Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132589
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído respecto de los agravios analizados en los puntos III.1 y III.2 por encontrarse insuficientemente fundados (art. 31 bis, ley 5827 y modif.) y declararlo procedente en relación al tratado en el punto III.3, debiéndose en consecuencia revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar a la demanda promovida por la señora Dana Solange Deluca Asfur y condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14, inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557, la compensación adicional del art. 3 de la ley 26.773 y sesiones de tratamiento psicoterapéutico (v. pronunciamiento de fecha 13-V-2024).
Para así decidir, juzgó acreditado que la promotora del pleito padece una incapacidad psicofísica del 16,01% de la total obrera, con motivo de las secuelas producidas por el infortunio acontecido el día 4 de noviembre de 2013.
En lo que resulta relevante, rechazó el planteo de prescripción opuesto por la accionada por encontrarse iniciada la demanda dentro del plazo legalmente previsto.
Por otro lado, a los fines de determinar el valor del ingreso base mensual, entendió que resultaban aplicables las disposiciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019.
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 24-V-2024), el que fue concedido por el órgano de grado (v. pronunciamiento de fecha 29-V-2024).
II.1. Objeta inicialmente la aplicación retroactiva del decreto 669/19 por afectar gravemente su derecho de propiedad; como así también por no tener en cuenta el juzgador la resolución 1.039/19 de la Superintendencia de Seguros de la Nación que lo modifica, lo que -según indica- distorsiona de manera arbitraria el cálculo del valor mensual del ingreso base y arroja una condena desproporcionada.
II.2. Por otro lado, se agravia del rechazo de la excepción de prescripción. Sostiene que el fallo de grado carece de debida fundamentación al omitir considerar que la actora incurrió en un ejercicio abusivo del derecho (art. 10, CCCN), toda vez que promovió la demanda el día 5 de noviembre de 2015, mantuvo el proceso paralizado durante casi cuatro años y recién la notificó el día 24 de mayo de 2019.
II.3. Por último, impugna la decisión del tribunal de origen que dispuso calcular los intereses desde la fecha del siniestro. En tal sentido, postula que no corresponde condenar al pago de tales accesorios durante el lapso de inactividad procesal imputable de manera exclusiva a la parte actora.
III. El recurso prospera parcialmente.
Por cuestiones de índole metodológico, corresponde alterar el orden de tratamiento de los agravios que porta el recurso.
III.1. De modo liminar, se impone recordar que reiteradamente esta Corte tiene dicho que determinar el comienzo del curso de la prescripción, como así también su eventual interrupción o suspensión, constituyen cuestiones de índole fáctica reservadas a los jueces de grado, y las conclusiones que al respectoéstos formulen no son susceptibles de revisión en esta instancia extraordinaria, salvo el supuesto de absurdo (causas L. 121.802, "Pérez", resol. de 27-II-2019; L. 124.435, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020; L. 128.972, "Espinosa", resol. de 13-VII-2022; L. 125.824, "Falero", sent. de 15-II-2023; L. 130.435, "Robles", resol. de 4-XII-2023 y L.131.532, "García", resol de 13-III-2026; e. o.).
III.1.a. En el caso, la recurrente ni siquiera ha denunciado que la decisión de grado fuese producto del mencionado vicio, deficiencia técnica que sella la suerte adversa de la impugnación, pues, como lo ha resuelto este Tribunal, es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite invocar idóneamente la existencia de absurdo cuando se pretende la apertura de esta instancia extraordinaria a la revisión de los hechos y las pruebas (causas L. 118.388, "Astudillo", sent. de 29-III-2017; L. 124.239, "Angeloni", resol. de 16-VI-2020; L. 129.480, "Legal", resol. de 29-XI-2022; L. 129.582, "Soto", resol. de 27-II-2023, L. 130.333, "Cejas", resol. de 7-IX-2023 y L. 131.541, "Sarmiento", resol. de 15-IV-2025; e. o.).
III.1.b. Sin perjuicio de la insuficiencia apuntada, cabe señalar que la crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que el interesado considera que el a quo debió ponderar las constancias de la causa. De ese modo, apartándose de la línea reflexiva que llevó a los jueces de grado a la solución expuesta en el fallo, sólo insiste en su propia apreciación de las circunstancias de la causa, limitándose a señalar que la dilación del proceso fue exclusiva responsabilidad de la parte actora, más sin lograr rebatir frontal y eficazmente las motivaciones esenciales que estructuran el contenido de la decisión de origen (causas L. 120.897, "Gianelli", sent. de 18-XII-2019; L. 120.994, "Heitt", sent. de 19-II-2020, L. 123.270, "Silva", sent. de 6-X-2020 y L. 130.435 "Robles", resol de 4-XII-2023; e. o.).
III.2. En lo que respecta al reproche vinculado con el modo en que el tribunal de trabajo computó los intereses, cabe indicar que una de las características específicas de la instancia extraordinaria está dada por la mayor exigencia en cuanto a las cargas procesales que deben ser idóneamente abastecidas para transitar con éxito en casación y, en ese escenario, se impone un acabado respeto por las pautas que fija el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 124.447, "Taulamet", sent. de 7-IV-2022; L. 130.878, "Araldi", sent. de 20-XI-2024 y L. 134.584, "Magallanes", resol. de 15-IX-2025; e.o.).
Bajo tales directrices, el planteo que esgrime el agraviado luce insuficiente, toda vez que no se vincula con la mención -en concreto- de la o las normas, ni de la doctrina legal que el fallo habría infringido o aplicado erróneamente (art. 279, cit.).
Resta indicar, que la doctrina legal es la que emana de los propios fallos de la Suprema Corte y no la que deriva de la opinión de los autores o de los pronunciamientos de otros tribunales de justicia (causas L. 121.094, "Quinteros", resol. de 13-IX-2017; L. 121.630, "Quintana", resol. de 5-XII-2018; L. 123.659, "Ovejero", resol. de 25-IX-2019; L. 125.485, "Morales", resol. de 4-II-2021 y L. 130.296, "Juárez", resol. de 20-IX-2023; e. o.).
III.3. Finalmente, los embates referidos al decreto de necesidad y urgencia 669/19, hallan adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir en la causa L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025) y su progenie (L. 128.977, "Chocobar", sent. de 13-III-2026; L. 127.690, "Ovejero", sent. de 26-V-2026 y L. 130.596, "Paszkiewich", sent. de 23-VI-2026"; entre muchos otros), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.); resultando ello suficiente para resolver esta parcela de la impugnación traída.
El señor Juez doctor Soria dijo:
Comparto lo resuelto por mis colegas que me preceden en la votación. Sólo he de aclarar que en aquello vinculado con el decreto 669/2019, suscribo la solución propuesta a tenor de lo prescripto en el tercer párrafo del art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.), y dejando a salvo mi opinión expuesta en la causa L. 127.690, "Ovejero" (sent. de 26-V-2026).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído respecto de los agravios analizados en los puntos III.1 y III.2 por encontrarse insuficientemente fundados (art. 31 bis, ley 5827 y modif.) y declararlo procedente en relación al tratado en el punto III.3, debiéndose en consecuencia revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/08/2026 16:41:16 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/08/2026 11:45:47 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/08/2026 13:53:42 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/08/2026 17:47:31 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/08/2026 09:23:56 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 27/08/2026 11:16:26 hs. bajo el número RR-1728-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia