Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 136493
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído respecto del agravio analizado en el punto III.1, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827 y modif.), y declararlo procedente en relación al tratado en el punto III.2, debiéndose en consecuencia revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus , dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
El señor Juez doctor Torres, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Kohan dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda promovida por el señor Rubén Darío Araujo Rolón y, en consecuencia, condenó a Swiss Medical Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14, inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557 y la compensación adicional del art. 3 de la ley 26.773 (v. pronunciamiento de fecha 15-IV-2025).
Para así decidir, tuvo por acreditado, con sustento en el informe pericial médico -del que juzgó que no tenía motivos para apartarse-, que el promotor del pleito padece una incapacidad física parcial y permanente del 25,3% de la total obrera, en relación causal con el infortunio acontecido el día 4 de septiembre de 2021.
Luego, a los fines de determinar el valor del ingreso base mensual, entendió que resultaban aplicables al caso las directrices emanadas del decreto de necesidad y urgencia 669/2019.
Asimismo, añadió intereses a una tasa pura del seis por ciento (6%) anual desde la fecha de exigibilidad del crédito.
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 29-IV-2025), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de fecha 1-VII-2025).
II.1. En primer lugar, objeta el modo de cálculo del ingreso base mensual. En ese sentido, alega que el tribunal de grado efectuó una errónea aplicación del decreto de necesidad y urgencia 669/19, en tanto no se ajustó a las disposiciones contenidas en las resoluciones 1.039/19 y 332/23 de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
II.2. También se agravia de la aplicación de intereses desde la fecha del hecho dañoso, al sostener que, habiéndose reajustado previamente el ingreso base mensual, se produce una doble actualización.
II.3. Por otro lado, critica el fallo de origen en cuanto al porcentaje de incapacidad determinado, denunciando absurdo en la valoración de las constancias de la causa. Al respecto, cuestiona que el tribunal de origen se ciñera a la pericia médica sin atender a las impugnaciones formuladas por su parte. Refiere que las secuelas otorgadas no tienen sustento ni respaldo en ningún estudio, ni se ajustan al Baremo del decreto 659/96. Asimismo, que el juzgador no se abocó a la tarea de determinar debidamente la existencia de nexo causal con el siniestro.
II.4. Finalmente, impugna la imposición de costas.
III. El recurso prospera parcialmente.
Por cuestiones de índole metodológico, corresponde alterar el orden de tratamiento de los agravios que porta el recurso.
III.1. En primer término, no resulta atendible el dirigido a cuestionar la incapacidad determinada por el juzgador y su nexo causal con el infortunio.
III.1.a. Tiene dicho esta Corte que valorar el material probatorio, específicamente lo atinente al mérito y fundamento de los informes periciales, así como determinar el grado o porcentaje de incapacidad que afecta al trabajador como consecuencia de un accidente o enfermedad del trabajo, y establecer la existencia del nexo causal o concausal con el hecho denunciado, constituyen facultades privativas de los jueces de grado, y las conclusiones que al respecto formulen no son revisables en la instancia ordinaria, salvo que se invoque y demuestre eficazmente la existencia de absurdo en la labor axiológica de los magistrados (causas L. 128.007, "Adami", resol. de 1-IV-2022; L. 131.635, "Morando", resol. de 29-VII-2024; L. 134.780, "Arriola", resol. de 3-VIII-2026 y L. 132.707, "Gaona", resol. de 2-IX-2026; e.o.).
La configuración del vicio señalado requiere del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021; L. 129.928, "Corinaldesi", resol. de 27-VI-2023; L. 129.594, "Andrada", resol. de 21-VI-2023 y L. 136.577, "Erazo", resol. de 2-VII-2026), supuesto que no se verifica en la especie.
III.1.b. En el caso, la crítica se estructura sobre la base de la distinta eficacia que la recurrente le atribuye al informe pericial médico. Así, por conducto de su propia opinión en orden a la entidad convictiva que, a su juicio, correspondería asignarle a la referida experticia, no consigue descalificar la labor axiológica del juzgador, pues el recurso sólo refleja una mera contraposición de criterios con el razonamiento empleado en el fallo de grado, revelando su insuficiencia para demostrar el excepcional yerro valorativo invocado (causas L. 117.656, "Barraza", sent. de 23-XI-2016; L. 117.823, "Díaz", sent. de 10-V-2017; L. 120.801, "Dagnone", sent. de 7-III-2019; L. 131.365, "Morando", resol. de 29-VII-2024 y L. 128.907, "Alvarez", resol. de 3-VIII-2026; e.o.).
De ese modo, no logra concretar una réplica adecuada y eficaz de lo resuelto, limitándose a señalar posibles falencias en la evaluación realizada en la instancia de origen, y pretendiendo -al cabo- hacer prevalecer su opinión sobre la del juzgador de grado en lo que atañe a la facultad de seleccionar, jerarquizar e interpretar las probanzas del proceso, método inapropiado para evidenciar el error grosero y manifiesto configurativo del absurdo (causas L. 121.570, "Romera", resol. de 26-IX-2018; L. 127.012, "Gorjon", resol. de 22-IX-2021; L. 130.061, "Cecchi", resol. de 10-V-2023 y L. 137.908, "Gorriti", resol. de 2-IX-2026).
III.2. Luego, los agravios referidos al decreto de necesidad y urgencia 669/19 hallan adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir en la causa L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025) y su progenie (L. 128.977, "Chocobar", sent. de 13-III-2026; L. 127.690, "Ovejero", sent. de 26-V-2026 y; L. 130.596, "Paszkiewich", sent. de 23-VI-2026", entre muchos otros), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.).
III.3. Atento la solución que se propicia, resulta innecesario abordar los restantes cuestionamientos traídos.
El señor Juez doctor Soria dijo:
Comparto lo resuelto por mis colegas que me preceden en la votación. Sólo he de aclarar que, en aquello vinculado con el decreto 669/2019, suscribo la solución propuesta a tenor de lo prescripto en el tercer párrafo del art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.), y dejando a salvo mi opinión expuesta en la causa L. 127.690, "Ovejero" (sent. de 26-V-2026).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído respecto del agravio analizado en el punto III.1, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827 y modif.), y declararlo procedente en relación al tratado en el punto III.2, debiéndose en consecuencia revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus , dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/09/2026 19:05:58 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/09/2026 11:10:24 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 05/10/2026 19:22:44 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/10/2026 18:30:28 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/10/2026 09:41:56 - KROTTER Juan Jose - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 21/10/2026 11:47:58 hs. bajo el número RR-2289-2026 por KROTTER JUAN JOSE.
Fin de la sentencia