol. de 11-VI-2020; L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021; L. 129.162, "Antocci", resol. de 10-XI-2022; L. 129.813, "Gramajo", resol. 10-IV-2023 y L. 131.129, "Suárez", resol. de 15-IV-2024; e.o.).
III.2. Dejando a un lado el orden en que han sido propuestos los agravios, en lo que concierne a aquel referido a la incapacidad reconocida en la sentencia de grado con fundamento en la experticia médica, se verifica la exclusión de la hipótesis habilitante contemplada en aquel precepto adjetivo, toda vez que remite a una cuestión de índole fáctica y probatoria (causas L. 129.347, "Navarro", resol. de 12-IX-2023 y L. 132.134, "Aguirre", resol. de 29-X-2024), cuando, además, no evidencia la interesada que las directrices que emanan del precedente que menciona tengan conexión con el tema que intenta poner a debate (causas L. 124.353, "Bogao", sent. de 23-II-2021 y L. 126.850, "Torales Cardozo", sent. de 25-X-2023).
Y no es ocioso recordar que los fallos de otros tribunales de justicia no constituyen la doctrina legal a la que hace alusión el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 123.333, "Silva", resol. de 15-VI-2022 y L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023; e.o).
III.3. Sentado ello, y más allá de la insuficiencia del monto de lo debatido, lo cierto es que los agravios dirigidos a impugnar la aplicación al caso y la validez constitucional del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, hallan adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir en las causas L. 128.977, "Chocobar" (sent. de 13-III-2026) y L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.); resultando ello suficiente para resolver la impugnación traída.
El señor Juez doctor Soria dijo:
Comparto lo resuelto por mis colegas que me preceden en la votación. Sólo he de aclarar que en aquello vinculado con el decreto 669/2019, suscribo la solución propuesta a tenor de lo prescripto en el tercer párrafo del art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.), y dejando a salvo mi opinión expuesta en la causa L. 128.977, "Chocobar" (sent. de 13-III-2026).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación al agravio tratado en el punto III.2, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.) y declararlo procedente respecto del abordado en el punto III.3; debiéndose en consecuencia revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/06/2026 12:25:31 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 30/06/2026 19:50:15 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/07/2026 16:51:04 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/08/2026 10:22:32 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/08/2026 11:13:27 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 05/08/2026 14:15:40 hs. bajo el número RR-1491-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia