Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 135632
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Respecto del embate analizado en el punto III.1, se lo rechaza por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.). Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus , dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
La señora Jueza doctora Kogan, y los señores Jueces Torres y Kohan dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción promovida por el señor Luis Alfredo Bordón y, en consecuencia, condenó a Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y el incremento establecido en el art. 3 de la ley 26.773, por la incapacidad derivada del infortunio que sufrió el día 10 de abril de 2018 (v. vered. y sent. de 12-II-2025).
En lo que resulta de interés, tuvo por acreditado -con sustento en el informe pericial médico y psicológico producido en autos- que, con motivo del accidente de autos, el trabajador es portador de una incapacidad psicofísica del 12,95 % de la total obrera.
Luego, puesto a cuantificar las sumas adeudadas, juzgó aplicables -al caso- las disposiciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019.
Asimismo, declaró que correspondía aplicar intereses moratorios calculados a una tasa pura del seis por ciento -6%- anual- desde la fecha del accidente hasta el dictado de la sentencia. Añadió, que en caso de incumpliendo de lo ordenado en el fallo, el importe de condena deberá ser actualizado con arreglo a la variación del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables-RIPTE-.
II. Contra lo así resuelto -con cita de las normas y jurisprudencia que considera vulneradas- la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 28-II-2025), que fue concedido por el a quo (v. res. de fecha 26-III-2025).
II.1. En su presentación se agravia del porcentaje de incapacidad reconocido en la sentencia. En este orden, afirma que el juzgador de grado incurrió en absurdo en la valoración del informe pericial médico, en tanto lo fundó en un dictamen carente de rigor científico, confeccionado a partir de un psicodiagnóstico aportado unilateralmente la parte actora, no autorizado por el tribunal, y sin haberse oído a la accionada.
Entiende que habiéndose constatado que el actor es portador de una incapacidad física del 1,05%, resulta desproporcionado el reconocimiento de un 10% de naturaleza psicológica.
Añade que órgano de la instancia de grado desoyó las peticiones formuladas por la accionada tendientes a que se dé intervención a la Oficina Pericial para que se elabore un nuevo dictamen pericial.
II.2. Por otro lado, cuestiona la aplicación retroactiva del decreto de necesidad DNU 669/19 y las pautas establecidas en el fallo para el cálculo de los intereses.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Tiene dicho esta Suprema Corte que en la tarea de valorar la pericia médica y asignarle entidad convictiva, los tribunales laborales ejercen facultades privativas, por lo que la decisión que adoptan al respecto es ajena al cometido de esta Suprema Corte, salvo que se acredite el absurdo (causas L. 123.501, "Consorcio de Gestión Puerto La Plata", sent. de 21-X-2022; L. 126.737, "Barrera", sent. de 22-VIII-2023 y L. 129.976, "Balutt", sent. de 20-XI-2024). Análogas reflexiones caben en orden a la labor destinada a determinar el porcentaje de incapacidad que afecta al trabajador (causas L. 123.533, "Leguero", sent. de 30-VIII-2021; L. 127.849, "Tumini", sent. de 27-III-2023 y L. 130.010, "Pérez", sent. de 17-IX-2025).
En este marco, lo expuesto por la impugnante no es apto para acreditar la configuración la mencionada anomalía sentencial, habida cuenta que solo refleja su discrepante opinión subjetiva en orden a la supuesta falta de aptitud probatoria que correspondería asignarle a lo informado en la experticia de autos, sin lograr desvirtuar la labor desplegada por el a quo al ponderar la prueba pericial (causas L. 123.291, "Longo", sent. de 30-VIII-2021; L. 121.592, "Arado", sent. de 18-VIII-2022; L. 126.835, "Ayala", sent. de 23-XI-2023; L. 129.398, "Contreras", sent. de 30-IV-2024; e.o.).
Es que no cualquier error ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurar el aludido vicio, sino que se requiere algo más: el error grave y manifiesto que conduzca a conclusiones claramente insostenibles o inconciliables con las constancias de la causa (causas L. 127.042, "L., M. L.", sent. de 27-VI-2023; L. 128.793, "Ferreyra", sent. de 26-II-2024; L. 130.006, "Calafate", sent. de 15-IV-2025; e.o.).
Sin mengua de los señalado, cabe agregar que las objeciones emparentadas con el modo en que se habría introducido y tramitado en la causa el informe psicodiagnóstico, remiten necesariamente al análisis de cuestiones procesales anteriores al dictado del pronunciamiento y, por ende, ajenas al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuyo ámbito se circunscribe al contenido del fallo y su concreta impugnación (causas L. 123.271, "Arguello", sent. del 6-XII-2021; L. 123.759, "Araya", sent. del 7-III-2022; L. 126.076, "Benítez", sent. del 27-VI-2023).
No es ocioso agregar que el juzgador de mérito no "desoyó" las peticiones formuladas por la accionada para que se remitan las actuaciones a la Oficina Pericial, sino que estimó -en ejercicio de facultades que le son privativas- que, ante la contundencia de las conclusiones de los profesionales intervinientes, ello resultaba innecesario.
En fin, la marcada insuficiencia del embate sella su suerte adversa.
III.2. En otro orden, los agravios vinculados con la aplicación del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, hallan adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir en la causa L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025) y su progenie (L. 128.977, "Chocobar", sent. de 13-III-2026; L. 127.690, "Ovejero", sent. de 26-V-2026 y L. 130.546, "Paszkiewich", sent. de 23-VI-2026; entre muchos otros), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.); resultando ello suficiente para resolver esta parcela de la impugnación traída.
El señor Juez doctor Soria dijo:
Comparto lo resuelto por mis colegas que me preceden en la votación. Sólo he de aclarar que en aquello vinculado con el decreto 669/2019, suscribo la solución propuesta a tenor de lo prescripto en el tercer párrafo del art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.), y dejando a salvo mi opinión expuesta en la causa L. 127.690, "Ovejero" (sent. de 26-V-2026).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Respecto del embate analizado en el punto III.1, se lo rechaza por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.). Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus , dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/09/2026 13:34:23 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/09/2026 15:57:32 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 23/09/2026 17:00:54 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/09/2026 14:49:39 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/09/2026 08:25:24 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 25/09/2026 11:09:22 hs. bajo el número RR-2113-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia