Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128349
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad; y hacer lugar parcialmente al de inaplicabilidad de ley, con el alcance indicado en los puntos V.1 y V.2 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento, con arreglo a lo expuesto.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
La señora Jueza doctora Kogan, el señor Juez doctor Torres y la señora Jueza doctora Budiño dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar a la demanda promovida por el señor Rolando Guido Agusti Ventosa y condenó a la Provincia de Buenos Aires -como empleadora autoasegurada- al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a", de la ley 24.557 y de la compensación adicional contemplada en el art. 3 de la ley 26.773. Asimismo, al monto que indicó en concepto de gastos por sesiones de terapia (v. sent. 13-X-2021).
Para así decidir, juzgó acreditado en el veredicto que el día 29 de diciembre de 2012 el actor sufrió un accidente de trabajo que lo incapacita en forma parcial y permanente en un 20% de la total obrera; además, que requiere sesiones de terapia por el término mínimo de un año, a razón de una por semana.
Vale destacar que en la sentencia, principió por justificar su competencia declarando la inconstitucionalidad de los arts. 21, 22 y 46.1 de la ley 24.557.
Ya al cuantificar los rubros de la condena, declaró aplicable el decreto 669/2019 y definió el ingreso base mensual del actor conforme dicho instrumento.
En lo tocante a los intereses, precisó que en relación a la prestación dineraria y compensación adicional, desde el día 13 de mayo de 2015 hasta que quede firme la sentencia, debía aplicarse una tasa pura del seis por ciento -6%- anual; y, en caso de falta de pago en término, se emplearía el promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a 30 días del Banco Nación hasta la efectiva cancelación, acumulándose los intereses al capital semestralmente según el art. 770 del Código Civil y Comercial (conforme, indicó, el decreto 669/2019). Ya en orden al monto dinerario en razón de las sesiones de terapia, desde el día 29 de noviembre de 2017 hasta que quede firme la sentencia, dijo que debían fijarse a la tasa pasiva digital que paga el Banco Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a plazo fijo a 30 días; y en caso de falta de pago en el plazo, los intereses moratorios liquidados sobre este rubro también se acumularían al capital (citó al art. 770 inc. "c" del CCCN).
II. Contra dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpone recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica del 2-XI-2021), que fueron concedidos el día 5 de noviembre de 2021.
En el primero de los medios de impugnación mencionados, con sustento en el art. 168 de la Constitución provincial, señala que el tribunal de grado omitió el tratamiento una cuestión esencial, como lo es -a su criterio- el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 8, aps. 3 y 4, y 9 de la ley 24.557 y del decreto 659/96 que hubo de formular el actor en el escrito de la demanda.
III. El recurso no prospera.
A tono con lo señalado por el señor Procurador General en su dictamen, teniendo en consideración que el impugnante le atribuye al tribunal de la instancia haber soslayado el abordaje de ciertos planteos de inconstitucionalidad y que éstos no fueron introducidos por su parte sino por la contraria, las sucintas argumentaciones que contiene el recurso se desentienden de demostrar cabalmente la configuración del interés jurídico exigible (causas L. 106.688, "Ferraro", sent. de 14-III-2012 y L. 109.926, "Mouriño", sent. 27-VIII-2014). Ello conduce a su desestimación.
A todo evento, y si bajo la objeción fundada en el art. 168 de la Constitución provincial la quejosa en rigor pretende evidenciar la presencia de un error in iudicando por conducto de aquella denuncia que reclama el criterio empleado por la comisión médica interviniente en el trámite administrativo previo, dable es recordar que ello luciría ajeno a las causales propias del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 120.553 "Maldonado", sent. de 24-VIII-2020; L. 122.346, "Amaya", sent. de 20-X-2021; L. 123.683 "Verón", sent. de 12-X-2023). Adicionalmente, en lo que hace concretamente a las reglas que definen la intervención de las comisiones médicas (siempre en el diseño primitivo de la ley 24.557), según el razonamiento empleado por el tribunal, la cuestión que hace a su competencia habría quedado resuelta con la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 21, 22 y 46 de la ley 24.557.
IV. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la Fiscalía de Estado denuncia absurdo y la trasgresión de los arts. 16, 17 y 18 de la Constitución nacional; 3 y 9 del Código Civil y Comercial de la Nación; 384 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial y 44 inc. "d" de la ley 11.653.
IV.1. Objeta el grado incapacidad determinado en el fallo. En tal sentido, afirma que el tribunal a quo aplicó mecánicamente las conclusiones que brindó el perito médico interviniente soslayando los expedientes administrativos agregados a la causa. Destaca que, como se desprende de dichos expedientes, las Comisiones Médicas identificaron que el señor Agusti Ventosa es portador de dolencias inculpables y preexistentes al siniestro. Agrega que por ello el perito médico de autos también consideró que sus afecciones revestían el carácter de inculpables, aunque luego, al contestar el pedido de explicaciones, incurriendo en una contradicción, estableció que el padecimiento lo incapacitaba en un 20% de la total obrera, basándose, no en el baremo del decreto 659/96 que entiende aplicable, sino en el de los "Dres. Altube-Rinaldi".
Finaliza este segmento atribuyéndole al juzgador no haber aplicado el baremo del sistema especial de riesgos del trabajo, violando así los arts. 9 de la ley 26.773; 2 de la ley 27.348 y el decreto 659/96, cuando también la jurisprudencia que invoca.
IV.2. Por otra parte, se agravia de la decisión del a quo que dispuso aplicar retroactivamente el decreto 669/2019. Explica que el mentado decreto, cuando establece que sus reglas serán aplicables a "todos los casos independientemente de la fecha de la primera manifestación invalidante", se refiere estrictamente a los siniestros ocurridos luego de la entrada en vigencia de la ley 27.348, en los que estuviera pendiente de liquidación la prestación dineraria en sede administrativa al momento de su dictado.
Concluye que la aplicación al sub lite del referido instrumento no sólo afecta al principio de irretroactividad, sino también el de seguridad jurídica y la garantía constitucional de propiedad, porque obliga a pagar a la demandada en base a una normativa que no se encontraba en vigor al momento de la consumación del daño y que resulta, asimismo, más onerosa.
Sin perjuicio de lo anterior, en relación nuevamente con el citado decreto 669/2019, expresa que, al aplicarlo, el juzgador introdujo una cuestión que no fue planteada por las partes, fallando extra petita y vulnerando así el principio de congruencia.
Sostiene que la decisión adoptada vulnera, además, los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 -modif. por la ley 25.561- y la doctrina legal de esta Corte que enuncia, pues aplica retroactivamente "un mecanismo de ajuste/actualización".
IV.3. Por último, objeta la tasa de interés activa que el juzgador dispuso para el caso de incumplimiento de la sentencia, en tanto -señala- difiere de la reconocida en los precedentes C. 120.536, "Vera" y C. 121.134, "Nidera".
V. El recurso prospera parcialmente.
V.1.a. En lo que respecta al primer agravio traído, cabe indicar que frente a la concreta contingencia -y sus circunstancias- que juzgó acreditada el tribunal de grado ("accidente de trabajo") fruto de la ponderación de las pruebas producidas, la crítica ensayada por el interesado fundada en la existencia de "dolencias inculpables" preexistentes al siniestro, esencialmente, a partir del enfoque que imprime a las actuaciones administrativas agregadas y al dictamen pericial médico, reflejan en verdad su personal criterio valorativo, carente de idoneidad para demostrar el error grave, grosero y manifiesto que caracteriza al vicio del absurdo (causas L. 122.771, "Pécora", sent. de 11-V-2021; L. 125.848, "Fernández", sent. de 22-XII-2022 y L. 126.076, "Benítez", sent. de 27-VI-2023).
V.1.b. Sin embargo, y considerando que en el caso la sustancia de lo pretendido anida en el sistema de riesgos del trabajo (y de suyo, consecuentemente la condena se ha integrado con la prestación dineraria prevista en el art. 14 apdo. 2 inc. "a", de la ley 24.557 y con la indemnización adicional contemplada en el art. 3 de la ley 26.773), le asiste razón al recurrente cuando denuncia trasgredidas distintas normas de aquel segmento del ordenamiento jurídico en razón de no haber empleado el a quo el baremo aplicable, en concreto, de la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales prevista en el Anexo I del decreto 659/96 y sus modificatorios.
Entre otros preceptos, no ha de soslayarse que en el ámbito de reclamos fundados en el régimen especial de infortunios laborales la obligatoriedad del empleo del baremo especial, tanto en sede administrativa como judicial, ha sido claramente recogida por el art. 9 de la ley 26.773, norma cuya aplicación fuese luego destacada en el art. 2 de la ley 27.348. Y ciertamente, ello ha sido recordado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al fallar en el caso "Ledesma, Diego Marcelo c/ Asociart ART S.A. s/ accidente - ley especial" (sent del 12-XI-2019; Fallos: 342:2056), en jurisprudencia reiterada en la causa "Ferro, Sergio Antonio c/ Asociart S.A." (sent. del 6-II-2020).
El tribunal de grado, sin aportar ningún argumento tendiente a justificar su proceder, ha acudido a otro baremo soslayando referirse a la aplicación de la mencionada Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales prevista en el Anexo I del decreto 659/96 y sus modificatorios, cuando -además- la actora en la demanda, sin perjuicio de incluir aquel decreto bajo un título en el que anuncia la inconstitucionalidad de un cúmulo de normas, hubo de objetar la mencionada "Tabla", pero ello, cuestionando su empleo por las comisiones médicas y bajo una sucinta y genérica manifestación.
Entonces, esta parcela del recurso debe prosperar, debiendo volver las actuaciones al tribunal de origen para que -con renovada integración- se expida nuevamente sobre el punto abordado conforme lo que aquí se indica.
V.2. Luego, los agravios dirigidos a cuestionar la aplicación al caso del decreto de necesidad y urgencia 669/19, hallan adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir en las causas L. 127.690, "Ovejero" (sent. de 26-V-2026) y L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.), resultando ello suficiente para dar respuesta a las restantes impugnaciones traídas.
En consecuencia, también corresponde revocar la sentencia cuestionada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de grado para que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento.
El señor Juez doctor Soria dijo:
Comparto lo resuelto por mis colegas que me preceden en la votación. Sólo he de aclarar que en aquello vinculado con el decreto 669/2019, suscribo la solución propuesta a tenor de lo prescripto en el tercer párrafo del art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.), y dejando a salvo mi opinión expuesta en la causa L. 127.690, "Ovejero" (sent. de 26-V-2026).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad; y hacer lugar parcialmente al de inaplicabilidad de ley, con el alcance indicado en los puntos V.1 y V.2 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento, con arreglo a lo expuesto.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/07/2026 14:04:08 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/07/2026 14:07:31 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/08/2026 10:27:54 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/08/2026 19:27:48 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/08/2026 08:48:38 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 11/08/2026 09:51:35 hs. bajo el número RR-1606-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia