Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128328
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a lo resuelto en casos análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n°3 del Departamento Judicial Zárate-Campana, con asiento en la ciudad de Campana, hizo lugar a la demanda promovida por el señor Rolando Irineo Carballo y condenó a Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de las prestaciones dinerarias establecidas en el art. 14, apartado 2 inc. “a”, de la ley 24.557, más la indemnización contemplada en el art. 3 de la ley 26.773, por la incapacidad derivada del accidente de trabajo que protagonizó el día 21 de agosto de 2013 (ver. sent. de 12-VII-2021).
Interesa destacar -por ser materia de agravio- que, al momento de cuantificar las prestaciones referidas, el a quo declaró de oficio la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/2019 en cuanto modificó el artículo 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo (texto conf. art. 11, ley 27.348).
II. El legitimado activo interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 12-VIII-2021), que fue concedido el 27 de agosto de 2021.
II.1. Inicialmente, plantea la inconstitucionalidad de los arts. 161, inc. 3 apartado “a” de la Constitución provincial; 278 y 280 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 -primera parte- de la ley 11.653; en cuanto establecen restricciones para la admisibilidad del medio de impugnación referido.
II.2. Luego, objeta que el tribunal de grado haya declarado de oficio la invalidez constitucional del decreto de necesidad y urgencia 669/2019 a pesar de que -en su opinión- no se verifica ninguna condición que justifique semejante pronunciamiento.
II.3. Postula que se admita su impugnación y se actualice su ingreso base mediante el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables -R.I.P.T.E.- desde la fecha del accidente hasta la de la sentencia, y una vez sumada la prestación adicional, se apliquen intereses a la tasa pura del seis por ciento -6%- anual desde la fecha de mora; y en caso de incumplimiento, a la tasa pasiva BIP digital que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de plazo fijo a treinta días.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. Liminarmente, es menester señalar que el medio de impugnación deducido fue concedido por el tribunal de grado en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, toda vez que el valor del litigio -se dijo- no supera la suma determinada por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial local (v. resol. de fecha 27-VIII-2021).
III.1.b. Teniendo en cuenta esa circunstancia y la tacha de inconstitucionalidad de las mencionadas reglas adjetivas efectuada por el interesado, corresponde recordar que, con arreglo a reiterada doctrina, las limitaciones previstas por las normas procesales para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales, desde que el art. 161 inc. 3 apartado "a" de la Constitución provincial estatuye que el conocimiento y resolución del mencionado medio de impugnación compete a la Suprema Corte con las restricciones que las leyes de procedimiento determinan; y su limitación, por las normas citadas, es compatible con dicho precepto constitucional provincial, pues no veda la deducción del recurso extraordinario previsto, sino que lo condiciona a un requisito formal propio de la reglamentación legislativa, sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio (causas L. 119.850, "Benítez", sent. de 3-V-2018; L. 120.016, "Mozzi", sent. de 14-VIII-2019; L. 126.738, "Mauricio", sent. de 5-XII-2022 y L. 125.970, "Silva", sent. de 3-VIII-2023; e.o.).
III.1.c. En tales condiciones, la función revisora de esta Corte debería limitarse meramente a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 123.817, "Juncos", sent. de 28-IV-2021; L. 123.858, "Bueno", sent. de 20-X-2021 y L. 127.103, "Borba", sent. de 27-VI-2023; e.o.).
Empero, no puede soslayarse que el principal cuestionamiento traído, por medio del cual se objeta la declaración de inconstitucionalidad -de oficio- del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, involucra el análisis de una cuestión federal que, con prescindencia del valor del litigio, amerita la apertura de la instancia extraordinaria (causas L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011; L. 120.263, "Gómez", resol. de 19-X-2016; L. 124.716, "Sosa", sent. 30-IX-2021 y L. 125.979, "Bogado", resol. de 20-XII-2021; e.o.).
Por consiguiente, dicho planteo habrá de ser abordado con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
III.2. Dentro del ámbito de conocimiento referido, la crítica bajo examen halla adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir en las causas L. 127.690, "Ovejero" (sent. de 26-V-2026) y L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.).
III.3. La solución plasmada en el apartado anterior torna inoficioso el tratamiento de la lacónica objeción final que opone el recurrente, destinada a cuestionar la tasa de interés utilizada en el fallo, dado su introducción condicionada al previo éxito de la revocación de la inconstitucionalidad declarada (v. pág. 27 de su presentación electrónica de 12-VIII-2021); y sin dejar de destacarse su manifiesta insuficiencia por no abastecer -mínimamente- los recaudos que el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 impone para que esta Suprema Corte pueda ejercer su función revisora de lo decidido, esto es, la identificación de la doctrina legal que ha de reputarse infringida.
Esa deficiencia técnica cobra especial relevancia en el caso, toda vez que esta Suprema Corte no puede suplir de oficio, por inferencias o interpretación, las omisiones en que incurre la parte interesada al formular su impugnación (causas L. 118.179, "Fautario", sent. de 30-III-2016, L. 119.678, "Bertinelli", sent. de 10-IV-2019; L. 121.029, "Romero", sent. de 29-X-2020; L. 127.967, "Paguegui", sent. de 18-IX-2023).
El señor Juez doctor Soria dijo:
Observando que el recurrente evidencia la presencia de una cuestión federal, comparto lo dicho por mis colegas que me preceden en la votación. Sólo he de aclarar que en aquello vinculado con el decreto 669/2019, suscribo la solución propuesta a tenor de lo prescripto en el art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.), y dejando a salvo mi opinión expuesta en la causa L. 127.690, "Ovejero" (sent. de 26-V-2026).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a lo resuelto en casos análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/06/2026 12:25:30 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 30/06/2026 19:50:13 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/07/2026 16:51:04 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/08/2026 10:22:30 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/08/2026 11:13:27 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 05/08/2026 14:15:39 hs. bajo el número RR-1490-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia