Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132601
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar a la queja traída, conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la Fiscalía de Estado (art. 292 del CPCC; 89, ley 15.057; Acuerdo 4.068/2022; Resol. 24/20 y Resol. 1.840/24) el que, en atención a que ha sido desestimado en casos sustancialmente análogos, se rechaza.
Las costas del recurso que se resuelve, así como las de la queja, se imponen a la recurrente vencida (art. 289, CPCC; ley 14.967).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción promovida por Ivanna Ayelén Banegas y condenó a la Provincia de Buenos Aires al pago de la suma que especificó en concepto de indemnización por incapacidad laboral y permanente con fundamento en las leyes 24.557 y 26.773 (v. sent. de 26-III-2024).
En lo que resulta de interés, dispuso implementar, entre la fecha de exigibilidad (esto es desde el día 6 de mayo de 2017 por constituir la fecha de la mora en el pago de la indemnización) y hasta la sentencia, una tasa pura de interés que estimó en el seis por ciento -6%- anual.
Luego, a esta suma de condena, y hasta el efectivo pago, determinó que se pagaría un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina.
II. Frente a lo así resuelto, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 16-IV-2024), en el cual objeta la forma en que el órgano de grado aplicó el art. 12 ap. 3 de la Ley de Riesgos del Trabajo, texto según ley 27.348.
Al respecto afirma que si bien, respecto del período que va desde el dies a quo y hasta la fecha de la sentencia, acató el contenido de los citados precedentes C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-IV-2018) y C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018), al resolver en orden al tramo temporal posterior ignoró las directivas allí establecidas, determinando que la accionada deba cargar con el anatocismo contemplado en aquella norma en sustitución de la tasa de interés establecida en las causas C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" (sents. de 21-X-2009) y C. 119.176, "Cabrera" (sent. de 15-VI-2016).
Manifiesta que el tribunal de grado realizó una desacertada interpretación, y así, que la conclusión del fallo se observa –a su criterio- absurda y arbitraria, en tanto a la fecha de la sentencia la demandada no se encontraba en mora como exige la normativa aplicable.
El tribunal de grado, a su turno, denegó la mencionada impugnación con fundamento en la insuficiencia del monto para recurrir y por considerar inaplicable, en la especie, el supuesto de excepción previsto en el art. 55 de la ley 11.653 (v. resol. de 4-VI-2024), lo que motivó la articulación de la presente queja (art. 292, CPCC; v. presentación electrónica de 13-VI-2024).
En la vía de hecho, denuncia que el a quo excedió el límite de las facultades que le otorga el art. 281 del Código Procesal Civil y Comercial en relación al examen de las condiciones formales de admisibilidad, al haber incursionado en una materia que es privativa de la Suprema Corte en tanto se introdujo en el análisis de los precedentes invocados, cuando debió únicamente verificar si se había denunciado -o no- violación de la doctrina legal de la Suprema Corte.
III. La queja prospera.
III.1. De inicio, sin perjuicio de otras consideraciones que podrían efectuarse, resulta prioritario destacar que la impugnante, al mencionar los requisitos de admisibilidad del remedio extraordinario intentado, no desconoce que la cuantía económica del pleito no excede el mínimo fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, según el texto de la ley 14.141, vigente al momento de la interposición del remedio procesal (causas L. 117.757, "Iyarza", resol. de 30-IV-2014; L. 117.696, "Cremonte", resol. de 9-XII-2015; L. 117.132, "Bulich", resol. de 27-XII-2017 y L. 126.905, "Sauvage", resol. de 14-V-2021), por lo que la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el citado art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 -aplicable, cabe reiterar, a la fecha de la interposición del recurso extraordinario- (causas L. 111.056, "Kessler", resol. de 21-VIII-2013; L. 116.525, "Rouco", sent. de 20-VIII-2014 y L. 117.666, "Madrid", sent. de 11-III-2015).
III.2. En atención a ello, corresponde hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley intentado (arts. 292, CPCC; y 89, ley 15.057; Ac. 4.068/2022, Resol. 24/20 y Resol. 1.840/2024).
IV. Ahora bien, ingresando en los argumentos desplegados en el recurso que por este acto se concede y que fueron reseñados en los acápites precedentes, cabe anticipar que no puede prosperar.
Al respecto, corresponde rechazar el agravio vinculado con los intereses fijados a partir de la fecha de la sentencia y lo argumentado en orden al modo en que el tribunal laboral aplicó el art. 12 inc. 3 de la Ley de Riesgos del Trabajo, en razón de lo resuelto por esta Suprema Corte en casos similares (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.; causas L. 126.342, "Gaddi", sent. de 27-VI-2023; L. 127.102, "Cruzetti", sent. de 23-VIII-2023; L. 128.793, "Ferreyra", sent. de 26-II-2024; L. 129.976, "Balutt" sent. de 20-XI-2024; L. 132.301, "Peralta", resol. de 11-VI-2025 y L. 132.990, "Sosa", resol. de 12-V-2026).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar a la queja traída, conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la Fiscalía de Estado (art. 292 del CPCC; 89, ley 15.057; Acuerdo 4.068/2022; Resol. 24/20 y Resol. 1.840/24) el que, en atención a que ha sido desestimado en casos sustancialmente análogos, se rechaza.
Las costas del recurso que se resuelve, así como las de la queja, se imponen a la recurrente vencida (art. 289, CPCC; ley 14.967).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/08/2026 16:37:08 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/08/2026 11:44:17 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/08/2026 13:53:15 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/08/2026 17:38:43 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/08/2026 09:21:29 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 27/08/2026 11:12:41 hs. bajo el número RR-1687-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia