Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 117933
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 117.933, "Costoza, Aldo Fabián contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata, en cumplimiento con lo ordenado por esta Suprema Corte (v. sent. de fecha 11-VI-2020), dictó nuevo pronunciamiento (v. vered. y sent. de fecha 23-V-2022).
Se dedujeron, por la codemandada Fisco de la Provincia de Buenos Aires, el tercero citado Logística La Serenísima S.A. junto a la coaccionada Danone Argentina S.A. y la aseguradora HDI Seguros S.A., recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. presentaciones de 27-VI-2022 y escrito de 28-VI-2022, respectivamente).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el Fisco provincial?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el deducido por Logística La Serenísima S.A. y Danone Argentina S.A.?
En su caso:
3ª) ¿Lo es el interpuesto por HDI Seguros S.A.?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. En lo que interesa, en su oportunidad, el tribunal de origen hizo lugar a la demanda iniciada por Aldo Fabián Costoza —la que, luego de su fallecimiento, continuaran sus presuntos herederos (v. fs. 2.057)— contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, Logística La Serenísima S.A., Danone Argentina S.A. y L'Union de París Compañía Argentina de Seguros S.A. (actualmente, HDI Seguros S.A.; v. fs. 2.149 y vta.) —en los términos y con los alcances previstos en el contrato de seguro de responsabilidad civil que la vincula con Danone Argentina S.A. y en el capítulo III, sección XI de la ley 17.418—, condenando a las nombradas —en forma solidaria— al pago de la suma que indicó en concepto de reparación integral por las secuelas del accidente de trabajo sufrido por el actor el día 27 de septiembre de 2003. Asimismo, condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de las prestaciones previstas en la ley 24.557. En cambio, desestimó la pretensión deducida contra Mastellone Hnos. S.A. (v. fs. 1.575/1.604).
I.2. Posteriormente, ante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora (v. fs. 1.634/1.644), esta Suprema Corte revocó la sentencia en cuanto a la reparación fijada en concepto de daños material y moral y pérdida de chance, así como también la tasa de interés que declaró aplicable. En consecuencia, ordenó la remisión de la causa para que se dictara un nuevo pronunciamiento (v. sent. de fecha 11-VI-2020).
I.3.a. Devueltas las actuaciones a la instancia de grado, el tribunal de origen —con otra integración— determinó nuevamente el importe indemnizatorio en los términos del derecho civil.
Sostuvo que para establecer su cuantía debían tenerse en consideración las circunstancias de la causa analizadas a la luz de los criterios delineados por esta Corte en el fallo que motiva la revisión, el principio de "reparación plena e integral" ante la responsabilidad civil por los graves daños derivados del trágico accidente de trabajo examinado en autos y el carácter de deuda de valor que cabía asignarle a la reparación que se procuraba establecer, considerando para ello el momento de su determinación (art. 772, Cód. Civ. y Com.), junto con la ponderación del contexto económico de permanente desvalorización del signo monetario, propia de los procesos inflacionarios que constantemente azotan a nuestro país, circunstancias que —señaló— indefectiblemente repercutían en la realización de la garantía de tutela judicial efectiva (art. 15, Const. prov.), debiendo impactar en las variables que eventualmente se utilicen para determinar los diferentes rubros y accesorios.
Agregó que, en esa tarea, para mensurar razonablemente el gravísimo daño sufrido por el señor Costoza debían contemplarse pautas fundamentales que no surgían de cálculos aritméticos o económicos sino del sentido común, "de la experiencia vital y de la realidad humana concreta", aunque —señaló— resultaba igualmente necesario el uso de alguna fórmula como orientación para reducir el margen de discrecionalidad que pudiera generarse al momento de determinar el contenido económico del crédito resarcitorio.
Señaló que si bien la utilización de fórmulas matemáticas no resultaba —por sí— autosuficiente y debía practicarse con la prevención de que la equidad de la solución para el caso concreto no siempre estaba atada a parámetros rígidos, como generalmente se la utilizaba (v.gr. a la capacidad de ganancia), sino que la visión debía ser más amplia, abarcando la posible incidencia que las afecciones pudieran tener sobre el proyecto de vida de la víctima o sus derechohabientes.
Consideró entonces adecuado orientarse —primero— por lo resuelto en el fallo "Arostegui" de la Corte Suprema de Justicia nacional, pronunciamiento que —entendió— debía ser asumido como una alerta para evitar estándares que, según la situación, pudieran resultar insuficientes.
En este orden, previo a fijar la cuantía de las indemnizaciones reparadoras de los daños causados al trabajador, aclaró que en la sentencia sometida a revisión se había indemnizado el daño emergente y la pérdida de la capacidad de ganancia (daño material), el daño moral y la pérdida de chance.
Indicó que, en la presente causa, para evaluar la reparación del daño con fundamento en las normas del derecho civil, cobraban singular relevancia las trágicas circunstancias en que se produjo el suceso a raíz del cual el señor Costoza quedó plenamente incapacitado y la penosa situación que debió atravesar en los últimos años de su joven vida (pues falleció luego de estar doce años postrado en una cama de hospital, debiendo ser totalmente asistido para sus funciones básicas y alejado de sus afectos).
Puntualizó que en lo referido a la base salarial a utilizar para determinar el importe de la indemnización resultaba completamente injusto (y contrario al principio de reparación plena que impera en el Código Civil) efectuar su cálculo tomando un salario completamente desfasado de la realidad, tal como lo era el vigente a la época del accidente (septiembre de 2003).
Señaló que los ingresos del actor a la fecha del infortunio constituían referencias parciales y orientadoras para valorar la reparación integral estimada. Insistió en que se pretendía estimar la reparación plena e integral más justa para el caso, la que no podía estar supeditada a la realidad laboral del trabajador en el año 2003, sino que debía evaluarse con un criterio de equidad y a la luz de las normas y doctrinas más protectorias para el sujeto de preferente tutela.
Expresó que correspondía tener presente que esta Corte había declarado que en los juicios de daños y perjuicios los magistrados se encuentran facultados para fijar el quantum indemnizatorio tanto a la fecha del hecho como al momento de dictar la sentencia (conf. art. 1.605, CPCC; causa C. 101.107, "Arbizu, Víctor Esteban y otros c/Provincia de Buenos Aires", sent. de 23-III-2010), por lo que —sostuvo— el tribunal estaba habilitado para determinar el importe del resarcimiento por el daño material teniendo en cuenta —por ejemplo— el salario vigente al momento del dictado de la sentencia.
Agregó que esa postura resultó avalada por este Tribunal en las causas L. 119.914, "Aguiar" (sent. de 22-VI-2020) y L. 122.532, "Papalia" (sent. de 29-IX-2020), donde estableció que en los juicios por daños derivados de infortunios laborales la reparación debe ser cuantificada computando el salario a valores actualizados a la fecha en que se determina el importe indemnizatorio.
I.3.b. A partir de ello, procedió a calcular el daño material.
En ese orden, con el fin de reducir el margen de discrecionalidad, propuso emplear una fórmula que presentaba algunos cambios respecto de la empleada en la sentencia revocada y que —consideró— la hacía más equitativa y ajustada a la actualidad, esto es: 1) elevar la edad tope a setenta y cinco años, 2) reducir la tasa de descuento al 5% anual y 3) utilizar el salario mínimo vital y móvil vigente al momento del dictado del fallo ($38.940, conf. resol. 4/22 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social), el que resultaba suficiente para reflejar la merma en las posibilidades laborales del señor Costoza.
Luego de explicitar los motivos que lo llevaban a seleccionar cada una de las referidas pautas y en vista a la incapacidad del trabajador (100%), cuantificó la indemnización por daño material en la suma de $8.376.351, 47.
I.3.c. Respecto al daño moral sostuvo que debía resarcirse como daño autónomo del patrimonial.
Refirió que aunque el dinero no era un factor adecuado de reparación, podía procurar alguna satisfacción de orden moral, susceptible, en cierto grado, de reemplazar en el patrimonio moral el valor que del mismo ha desaparecido; ya que, en definitiva, se trata de compensar, en la medida de lo posible, un daño consumado y, en ese orden de ideas, "el dinero es un medio de obtener satisfacción, goces y distracciones para restablecer el equilibrio en los bienes extrapatrimoniales" (CSJN causa "Baeza", sent. de 12-IV-2011).
En ese entendimiento y en vista a los evidentes y terribles padecimientos que tuvo que soportar el trabajador a raíz del hecho que "terminara con su vida", consideró justo establecer su reparación en una suma que —entendió— no podía ser menor a la que correspondía por las penurias económicas o materiales, por lo que determinó su importe en la cantidad de $10.000.000.
I.3.d. En cuanto al rubro pérdida de chance, indicó que si se partía —a modo orientativo— de una fórmula (como la propuesta en la demanda y seguida en la originaria sentencia de grado), utilizando como tope de productividad los sesenta años (lo que, refirió, resultaba razonable considerando que para una misma persona el máximo de productividad se suele alcanzar más cerca de su edad madura que de su temprana juventud) y dividiéndolo por la edad de la víctima al tiempo del accidente, se alcanzaba la suma de $778.800.
Con sustento en doctrina autoral y en jurisprudencia de este Tribunal que identificó, sostuvo que en lo que respecta a este tipo de daño como derivado de un infortunio de trabajo lo que resulta indemnizable a título de chance es la pérdida de la oportunidad de progresar y, consiguientemente, de obtener beneficios económicos dentro de la especialidad para la cual el actor se encontraba apto o en la que habitualmente se desempeñaba.
Luego, toda vez que, en el caso, el damnificado era un empleado público con estabilidad propia y una carrera policial por delante atento su joven edad al momento del accidente, frustrada ante la lesión —de carácter irreversible— en su salud, producida por el hecho dañoso, correspondía indemnizar la posibilidad de beneficios futuros o mejorías económicas. En este orden, y considerando la suma orientativa estimada como un piso, determinó este rubro en la cantidad de $5.000.000.
Por todo ello, luego de descontar la condena por las prestaciones de la ley 24.557, concluyó que la actora era acreedora al total de $23.256.440,64 en concepto de indemnización por los daños y perjuicios derivados del accidente de trabajo (conf. arts. 901, 902, 1.068, 1.069, 1.109 y 1.113, Cód. Civ.), la que debía ser abonada de manera solidaria por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, Danone Argentina SA, Logística La Serenísima SA y L'Unión de París Compañía Argentina de Seguros S.A. (hoy "HDI Seguros S.A."), resolviéndose que, una vez depositada la cantidad condenada junto con sus accesorios, se transfiriera a la cuenta correspondiente a los autos de la sucesión, caratulados "Costoza Aldo Fabián s/ sucesión ab-intestato", en trámite por ante el Juzgado Civil y Comercial n° 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.
Finalmente, expuso que —en cumplimiento de las directrices señaladas por este Tribunal— correspondía que al capital de condena se le adicionaran intereses desde su exigibilidad (27-IX-2003) hasta este pronunciamiento, calculados de la siguiente manera: a) desde la fecha de exigibilidad precitada y hasta el 18-VIII-2008, según la "tasa pasiva" que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días en pesos, vigente en los distintos períodos de aplicación; y b) a partir del 19-VIII-2008 y hasta la presente sentencia, conforme la "tasa pasiva" que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días en pesos mediante el sistema "Banca Internet Provincia", también vigente en los distintos períodos de aplicación.
II. Contra dicho pronunciamiento, se alza el Fisco provincial mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 622, 623, 1.069, 1.078, 1.079 y 1.083 del Código Civil (ley 340); 767 y 768 del Código Civil y Comercial de la Nación; 7 y 10 de la ley 23.928 (texto según ley 25.561); 34 inc. 4, 163 inc. 6, 165, 166 primer párrafo, 266, 272 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 inc. "d", 47 y 63 de la ley 11.653; y la doctrina legal que cita (v. escrito electrónico de fecha 27-VI-2022).
II.1. Alega que el sentenciante incurrió en absurdo y se apartó del fallo dictado por esta Corte (sent. de 10-VI-2020) al cuantificar la indemnización en base a una "pauta salarial actual".
Sostiene que entre los parámetros de cálculo observados en esta Sede casatoria no se encontraba el salario computado en la primigenia sentencia ($1.799,51 al mes de septiembre de 2003) ni el momento histórico al que se fijó la indemnización (fecha de exigibilidad de la obligación), por lo que el tribunal no se encontraba habilitado para calcularla a "valores actuales".
Afirma que el cómputo indemnizatorio a "valores históricos" constituía la solución aplicable al caso, en virtud de la necesidad de ajustar la nueva decisión a "lo ordenado por la Suprema Corte", ya que solo así era posible preservar la unidad lógica del fallo.
Postula que lo decidido por el a quo tampoco se condice con la tasa de interés aplicada, desde que este Tribunal ha establecido que cuando los créditos sean cuantificados a valores actuales los accesorios se rigen por las reglas sentadas en las causas "Vera" y "Nidera".
II.2. A todo evento, señala que el importe indemnizatorio determinado por el juzgador es absurdo y arbitrario por resultar excesivo en cada uno de sus rubros.
II.2.a. Con relación al daño material, manifiesta que el tribunal de trabajo, sin ninguna explicación válida, redujo la tasa de descuento al 5% anual, elevando el importe final del resarcimiento y desconociendo la realidad económica actual, ello, con el único fin de beneficiar a la parte actora, apartándose así del prudente arbitrio judicial que rige en la materia.
II.2.b. Respecto al daño moral, alega que la decisión es incongruente y carece de toda lógica porque se dijo que era independiente del daño material, pero luego se concluyó que no podía ser menor, otorgando, a su vez, un valor superior al solicitado en la demanda.
II.2.c. Afirma que el a quo incurrió en absurdo al cuantificar la pérdida de chance en un importe injustificadamente elevado.
Refiere que la propia actora en su demanda puso un límite porcentual al justipreciar este rubro en un tercio de la reparación estimada por incapacidad sobreviniente, por lo que mal podría fijarse una suma que supere esa proporción sin vulnerarse simultáneamente el principio de congruencia y el prudente arbitrio judicial.
II.3. Finalmente, reitera la crítica en cuanto a la tasa de interés fijada en el fallo de grado.
Manifiesta que al cuantificar la indemnización a "valores actuales" y los intereses a la tasa pasiva más alta desde el evento dañoso, el juzgador de origen vulneró la doctrina legal que emana de los precedentes C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-IV-2018) y C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018), desviándose del propósito propio de los intereses moratorios.
Expresa que si en el caso el tribunal de trabajo reivindicó su potestad para determinar el importe del resarcimiento por daño material teniendo en cuenta —por ejemplo— el salario vigente al momento del dictado de la sentencia (a valores actuales), debió seguir idéntico camino respecto de los intereses, adecuándolos al nuevo modo de cuantificar el capital, pues constituye una regla elemental del derecho y de la lógica que accesorium sequitur principale.
Refiere que menos válido es invocar el principio de la "reformatio in peius", porque, aunque se hubiese contemplado una tasa de interés pura, la sentencia en crisis seguiría manteniendo —respecto de la anterior— diferencias cuantitativas en favor de la actora.
Aduce que la decisión del tribunal respecto de los intereses no encuentra fundamentación lógica ni jurídica.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1.a. El embate por conducto del cual se le atribuye al sentenciante de grado haberse apartado de las directivas impartidas por esta Suprema Corte en su sentencia de fecha 11 de junio de 2020, no es de recibo.
Tal tesitura no se corresponde con lo actuado y decidido en la causa.
III.1.b. En efecto, como fue expuesto en el relato de antecedentes, este Tribunal hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora y revocó, por absurda, la sentencia de grado en cuanto a la reparación fijada en concepto de daños material y moral y pérdida de chance.
En lo esencial de dicho pronunciamiento, por mayoría, se consideró que la metodología implementada por el juez de grado para estimar cada uno de los referidos conceptos que conformaban la reparación integral se revelaba como generadora de un resultado absurdo que, ante la contundencia de los hechos, demostraba lo irrazonable de las sumas alcanzadas; criticando, específicamente en lo referido al daño material, la fórmula matemático financiera utilizada en el fallo y el criterio de utilizar fórmulas actuariales como único orientador a la hora de fijar indemnizaciones por cualquiera que fuera el daño sufrido.
En tales condiciones, se resolvió casar la sentencia dictada en el aspecto vinculado a la estimación de los aludidos resarcimientos y se remitieron los autos al tribunal de origen para que, debidamente integrado, mensure nuevamente la reparación por tales conceptos.
Luego, surge claro que en el señalado fallo no se impartieron indicaciones sobre el modo de abordaje y reestimación de las evocadas indemnizaciones, por lo que no se advierten transgredidos los términos de la remisión efectuada en el fallo de esta Corte.
De este modo, el razonamiento plasmado por el recurrente desinterpreta el contenido de dicho fallo y no se hace cargo, al cabo, de refutar los concretos fundamentos que brindó el órgano jurisdiccional de grado a la hora de establecer la nueva reparación integral.
Resultan aplicables las directrices que tachan de insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si la argumentación que expone parte de una premisa errónea, desentendiéndose de las razones proporcionadas por el sentenciante de grado (causas L. 123.299, "Galimberti Betancur", sent. de 9-XI-2021; L. 126.106, "Juárez", sent. de 27-X-2022; L. 120.047, "Solans", sent. de 11-VI-2025 y L. 130.818, "Turnes", sent. de 9-X-2025; e.o.).
III.2. La crítica vinculada a la cuantía indemnizatoria también debe ser desestimada.
Cabe aquí recordar que esta Corte ha declarado que la determinación del quantum i
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