Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130667
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído respecto de los agravios analizados en el punto III.1, por encontrarse insuficientemente fundados (art. 31 bis, ley 5827 y modif.) y declararlo procedente en relación al tratado en el punto III.2, debiéndose en consecuencia revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de General San Martín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda promovida por el señor Enrique Diego Hernán Mereles y condenó a Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14, inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557 y a la indemnización adicional contemplada en el art. 3 de la ley 26.773 (v. sent. 14-IV-2023).
Para así decidir, tras analizar los escritos constitutivos del proceso, la prueba documental y pericial médica, así como la contestación del experto a la impugnación formulada, juzgó acreditado que como consecuencia del accidente de trabajo que sufrió el día 14 de julio del 2016 el actor es portador de una incapacidad física y psicológica, permanente y parcial del 22,87% de la total obrera.
Luego, por mayoría, estableció el valor del ingreso base mensual aplicando el decreto 669/2019 y cuantificó las prestaciones.
Por último, de conformidad con lo previsto en el art. 12, inc. 3, de la Ley de Riesgos del Trabajo -texto conforme el decreto antes mencionado-, dispuso que en el caso de que la accionada incurriese en mora sería aplicable un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.
II. Contra dicho pronunciamiento Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica del 28-IV-2023), que fue concedido por el a quo el 8 de mayo de 2023.
II.1. Inicialmente, cuestiona que el tribunal de grado haya aplicado al caso el decreto 669/19, habida cuenta que -alega- el siniestro es anterior a la entrada en vigencia de la ley 27.348.
Aduce que una armónica lectura del art 3 del decreto y de la ley referida indica que el primero no puede determinar un ámbito de aplicación temporal mayor que el de la legislación que reglamenta. Añade que, si el art. 20 de la ley 27.348 no fue derogado, es evidente que aquel dispositivo se aplica a las contingencias cuya primera manifestación invalidante resulte posterior.
II.2. En subsidio, expresa que el juzgador aplicó erróneamente el mentado decreto 669/19, porque -en su interpretación- calculó la tasa de interés prevista en el apartado 2 del art. 12 de la ley 24.557 -según la redacción dada por aquel- con la metodología contemplada en el apartado 1 de la misma norma.
II.3. Afirma que en la sentencia se acogió la demanda sin pruebas que acrediten lo allí argumentado.
Destaca que, en la contestación de demanda la accionada reconoció haber recibido la denuncia del hecho del objeto de autos, pero afirmando haber rechazado el siniestro alegado y que este rechazo no fue desconocido.
Asimismo, objeta las conclusiones que estableció el juzgador sobre el grado de incapacidad física y psicológica del accionante y su relación causal con el siniestro denunciado.
Se opone al modo en que fue valorada la pericia médica, pues alega que en dicha labor el sentenciante desestimó las impugnaciones que había formulado su parte. Así, controvierte nuevamente dicho dictamen ya que considera que carece de rigor científico y, además, no observa las exigencias formales que establece el art. 472 del Código Procesal Civil y Comercial.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Invirtiendo el orden de los agravios por razones de método, ocupa abordar en primer lugar aquellas manifestaciones referidas al siniestro denunciado en autos, el grado de incapacidad del actor y la configuración del nexo causal objetado.
Esta Corte reiteradamente ha declarado que determinar si -en el caso- se demostró -o no- el acaecimiento del accidente de trabajo invocado, o si guarda relación causal con la incapacidad que presenta el trabajador, constituye una facultad privativa de los jueces de grado que, como tal, se encuentra exenta de revisión en la instancia extraordinaria, salvo que se demuestre el absurdo en las conclusiones establecidas por aquellos (causas L. 117.997, "Martínez Ortega", sent. de 19-X-2016; L. 124.027, "Michele", sent. de 20-X-2021 y L. 127.849, "Tumini", sent. de 27-III-2023; e. o.).
Los cuestionamientos que trae la recurrente lucen insuficientes a los fines de evidenciar la configuración de tan excepcional vicio valorativo.
Sin dejar de mencionar que la denuncia de absurdo sólo se observa efectuada genéricamente en un pasaje inicial del recurso, en el desarrollo de los argumentos vertidos sobre estas cuestiones de índole fáctica el interesado únicamente se limita a brindar una interpretación de lo que se habría expresado en algunos segmentos del escrito de la contestación de la demanda y a exponer su mera disconformidad con el modo en que fue ponderado el dictamen pericial médico por el tribunal de grado, insistiendo con observaciones ya realizadas en las impugnaciones llevadas a cabo en la instancia, que ciertamente, no lucen soslayadas por el órgano jurisdiccional de grado.
Con dicho método, la crítica traída no se ocupa de rebatir con éxito el análisis que desplegó el tribunal de trabajo del contenido de los escritos constitutivos del proceso, de la documentación acompañada por las partes, del dictamen del perito médico y su contestación a la impugnación que, en su conjunto, lo condujo a establecer que se hallaban acreditados los extremos ahora objetados por el quejoso. Antes bien, el impugnante, apartándose de la línea reflexiva y de la apreciación que llevó al sentenciante a la solución atacada, intenta plantear un nuevo examen de los hechos y de las pruebas, según su personal criterio valorativo, sistema que configura una técnica carente de idoneidad para demostrar el error grave, grosero y manifiesto que caracteriza al vicio de absurdo (causas L 117.399 "Rivera", sent. de 10-IX-2014; L 117.702, "Uboldi", sent. de 15-VII-2015 y L. 126.591, "D’Onofrio", sent. del 27-III-2023; e. o.).
III.2. Luego, los agravios dirigidos a cuestionar la aplicación al caso del decreto de necesidad y urgencia 669/19, hallan adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir en las causas L. 127.690, "Ovejero" (sent. de 26-V-2026) y L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.), resultando ello suficiente para resolver esta parcela de la impugnación traída.
El señor Juez doctor Soria dijo:
Comparto lo resuelto por mis colegas que me preceden en la votación. Sólo he de aclarar que en aquello vinculado con el decreto 669/2019, suscribo la solución propuesta a tenor de lo prescripto en el tercer párrafo del art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.), y dejando a salvo mi opinión expuesta en la causa L. 127.690, "Ovejero" (sent. de 26-V-2026).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído respecto de los agravios analizados en el punto III.1, por encontrarse insuficientemente fundados (art. 31 bis, ley 5827 y modif.) y declararlo procedente en relación al tratado en el punto III.2, debiéndose en consecuencia revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/07/2026 14:04:09 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/07/2026 14:07:32 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/08/2026 10:27:59 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/08/2026 19:27:54 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/08/2026 08:48:39 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 11/08/2026 09:52:04 hs. bajo el número RR-1610-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia