Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131659
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído respecto del agravio analizado en el punto III.1, por haber sido desestimado en casos sustancialmente análogos; como así también en relación al tratado en el punto III.3, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis ley 5827 y modif.); y declararlo procedente respecto del abordado en el punto III.2, debiéndose en consecuencia revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus , dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar -por mayoría- a la demanda promovida por la señora Beda Beatriz Laratti y condenó a Reconquista Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14, apartado 2, inc. "a", de la ley 24.557 y el adicional contemplado en el art. 3 de la ley 26.773, con motivo de las secuelas incapacitantes provocadas por el infortunio que sufrió el día 6 de febrero de 2018. Asimismo, aplicó la sanción prevista por el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo y fijó los intereses en la forma y modo que especificó (v. pronunciamiento del 8-IX-2023).
En lo que resulta relevante, declaró la inconstitucionalidad del plazo de caducidad establecido por el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057; a la vez que cuantificó el valor mensual del ingreso base para calcular las prestaciones dinerarias con ajuste a las disposiciones contenidas en el decreto de necesidad y urgencia 669/2019 (v. sentencia, págs. 5 y 17/22).
Estableció, además, el importe de la sanción por temeridad y malicia aplicando la tasa de interés para operaciones corrientes de descuento de documentos del Banco de la Provincia de Buenos Aires (tasa activa), desde la primera manifestación invalidante (6-II-2018) hasta la notificación de la demanda y, desde su capitalización (art. 770, inc."b" del CCCN), calcular nuevos intereses sobre ese resultado hasta el efectivo pago (v. sentencia, págs. 25/28).
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica del 26-IX-2023), el que fue concedido por el órgano de grado (v. pronunciamiento de fecha 11-X-2023).
II.1.a. Inicialmente, sostiene que al determinar el valor mensual del ingreso base con arreglo a las pautas que fija el decreto 669/2019, el tribunal de trabajo transgredió su derecho de defensa y el principio de congruencia, habida cuenta que -afirma- la actora no hubo de peticionar la aplicación de dicha normativa al promover la demanda. Cuestiona, además, la validez constitucional del mentado reglamento por no reunir los requisitos que el art. 99 inc. 3 de la Constitución nacional impone para su dictado.
II.1.b. En otro orden, se agravia de la declaración de inconstitucionalidad del art. 2, inc. "j", de la ley 15.057, argumentando que el plazo de caducidad allí previsto para interponer la acción laboral ordinaria no vulnera el acceso a la justicia, habiendo la actora promovido su demanda fuera de término. Defiende además la plena validez constitucional del régimen de la instancia previa, obligatoria y excluyente ante las Comisiones Médicas Jurisdiccionales establecido por la ley 27.348.
II.1.c. Por último, critica la imposición de la sanción por temeridad y malicia. Alega que su parte se limitó a ejercer legítimamente su derecho de defensa en juicio sin incurrir en conductas procesales obstruccionistas, maniobras dilatorias, ni litigar con conciencia de su sinrazón. Señala que la mera divergencia de criterios o la desestimación de defensas no habilitan la aplicación de la penalidad contemplada por en el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Alterando -por razones metodológicas- el orden en que los agravios fueron expuestos, cabe inicialmente señalar que el dirigido a objetar la declaración de inconstitucionalidad del art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 no puede tener favorable acogida, habida cuenta que la decisión del tribunal de grado se ajusta al criterio plasmado por esta Corte en la causa L. 131.700, "Magliano", sent. de 19-IX-2025 (art. 31 bis, primer párrafo, ley 5827 y modif.).
III.2. Luego, los cuestionamientos vinculados al decreto de necesidad y urgencia 669/2019, hallan adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir en la causa L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025) y su progenie (L. 128.977, "Chocobar", sent. de 13-III-2026; L. 127.690, "Ovejero", sent. de 26-V-2026 y L. 130.546, "Paszkiewich", sent. de 23-VI-2026; entre muchos otros), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.); resultando ello suficiente para resolver esta parcela de la impugnación traída.
III.3. Finalmente, debe desestimarse el embate por el que se controvierte la sanción por temeridad y malicia.
III.3.a. Al respecto, es dable recordar que el análisis de los presupuestos vinculados a la conducta temeraria y maliciosa a los que hace mención el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo, remite al examen de cuestiones de índole fáctica y probatoria, cuya ponderación resulta privativa de los jueces de grado y ajena -por regla- a esta sede casatoria, salvo que se invoque y demuestre de manera fehaciente la existencia de absurdo (causas L. 117.464, "Ruggeri", sent. de 20-XII-2017; L. 131.289, "Suarez", resol. de 29-V-2024; L. 131.077, "Gutierrez", resol. 9-VIII-2024 y L. 131.421, "Vilche", resol. de 20-XI-2024; e.o.).
III.3.b. En la especie, el tribunal de grado consideró acreditado que la actora, tras sufrir un accidente laboral que le provocó una incapacidad, no percibió por parte de la aseguradora ninguna de las prestaciones dinerarias fijadas a su cargo por los arts. 14, apartado 2, de la Ley 24.557 y 3 de la ley 26.773, cuyas liquidaciones habían sido debidamente practicadas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo en el procedimiento ante las comisiones médicas.
Señaló que dicho incumplimiento se verificó a pesar de que Reconquista Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., al contestar la demanda, reconoció el acaecimiento del siniestro y la consecuente incapacidad de la trabajadora. Asimismo, el órgano de origen precisó que la defensa de pago documentado intentada por la accionada careció de todo sustento, al no haberse aportado ningún recibo suscripto por la acreedora.
En ese marco, el juzgador concluyó que la aseguradora exhibió una conducta procesal temeraria y maliciosa frente al reclamo de la damnificada. Sostuvo que la injustificada falta de pago de las indemnizaciones -las cuales revestían carácter de ciertas, líquidas y exigibles para la deudora a partir de la interpelación por carta documento del 15 de mayo de 2019- configuró el supuesto sancionado por el artículo 275 de la Ley de Contrato de Trabajo. Por tales fundamentos, aplicó una condena accesoria equivalente a una vez la tasa de interés activa que percibe el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuentos, desde que la suma fue debida y hasta su efectivo pago.
III.3.c. Esta esencial conclusión del fallo no ha sido atacada de manera frontal y directa por la impugnante, pues si bien denuncia absurdo, su presentación transita únicamente sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el a quo debió valorar los hechos y las pruebas aportadas al proceso, poniendo de manifiesto, tan sólo, su disconformidad con la solución alcanzada en el pronunciamiento, técnica recursiva que resulta insuficiente para conmover la decisión impugnada (causas L. 123.270, "Silva", sent. de 6-X-2020; L. 127.198, "Nitsch", sent. de 23-XI-2023; L. 131.421, "Vilche", resol. de 20-XI-2024 y L. 135.712, "Gómez", resol. de 12-V-2026; e.o.).
En efecto, la interesada, siguiendo el hilo de sus propias reflexiones, se desentiende por completo del examen que realizó el órgano judicial de grado respecto de la actuación que cumplió la aseguradora demandada y que lo condujo a aplicarle la referida penalidad en las concretas circunstancias del caso. De ese modo, el recurso no logra aportar elementos convincentes con virtualidad suficiente para descalificar el contenido del fallo, derivando la crítica en una mera contraposición de criterios que, como tal, no resulta idónea a los fines del recurso deducido (causas L. 120.802, "Mandagaran", sent. de 28-VIII-2019; L. 127.198, "Nitsch", sent. de 23-XI-2023; L. 131.522, "Sanna", resol. de 15-X-2022 y L. 132.449, "Gestido", resol. de 16-VII-2025: e. o.).
El señor Juez doctor Soria dijo:
Comparto lo resuelto por mis colegas que me preceden en la votación. Sólo he de aclarar que en aquello vinculado con el decreto 669/2019, suscribo la solución propuesta a tenor de lo prescripto en el tercer párrafo del art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.), y dejando a salvo mi opinión expuesta en la causa L. 128.977, "Chocobar", sent. de 13-III-2026.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído respecto del agravio analizado en el punto III.1, por haber sido desestimado en casos sustancialmente análogos; como así también en relación al tratado en el punto III.3, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis ley 5827 y modif.); y declararlo procedente respecto del abordado en el punto III.2, debiéndose en consecuencia revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus , dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/10/2026 10:33:01 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 05/10/2026 12:31:52 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/10/2026 12:58:56 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/10/2026 18:38:11 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/10/2026 09:50:52 - KROTTER Juan Jose - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 21/10/2026 11:51:19 hs. bajo el número RR-2343-2026 por KROTTER JUAN JOSE.
Fin de la sentencia