Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131511
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído respecto de los agravios tratados en los puntos III.1 y III.2, en atención a que se encuentran insuficientemente fundados (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.); y declararlo procedente en relación al analizado en el punto III.3, debiéndose en consecuencia revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda promovida por el señor Gerardo Ignacio Ponce y condenó a Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14, inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557 y la indemnización adicional contemplada en el art. 3 de la ley 26.773 (v. sent. 14-IX-2023).
Para así decidir, tras analizar los escritos constitutivos del proceso y la prueba documental y pericial médica incorporada al expediente, juzgó acreditado que el día 2 de febrero de 2016 el actor sufrió un accidente de trabajo que le provocó una incapacidad parcial y permanente del 46,75% de la total obrera (v. vered., págs. 3/4 y 6).
Luego, cuantificó el valor mensual del ingreso base de conformidad a las disposiciones contenidas en el decreto 669/2019, y calculó la prestación asistencial ajustándose a la fórmula legal (v. vered., pág. cit. y sent., pág. 6).
Por último, de acuerdo con lo previsto en el art. 12, inc. 3, de la Ley de Riesgos del Trabajo -conf. texto del mentado decreto-, juzgó que, en caso de mora de la accionada en el pago de la indemnización, se le aplique un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (v. sent. pág. 7).
II. Contra dicho pronunciamiento Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica del 2-X-2023), que fue concedido el 20 de octubre de 2023.
II.1. Cuestiona la aplicación al caso del decreto 669/2019, por cuanto -aduce- no se encontraba vigente al momento del infortunio. En ese sentido, denuncia la inobservancia del art. 20 de la ley 27.348, en tanto dispone que la modificación prevista en el art. 12 de la ley 24.557 (y sus modif.) se aplicará a las contingencias cuya primera manifestación invalidante resulte posterior a la entrada en vigencia de dicha normativa.
Advierte que el juzgador transgredió el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Espósito" (sent. de 7-VI-2016), y por esta Corte en el precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016).
Añade que al no resultar de aplicación al caso la ley 27.348 atento la fecha del infortunio, mal podría ajustar el IBM con arreglo a un decreto posterior (669/19), por lo que deviene inoficioso abordar el análisis de la validez constitucional de este último.
II.2. Por otra parte, objeta la fórmula que empleó el sentenciante para arribar al monto indemnizatorio, por carecer de fundamento y apartase de la regla tarifada de la Ley de Riesgos del Trabajo.
Indica, que de acuerdo a la fecha del siniestro, la normativa aplicable era la ley 26.773 y el decreto reglamentario 472/14, que en su art. 2 inc. 2 establece que los damnificados por una incapacidad laboral permanente superior al 50% e inferior al 66%, percibirán una prestación de pago único calculada conforme a la fórmula del art. 14, apartado 2 inc. "a", de la ley 24.557.
Sobre esa premisa, afirma que el tribunal incurrió en un error cuando multiplicó el ingreso base mensual por la cantidad de meses que le restarían al actor para acceder a la jubilación.
Concluye que la prestación estimada es excesiva, constituye un enriquecimiento sin causa para el reclamante y vulnera el derecho de propiedad de la demandada.
II.3. A partir de aquel razonamiento -esto es, que no corresponde aplicar el decreto 669/19 sino la legislación vigente a la fecha del siniestro-, entiende que deben calcularse intereses sobre el capital de condena desde la fecha de exigibilidad y hasta su efectivo pago a la tasa pasiva digital "BIP" del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento a treinta (30) días, de acuerdo a lo establecido por esta Suprema Corte en los precedentes L. 118.615, "Zócaro" (sent. de 11-III-2015); L. 119.371, "Bustamante" (sent. de 14-II-2018); C. 114.137, "Ponce" (sent. de 21-IX-2009); L. 94.446, "Ginossi", (sent. del 21-X- 2009) y L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013).
II.4. Por último, denuncia la incorrecta aplicación del decreto 659/96 al determinar el grado de incapacidad psicofísica del accionante. Explica que la correcta atribución de los factores de ponderación impone computarlos sobre la evaluación de la incapacidad funcional y sobre el resultado adicionar la minusvalía psíquica; mecánica que hubiera arrojado una incapacidad total del 41,5%.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Invirtiendo el orden de los agravios por razones metodológicas, cabe analizar inicialmente la crítica que formula la recurrente a las conclusiones que se establecieron en el veredicto sobre el porcentaje de incapacidad que padece el actor.
III.1.a. El órgano judicial de grado, tras examinar el dictamen inicial del perito médico, consideró probado que el actor, como consecuencia del accidente de trabajo que protagonizó, padece una pérdida de la audición unilateral derecha y también un daño orgánico (grado I) por alteración de la vía vestibular derecha, que -constituyendo dos patologías concomitantes y concurrentes: hipoacusia y vértigo- le provocan una incapacidad del 15% y 10% de la total obrera, respectivamente. Aclaró aquí que, para calcular dicha minusvalía, el galeno había empleado el baremo del decreto 659/96 (v. vered., págs. 4 y 5).
Luego, analizó el informe de la pericia médica psiquiatra y declaró acreditado que el accionante sufre, además, un trastorno por estrés postraumático (DSM V, reacción vivencial anormal neurótica Grado II), que le produce una incapacidad psíquica del 10 % de la total obrera (v. vered. pág. cit.).
A partir de esas conclusiones, y tomando en consideración los factores de ponderación determinados en el decreto 659/96 -así como lo dictaminado en la pericia médica-, juzgó que correspondía incrementar el grado de incapacidad al 46,75% de la total obrera (v. vered. pág. 9).
III.1.b. Tiene dicho esta Suprema Corte que determinar el grado de incapacidad que afecta al trabajador, y ponderar la pericia médica a tal fin, constituyen facultades privativas de los jueces de grado y ajenas -por regla- a la casación, salvo que se demuestre la existencia de absurdo (causas L. 111.029, "R.L.P.", sent. de 20-III-2013; L. 127.797, "Llanos" sent. de 14-XII-2023 y L. 130.386, "Villalba", sent. de 28-XI-2024; e.o.).
En el caso, la impugnación que esgrime la recurrente no consigue demostrar la configuración del mentado yerro valorativo, ni tampoco la errónea aplicación del decreto 659/96.
Si bien denuncia la existencia de absurdo en un pasaje inicial de su escrito (v. rec. pág. 8), al desarrollar el agravio la interesada se limita a objetar –de manera genérica- el modo en que el juzgador aplicó el decreto citado y a exponer su disconformidad con el porcentaje de incapacidad final que estableció el tribunal con arreglo a tal interpretación (v. rec. págs. 23/26). Más precisamente, en su crítica no cuestiona los factores de ponderación que se habían incorporado en la pericia médica inicial para estimar la minusvalía física, sino que postula que no cabría considerarlos sobre la sumatoria total de la incapacidad determinada, pues -a su criterio- el cómputo solo debe realizarse sobre la minusvalía funcional.
Así planteado, el método alternativo de cómputo de esos factores de ponderación que propone la impugnante se advierte endeble para demostrar la existencia de un error grave, grosero y manifiesto, como el que caracteriza al absurdo (causas L. 123.516 "Ramos", sent. 09-XI-2021; L. 126.591, "D’Onofrio", sent. de 27-III-2023 y L. 127.042, "L., M. L.", sent. de 27-VI-2023; e.o.). Antes bien, la queja se disipa en la pretensión de disputarle al juez de grado el ejercicio de potestades propias, técnica que -reiteradamente se ha señalado- resulta ineficaz para acreditar el mencionado vicio lógico (causas L. 122.771, "Pécora", sent. de 11-V-2021; L. 125.848, "Fernández", sent. de 22-XII-2022 y L. 126.076, "Benítez", sent. de 27-VI-2023; e. o.).
Cabe recordar que no cualquier error, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para juzgar configurado el absurdo, sino que es necesario que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema, que ponga de manifiesto la irracionalidad de las conclusiones establecidas por el tribunal de grado (causas L. 126.343, "Arias", sent. de 10-VII-2023; L. 126.869, "E., M. E", sent. de 16-XII-2024 y L. 130.254, "Salina", sent. de 15-IV-2025; e. o.); extremos que no se observan aquí verificados.
III.2. Tampoco resulta atendible el planteo por el que se objeta la fórmula utilizada por el juzgador para determinar la prestación asistencial debida al damnificado.
En lo que interesa, la impugnante desarrolla su argumentación -de un lado- sobre la base de la afirmación de que el a quo se habría apartado de las pautas que fija el art. 2 inc. 2 del decreto 472/14 (respecto a incapacidades laborales superiores al 50%) para cuantificar la prestación sistémica y -del otro- mediante la denuncia de un presunto yerro en el cálculo al multiplicar el ingreso base mensual del actor por la cantidad de meses que le restarían para acceder a la jubilación.
Sin embargo, surge nítido de la lectura de la sentencia que -contrariamente a lo que aduce la interesada- el juzgador determinó dicho resarcimiento con arreglo a la fórmula aplicable en razón del porcentaje de incapacidad padecida prevista en el art. 14 de la ley 24.557 inciso 2° apartado "a", y a las circunstancias fácticas acreditadas en el veredicto respecto al coeficiente etario (54 años), del valor del IBM ($518.371,19) y del porcentaje de incapacidad (46,75% t.o; v. sent., pág. 6).
Lo expuesto revela la sinrazón de la recurrente, quien ha pergeñado su impugnación con fundamento en una norma legal no aplicable y una premisa desconectada con lo juzgado en la especie. Al respecto, cabe recordar que esta Corte ha señalado que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si la argumentación que expone parte de una premisa errónea, desentendiéndose de las razones proporcionadas por el sentenciante de grado, y deviene ineficaz para cumplimentar la carga de indicar la violación o el error en la aplicación de la ley o de la doctrina legal de esta Corte (causas L 89.358, "León", sent. de 22-X-2008; L 110.993, "González", sent. de 5-VI-2013; L. 117.489, "Carracedo", sent. de 1-IV-2015 y L. 123.979, "Zarzuelo", sent. de 27-II-2023).
III.3. Luego, los agravios dirigidos a cuestionar la aplicación al caso del decreto de necesidad y urgencia 669/19, hallan adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir en las causas L. 127.690, "Ovejero" (sent. de 26-V-2026) y L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.), resultando ello suficiente para resolver la impugnación traída.
El señor Juez doctor Soria dijo:
Comparto lo resuelto por mis colegas que me preceden en la votación. Sólo he de aclarar que en aquello vinculado con el decreto 669/2019, suscribo la solución propuesta a tenor de lo prescripto en el tercer párrafo del art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.), y dejando a salvo mi opinión expuesta en la causa L. 127.690, "Ovejero" (sent. de 26-V-2026).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído respecto de los agravios tratados en los puntos III.1 y III.2, en atención a que se encuentran insuficientemente fundados (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.); y declararlo procedente en relación al analizado en el punto III.3, debiéndose en consecuencia revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/07/2026 14:04:10 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/07/2026 14:07:32 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/08/2026 10:28:00 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/08/2026 19:27:56 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/08/2026 08:48:40 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 11/08/2026 09:52:05 hs. bajo el número RR-1611-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia