Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130565
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad deducido, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 298, CPCC).
II. Asimismo, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído respecto de los agravios tratados en el punto IV.2.b, en atención a que no reúnen los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.); y declararlo procedente en relación al analizado en el punto IV.2.c., debiéndose en consecuencia revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 con asiento en la ciudad de Olavarría, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, hizo lugar a la demanda promovida por el señor Julio Ariel Ponce y condenó a Federación Patronal Seguros S.A. al pago de la prestación dineraria establecida en el art. 14, apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, con motivo de la incapacidad derivada del accidente de trabajo que sufrió el día 5 de enero de 2016 (v. sent. 2-VIII-2022).
En lo que interesa, con sustento en las expresiones vertidas en la contestación de la demanda y el material probatorio que indicó, el a quo tuvo por acreditado que el día 26 de enero de 2017 la aseguradora demandada abonó al actor la suma de $ 183.652,47 (v. vered., cuarta cuestión, pág. 10).
En la sentencia, al momento de cuantificar las prestaciones referidas, por mayoría, declaró aplicable al caso el decreto de necesidad y urgencia 669/19 en cuanto modifica el art. 12 de la ley 24.557 (texto conf. art. 11 de la ley 27.348). Ello, al considerar que el art. 3 del mentado reglamento establece una cláusula de retroactividad cuando prescribe su aplicación inmediata independientemente de la fecha de la primera manifestación invalidante (v. sent. pág. 8).
II. Contra dicho pronunciamiento Federación Patronal Seguros S.A. interpone recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica del 22-VIII-2022), que fueron concedidos el día 1 de septiembre de 2022.
III. En el primero de los medios de impugnación mencionados, señala que el tribunal de origen omitió el tratamiento de una cuestión esencial, como lo es -a su criterio- la excepción de pago opuesta en la contestación de la demanda. Destaca que el día 26 de enero de 2017 el actor recibió un cheque por la suma de ciento ochenta y tres mil seiscientos cincuenta y dos pesos con cuarenta y siete centavos -$183.652,47- y, sin embargo, en el fallo no se analizaron sus efectos cancelatorios.
Asimismo, reprocha la ausencia de todo pronunciamiento en relación con el límite de la responsabilidad por el pago de las costas que impone el art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo.
III.1. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no prospera.
III.2. Es oportuno recordar que, de conformidad al contenido normativo del art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, el vicio que se corrige mediante el recurso extraordinario de nulidad es la omisión de tratamiento de cuestiones esenciales, vale decir, de aquellos planteos que estructuran la traba de la litis y conforman el esquema jurídico que la sentencia debe atender para su validez, dado que según las modalidades del caso su abordaje es necesario para la correcta solución del pleito (causas L. 121.911, "Carrión", sent. de 30-XII-2021; L. 123.840, "Arrate", sent. de 10-II-2022 y L. 125.432, "Soler", sent. de 23-VIII-2023; e.o.).
Bajo esa directriz, cabe anticipar que no le asiste razón a la recurrente cuando afirma que el juzgador omitió resolver sobre el pago parcial que aquélla había realizado al accionante.
El órgano judicial de grado, al momento de abordar la cuarta cuestión planteada en el veredicto y comprobar "si el actor recibió alguna prestación dineraria con motivo de la cobertura", ponderó las expresiones contenidas en el escrito de contestación de la demanda, el recibo agregado a fs. 78, la atestación del notario Catanzaro (que había certificado la autenticidad de la firma del señor Ponce) y la referencia que hizo el perito contador en su informe sobre dicho instrumento. Verificó así que, el día 26 de enero de 2017, la aseguradora demandada abonó al actor la suma de ciento ochenta y tres mil seiscientos cincuenta y dos pesos con cuarenta y siete centavos -$ 183.652,47- (v. vered., pág. 10).
A partir de esa conclusión, en la sentencia, cuando procedió a realizar la liquidación final de la prestación dineraria que declaró procedente con sus respectivos intereses, el a quo dedujo la suma indicada bajo el concepto "pago a cuenta (art. 260)" (v. sent. pág. 15).
De la reseña efectuada sobre el contenido del fallo cuestionado es dable colegir que la defensa que se reputa soslayada fue, en verdad, implícitamente resuelta por el tribunal.
Cobra virtualidad entonces la doctrina de esta Suprema Corte que declara improcedente el recurso extraordinario de nulidad si la cuestión que se dice preterida ha sido resuelta en forma implícita para las pretensiones del recurrente, cualquiera sea el grado de acierto que pueda adjudicársele a la decisión, ya que el análisis de un eventual error in iudicando es ajeno al ámbito de ese medio extraordinario de impugnación (causas L. 33.848, "Díaz", sent. de 12-III-1985; L. 81.242, "Arregui", sent. de 4-V-2005; L. 94.294, "Milla", sent. de 28-IV-2010; L. 108.601, "Paradiso", sent. de 28-VIII-2013; L. 118.570, "Branco", sent. del 3-X-2018).
Por lo demás, y más allá del carácter esencial -o no- de la omisión que la impugnante endilga al fallo atacado (con relación a la ausencia de pronunciamiento respecto del límite que establece el art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo), dicha cuestión ha devenido abstracta, toda vez que tal tópico fue expresamente analizado por el tribunal de origen en la resolución de fecha 1 de septiembre de 2022, al abordar una crítica análoga a la aquí introducida por la ahora recurrente en el recurso de aclaratoria interpuesto mediante escrito electrónico de fecha 11 de agosto de 2022, razón por la cual no corresponde emitir pronunciamiento alguno en el marco del presente recurso extraordinario de nulidad (causas L. 92.594, "Milesi", sent. de 3-X-2007; L. 103.559, "Abrain", sent. de 10-X-2012; L. 108.219, "González", sent. de 6-IV-2016; L. 120.562, "González Roldan", resol. de 6-XII-2017; L. 120.948, "Cano", resol. de 29-VIII-2017; e.o.).
IV. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, Federación Patronal Seguros S.A. denuncia la violación de los arts. 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 880 del Código Civil y Comercial; 11 y 12 de la ley 24.557; 260 y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y de la doctrina legal que identifica (v. presentación electrónica de fecha 22-VIII-2022).
IV.1.a En primer término, se agravia de la decisión del tribunal de grado que aplicó retroactivamente al caso el decreto de necesidad y urgencia 669/19. Indica que sus disposiciones deben leerse en consonancia y dentro de la vigencia de la ley 27.348, siendo sólo aquellos siniestros acontecidos en ese marco los que pueden ser destinatarios de sus modificaciones (v. pág. 9).
A su vez, peticiona se declare la inconstitucionalidad del mentado reglamento por considerar que el Poder Ejecutivo -al dictarlo- ha invadido potestades legislativas que se encuentran expresamente vedadas por el art. 99 inc. 3° de la carta magna (v. pág. 10).
Agrega que la interpretación expuesta por el a quo se contrapone con el criterio que ha fijado esta Suprema Corte en el precedente L. 118.695 "Staroni" (sent. de 24-V-2016) en torno a aplicabilidad en el tiempo de la normativa del régimen de fondo de riesgos del trabajo (v. pág. 13).
IV.1.b. Por otro lado, le reprocha al juzgador haber aplicado erróneamente la norma del art. 260 de la Ley de Contrato de Trabajo, toda vez que su texto se refiere a pagos insuficientes de obligaciones originadas en las relaciones laborales que son efectuados por los empleadores (v. págs. 14 y 15). Aclara que la compañía demandada no es la empleadora del actor y que, además, el pago recibido se ajustó a las pautas del ordenamiento jurídico vigente al momento de su realización (v. pág. cit.).
IV.1.c. Por último, señala que el juzgador ha omitido expedirse sobre el límite de la responsabilidad por el pago de las costas que impone el art. 277 de la ley citada (v. pág. 16).
IV.2. El recurso prospera parcialmente.
IV.2.a. Cabe inicialmente señalar que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley fue concedido por el tribunal de grado -en decisión que no resultó objetada- en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 -aplicable a la fecha de interposición del referido medio de impugnación-, toda vez que el valor del litigio -se dijo- no excedía la suma determinada por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial local (v. resol. de fecha 1-IX-2022).
En tales condiciones, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 123.817, "Juncos", sent. de 28-IV-2021; L. 123.858, "Bueno", sent. de 20-X-2021 y L. 127.103, "Borba", sent. de 27-VI-2023; e.o.).
IV.2.b. En ese contexto, y alterando el orden en que han sido propuestos los agravios, huelga destacar que los reseñados en los puntos IV.1.b y IV.1.c lucen inadmisibles, toda vez que la interesada omite denunciar la eventual violación de doctrina legal relacionada con tales tópicos, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por conducto de la estrecha vía por la que transita el recurso (causas L. 124.037, "López", sent. de 31-V-2021; L. 125.939, "Ostertag", sent. de 27-III-2023 y L. 126.812, "Villalba", sent. de 17-IV-2023).
A lo expuesto cabe agregar, que la formulación de una cita genérica de un párrafo de un precedente, sin individualizar concretamente la doctrina legal que emergería de dicha causa (v. pág. 15 del escrito electrónico de fecha 22-VIII-2022) no abastece la carga de una adecuada fundamentación (arts. 279, CPCC).
Y para más, también ha de señalarse que el embate que trae la recurrente con fundamento en el art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo ha devenido abstracto de acuerdo a lo indicado en el último párrafo del apartado III.2.
IV.2.c. En otro orden, los planteos dirigidos a cuestionar la aplicación al caso del decreto de necesidad y urgencia 669/19, hallan adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir en las causas L. 127.690, "Ovejero" (sent. de 26-V-2026) y L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.), resultando ello suficiente para resolver esta parcela de la impugnación traída.
El señor Juez doctor Soria dijo:
Comparto lo resuelto por mis colegas que me preceden en la votación. Sólo he de aclarar que en aquello vinculado con el decreto 669/2019, suscribo la solución propuesta a tenor de lo prescripto en el tercer párrafo del art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.), y dejando a salvo mi opinión expuesta en la causa L. 127.690, "Ovejero" (sent. de 26-V-2026).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Rechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad deducido, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 298, CPCC).
II. Asimismo, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído respecto de los agravios tratados en el punto IV.2.b, en atención a que no reúnen los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.); y declararlo procedente en relación al analizado en el punto IV.2.c., debiéndose en consecuencia revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/07/2026 14:04:09 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/07/2026 14:07:32 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/08/2026 10:27:57 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/08/2026 19:27:53 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/08/2026 08:48:39 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 11/08/2026 09:52:03 hs. bajo el número RR-1609-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia