Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 129862
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 129.862, "Herrero, María Benita y otro/a contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. vered. y sent. de fecha 12-VII-2022).
Se dedujeron, por el Fisco provincial y la parte actora, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de fecha 12-VIII-2022 y de fecha 15-VIII-2022, respetivamente).
Asimismo, contra la resolución aclaratoria dictada el 18 de agosto de 2022, la demandante dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 31-VIII-2022). Todos los remedios fueron concedidos en la instancia de grado (v. resol. de fecha 7-IX-2022).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el demandado?
En su caso:
2ª) ¿Lo son los deducidos por la parte actora contra la sentencia definitiva y su aclaratoria?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de origen hizo lugar a la demanda promovida por María Benita Herrero y Juan Alberto Gordillo y condenó a la Provincia de Buenos Aires —en su calidad de empleadora autoasegurada— al pago de las prestaciones dinerarias previstas en los arts. 11 inc. 4 apartado "c" y 18 de la ley 24.557 y 3 de la ley 26.773, por el fallecimiento de la señorita María Andrea Gordillo —hija de los reclamantes— ocurrido el día 8 de febrero de 2013. Por otro lado, hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la codemandada Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. (v. pronunciamiento de fecha 12-VII-2022).
En lo que interesa, puesto a calcular el ingreso base mensual (IBM), declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, disponiendo que la liquidación de la prestación establecida en el citado art. 18 fuera practicada con arreglo al salario mínimo vital y móvil vigente a la fecha de la sentencia.
Asimismo, declaró la invalidez constitucional del art. 11 inc. 4 apartado "c" de la Ley de Riesgos del Trabajo, según las prescripciones de la resolución 34/13 de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, estableciendo que sea calculada conforme el importe determinado en la resolución 15/22 de dicha cartera.
II. La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 11 inc. 4 apartado "c", 12, 15 inc. 2 apartado 2 y 18 inc. 1 de la ley 24.557; 166 inc. 2 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; 44 inc. "d" de la ley 11.653; resolución 34/13 de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 12-VIII-2022).
II.1. Se agravia porque el tribunal de origen declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 y, a partir de ello, calculó el ingreso base mensual considerando el salario mínimo vital y móvil vigente a la fecha de la sentencia.
Afirma que la decisión de grado es arbitraria en tanto los fundamentos invocados en ella son meramente aparentes.
Alega que, sin perjuicio de que en la especie no se advierte cuál es la real afectación que le produce a la actora la aplicación de dicha norma, la misma no resulta violatoria de la Constitución nacional. Sostiene que la proyección de una limitación en materia de responsabilidad (cuantitativa o cualitativa), mientras no resulte discriminatoria, no afecta en su esencia ninguna garantía constitucional.
Señala que el juzgador de grado, al otorgarle carácter alimentario a todas las remuneraciones percibidas, se arrogó injustificadamente la facultad que le corresponde al legislador de calificar los rubros que componen el salario para liquidar el ingreso base mensual. Agrega que no debe confundirse un crédito alimentario con el carácter alimentario de una indemnización.
De igual modo, cuestiona que el sentenciante considerara la prestación dineraria de la ley 24.557 como una "deuda de valor". En ese orden, argumenta que la reparación tarifada de la ley sistémica alude a obligaciones dinerarias que se basan en el principio nominalista.
Bajo esos lindes, sostiene que, en materia de legislación laboral, las deudas de dinero se ajustan mediante índices y topes mínimos indemnizatorios, tal como lo establece la ley 26.773 y el decreto 472/14.
Plantea que el fallo de grado transgrede lo establecido por las leyes 23.928 y 25.561, que prohíbe la capitalización y actualización de los créditos.
Argumenta que el cálculo de las prestaciones dinerarias se efectúa sobre los rubros del salario que determinan la prima que se abona y que es en función de la relación laboral que el siniestrado puede demandar las prestaciones de la ley.
Explica que no resulta inconstitucional que los trabajadores tengan un régimen especial de reparación de los daños sufridos a consecuencia de un infortunio del trabajo, en la medida que sea razonable. Ello no constituye una discriminación arbitraria o efectuada con una finalidad persecutoria, pues la diferenciación tiene sustento fáctico y lógica jurídica. Agrega que el control de constitucionalidad de las leyes que incumbe a los jueces no implica la posibilidad de que se sustituyan a los órganos gubernamentales y aduce que lo resuelto le causa un gravamen irreparable por cuanto se la condena más allá del límite por el que se obligó contractualmente conforme la ley vigente.
II.2. Asimismo, objeta la decisión de declarar la inconstitucionalidad del art. 11 apartado 4 inc. "c" de la ley 24.557, según resolución 34/13 de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Remitiendo a los argumentos expuestos en su anterior agravio, insiste en señalar que la decisión resulta absurda y arbitraria en tanto la misma carece de fundamentos válidos. Manifiesta que no basta con la aserción de que la norma impugnada causa agravio constitucional, sino que debe probarse que eso ocurre en el caso en examen.
II.3. Sostiene evidenciado el apartamiento por parte del sentenciante de la normativa vigente a la fecha del evento dañoso, al modificar arbitrariamente la base de cálculo (IBM) transformando las prestaciones dinerarias debidas en una indemnización que resulta a todas luces improcedente, lo que obliga a exigir su casación.
II.4. Objeta el quantum indemnizatorio, por cuanto, sin justificación alguna, se determinó una suma mayor a la prevista legalmente en violación del derecho de propiedad de su parte, circunstancia que —aduce— ha quedado demostrada.
Reitera que lo decidido por el juzgador de origen resulta arbitrario dado que se aparta del ingreso base mensual fijado en el veredicto ($12.937,02) para sustituirlo por el salario mínimo vital y móvil a la fecha de la sentencia ($45.540), pauta salarial ajena a la fórmula de cálculo legal.
Expresa que luce evidente la insuficiencia de la decisión en cuanto, bajo el amparo de principios de equidad e indemnidad, efectuó en forma dogmática una adecuación indemnizatoria en franca violación a su derecho de propiedad.
III. El recurso no prospera.
III.1. En lo que aquí resulta relevante, el tribunal de grado, con apoyo en la norma contenida en el Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo y en los conceptos vertidos por esta Suprema Corte en los precedentes que cita y por la Corte nacional en las causas "Pérez c/ Disco"; "González c/ Polimat" y "Díaz c/ Cervecería y Maltería Quilmes S.A.", resolvió que en la determinación del ingreso base mensual debían incluirse la totalidad de los conceptos abonados a la trabajadora más allá de la denominación que se les hubiere asignado.
Ya en la etapa de la sentencia, tomando el ingreso base mensual fijado en los términos del art. 12 de la ley 24.557 ($12.937,02), calculó el importe que les correspondía percibir a los actores según la fórmula contenida en el art. 18 de la misma ley, con más la prestación contenida en su art. 11 inc. 4 apartado "c" —según resolución 34/13 de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social— y la compensación adicional prevista en el art. 3 de la ley 26.773, arribando a la suma total de $1.702.682,54.
Luego, ante la solicitud formulada por la accionante para que se declare la inconstitucionalidad de toda norma que se contraponga con el derecho a una reparación justa, el juzgador cuantificó nuevamente las referidas prestaciones, pero teniendo en cuenta el salario mínimo vital y móvil correspondiente al mes de junio de 2022 ($45.540, conf. resol. 6/22 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil) y los valores fijados en la resolución 15/22 de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, alcanzando así la cantidad de $9.851.418.
Sobre esa base y tratándose de una reparación por la muerte de un ser humano, expresó que resultaba palmaria la irrazonabilidad del monto que surgía de comparar las liquidaciones practicadas, por lo que correspondía efectuar el control de constitucionalidad y convencionalidad de los arts. 12 —respecto al período computable para calcular el ingreso base— y 11 inc. 4 apartado "c" de la ley 24.557, según resolución 34/13.
En tal sentido, comenzó por resaltar que el Estado autoasegurado no es cualquier empleador, en tanto su deber de garantizar condiciones seguras de labor y de actuar diligentemente en materia de prevención y reparación de los infortunios debe ser aún mayor, ya que posee los recursos materiales para dar cumplimiento a sus obligaciones y ha asumido el compromiso internacional de velar por la salud de los trabajadores (conf. arts. 7, 9 y 12, PIDESC y Convenios 17, 42 y 155, OIT). Señaló además que no escapaba al conocimiento del Fisco empleador que respecto de otros trabajadores infectados por "legionela" en el ámbito del hospital a su cargo, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo había reconocido la patología como una enfermedad profesional y, asimismo, que otros organismos estatales dictaminaron que la causante fue portadora de dicho virus. Es decir, que la demandada estuvo en condiciones de abonar más próxima al suceso las indemnizaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo.
Sentado ello, con cita de un precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso "Victorio Spoltore respecto a la República Argentina"), manifestó que resultaba necesario asegurar a la madre y al padre de la víctima de un infortunio laboral la "tutela judicial efectiva" (art. 15, Const. prov.), lo que se lograba a través de una reparación justa.
A esos fines, estimó necesaria la aplicación de los principios emanados del fallo "Ascua" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en donde —dijo— se estableció que la indemnización especial de los daños laborales debe —al menos— alcanzar a cubrir la pérdida de ganancias provocada por el infortunio, estándar que —consideró— no encontraba satisfacción de aplicarse literalmente la preceptiva legal en la versión de la ley 26.773 y los pisos mínimos de la resolución 34/13.
Destacó lo resuelto por esta Corte en las causas L. 120.485, "Medina" y L. 120.648, "Amaya" (sents. de 31-VIII-2021) y L. 120.521, "Monchiero" (sent. de 30-VIII-2021), en cuanto a la base salarial desactualizada que se deriva de la aplicación de la ley 24.557. Aclaró que aun cuando tales supuestos no resultaban estrictamente idénticos al presente, podían considerarse como pauta orientativa para resolver el caso de autos.
Refirió entonces que resultaba irrazonable sostener el cálculo del ingreso conforme la literalidad del art. 12 de la ley 24.557 modificado por la ley 26.773, ya que a todas luces violaba la Constitución nacional en sus arts. 14 bis y 19, máxime cuando el piso mínimo fijado para la fórmula por la resolución 34/13 no modificaba la situación de inequidad.
Asimismo, señaló que la aplicación de la indemnización adicional del art. 11 inc. 4 apartado "c" de la Ley de Riesgos del Trabajo según el cálculo actuarial previsto para reparar la contingencia sucedida en febrero de 2013 y no un monto que reflejase una reparación razonable en atención a su fin, violaba los derechos constitucionales antes mencionados. Destacó que en modo alguno proponía la aplicación inmediata de la resolución 15/22, sino que auspiciaba la utilización del importe que surgía de la misma como parámetro o pauta de valoración para la cuantificación de valores razonables, en tanto carecía de parámetros para su cálculo, a diferencia de lo que sucedía con la indemnización del art. 18 inc. 1 de la ley 24.557.
Enfatizó que el originario texto del art. 12 de la ley 24.557 (B.O. de 4-X-1995) fue sancionado en un contexto de convertibilidad de la moneda y de estabilidad de precios y salarios, coyuntura que se advertía completamente diferente a la existente en la actualidad, lo que impedía mantener una solución legal que había sobrevenido injusta por haberse modificado las circunstancias socioeconómicas tenidas en cuenta al momento de su dictado. Tal situación —agregó— no quedaba zanjada con los ajustes introducidos por la ley 26.773 y la resolución 34/13.
Siguiendo esos lineamientos, manifestó que no podía soslayarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Lucca de Hoz" había declarado que las fórmulas indemnizatorias consagradas por la Ley de Riesgos del Trabajo no se adecuaban a los lineamientos constitucionales, porque habían negado, a la hora de proteger la integridad psíquica, física y moral del trabajador, la consideración plena de la persona humana y los imperativos de justicia de la reparación seguidos por la Constitución nacional.
Bajo esas directrices, expuso que en el caso la reparación que resultaba de aplicar lisa y llanamente el art. 12 de la ley 24.557 (en la redacción vigente a la fecha del suceso de autos) y mantener el quantum fijado por la resolución 34/13, no atemperaba satisfactoriamente el daño padecido, provocando una injustificada reducción del crédito de carácter alimentario, vulnerando así los arts. 14 bis, 17, 19, 75 incs. 19, 22 y 23 de la Constitución nacional; 39 incs. 1 y 3 de la Constitución provincial; 31 inc. "b" de la Carta Interamericana de Garantías Sociales (Declaración de los Derechos Sociales del Trabajador); 7, 9 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y los Convenios 17, 42 y 155 de la Organización Internacional del Trabajo.
Concluyó que correspondía declarar en el caso la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del art. 12 de la ley 24.557 en cuanto al período computable para el cálculo del ingreso base mensual, el que debía determinarse con arreglo al salario mínimo vital y móvil vigente a la fecha de la sentencia, y del art. 11 inc. 4 apartado "c" de la misma ley, porque el quantum determinado por la resolución 34/13 no satisfacía razonablemente el objeto pretendido por el legislador.
III.2. Ante estas definiciones, se revela nítido que la crítica que formula el interesado deviene infructuosa.
III.2.a. El impugnante no se ocupa de rebatir —como es menester— todas y cada una de las razones que condujeron al tribunal de grado a resolver este aspecto de la controversia y descalificar constitucionalmente el art. 12 de la ley 24.557.
En efecto, sin aportar fundamentos concluyentes en abono de sus alegaciones, el compareciente se limita a formular consideraciones genéricas, tales como la necesidad de que se cumplan estrictos requisitos para declarar la inconstitucionalidad de una norma, el carácter de "deuda dineraria" que poseería la indemnización tarifada, la razonabilidad del sistema reparatorio especial o la afectación del principio de seguridad jurídica.
De este modo, queda evidenciada la deficiencia técnica del embate, pues, de conformidad con conocida doctrina de este Tribunal, resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que denota un desencuentro con los argumentos del pronunciamiento apelado, evidenciando un ataque parcial a los fundamentos del fallo y soslayando la referencia a otros que, siendo esenciales por sí mismos, otorgan a aquel debido sustento (causas L. 120.086, "M., A. V.", sent. de 7-III-2022; L. 127.198, "Nitsch", sent. de 23-XI-2023; L. 130.432, "López", sent. de 30-IV-2024; e.o.).
Tampoco resulta útil la cita del tramo de los precedentes B. 64.953, "Ithurrart" (sent. de 15-VII-2015) y B. 58.475, "Petrini" (sent. de 16-IV-2014), realizada por el quejoso, en tanto la misma no se corresponde con la doctrina legal, en los términos y con los alcances en que esta ha sido definida por la Suprema Corte, sino que refiere a la opinión personal de uno de sus Ministros.
Finalmente, es dable señalar que la sola denuncia del vicio de absurdo carece de idoneidad si no se lo demuestra a través de una correcta y concreta argumentación, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones insostenibles o inconciliables con las constancias de la litis (causas L. 123.516, "Ramos", sent. de 9-XI-2021; L. 126.591, "D'Onofrio", sent. de 27-III-2023; L. 127.042, "L., M. L.", sent. de 27-VI-2023 y L. 133.791, "Varela", sent. de 12-II-2026).
III.2.b. Por iguales motivos a los expuestos en el punto anterior, resulta infructuoso el embate orientado a censurar la suma establecida en concepto de prestación dineraria adicional del art. 11 inc. 4 apartado "c" de la ley 24.557.
Es que el recurrente no se ocupa de rebatir el razonamiento que condujo al tribunal a declarar la inconstitucionalidad del citado precepto, según la cuantía fijada por la resolución 34/13, para calcular el importe por la prestación en cuestión, utilizando como pauta la resolución que determinaba su valor mínimo a la fecha del fallo (art. 1, resol. 15/22, B.O. de 9-III-2022).
Conviene entonces precisar —una vez más— que es requisito ineludible del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley su adecuada fundamentación, impugnando concreta, directa y eficazmente las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que aquella se asienta (causas L. 127.656, "Producciones Industriales S.A.", sent. de 27-III-2023; L. 128.196, "Suárez", sent. de 6-XII-2023; L. 129.068, "Kelly", sent. de 3-VI-2024; L. 131.409, "López", sent. de 9-X-2025; e.o.).
III.3. Lo expuesto resulta suficiente para rechazar el recurso interpuesto, sin que corresponda el tratamiento de los restantes planteos efectuados, atento su directa vinculación con los cuestionamientos analizados que se desestiman.
IV. Por todo lo dicho, propongo rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan, el señor Juez doctor Soria y la señora Jueza doctora Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. En lo que es objeto de impugnación, el tribunal de trabajo, a partir del análisis de las constancias de la causa y del dictamen pericial médico, tuvo po
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