Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 133639
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído respecto del agravio analizado en el punto III.1, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.); y declararlo procedente en relación al tratado en el punto III.2, debiéndose en consecuencia revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus , dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas del recurso que se resuelve, así como las de la queja, se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
El señor Juez doctor Torres, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Kohan dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la acción promovida por el señor Miguel Ángel García y, en consecuencia, condenó a Federación Patronal Seguros S.A.U. (antes, Federación Patronal Seguros S.A.) al pago de la suma que especificó en concepto de prestación dineraria del art. 14, inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557 y el adicional previsto por el art. 3 de la ley 26.773 (v. veredicto y sentencia de fecha 30-VIII-2024).
Para así decidir, en lo relevante, cuantificó el importe del resarcimiento reconocido al actor con ajuste a las disposiciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, adicionando a dicho capital intereses de la forma que especificó.
II.. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 18-IX-2024), el que denegado por el órgano de grado (v. resolución de fecha 22-X-2024), fue concedido por esta Corte al resolver la queja incoada (v. presentación de 4-XI-2024 y resolución de fecha 2-X-2025).
En su presentación, sostiene que el juzgador valoró absurdamente los escritos constitutivos del proceso y la prueba agregada a la causa, toda vez que -afirma- de tales constancias surge nítido que el siniestro por cuyas secuelas incapacitantes se reclamó en autos no fue denunciado ante la aseguradora de riesgos del trabajo en sede administrativa. Señala que Federación Patronal Seguros S.A.U. recién tomó conocimiento de las afecciones que el actor invocó con el traslado de la demanda, habiéndolas rechazado por considerarlas de carácter inculpable.
Por otra parte, cuestiona que el órgano judicial de grado aplicara el decreto 669/2019 para actualizar el crédito reconocido en la sentencia.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Liminarmente se impone destacar que conforme lo expresó esta Suprema Corte al declarar procedente la queja deducida por la impugnante (v. resol. de 2-X-2025), el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido sólo podría justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, aplicable al caso.
Así, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, supuesto que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020; L. 125.781, "Mora", resol. de 17-II-2021; L. 128.848, "González", resol. de 19-IX-2022 y L. 130.708, "Giménez", resol. de 20-IX-2023; e. o.).
III.2. En ese contexto, respecto del primer cuestionamiento traído, la exclusión de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida. Ello así, pues, el abordaje del agravio remite -necesariamente- al análisis de cuestiones de hecho y prueba, ajenas al acotado margen por el que transita el recurso (causas L. 128.819, "Farías", resol. de 9-VIII-2022; L. 129.743, "Di Santo", resol. de 14-III-2023; L. 131.680, "Godoy", resol. de 29-VII-2024 y L. 134.399, "Moyano", resol. de 12-V-2026; e.o.).
III.3. En otro orden, y sin perjuicio de la doctrina legal cuya errónea aplicación invoca el recurrente en este tramo de la réplica extraordinaria, cabe indicar que los agravios referidos al decreto de necesidad y urgencia 669/19 hallan adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir en la causa L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025) y su progenie (L. 128.977, "Chocobar", sent. de 13-III-2026; L. 127.690, "Ovejero", sent. de 26-V-2026 y L. 130.546, "Paszkiewich", sent. de 23-VI-2026"; entre muchos otros), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.); resultando ello suficiente para resolver esta parcela de la impugnación traída.
El señor Juez doctor Soria dijo:
Comparto lo resuelto por mis colegas que me preceden en la votación. Sólo he de aclarar que en aquello vinculado con el decreto 669/2019, suscribo la solución propuesta a tenor de lo prescripto en el tercer párrafo del art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.), y dejando a salvo mi opinión expuesta en la causa L. 127.690, "Ovejero" (sent. de 26-V-2026).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído respecto del agravio analizado en el punto III.1, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.); y declararlo procedente en relación al tratado en el punto III.2, debiéndose en consecuencia revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus , dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas del recurso que se resuelve, así como las de la queja, se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/09/2026 19:05:35 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/09/2026 11:09:37 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 05/10/2026 19:22:32 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/10/2026 18:29:40 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/10/2026 09:41:41 - KROTTER Juan Jose - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 21/10/2026 11:46:32 hs. bajo el número RR-2267-2026 por KROTTER JUAN JOSE.
Fin de la sentencia