Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132370
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Nicolás hizo lugar a la demanda promovida por el señor Sergio Daniel Guerreño y condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonarle la suma que especificó en concepto de la prestación contemplada en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557 (v. vered. y sent. de fecha 28-II-2024).
En lo que interesa por ser materia de agravio -por mayoría- calculó el ingreso base mensual conforme lo establecido en el art. 12 de la ley 24.557 (en su versión anterior a la reforma de la ley 27.348), vigente al momento del accidente.
Para así decidir, en primer lugar, destacó los alcances del control de constitucionalidad que le incumbe a la judicatura y que las leyes dictadas con posterioridad a la ley 24.557 no establecieron una aplicación retroactiva.
Luego, recordó que, conforme doctrina legal de esta Corte que citó, la declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y debe considerarse como la última ratio del orden jurídico.
Bajo esos lindes, expuso que no presentaba confrontación con norma constitucional alguna la metodología de cálculo del mentado art. 12 -en su versión original-. En tal sentido, manifestó que el hecho de que las remuneraciones del trabajador se hubieran incrementado con el paso del tiempo no era causa en sí misma para justificar la modificación de todo el régimen indemnizatorio, más aún cuando -resaltó- este Tribunal declaró reiteradamente la constitucionalidad de las normas que prohíben la indexación.
Finalmente, expuso que, sin perjuicio de ello, tratándose de un reclamo sistémico, consideró que la aplicación de parámetros interpretativos "… no postulados por las partes, ni previstos por las leyes…", podía vulnerar el principio de congruencia con grave afectación del derecho de defensa, por lo que, teniendo en cuenta que la parte actora accionó conforme la normativa especial de la ley 24.557, el art.12 resultaba aplicable al caso.
II. Contra dicho pronunciamiento, el legitimado activo interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 17-III-2024).
Denuncia que la decisión de grado deviene absurda y arbitraria por no haber declarado en el caso concreto la inconstitucionalidad del citado art. 12, el cual no contempla ningún mecanismo de ajuste que contemple la alta inflación y los cambios remuneratorios.
Sostiene que el cálculo realizado no repara el daño debidamente, lo que provoca una injustificada reducción del crédito del trabajador. A tal fin, solicita se tome como base de cálculo el salario mínimo vital y móvil.
III. El recurso no prospera, atento encontrarse insuficientemente fundado (art. 279, CPCC).
III.1. Liminarmente, y en atención a las particulares circunstancias de la causa, cabe inicialmente recordar que la facultad revisora de esta casación está circunscripta al contenido de la sentencia según la concreta impugnación contra ella formulada (causas L. 125.848, "Fernández", sent. de 22-XII-2022; L. 127.102, "Cruzzetti", sent. de 23-VIII-2023; L. 129.635, "Carabetta", sent. de 3-VI-2024 y L. 132.485, "Gutiérrez", sent. de 30-IV-2026; e.o.).
III.2. Bajo tales premisas y con sujeción a los términos de la impugnación, se advierte que el interesado no refuta idóneamente las razones sobre las cuales se estructuró la decisión objetada.
En efecto y sin que ello implique abrir juicio respecto del grado de acierto sustancial de la solución adoptada, el compareciente no se hace cargo de rebatir eficazmente los argumentos que brindó el tribunal de grado para desestimar el cuestionamiento constitucional referido (causas L. 121.476, "Parise", sent. de 14-VII-2020; L. 129.495, "Rodríguez", resol. de 22-XII-2022; L. 128.868, "Ortíz Caballero", resol. de 23-XI-2023 y L. 131.947, "Alaise", sent. de 27-X-2025; e.o.).
Lejos de ello, solo se limita a exteriorizar un razonamiento paralelo al plasmado por la opinión mayoritaria que conformó la sentencia, afirmándose en la insuficiencia de la reparación del daño, sin lograr desvirtuar las conclusiones alcanzadas en el fallo de origen.
Es que esta Corte reiteradamente ha expresado que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como el último recurso del orden jurídico (causas L. 62.704, "Caamaño de Trincado", sent. de 29-IX-1998; L. 74.805, "Menéndez", sent. de 21-III-2001; Ac. 87.787, "C., S.", sent. de 15-III-2006 y L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708; 324:920 y 335:2333; e.o.), de allí que la alegación de un supuesto de aquella índole requiere por parte de quien lo invoca de una crítica clara, concreta y fundada de las normas constitucionales que reputa afectadas; en fin, en estos casos, para arribar a una conclusión tan relevante como la que conduce a invalidar un precepto contrario a la Constitución, la carga impugnativa y probatoria debe exacerbarse (causas L. 124.171, "Gutiérrez", sent. de 21-X-2022; L. 126.512, "Iribarne", sent. de 22-XI-2022; L. 124.142, "Bermúdez", sent. de 6-II-2023; L. 131.682, "Ramos", sent. de 15-XII-2025; e.o.).
III.3. Asimismo, resulta carente de idoneidad la cita del precedente que menciona en el punto II.F., toda vez que se limita a su simple mención, sin explicar cómo o en qué forma aquel resultaría vulnerado (art. 279, CPCC), pues -cabe recordar- es carga específica del recurrente no sólo denunciar la doctrina legal violada o erróneamente aplicada, sino que acompañar tal invocación con la explicación concreta sobre el modo en que dicha infracción o yerro se habría producido (causas L. 132.646, "Valdivia", resol. de 28-IV-2025 y L. 132.726, "González", resol. de 11-VI-2025).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/10/2026 12:45:34 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/10/2026 15:35:42 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/10/2026 11:36:50 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/10/2026 17:26:15 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/10/2026 08:27:24 - KROTTER Juan Jose - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/10/2026 11:16:02 hs. bajo el número RR-2141-2026 por KROTTER JUAN JOSE.
Fin de la sentencia