Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 138635
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación al agravio tratado en el punto III.1, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.) y declararlo procedente respecto del abordado en el punto III.2, debiéndose en consecuencia revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus , dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
El señor Juez doctor Torres, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Mancini dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la acción de revisión promovida por el señor Carlos Armando Gómez y condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonar la suma que especificó en concepto de prestaciones dinerarias establecidas en el régimen especial de riesgos del trabajo (v. pronunciamiento de 24-IX-2025).
En lo que reviste interés, con sustento en las conclusiones establecidas tanto en el informe pericial médico como en el psicodiagnóstico producido, tuvo por acreditado que como consecuencia del infortunio que sufrió el día 29 de noviembre de 2021, el actor padece una incapacidad parcial, permanente y definitiva del 22,80% de la total obrera.
Luego, a los fines de determinar el monto del resarcimiento, entendió que resultaban aplicables al caso las directrices emanadas del decreto de necesidad y urgencia 669/2019.
II. Contra dicho pronunciamiento, la aseguradora accionada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 13-X-2025), el que fue concedido por el órgano de grado (v. pronunciamiento de fecha 20-XI-2025).
II.1. En primer término, objeta la decisión del tribunal de origen en cuanto dispuso la aplicación del decreto de necesidad y urgencia 669/2019 como mecanismo de actualización del crédito. En ese orden, señala que dicho reglamento es inconstitucional por transgredir los arts. 75 inc. 19 y 99 inc. 3 de la Constitución nacional; así como los distintos Pactos y Tratados internacionales que especifica. En forma subsidiaria, reprocha que no se hubiera tenido en consideración para establecer el importe de las prestaciones dinerarias a las resoluciones núms. 1.039/19 y 332/23 de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
II.2. Por otra parte, cuestiona la incapacidad reconocida al actor. Señala que el sentenciante quitó valor a las impugnaciones realizadas tanto a la pericia médica como al psicodiagnóstico, argumenta que dichos informes contienen inconsistencias evidentes en cuanto a la gravedad de la afección psicofísica diagnosticada, omitiendo brindar una explicación clara de cómo se determinaron las limitaciones funcional y psíquica, así como su relación causal con el infortunio.
II.3. Finalmente, impugna la tasa de interés que el órgano judicial de grado fijó sobre el capital de condena.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Alterando el orden de tratamiento de los agravios por razones de método, cabe puntualizar que no tiene favorable recepción el dirigido a cuestionar el porcentaje de incapacidad reconocido en el fallo de grado.
Cabe recordar que esta Suprema Corte ha sostenido reiteradamente que determinar la existencia -o no- de la incapacidad que padece el trabajador, como establecer el porcentaje de la minusvalía que lo afecta, o en concreto, ponderar la pericia médica, constituyen facultades privativas de los jueces de grado y ajenas por -regla- a la casación, salvo que se demuestre la existencia de absurdo (causas L. 121.460, "Guerra", sent. de 31-VIII-2020; L. 127.797, "Llanos", sent. de 14-XII-2023 y L. 130.494, "Acuña", sent. de 26-XI-2025; e.o.), vicio extremo que la recurrente soslaya denunciar en su crítica extraordinaria.
La señalada deficiencia técnica, que impide en esta instancia casatoria abrir juicio respecto del acierto de lo decidido, cobra insalvable relevancia en el caso y define el rechazo de este tramo de la queja, pues este Superior Tribunal no puede suplir de oficio, por inferencias o interpretación, las omisiones en que incurre la parte interesada para sustentar la impugnación (causas L. 127.849, "Tumini", sent. de 27-II-2023; L. 127.967, "Paguegui", sent. de 18-IX-2023 y L. 127.465, "Martínez", sent. de 30-IV-2024; e.o.).
III.2. En cambio, los agravios referidos al decreto de necesidad y urgencia 669/2019 hallan adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir en la causa L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025) y su progenie (L. 128.977, "Chocobar", sent. de 13-III-2026; L. 127.690, "Ovejero", sent. de 26-V-2026 y L. 130.546, "Paszkiewich", sent. de 23-VI-2026; entre muchos otros), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.).
III.3. La declarada invalidez constitucional del mentado reglamento torna inoficioso el tratamiento de los restantes cuestionamientos traídos.
El señor Juez doctor Soria dijo:
Comparto lo resuelto por mis colegas que me preceden en la votación. Sólo he de aclarar que en aquello vinculado con el decreto 669/2019, suscribo la solución propuesta a tenor de lo prescripto en el tercer párrafo del art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.), y dejando a salvo mi opinión expuesta en la causa L. 128.977, "Chocobar" (sent. de 13-III-2026).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación al agravio tratado en el punto III.1, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.) y declararlo procedente respecto del abordado en el punto III.2, debiéndose en consecuencia revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus , dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/10/2026 22:35:09 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/10/2026 12:51:17 - MANCINI HEBECA Fernando Luis Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/10/2026 15:09:48 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/11/2026 19:42:10 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/11/2026 08:50:36 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/11/2026 11:14:14 hs. bajo el número RR-2457-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia