Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 135062
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación al agravio tratado en el punto III.1, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.) y declararlo procedente respecto del abordado en el punto III.2, debiéndose en consecuencia revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus , dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
El señor Juez doctor Torres, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Kohan dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda promovida por el señor Leonardo Damián Galindo y, en consecuencia, condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14, inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557 y la compensación adicional establecida por el art. 3 de la ley 26.773, con motivo de las secuelas incapacitantes derivadas del infortunio acontecido el día 10 de septiembre de 2020 (v. pronunciamiento de fecha 10-XII-2024).
En lo que reviste interés, con sustento en las conclusiones plasmadas en el informe pericial médico, tuvo por acreditado que como consecuencia del accidente de trabajo sufrido el actor padece una incapacidad parcial, permanente y definitiva del 29,5 % de la total obrera.
Luego, a los fines de determinar el monto del resarcimiento, juzgó que resultaban aplicables al caso las directrices emanadas del decreto de necesidad y urgencia 669/2019.
II. Contra dicho pronunciamiento Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 6-I-2025), que fue concedido por el a quo (v. resol. de fecha el 2-VI-2026).
II.1. De un lado, se agravia de la aplicación al caso del decreto de necesidad y urgencia 669/2019. Indica que el órgano jurisdiccional de grado se apartó de lo dispuesto en la resolución 1.039/19 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, y su modificatoria n° 332/23.
II.2. Del otro, objeta que el juzgador no tuviera en consideración el método de la capacidad restante para determinar el grado de incapacidad que afecta al actor. En ese sentido, refiere que el trabajador ya contaba con una minusvalía previa al accidente, la que había sido determinada oportunamente en las actuaciones caratuladas "Galindo, Leonardo Damián c/ Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. s/ Acción de revisión res. comisión médica jurisdiccional. Ley 15057 (expte. 16204)", de trámite por ante el tribunal de trabajo n° 5 de ese mismo Departamento Judicial.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Invirtiendo el orden de los agravios por razones metodológicas, es dable analizar las críticas que formula la recurrente a las conclusiones que se establecieron sobre el porcentaje de incapacidad que padece el actor.
Tiene dicho esta Corte que valorar el material probatorio, determinar el grado o porcentaje de incapacidad que afecta al trabajador como consecuencia de un accidente o enfermedad del trabajo y establecer la existencia del nexo causal o concausal con el infortunio denunciado, constituyen facultades privativas de los jueces de grado, y las conclusiones que al respecto formulen no son revisables en la instancia ordinaria, salvo que se invoque y demuestre eficazmente la existencia de absurdo en la labor axiológica de los magistrados (causas L. 128.007, "Adami", resol. de 1-IV-2022; L. 130.188, "Figueroa", resol. de 12-IX-2023; L. 130.836, "Vila", resol. de 1-XI-2023 y L. 131.635, "Morando", resol. de 29-VII-2024; e.o.).
En el caso, la recurrente no denuncia que la decisión de grado fuese producto del mencionado vicio, deficiencia técnica que sella la suerte adversa de la impugnación. Pues, sabido es, resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite invocar idóneamente la existencia de absurdo cuando se pretende la apertura de esta instancia extraordinaria a la revisión de los hechos y las pruebas (art. 279, CPCC; causas L. 107.447, "Álvarez", sent. de 13-VI-2012; L. 118.388, "Astudillo", sent. de 29-III-2017; L. 124.239, "Angeloni", resol. de 16-VI-2020; L. 129.480, "Legal", resol. de 29-XI-2022; L. 129.582, "Soto", resol. de 27-II-2023 y L. 130.333, "Cejas", resol. de 7-IX-2023, e.o.).
III.2. Luego, los cuestionamientos referidos al decreto de necesidad y urgencia 669/19 halla adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir en la causa L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025) y su progenie (L. 128.977, "Chocobar", sent. de 13-III-2026; L. 127.690, "Ovejero", sent. de 26-V-2026 y L. 130.546, "Paszkiewich", sent. de 23-VI-2026", entre muchos otros), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.); resultando ello suficiente para resolver este tramo de la impugnación traída.
El señor Juez doctor Soria dijo:
Comparto lo resuelto por mis colegas que me preceden en la votación. Sólo he de aclarar que en aquello vinculado con el decreto 669/2019, suscribo la solución propuesta a tenor de lo prescripto en el tercer párrafo del art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.), y dejando a salvo mi opinión expuesta en la causa L. 127.690, "Ovejero" (sent. de 26-V-2026).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación al agravio tratado en el punto III.1, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.) y declararlo procedente respecto del abordado en el punto III.2, debiéndose en consecuencia revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus , dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/10/2026 10:33:13 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 05/10/2026 12:52:34 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 09/10/2026 12:59:12 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/10/2026 18:40:17 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/10/2026 09:52:08 - KROTTER Juan Jose - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 21/10/2026 11:51:27 hs. bajo el número RR-2350-2026 por KROTTER JUAN JOSE.
Fin de la sentencia