Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131330
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación a los agravios tratados en el punto III.1, en atención a que no reúnen los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.) y declararlo procedente respecto del abordado en el punto III.2; debiéndose en consecuencia revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
El señor Juez doctor Torres, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Kohan dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el señor Alejandro Raúl Luna y condenó a La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557 y la compensación adicional del art. 3 de la ley 26.773, con motivo de las secuelas incapacitantes derivadas del infortunio acontecido el día 3 de diciembre de 2014 (v. veredicto y sentencia de fecha 7-VIII-2023).
Con sustento en las pruebas producidas en la causa -en especial, el informe elaborado por el perito médico especialista en ortopedia y traumatología- juzgó acreditado que como consecuencia del accidente de trabajo el actor sufrió traumatismos en su mano derecha, con fractura y subluxación interfalángica distal del dedo anular derecho, que le provoca una incapacidad parcial, permanente y definitiva del 7,32% (v. vered., 3ra. cuestión).
Indicó, que frente a la falta o imposibilidad de poder determinar fehacientemente en autos si el señor Luna poseía dominancia en una mano o en otro (zurdo o diestro) o en ambas (ambidiestro), correspondía acoger y tener por probados sus dichos en uso de las atribuciones que confiere el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. ley 26.428), en cuanto manda interpretar las pruebas en favor del trabajador en caso de duda -principio favor operari e in dubio pro operari- (v. vered., cuest. cit.).
Luego, cuantificó las prestaciones dinerarias debidas con ajuste a las disposiciones contenidas en el decreto de necesidad y urgencia 669/2019; anexando intereses moratorios y punitorios en la forma que especificó (v. sent., 1ra. cuestión).
II. Contra dicho pronunciamiento la aseguradora accionada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 22-VIII-2023), el que fue concedido por el tribunal de origen en fecha 28 de agosto de 2023.
II.1. En primer término, se agravia de la decisión de grado que aplicó las disposiciones del decreto 669/19 para determinar el importe de las prestaciones dinerarias reconocidas al actor. En ese sentido, manifiesta que el tribunal de trabajo vulneró derechos y garantías constitucionales al aplicar al caso dicho reglamento en forma retroactiva. Argumenta que el art. 3 de ese instrumento debe interpretarse armónicamente con el art. 20 de la ley 27.348, limitando su alcance a contingencias posteriores a la entrada en vigencia de dicha ley.
II.2. En segundo lugar, objeta que el sentenciante tuviera por cierta la calidad de "ambidiestro" alegada por el actor sin ordenar la producción de prueba alguna e, inclusive, rechazando la pericial caligráfica ofrecida por su parte, no habiéndose -por ende- logrado acreditar en autos dicha condición.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. En primer lugar, cabe resaltar que -en la especie- el valor de lo cuestionado no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido sólo podría justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653 -aplicable al caso-, quedando la competencia revisora de esta Suprema Corte circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal (causas L. 124.135, "Bergara", resol. de 11-VI-2020; L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021; L. 129.162, "Antocci", resol. de 10-XI-2022; L. 129.813, "Gramajo", resol. 10-IV-2023 y L. 131.129, "Suarez", resol. de 15-IV-2024; e.o.).
III.1.a. En ese contexto, y alterando el orden de tratamiento de los agravios por razones de método, cabe puntualizar que el dirigido a cuestionar la definición del tribunal de grado que tuvo por acreditada la calidad de ambidiestro del actor, luce inadmisible. Ello así, pues, dejando de lado que la objeción se refiere a típicas cuestiones de hecho y prueba, marginadas de la revisión por conducto de la excepción examinada, en su desarrollo la compareciente omite citar como transgredida doctrina legal alguna de esta Suprema Corte, presupuesto esencial e inicial para pretender la revisión de lo resuelto en el estrecho marco por el que transita el recurso (causas L. 128.016, "Montecinos", resol. de 1-IV-2022; L. 129.061, "Roldán", resol de 20-IX-2024; L. 132.728, "Fabbro", resol. de 13-III-2025 y L. 135.302, "Bonardi", resol. de 2-III-2025; e. o.).
Asimismo, es dable recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas y L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023 y L. 131.733, "Delapiaza", resol. de 29-VII-2024; e. o.).
III.2. En otro orden, el embate vinculado con la aplicación del decreto de necesidad y urgencia 669/19, halla adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir en las causas L. 128.977, "Chocobar" (sent. de 13-III-2026) y L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.).
El señor Juez doctor Soria dijo:
Comparto lo resuelto por mis colegas que me preceden en la votación. Sólo he de aclarar que en aquello vinculado con el decreto 669/2019, suscribo la solución propuesta a tenor de lo prescripto en el tercer párrafo del art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.), y dejando a salvo mi opinión expuesta en la causa L. 128.977, "Chocobar" (sent. de 13-III-2026).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación a los agravios tratados en el punto III.1, en atención a que no reúnen los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.) y declararlo procedente respecto del abordado en el punto III.2; debiéndose en consecuencia revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/07/2026 14:04:48 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/07/2026 10:46:35 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 16/07/2026 14:08:17 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/08/2026 19:28:22 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/08/2026 08:48:59 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 11/08/2026 09:52:15 hs. bajo el número RR-1618-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia