Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 131844
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 131.844, "Fook, Adriana Patricia contra Provincia de Buenos Aires. Accidente de Trabajo - Acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Budiño, Mancini .
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Morón, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. sent. de 17-VIII-2023).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 30-VIII-2023).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal interviniente hizo lugar parcialmente a la acción deducida por la señora Adriana Patricia Fook y condenó al Fisco de la Provincia de Buenos Aires a abonarle la suma que especificó en concepto de prestación dineraria prevista en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557, con más la indemnización adicional contemplada en el art. 3 de la ley 26.773.
Para así decidir, tuvo por verificado que el 27 de abril de 2016 la actora sufrió un accidente de trabajo (caída al intentar sentarse en una silla) que le provoca una incapacidad física del 3% de la total obrera. En cambio, descartó la minusvalía de carácter psicológico otorgada en la pericia médica, porque el informe psicodiagnóstico se basó en un baremo distinto al previsto para el tipo de reclamo de autos, que no contempla incapacidad para el caso (dec. 659/96; v. vered., págs. 3/6 y sent., págs. 11/12).
Luego, a partir de los recibos de haberes obrantes en la causa y en vista a que las partes no ofrecieron prueba pericial contable, determinó el ingreso base mensual del trabajador en la cantidad de $25.074,95 (v. vered., pág. 2).
Ya en la sentencia, desestimó el planteo de inconstitucionalidad efectuado por la parte actora sobre el art. 12 de la ley 24.557 por no verificarse los presupuestos fácticos que justificaron tal postulación. Al respecto señaló la orfandad probatoria de aquellos ítems que, bajo diferentes denominaciones (v.gr. "importes no remunerativos", "sumas encubiertas" o "aumentos de paritarias"), se alegaron excluidos de la base cálculo de la prestación dineraria reclamada.
No obstante, y sobre el extremo invocado, concluyó que la estimación efectuada oficiosamente arrojaba un importe superior al esgrimido, que tornaba abstracto un pronunciamiento sobre el particular (v. sent., págs. 4/5).
Finalmente, con los parámetros acreditados en el veredicto, efectuó el cómputo de las prestaciones dinerarias que estimó procedentes.
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 14 bis, 16, 17, 19, 28, 31 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional y de la doctrina legal que cita (v. escrito electrónico de 30-VIII-2023).
II.1. Cuestiona que el juzgador desestimara la incapacidad psicológica establecida en la pericia médica por considerar que el experto no tuvo en cuenta lo prescripto en el decreto 659/96 y los arts. 8 inc. 3 y 40 de la ley 24.557 y 9 de la ley 26.773, omitiendo expedirse sobre la inconstitucionalidad de los citados preceptos planteada por su parte en el libelo de inicio.
Sostiene además que el tribunal de grado se excedió en sus facultades al apartarse del referido informe pericial y no reconocer la incapacidad psicológica determinada por el galeno.
II.2. Objeta el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557.
Manifiesta que la sentencia de grado vulnera la doctrina sentada por esta Corte en las causas L. 120.521, "Monchiero" (sent. de 30-VIII-2021) y L. 120.648, "Amaya" (sent. de 31-VIII-2021), en las cuales se declaró la inconstitucionalidad del citado precepto y se ordenó el calcular el valor del ingreso base con arreglo al criterio fijado en el conocido caso "Vizzoti" por el Máximo Tribunal de la Nación.
Expone que el citado art. 12 de la ley 24.557 no establece ningún tipo de mecanismo de actualización o recomposición salarial. Refiere que, en el caso, el ingreso base utilizado en el fallo es muy inferior al salario actual de una docente con la misma carga horaria y antigüedad que la actora al momento del siniestro.
Alega que esta situación de falta de actualización en las determinaciones de los salarios base fue tenida en cuenta por los legisladores en la sanción de la ley 27.348.
Refiere que tampoco puede perderse de vista que la demora en la determinación de la incapacidad que padece la actora no le es atribuible a su parte, pues la obligó a recurrir a la justicia, llevándola a transitar un proceso que duró años.
Asimismo, denuncia violada la doctrina legal que emerge de las causas L. 119.914, "A., D. A." (sent. de 22-VI-2020) y L. 122.532, "Papalia" (sent. de 29-IX-2020), por cuanto aduce que la reparación por accidente laboral debe entenderse como una deuda de valor conforme el art. 772 del Código Civil y Comercial.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. Liminarmente, cabe señalar que el medio de impugnación deducido fue concedido por el tribunal de grado -en decisión que no resultó objetada- en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 -aplicable al momento de interposición del recurso- toda vez que el valor del litigio no supera la suma determinada por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial local (v. resol. de fecha 20-IX-2023).
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte debe limitarse a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 123.817, "Juncos", sent. de 28-IV-2021; L. 123.858, "Bueno", sent. de 20-X-2021; L. 127.103, "Borba", sent. de 27-VI-2023; L. 129.677, "Morgan", sent. de 3-VI-2024; e.o.).
III.1.b. Empero, no puede soslayarse que el agravio dirigido a poner en tela de juicio la validez constitucional del art. 12 de la ley 24.557 (en su versión anterior a la reforma de la ley 27.348) involucra el análisis de una cuestión federal que, con prescindencia del valor del litigio, amerita la apertura de la instancia extraordinaria.
En tal sentido, tiene dicho este Tribunal que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, aplicable al caso, -corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 308:490 in re "Strada" y 311:2478 in re "Di Mascio")- es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
III.1.c. Por consiguiente, únicamente dicho embate habrá de ser abordado con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
III.2. Aclarado lo expuesto, y en el acotado margen de revisión al que se hizo referencia, se advierte que la inicial objeción referida a la supuesta omisión de tratamiento por parte del tribunal de grado del planteo vinculado a la validez constitucional del decreto 659/96 y los arts. 8 inc. 3 y 40 de la ley 24.557 y 9 de la ley 26.773, no resulta de recibo.
Es que la eventual omisión en el tratamiento de una cuestión esencial resulta materia ajena al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y propia del de nulidad (causas L. 128.786, "Martínez", resol. de 19-IX-2022; L. 130.157, "Melita", resol. de 30-V-2023; L. 128.626, "Pombiño", sent. de 20-IX-2024 y L. 130.939, "Gago", sent. de 17-IX-2025).
Cabe agregar que deviene igualmente inatendible el subyacente reproche que formula la interesada, dirigido a controvertir la valoración de la pericia médica y, con ello, la falta de reconocimiento de la incapacidad psicológica determinada por el galeno, toda vez que remite al análisis de cuestiones de índole fáctica y probatoria, excluidas del ámbito de la casación por la acotada vía examinada (causas L. 125.163, "Iramain", sent. de 27-VI-2023; L. 127.428, "Vega", sent. de 31-V-2023 y L. 129.668, "Britos", sent. de 28-XI-2024).
III.3. Sentado lo anterior, y correspondiendo su análisis despojado de la restricción económica prevista en el art. 55 de la ley 11.653 aplicable en especie, cabe adelantar que la impugnación vinculada con la validez constitucional del art. 12 de la ley 24.557 (anterior a la ley 27.348), tampoco es de recibo.
Conforme surge de los antecedentes relatados, el juzgador de origen declaró abstracto pronunciarse sobre la tacha a la validez constitucional del mencionado artículo.
Desde la óptica del planteo actoral, el tribunal de origen se afirmó en la orfandad probatoria de aquellos extremos fácticos invocados en sustento de la pretensión.
A su vez, tuvo en mira el superior resultado que arrojaba el cálculo realizado de modo oficioso.
A tenor de los argumentos señalados, la afirmación del recurrente en punto a que se decide rechazar el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 pese a que al momento de la sentencia se encontraban en vigencia los precedentes "Amaya"; "Monchiero"; "Aguiar"; "Papalia" y la causa federal de "Vizzoti", no resulta apta para conmover la decisión de origen.
La propuesta impugnativa no confronta los argumentos esenciales del fallo, incumpliendo el recaudo insoslayable del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial. En virtud de lo señalado, resulta de aplicación la doctrina de este Tribunal que tacha de insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite rebatir adecuada y eficazmente la conclusión medular del pronunciamiento, poniendo en evidencia un flagrante desencuentro entre lo decidido en la instancia de origen y los argumentos que estructuran la impugnación en su contra (causas L. 120.086, "M., A. V.", sent. de 7-III-2022; L. 125.824, "Falero", sent. de 15-II-2023; L. 130.485, "Bas", sent. de 28-XI-2024; e.o.).
Luego, a propósito de la línea argumental sostenida por el recurrente, cabe advertir que esta Corte ha señalado en reiteradas ocasiones que, cuando las alegaciones del quejoso remiten a un tópico que no fue objeto de pronunciamiento por parte del tribunal de grado, no corresponde que sean tratadas por este Tribunal, en tanto su potestad revisora, como es sabido, se circunscribe al contenido del fallo y su concreta impugnación (causas L. 117.634, "Savia", sent. de 25-X-2017; L. 126.890, "Agüero", sent. de 5-V-2022; L. 127.290, "Carbone", sent. de 10-IV-2023; e.o.).
Cabe agregar, para mayor satisfacción del recurrente, que -como se dijo antes- si lo que en realidad pretendiera por conducto del recurso deducido es denunciar la eventual omisión del sentenciante en abordar dicho aspecto debió hacerlo a través de un recurso extraordinario de nulidad, por cuanto dicha materia resulta ajena al de inaplicabilidad de ley (causas L. 127.083, "González", resol. de 7-X-2021; L. 125.848, "Fernández", sent. de 22-XII-2022; L. 129.635, "Carabetta", sent. de 3-VI-2024; e.o).
Ello, además, sin que se observen motivos suficientes que puedan dar sustento bastante a la pretendida existencia de un agravio constitucional que permita exceptuar al órgano de grado de efectuar una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, como lo es la declaración de invalidez constitucional de una ley o un decreto, la cual constituye un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (conf. mi voto en la causa L. 124.847, "Mosconi", sent. de 6-II-2023). De allí que, por las razones expuestas, corresponda su rechazo.
III.4. Sentado lo expuesto, el embate que se asienta en la denuncia de un supuesto apartamiento por parte del tribunal de origen de la doctrina legal de las causas L. 120.648, "Amaya" (sent. de 31-VIII-2021) y L. 120.521, "Monchiero" (sent. de 30-VIII-2021), no resulta idónea para controvertir lo resuelto. Es que, surge evidente que lo juzgado en las invocadas causas no refiere a situaciones similares, atento haber mediado presupuestos diferentes a los propios del caso bajo juzgamiento (causas L. 128.964, "Calvo", sent. de 30-IV-2024; L. 130.127, "Botbol Cores", sent. de 16-XII-2024; L. 123.533, "Leguero", sent. de 1-IX-2025; e.o.).
III.5. Tampoco resulta eficaz la cita de las causas L. 119.914, "A., D. A." (sent. de 22-VI-2020) y L. 122.532, "Papalia" (sent. de 29-IX-2020), en tanto fueron elaboradas sobre la base de presupuestos disímiles a los que se ventilan en la presente litis, revelando nuevamente la ineficacia de la técnica recursiva (causas L. 120.187, "Tonil", sent. de 22-VIII-2018; L. 121.786, "Ortellado", sent. de 4-VIII-2020; L. 124.845, "Iakich", sent. de 30-VIII-2021 y L. 126.838, "Aguilera", sent. de 5-XII-2022).
En este sentido, no es un dato menor -y de esta distinción nada se razona en la impugnación- que en los precedentes referidos la requerida aplicación de las pautas propias de las deudas de valor recayó sobre montos concernientes a resarcimientos por daños y perjuicios fundados en el derecho civil; mientras que en la especie se trata de una prestación dineraria consagrada en la ley 24.557, cuantificada según las pautas concebidas en dicha norma laboral.
IV. Por todo lo expuesto, considero que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído debe ser rechazado, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Como lo expresa mi distinguido colega doctor Torres en su sufragio, el medio extraordinario de impugnación deducido fue concedido por el tribunal de grado -en decisión que no resultó objetada-en el acotado marco de conocimiento al que alude el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, aplicable al caso.
La función revisora, entonces, queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede en un caso similar (causas L. 126.044, "López", sent. de 27-II-2023; L. 127.103, "Borba", sent. de 27-VI-2023 y L. 129.677, "Morgan", sent. de 3-VI-2024).
No obsta a lo señalado, que en el recurso se cuestione el rechazo dispuesto por el a quo del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo, en tanto ello no ha sido esgrimido por el recurrente con argumentos tendientes a evidenciar la eventual presencia de un motivo que -fuera de la excepción prevista en la norma procesal laboral- permita dejar de lado el recaudo de admisibilidad fundado en el valor del agravio.
I.2. Luego, y en el acotado margen de revisión al que se hizo referencia, adhiero a lo señalado en los distintos pasajes del punto III.2.b. del sufragio inaugural.
I.3. También comparto lo expuesto por el ponente en los apartados III.4. y III.5 de su voto en cuanto señala que las doctrinas invocadas en el recurso han sido elaboradas bajo presupuestos distintos a los que exhibe el presente caso, lo que justifica la desestimación del agravio.
II. En virtud de lo expuesto, cabe desestimar el recurso deducido. Con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
Las señoras Juezas doctoras Kogan, Budiño y el señor Juez doctor Mancini , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/08/2026 11:54:53 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/08/2026 10:21:10 - MANCINI HEBECA Fernando Luis Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/08/2026 11:20:35 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/08/2026 14:41:36 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/08/2026 19:00:36 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/08/2026 09:04:51 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 26/08/2026 09:22:40 hs. bajo el número RS-93-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia