Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 134911
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), y desestimar el de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, rechazó la demanda promovida por el señor Nicolás Fabrizio Heredia contra La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., mediante la cual reclamaba el pago de las prestaciones dinerarias establecidas en el régimen especial de riesgos del trabajo (v. pronunciamiento de fecha 10-II-2025).
Para así resolver, juzgó que el trabajador no padece incapacidad física ni psíquica como consecuencia del accidente in itinere sufrido el día 11 de octubre de 2019.
II. Contra dicha decisión, el legitimado activo dedujo recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 13-II-2025), los que fueron concedidos por el a quo (v. resol. de fecha 17-II-2025).
III.1. En el primero, el interesado, denuncia vulneradas las exigencias establecidas en los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. En sustancia, invoca absurdo en la ponderación de las experticias médica y psiquiátrica producidas en autos. Asimismo, sostiene que la decisión de grado luce desprovista de todo fundamento legal.
III.2. En principio, corresponde recordar que el remedio extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. prov.; causas L. 121.033, "Aguirre", sent. de 9-XI-2020; L. 122.346, "Amaya", sent. de 20-X-2021 y L. 129.167, "Scalise", sent. de 29-V-2024).
Desde esa perspectiva, se observa que el contenido del agravio que porta el remedio intentado resulta ajeno a dichas causales, ni bien se advierte que sus argumentaciones se dirigen a objetar el modo como el tribunal abordó y resolvió las cuestiones ventiladas en autos, remitiendo el análisis a la imputación de presuntos errores de juzgamiento cuyo tratamiento -como es sabido- es ajeno al limitado marco de conocimiento del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 122.963, "Romero", resol. de 18-IX-2019; L. 124.729, "Ríos", resol. de 6-XI-2020; L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021; L. 132.850, "Muller", resol. de 27-X-2025 y L. 134.552, "Delgado", resol. de 10-VI-2026).
Luego, sabido es que la transgresión del art. 171 de la Constitución provincial sólo se configura cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica, de suerte que aquél aparezca sin otro sustento válido que el mero arbitrio del juzgador (causas L. 118.979, "Márquez", sent. de 21-IX-2016; L. 125.493, "Razquin", resol. de 30-XI-2020; L. 126.646, "Verdugo", resol. de 17-VIII-2021; L. 129.475, "Toth", resol. de 8-V-2023 y L. 134.651, "Jiménez", resol. de 10-VI-2026), hipótesis que no concurre en el pronunciamiento atacado.
IV. En la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley, en rigor, con cita de doctrina legal que considera vulnerada, objeta el rechazo de la acción y alega absurdo en la valoración de la prueba.
IV.1. El recurso no prospera.
Liminarmente, se impone señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por la suma reclamada en la demanda- no excede el mínimo fijado por el art. 82 de la ley 15.057, aplicable a la fecha de interposición del recurso, según Resolución 1.840/2024.
En consecuencia, en la especie, la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la doctrina elaborada en torno al alcance de la excepción contenida en el citado precepto legal (causas L. 132.789, "Testone", resol. de 20-IX-2024; L. 133.502, "Peralta", resol. de 28-XI-2024; L. 133.550, "Scaltritti", resol. de 27-III-2025 y L. 136.522, "Castillo", resol. de 10-VI-2026; e.o.).
De suyo, entonces, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020; L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020 y L. 134.900, "De Mugica", resol. de 11-XII-2025).
IV.2. Realizado el examen conforme los lineamientos anteriormente enunciados, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado desde que, sin perjuicio de otras consideraciones, mediante la denuncia de vulneración de doctrina legal, el recurrente trae a consideración agravios vinculados a cuestiones de hecho y prueba, detraídos de la revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto antes citado (causas L. 94.184, "Jacquet", sent. de 7-V-2014; L. 117.224, "López", sent. de 22-IV-2015; L. 119.539, "Albornoz", resol. de 4-V-2016; L. 125.871, "Tejerina", resol. de 30-VIII-2021, L. 129.347, "Navarro", resol. de 12-IX-2023 y L. 134.096, "Santander Fiorio", resol. de 17-IX-2025).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), y desestimar el de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/07/2026 08:45:51 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/07/2026 14:15:05 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 05/08/2026 14:09:15 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2026 10:33:16 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2026 14:09:19 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 28/08/2026 15:02:13 hs. bajo el número RR-1769-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia