Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 134934
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con el alcance establecido en el punto III.1. y, asimismo, en cuanto aplicó al caso las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara; debiéndose los autos remitirse al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus , dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Kohan dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la acción promovida por la señora María Rosa Abasse y, en consecuencia, condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la prestación dineraria prevista por el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y la compensación adicional establecida por el art. 3 de la ley 26.773, con motivo de las secuelas incapacitantes derivadas del infortunio que sufrió el día 26 de abril de 2019 (v. vered. y sent. de fecha 24-IX-2024).
Al cuantificar las prestaciones dinerarias referidas juzgó aplicable al caso las disposiciones contenidas en la "nota SCE 5619-19" y en el decreto de necesidad y urgencia 669/2019.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 14-X-2024), el que fue concedido en la instancia de grado el 30 de octubre de 2024.
II.1. En primer término, cuestiona la decisión de origen con arreglo a la cual se dispuso la aplicación al caso el piso vigente entre marzo y agosto del año 2020, cuando -afirma- debió utilizar las pautas sentadas en la norma que se hallaba vigente a la fecha del infortunio laboral, esto es la nota n° 2.727/19 de la Gerencia de Control Prestacional de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
II.2. Luego, objeta la aplicación del decreto de necesidad y urgencia 669/2019 efectuada por el sentenciante para el cálculo del ingreso base mensual, calificándolo de inconstitucional.
A su vez, afirma que el a quo lo aplicó erróneamente como mecanismo de actualización del crédito, sin tener en consideración para establecer la cuantía del resarcimiento a las resoluciones 1.039/19 y 332/23 de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
III. El recurso prospera.
III.1. Sin perjuicio del error material en la cita normativa, se advierte que el tribunal de trabajo incurrió en un desacierto en cuanto aplicó al caso el piso mínimo de $ 2.958.970, el cual corresponde a la resolución 24/20 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) por el período comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de agosto de 2020, puesto que -efectivamente- a la fecha del siniestro de autos (26-IV-2019) se hallaba vigente la nota n° 2.727/19 de la Gerencia de Control Prestacional de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, aplicable entre el 1 de marzo de 2019 y el 31 de agosto de 2019.
En la causa L. 120.206, "Ponce" (sent. de 22-VI-2020), así como en otras de similar tenor (causas L. 119.954, "Rodríguez", sent. de 8-VII-2020 y L. 120.061, "Bruno", sent. de 14-VII-2020), esta Corte ha resuelto que corresponde emplear el mecanismo de mejoramiento periódico de las prestaciones dinerarias del régimen de infortunios laborales conforme el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) publicado semestralmente por la Secretaría de Seguridad Social siguiendo las reglas de la doctrina sentada en el precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016; reiterada en las causas L. 119.011, "Tarducci", sent. de 14-XII-2016; L. 117.417, "Maidana", sent. de 31-X-2016; e.o.), lo que lleva a considerar -a los fines de definir la aplicación temporal de la norma- el momento en que se produce la primera manifestación invalidante, circunstancia que conduce a que, en el presente caso, resulten aplicables los importes establecidos en la referida nota de la Gerencia de Control Prestacional de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
En razón de lo expuesto, teniendo en mira el entramado normativo que rige el caso examinado, corresponde hacer lugar a este tramo del recurso y revocar la decisión en los términos que aquí se dispone.
III.2. En otro orden, se impone observar que la impugnación dirigida a controvertir la decisión del tribunal de grado que aplicó el decreto de necesidad y urgencia 669/2019, halla adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir en la causa L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025) y su progenie (L. 128.977, "Chocobar", sent. de 13-III-2026; L. 127.690, "Ovejero", sent. de 26-V-2026 y L. 130.546, "Paszkiewich", sent. de 23-VI-2026; entre muchos otros), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.).
El señor Juez doctor Soria dijo:
Comparto lo resuelto por mis colegas que me preceden en la votación. Sólo he de aclarar que en aquello vinculado con el decreto 669/2019, suscribo la solución propuesta a tenor de lo prescripto en el tercer párrafo del art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.), y dejando a salvo mi opinión expuesta en la causa L. 128.977, "Chocobar" (sent. de 13-III-2026).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con el alcance establecido en el punto III.1. y, asimismo, en cuanto aplicó al caso las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara; debiéndose los autos remitirse al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus , dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/10/2026 22:34:40 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/10/2026 11:50:17 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 20/10/2026 15:09:39 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/11/2026 19:41:27 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/11/2026 08:50:22 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/11/2026 11:14:10 hs. bajo el número RR-2454-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia