Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132786
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas del recurso y de la queja a la vencida (art. 289, CPCC y ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 132.786, "Marecos Céspedes, Sonia Elizabeth contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente De Trabajo-Acción Especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata declaró procedente la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada por resultar vencida (v. vered. y sent. de fecha 6-II-2024).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 28-II-2024), el que luego de denegado en la instancia de grado, fue admitido por esta Corte mediante resolución de fecha 14 de julio de 2025 al resolver la queja deducida por la interesada (v. escrito electrónico de fecha 29-VII-2024).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar a la demanda promovida por Sonia Elizabeth Marecos Céspedes y condenó a la Provincia de Buenos Aires al pago de la suma que determinó en concepto de indemnización por incapacidad laboral y permanente con fundamento en la ley 24.557, con más los intereses que fijó.
En lo que interesa destacar, luego de declarar la inconstitucionalidad de los arts. 21, 22 y 46 de la ley 24.557, sostuvo que a igual conclusión habría de arribar en lo relativo al art. 4 de la ley 26.773, en su versión posterior a la reforma de la ley 27.348, ello, bajo el entendimiento que la norma no puede erigirse en un valladar que restrinja el acceso a la justicia de un trabajador accidentado, supeditando la posibilidad de accionar judicialmente a que las aseguradoras de riesgos del trabajo o las comisiones médicas determinen y notifiquen previamente la homologación o determinación de la incapacidad laboral del reclamante.
Luego, fijó el ingreso base mensual de la trabajadora aplicando el art. 12 de la ley 24.557 según el texto dado por el art. 11 de la ley 27.348. De este modo calculó el importe de la prestación dineraria prevista en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557 que integró la condena junto con el adicional previsto en el art. 3 de la ley 26.773.
Finalmente, dispuso aplicar al capital computado intereses moratorios calculados a una tasa pura del 6% anual, desde la fecha de exigibilidad del crédito hasta la de la sentencia. Asimismo, sostuvo que el importe resultante debía capitalizarse y devengaría hasta el efectivo pago un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, ello, con sustento en los arts. 770 del Código Civil y Comercial y 12 inc. 3 de la ley 24.557 (modif. por la referida ley 27.348).
II. La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 1, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28 y 75 inc. 12 de la Constitución nacional; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1. del Pacto de San José de Costa Rica; 31 inc. "b" de la Carta Interamericana de Derechos Sociales (Declaración de Derechos Sociales del Trabajador); 39 inc. 3 y 171 de la Constitución provincial; 768 y 770 del Código Civil y Comercial de la Nación; 7 y 10 de la ley 23.928 (conf. art. 4, ley 25.561); 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 12 de la ley 24.557 (texto según art. 11, ley 27.348); 4 de la ley 26.773 y 44 inc. "d" de la ley 11.653 (v. presentación electrónica de fecha 28-II-2024).
II.1. Afirma que la declaración de inconstitucionalidad que efectuó el tribunal de grado del art. 4 de la ley 26.773 es absurda y arbitraria, en tanto se evidencia la ausencia en el caso de un acto jurisdiccional válido que habilite a dejarla sin efecto; ello, sin perjuicio que —según dice— el sentenciante resolvió acatando la doctrina sentada por este Tribunal en la causa L. 124.807, "Vera" (sent. de 11-V-2021).
Explica que la regla que contiene el precepto legal es suficientemente transparente y concreta, de allí que, si como sucedió en la especie, el trabajador inició una acción judicial reclamando una indemnización integral con sustento en el derecho común, hubo de ejercer una opción que le impide efectuar otro reclamo con fundamento en el régimen especial.
Sostiene que en autos mediante su invalidación constitucional se ha desplazado la disposición legal aplicable recurriéndose a conceptos generales que se consideraron de rango superior. Afirma que el fallo es arbitrario porque se ha optado por reemplazar un sistema establecido por el Congreso de la Nación por otro que ha sido preferido por la judicatura, pero sin que se haya demostrado la invalidez constitucional del primero, ni el perjuicio concreto que le provocaría a la demandante.
Refiere que, contrariamente a lo sostenido por la Suprema Corte provincial, la regla legal invalidada se ajusta a la Constitución nacional porque no vulnera los principios de progresividad, indemnidad, igualdad e irrenunciabilidad. Señala que la normativa en crisis no cercena ninguna garantía constitucional, ya que solo establece que los sistemas indemnizatorios reconocidos no pueden acumularse, siendo la "opción" una elección razonable que se encuentra dentro de las potestades del legislador.
Por último, argumenta que el régimen especial de la ley 24.557, modificado por el art. 4 de la ley 26.773, otorga una mayor protección al tener como objetivo principal la prevención de los riesgos y la reparación de los daños derivados del trabajo.
II.2. Por otro lado, cuestiona lo juzgado en el pronunciamiento de grado acerca de los intereses aplicados.
Indica que, si bien su parte considera que en el caso no se está frente a una deuda de valor, lo decidido respecto a los intereses contradice la doctrina legal establecida en las causas C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-IV-2018) y C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018).
Explica que si bien en un principio acató el contenido de los citados precedentes en lo tocante aquel tramo que se configura hasta el momento en que la deuda fue evaluada, luego ignoró las directivas jurisprudenciales establecidas para el período que comprende desde el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda hasta su efectivo pago, imponiendo irregularmente el anatocismo contemplado en el art. 12 inc. 3 ley 24.557, sustituyendo la tasa de interés establecida en las causas C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" (sents. de 21-X-2009) y C. 119.176, "Cabrera" (sent. de 15-VI-2016).
Además, expresa que el sentenciante interpretó desacertadamente el inc. 3 del art. 12 de la ley 24.557 (texto según art. 11 de la ley 27.348). En lo cardinal, afirma que cuando en la norma indica "a partir de la mora en el pago de la indemnización" para consignar un supuesto del art. 770 del Código Civil y Comercial, solo puede referirse a la mora en el pago de la liquidación de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva. Entonces, concluye que la decisión de grado que impuso el anatocismo previsto en la referida prescripción legal de la ley de infortunios laborales desde la fecha de la sentencia y hasta el efectivo pago, resulta absurda y arbitraria, porque es evidente que a la fecha de la sentencia la demandada no había incurrido en ningún supuesto de mora, como requiere la disposición legal.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente debe señalarse que, tal como se afirmó al resolver el recurso de queja deducido, el valor de lo cuestionado ante esta instancia no supera el mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), pero en lo que respecta al agravio dirigido a objetar la declaración de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 (conf. ley 27.348) el interesado ha evidenciado que se encuentra involucrado el análisis de una cuestión federal, lo que conduce a ingresar en a examinar ese tramo de la impugnación prescindiendo de aquel requisito de admisibilidad.
III.2. Sentado lo anterior, a mérito de su insuficiencia, cabe desestimar el agravio inaugural (art. 279, CPCC).
El cuestionamiento del recurrente se centra en defender la constitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 en su actual redacción en cuanto contempla la denominada "opción excluyente", así, plantea la improcedencia de la acumulación de acciones que veda la ley y que, a su juicio, invalidó el juzgador.
Sin embargo, surge del fallo en crisis que el sentenciante de grado no declaró la inconstitucionalidad de dicha norma en el aspecto en el que pone el foco el impugnante, sino que su razonamiento, centrado en el diseño de la norma conforme la ley 27.348, estuvo referido a la regla que supedita la promoción de la acción judicial a la previa determinación y notificación administrativa de la homologación o incapacidad laboral por parte de las aseguradoras de riesgos del trabajo o las comisiones médicas. Fue en ese marco que el a quo pondero que tal exigencia procedimental restringe de modo injustificado el acceso a la justicia del trabajador accidentado o víctima de una enfermedad profesional.
Entonces, la falta de aptitud de la impugnación luce patente.
Resultan aplicables las directrices de esta Corte que tachan de insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si la argumentación que expone parte de una premisa errónea, transitando de tal modo por carriles propios y desentendiéndose de las razones proporcionadas por el sentenciante de grado (causas L. 123.299, "Galimberti Betancur", sent. de 9-XI-2021; L. 126.106, "Juárez", sent. de 27-X-2022; L. 124.375, "Urien", sent. de 20-VIII-2024; e.o.).
III.3. El embate referido a los intereses aplicados por el tribunal de grado, ya encorsetado en la vía de excepción que contempla el citado art. 55 primer párrafo —última parte— de la ley 11.653 —aplicable al caso—, no ha de correr mejor suerte.
Más allá de otras consideraciones que pudieran caber, lo cierto es que la doctrina traída por el recurrente ha sido elaborada sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 127.120, "Mulazzi", resol. de 30-VIII-2021 y L. 125.654, "Marfetan", sent. de 27-II-2023). Es que, los precedentes que se denuncian vulnerados por el quejoso difieren sustancialmente de lo actuado y decidido en autos, donde el tribunal de grado declaró aplicable una tasa de interés fijada normativamente (art. 12, ley 24.557, texto según ley 27.348).
Lo anterior da cuenta sin más de lo infructuoso de la impugnación.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas de esta instancia y de la queja a la vencida (art. 289, CPCC y ley 14.967).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas del recurso y de la queja a la vencida (art. 289, CPCC y ley 14.967).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 07/09/2026 11:23:21 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/09/2026 13:36:35 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/09/2026 13:51:39 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/09/2026 10:33:32 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/09/2026 08:27:37 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 21/09/2026 08:47:37 hs. bajo el número RS-104-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia