Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131186
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, y revocar el pronunciamiento de grado en cuanto rechazó la excepción de cosa juzgada administrativa, la que se declara operada en el caso.
Las costas de ambas instancias se imponen por su orden, en atención a la novedad del tema resuelto y las dificultades interpretativas generadas por la normativa aplicable (arts. 68, seg. párr. y 289, CPCC).
El depósito efectuado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial deberá reintegrarse a la recurrente (art. 293, CPCC).
I. En lo que interesa, el Tribunal de Trabajo n° 1 con asiento en la ciudad de Chacabuco, perteneciente al Departamento Judicial de Junín, en el marco de la acción promovida por el señor Julio Cesar D'Amico contra Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo, rechazó la excepción de cosa juzgada administrativa y condenó a esta última al pago de la suma que especificó por las secuelas incapacitantes derivadas del infortunio acontecido el día 24 de noviembre de 2018 (v. vered. y sent. de fecha 11-VIII-2023).
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 23-VIII-2023), concedido por el órgano de grado el 25 de agosto de 2023.
Respecto del rechazo de la defensa opuesta, manifiesta que las partes celebraron un acuerdo en la instancia administrativa, habiendo dictado el Titular del Servicio de Homologación la respectiva resolución homologatoria, la que adquirió autoridad de cosa juzgada en los términos del art. 15 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Luego, señala que la sentencia en crisis no contiene fundamentos suficientes que justifiquen el apartamiento del dictamen médico emitido en sede administrativa, como así tampoco de los planteos impugnatorios efectuados a dicha pericia.
Asimismo, denuncia el apartamiento de la doctrina legal al omitir el tribunal de grado la aplicación del baremo de la Ley de Riesgos del Trabajo. Expone que dicha omisión vulnera los principios de seguridad jurídica, igualdad y economía procesal.
Finalmente, cuestiona la declaración de inconstitucionalidad de la resolución 1.039/19 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, reglamentaria del decreto de necesidad y urgencia n° 669/19. Esgrime que la comparación que postula el tribunal de origen entre el resultado al que se arriba aplicando el índice RIPTE y aquel otro que surge de la tasa de interés activa del Banco de la Nación Argentina, no es un criterio válido. Agrega, qué aun aceptando dicho cotejo, la diferencia que éste provoca con el consiguiente impacto sobre el sistema y el perjuicio a los trabajadores justifica el dictado del mentado reglamento.
III. El recurso prospera.
III.1. Sin perjuicio de otras consideraciones que pudieran formularse, cabe inicialmente señalar que -en el caso- el objeto del pleito se halla vinculado a una pretensión -sustentada en el mayor grado de incapacidad invocado- dirigida a obtener el pago de diferencias en las prestaciones dinerarias otorgadas en sede administrativa con arreglo al acuerdo celebrado y homologado en dicha instancia por el Titular del Servicio de Homologación (v. dem., págs. 5/7 y sent., primera cuestión).
III.2. En tales condiciones, embate medular que porta la crítica halla adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir las causas L. 128.348, "Lescano" (sent. de 27-II-2024) y L. 128.309, "Pardal" (sent. de 6-III-2024), en lo vinculado a los extremos que conducen a tener por configurada la cosa juzgada administrativa en el marco del régimen de riesgos del trabajo (arts. 2 y 14, ley 27.348, su Anexo I y resol. 298/17 de la SRT -en lo pertinente-; arts. 2 inc. "j" y 103, ley 15.057), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.).
III.3. Lo resuelto en el apartado anterior torna inoficioso el tratamiento de los restantes agravios desplegados en el recurso que se analiza.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, y revocar el pronunciamiento de grado en cuanto rechazó la excepción de cosa juzgada administrativa, la que se declara operada en el caso.
Las costas de ambas instancias se imponen por su orden, en atención a la novedad del tema resuelto y las dificultades interpretativas generadas por la normativa aplicable (arts. 68, seg. párr. y 289, CPCC).
El depósito efectuado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial deberá reintegrarse a la recurrente (art. 293, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/06/2026 11:17:01 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/06/2026 17:23:49 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/06/2026 19:47:02 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/08/2026 10:21:52 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/08/2026 11:09:36 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 05/08/2026 14:14:50 hs. bajo el número RR-1466-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia