Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132529
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación a los agravios tratados en los puntos III.2 y III.4 en atención a que se encuentran insuficientemente fundados (art. 31 bis, ley 5827 y modif.) y desestimarlo en relación al abordado en el punto III.3, debiéndose en consecuencia confirmar el pronunciamiento de grado en cuanto declaró la invalidez constitucional del decreto de necesidad y urgencia 669/2019.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Morón, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por la señora Paula Cecilia Vázquez y condenó a la Provincia de Buenos Aires al pago del resarcimiento tarifado previsto por el régimen especial de reparación de infortunios laborales (arts. 14 apdo. 2 inc. "a", ley 24.557 y 3, ley 26.773), con motivo de la incapacidad derivada del accidente de trabajo que sufrió el día 9 de junio de 2016. La rechazó, en cambio, en cuanto procuraba una indemnización integral de daños y perjuicios con fundamento en las normas del derecho común, gastos futuros y la aplicación de la multa civil en los términos de la ley 24.240 (v. vered y sent. de fechas 22-IX-2023 y 28-IX-2023, respectivamente).
En lo que interesa destacar por resultar motivo de agravios, con sustento en las conclusiones plasmadas por el perito médico, tuvo por acreditado que a raíz de las secuelas producidas por el referido infortunio, la actora padece afecciones físicas y psíquicas que le provocan una incapacidad parcial, permanente y definitiva del 18,25% de la total obrera.
En la etapa de sentencia, con ajuste en lo resuelto por esta Corte en la causa L. 124.807, "Vera" (sent. de 11-V-2021), el a quo indicó que, hallándose el reclamo de autos dirigido a obtener la reparación integral de los daños y perjuicios con sustento en normas del derecho común, así como también las prestaciones dinerarias fundadas en la Ley de Riesgos del Trabajo, correspondía declarar procedente la pretensión deducida y declaró la invalidez constitucional de la "opción excluyente" contenida en el art. 4 de la ley 26.773 (en su versión original).
Ponderó las constancias de la causa y declaró abstracto referirse al planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 (en su versión anterior a la reforma de la ley 27.348).
Sobre esa base, juzgó procedente la acción orientada a obtener la reparación sistémica que prevé el régimen especial de reparación de infortunios laborales, con las modificaciones introducidas por la ley 26.773, y calculó las prestaciones correspondientes de acuerdo a lo establecido en dicha normativa.
Seguidamente, declaró -de oficio- la inconstitucionalidad del decreto 669/19 por transgredir los principios de progresividad y protectorio al reducir el monto de las indemnizaciones que perciben los trabajadores; no advirtiéndose -agregó- la pregonada necesidad y urgencia que justificaran su dictado.
En otro orden, descartó el reclamo vinculado al daño punitivo, articulado bajo el amparo de la Ley de Defensa del Consumidor, al juzgar que no se hallaban verificados los extremos de especial concurrencia que tornan procedente dicha multa civil.
Concluyó que la promotora del pleito no había logrado demostrar los presupuestos de la responsabilidad civil necesarios para desplazar el sistema de la ley especial y rechazó, en consecuencia, la pretensión por la reparación integral peticionada con fundamento en el derecho común.
Por último, dispuso la aplicación de intereses al capital de condena desde la fecha de consolidación del daño (9 de junio de 2016) y hasta el efectivo pago, de acuerdo a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7, 768 inc. "c" y 770, Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de fecha 3-XI-2023), el que, denegado en la instancia de origen (v. resol. de fecha 24-V-2024), fue concedido por esta Suprema Corte (v. pronunciamiento de 10-II-2025), previa deducción de la queja respectiva del día 2 de junio de 2024.
II.1. En primer término, se agravia de la declaración de inconstitucionalidad -de oficio- del decreto de necesidad y urgencia 669/19. Argumenta que contrariamente a lo resuelto la aplicación de dicha norma resultaba beneficiosa para la trabajadora, viéndose por ende afectado -entre otros- su derecho de propiedad.
Refiere que el sentenciante incurrió en una incorrecta interpretación del artículo 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo y del decreto 669/19, ya que realizó una comparación teórica de las normas sin analizar el caso concreto.
Desde otroángulo, asevera que el decisorio incurrió en una contradicción manifiesta respecto de la teoría de la reparación integral, al declarar la inconstitucionalidad del artículo 4 de la ley 26.773 y aplicar luego la norma más perjudicial para la accionante.
II.2. Alega que el tribunal de grado cometió un yerro al computar intereses hasta el día 3 de enero de 2023, ya que -afirma- omitió extender dicho cálculo hasta el momento efectivo del dictado de la sentencia definitiva. En esa inteligencia, señala que el juzgador determinó erróneamente un lapso de días de mora, cuando de las constancias objetivas de la causa se desprende que a la fecha de la liquidación atacada habían transcurrido mayor cantidad de días desde el evento dañoso; lo cual -entiende- distorsiona la cuantía final de la condena.
II.3. Bajo la invocada denuncia del vicio de absurdo, impugna la apreciación de la prueba efectuada en la instancia de origen, en tanto considera que dicha valoración incide de manera determinante en la configuración del nexo causal adecuado.
Aduce que el a quo ignoró las constancias objetivas de la causa que daban cuenta de la falta de una atención médica adecuada y especializada acorde a la entidad del daño sufrido. Cuestiona, asimismo, la carga de la prueba impuesta a su parte.
Añade que en la ponderación efectuada de la pericia en seguridad e higiene, que condujo al tribunal de grado a rechazar la responsabilidad civil del empleador bajo el argumento de la falta de acreditación de la existencia de riesgo en el lugar de trabajo, dicho órgano jurisdiccional soslayó tener en consideración que fue la propia demandada quien mostró desinterés para que el experto ingresara al establecimiento donde ocurriera el accidente de trabajo. Señala que el sentenciante debió aplicar analógicamente los arts. 39 de la ley 11.653; 52 y 57 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Manifiesta que resulta contradictorio declarar la inconstitucionalidad del artículo 4 de la Ley 26.773 para permitir el acceso a la reparación integral y, simultáneamente, aplicar un criterio probatorio tan riguroso que imposibilita la obtención de dicho resarcimiento.
II.4. Por último, impugna el rechazo del reclamo por daño punitivo efectuado con fundamento en la Ley de Defensa del Consumidor, ya que -asevera- surge comprobada en autos la falta grave de la aseguradora de riesgos del trabajo al no realizar los controles pertinentes para prevenir el accidente.
III. El recurso no prospera.
III.1. Ante todo, se impone destacar que -como se indicó al resolver el recurso de queja deducido en autos- el valor de lo cuestionado ante esta instancia no supera el mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141). No obstante, también se dijo allí que el recurrente puso en evidencia que el agravio dirigido a controvertir la declaración de inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/19, involucra el análisis de una cuestión federal, lo que conduce a ingresar en el análisis del ese tramo del remedio prescindiendo de aquel condicionamiento procesal.
Por cuestiones de índole metodológica habrán de alterarse en su abordaje el orden de los agravios traídos.
III.2. Bajo el indicado contexto, se observa que la crítica orientada a impugnar el análisis del material probatorio, la valoración efectuada sobre el nexo causal, o bien sobre los presupuestos que tornan viable la procedencia de la acción de daños y perjuicios en los términos del Código Civil, imponen necesariamente renovar el examen de los hechos y pruebas que concurren en el caso, cuestión ésta que -como es sabido- se encuentra excluida del ámbito de la casación por la mencionada vía de excepción (causas L. 121.213, "Roldan", sent. de 12-II-2020; L. 129.668, "Britos", sent. de 28-XI-2024 y L. 130.458, "Brandoni", sent. de 2-XII-2025; e. o.).
A lo dicho cabe agregar, que los precedentes citados por el recurrente en este tramo de su impugnación (v. rec., punto B3, pág. 21), fueron elaborados sobre la base de presupuestos distintos a los propios del caso en juzgamiento (causas L. 124.183, "Britos", sent. de 9-XII-2020; L. 121.911, "Carrión", sent. de 30-XII-2021; L. 128.067, "Matto", sent. de 27-VI-2023; e.o.).
III.3. Luego, los agravios dirigidos a impugnar la decisión del tribunal de origen que declaró la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, deben desestimarse en atención a lo resuelto por este Tribunal en las causas L. 127.690, "Ovejero" (sent. de 26-V-2026) y L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
III.4. Por último, dentro del acotado ámbito de conocimiento previsto por el art. 55 in fine de la ley 11.653 -aplicable al caso-, corresponde declarar inadmisible los agravios vinculados al rechazo del reclamo por daño punitivo y al cómputo de los intereses, en tanto carecen de toda denuncia tendiente a evidenciar el supuesto habilitante, es decir, la eventual violación de la doctrina legal de este Tribunal (causas L. 130.533, "Colón", sent. de 16-XII-2024; L. 130.709, "Toffoli", sent. de 17-IX-2025 y L. 133.791, "Varela", sent. de 12-II-2026; e.o.).
El señor Juez doctor Soria dijo:
Comparto lo resuelto por mis colegas que me preceden en la votación; y en aquello vinculado con el decreto 669/2019, suscribo la solución propuesta dejando a salvo la opinión que expusiera en la causa L. 127.690, "Ovejero", sent. de 26-V-2026 (art. 31 bis, primer párrafo, ley 5827 y modif.).
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación a los agravios tratados en los puntos III.2 y III.4 en atención a que se encuentran insuficientemente fundados (art. 31 bis, ley 5827 y modif.) y desestimarlo en relación al abordado en el punto III.3, debiéndose en consecuencia confirmar el pronunciamiento de grado en cuanto declaró la invalidez constitucional del decreto de necesidad y urgencia 669/2019.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/07/2026 14:04:11 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/07/2026 14:07:33 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/08/2026 10:28:03 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/08/2026 19:27:59 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/08/2026 08:48:41 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 11/08/2026 09:52:08 hs. bajo el número RR-1613-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia