Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 136988
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación al agravio tratado en el punto III.1, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.) y declararlo procedente respecto del abordado en el punto III.2., debiéndose en consecuencia revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus , dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
El señor Juez doctor Torres, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Kohan dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda promovida por Jean Carlos Roa Feliz y condenó a Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14, inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557, más la indemnización adicional contemplada en el art. 3 de la ley 26.773, por las secuelas incapacitantes derivadas del infortunio que protagonizó el día 23 de septiembre de 2019 (v. pronunciamiento de fecha 16-VII-2025).
Para así decidir, y en lo que interesa destacar por resultar motivo de agravios, con sustento en las conclusiones plasmadas en las pericias médica y psicológica, el a quo tuvo por acreditado que como consecuencia del accidente de trabajo referido, el actor padece afecciones físicas y psíquicas que le provocan una incapacidad total de 30,36% de la total obrera.
Luego, a los fines de determinar el importe de las prestaciones dinerarias, estableció el valor del ingreso base mensual a partir de las prescripciones del decreto 669/2019.
En lo tocante a los intereses, precisó que debían liquidarse, desde la fecha de toma de conocimiento de la incapacidad (que fijó en el día 18 de agosto de 2021) y hasta que quede firme la sentencia, a una tasa pura del cuatro por ciento -4%- anual.
II. Contra dicho pronunciamiento, Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 18-VIII-2025), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de 25-VIII-2025).
En primer término, objeta el fallo de grado en cuanto declaró aplicable al caso el decreto 669/2019, alegando su inconstitucionalidad. En esa línea de pensamiento, señala que la liquidación practicada, en los términos del citado reglamento, resulta contraria al criterio sentado por esta Suprema Corte en el precedente L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025).
También cuestiona la aplicación de intereses desde la fecha del hecho dañoso, al sostener que, habiéndose reajustado previamente el ingreso base mensual, se produce una doble actualización.
Por otra parte, se agravia del porcentaje de incapacidad que tuvo por acreditado el juzgador de origen, que entiende sobredimensionado e infundado. En ese sentido, señala que de los estudios realizados surge que la patología del hombro derecho no guarda relación causal con el siniestro de autos. Asimismo, alega que el informe psicológico no contiene los requisitos mínimos para ser admitido como prueba.
Finalmente, apela por altos los estipendios regulados a los profesionales intervinientes. Al respecto, sostiene que el fallo de grado vulneró lo dispuesto en la ley 24.432, modificatoria del art. 505 del Código Civil, en cuanto establece el tope del veinticinco por ciento -25%-.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Invirtiendo el orden de los agravios por razones metodológicas, corresponde, en primer lugar, desestimar las críticas que formula la recurrente a las conclusiones que se establecieron en el fallo de grado sobre el porcentaje de incapacidad que padece el actor.
III.1.a. Tiene dicho esta Suprema Corte que en la tarea de valorar las pericias -en el caso, médica y psicológica- y asignarles entidad convictiva, los tribunales de trabajo ejercen facultades privativas, resultando la decisión que adopten al respecto ajena al cometido de esta Suprema Corte, salvo que se denuncie y acredite la configuración del absurdo (causas L. 123.054, "Militello", resol. de 14-VIII-2019; L. 130.557, "Coronel", resol. de 15-IV-2024 y L. 136.557, "Erazo", resol. de 2-VII-2026). Análogo señalamiento ha efectuado en orden a la labor jurisdiccional dirigida a determinar el grado de incapacidad que afecta al trabajador como consecuencia de un accidente o enfermedad laboral (causas L. 125.038, "Vera" y L. 125.422, "Casalone", resols. de 6-XI-2020; L. 128.773, "Sorgué", resol. de 17-IV-2023 y L. 132.805, "Amaya", resol. de 27-VIII-2026).
III.1.b. En el caso, la recurrente ni siquiera ha denunciado que la decisión de grado fuese producto del mencionado vicio, deficiencia técnica que sella la suerte adversa de la impugnación, pues, como lo ha resuelto este Tribunal, es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite invocar idóneamente la existencia de absurdo cuando se pretende la apertura de esta instancia extraordinaria a la revisión de los hechos y las pruebas (causas L. 118.388, "Astudillo", sent. de 29-III-2017; L. 124.239, "Angeloni", resol. de 16-VI-2020; L. 129.480, "Legal", resol. de 29-XI-2022; L. 129.582, "Soto", resol. de 27-II-2023, L. 130.333, "Cejas", resol. de 7-IX-2023 y L. 131.541, "Sarmiento", resol. de 15-IV-2025; e. o.).
III.1.c. Sin perjuicio de la insuficiencia apuntada, lo cierto es que la crítica se estructura sobre la base de la distinta eficacia que la recurrente le atribuye a los informes periciales médico y psicológico. Así, por conducto de su propia opinión en orden a la entidad convictiva que, a su juicio, correspondería asignarle a las referidas experticias, no consigue descalificar la labor axiológica del juzgador, pues el recurso sólo refleja una mera contraposición de criterios con el razonamiento empleado en el fallo de grado, revelando su insuficiencia para demostrar el excepcional yerro valorativo invocado (causas L. 128.678, "Moyano", resol. de 3-XI-2022; L. 131.365, "Morando", resol. de 29-VII-2024 y L. 134.780, "Arriola", resol. de 3-VIII-2026; e.o.).
III.2. Por otro lado, el agravio dirigido a cuestionar la aplicación al caso del decreto de necesidad y urgencia 669/2019 halla adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir en la causa L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025) y su progenie (L. 128.977, "Chocobar", sent. de 13-III-2026; L. 127.690, "Ovejero", sent. de 26-V-2026 y; L. 130.596, "Paszkiewich", sent. de 23-VI-2026", entre muchos otros), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.), resultando ello suficiente para dar respuesta a la impugnación traída.
III.3. Atento la solución que se propicia, resulta innecesario abordar los restantes cuestionamientos traídos.
El señor Juez doctor Soria dijo:
Comparto lo resuelto por mis colegas que me preceden en la votación. Sólo he de aclarar que, en aquello vinculado con el decreto 669/2019, suscribo la solución propuesta a tenor de lo prescripto en el tercer párrafo del art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.), y dejando a salvo mi opinión expuesta en la causa en la causa L. 128.977, "Chocobar" (sent. de 13-III-2026).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación al agravio tratado en el punto III.1, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.) y declararlo procedente respecto del abordado en el punto III.2., debiéndose en consecuencia revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus , dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/09/2026 13:34:30 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/09/2026 15:58:16 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 23/09/2026 17:01:01 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/09/2026 14:49:41 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/09/2026 08:25:26 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 25/09/2026 11:09:44 hs. bajo el número RR-2118-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia