Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 133317
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído respecto de los agravios analizados en el punto III.1 por encontrarse insuficientemente fundados (art. 31 bis, ley 5827 y modif.) y declararlo procedente en relación al tratado en el punto III.2, debiéndose en consecuencia revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus , dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 con asiento en la ciudad de Avellaneda, perteneciente al Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, hizo lugar a la demanda promovida por el señor Damián Esteban García y condenó a la Provincia de Buenos Aires al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14, inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557 y la compensación adicional del art. 3 de la ley 26.773 (v. pronunciamiento de fecha 6-VIII-2024).
Para así decidir, juzgó acreditado que el promotor del pleito padece una incapacidad parcial y permanente del 38,7% de la total obrera, con motivo de las secuelas incapacitantes producidas por el accidente de trabajo que sufrió el día 6 de marzo de 2019.
En lo que resulta relevante, a los fines de determinar el valor del ingreso base mensual, juzgó que resultaban aplicables al caso las directrices emanadas del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, mas no así las resoluciones 1.039/2019 y 332/23 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, por resultar -dijo- más gravosas para el trabajador, en tanto exceden las facultades reglamentarias del organismo y resultan contrarias al principio de progresividad de los derechos. Asimismo, como consecuencia de la actualización efectuada, adicionó intereses calculados a una tasa pura del seis por ciento -6%- anual.
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 23-VIII-2024), el que fue concedido por el órgano de grado (v. resol. de fecha 30-VIII-2024).
Inicialmente, cuestiona la decisión del tribunal de origen en cuanto dispuso la aplicación del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables -RIPTE-. Reprocha que dicho órgano jurisdiccional no tuviera en consideración para establecer la cuantía del resarcimiento a las disposiciones contenidas en las resoluciones 1.039/19 y 332/23 de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Objeta, asimismo, la adición de intereses a una tasa pura del seis por ciento -6%- anual, y ello por considerar que tal decisión transgrede la doctrina legal que identifica.
Finalmente, se agravia de la incapacidad determinada en el fallo de grado. En ese orden, denuncia absurdo en la valoración de la prueba pericial médica y sostiene que en el específico supuesto de autos correspondía aplicar el método de la capacidad restante, ya que el trabajador contaba con una minusvalía previa que había sido determinada oportunamente en sede administrativa. Añade que tampoco se encuentra demostrada la relación de causalidad entre el accidente de trabajo y la incapacidad que porta el accionante.
III. El recurso prospera parcialmente.
Por cuestiones de índole metodológico, corresponde alterar el orden de tratamiento de los agravios traídos.
III.1. En primer término, no resulta atendible el dirigido a cuestionar la incapacidad determinada por el juzgador y su nexo causal con el infortunio.
III.1.a En este sentido, corresponde recordar que tiene dicho esta Suprema Corte que determinar la existencia o no de relación causal o concausal entre el accidente y la incapacidad que padece el trabajador, como establecer el grado de la minusvalía que lo afecta, o en concreto, ponderar la pericia médica, constituyen facultades privativas de los jueces de grado y ajenas -por regla- a la casación, salvo que se demuestre la existencia de absurdo (causas L. 124.789, "Díaz", resol. de 21-IX-2020; L. 127.932, "Naranjo", resol. de 23-II-2022; L. 132.497, "Gómez Maciel", resol. de 12-III-2025 y L. 136.660, "Alegre", resol. de 3-VIII-2026; e. o.).
La configuración del vicio señalado requiere del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021; L. 129.928, "Corinaldesi", resol. de 27-VI-2023; L. 129.594, "Andrada", resol. de 21-VI-2023 y L. 136.577, "Erazo", resol. de 2-VII-2026), supuesto que no se verifica en la especie.
III.1.b. En el caso, el tribunal de trabajo tuvo por demostrado que el actor sufrió un accidente de trabajo el día 6 de marzo de 2019, siendo tal contingencia expresamente reconocida por la accionada y receptada en las actuaciones administrativas tramitadas ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, circunscribiendo el eje de su decisión a la existencia de secuelas incapacitantes y su relación causal con el evento. En este sentido, tras valorar la prueba pericial médica y psicológica producida, el a quo concluyó que las dolencias constatadas guardaban nexo adecuado con el infortunio, otorgando una incapacidad parcial y permanente del 38,7% de la total obrera.
III.1.c. Esta esencial conclusión del fallo no logra ser descalificada por el interesado, toda vez que sus argumentaciones no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre como debieron apreciarse los hechos y las pruebas agregadas a la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (causas L. 126.508, "Gorjon", resol. de 28-V-2021; L. 128.469, "Areco", resol. de 21-VI-2023; L. 133.163, "Bugñar", resol. de 2-IX-2025 y L. 133.616, "Fernández", resol. de 26-XI-2025; e.o.).
III.2. Luego, los agravios referidos al decreto de necesidad y urgencia 669/19 hallan adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir en la causa L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025) y su progenie (L. 128.977, "Chocobar", sent. de 13-III-2026; L. 127.690, "Ovejero", sent. de 26-V-2026 y L. 130.546, "Paszkiewich", sent. de 23-VI-2026", entre muchos otros), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.).
Atento la solución que se propicia, resulta innecesario abordar los restantes cuestionamientos traídos.
El señor Juez doctor Soria dijo:
Comparto lo resuelto por mis colegas que me preceden en la votación. Sólo he de aclarar que en aquello vinculado con el decreto 669/2019, suscribo la solución propuesta a tenor de lo prescripto en el tercer párrafo del art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.), y dejando a salvo mi opinión expuesta en la causa L. 127.690, "Ovejero" (sent. de 26-V-2026).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído respecto de los agravios analizados en el punto III.1 por encontrarse insuficientemente fundados (art. 31 bis, ley 5827 y modif.) y declararlo procedente en relación al tratado en el punto III.2, debiéndose en consecuencia revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus , dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/09/2026 19:05:01 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/09/2026 14:10:33 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/10/2026 19:22:23 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/10/2026 18:29:14 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/10/2026 09:39:28 - KROTTER Juan Jose - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 21/10/2026 11:46:07 hs. bajo el número RR-2264-2026 por KROTTER JUAN JOSE.
Fin de la sentencia