Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 133325
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con el alcance establecido en el punto III.1 y, asimismo, en cuanto aplicó al caso las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara; debiéndose los autos remitirse al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda promovida por el señor Patricio Ezequiel Soto y, en consecuencia, condenó a La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, con más el adicional contemplado en el art. 3 de la ley 26.773 (v. vered. y sent. de fecha 8-VII-2024).
Para así decidir, juzgó acreditado que el día 23 de enero de 2017 el actor sufrió un accidente in itinere del cual se deriva una incapacidad del 13,89% del índice de la total obrera.
Determinó el valor del ingreso base mensual y cuantificó las prestaciones dinerarias referidas juzgando aplicable al caso las disposiciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019.
II. Contra dicho pronunciamiento, La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 7-VIII-2024), el que fue concedido por el órgano de grado (v. pronunciamiento de fecha 19-VIII-2024).
II.1. Inicialmente cuestiona que se haya aplicado -retroactivamente- el decreto 669/2019 a un accidente ocurrido en 2017, esto es, cuando la norma no había entrado aún en vigencia, lo que vulnera flagrantemente la seguridad jurídica. A su vez, la califica de inconstitucional.
II.2. Luego, se agravio de la condena impuesta en los términos del art. 3 de la ley 26.773. Denuncia que en el caso no correspondía su aplicación por tratarse el caso de un accidente in itinere.
II.3. Finalmente, solicita medidas para mejor proveer.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. En primer lugar, corresponde señalar que la facultad revisora de esta casación está circunscripta al contenido de la sentencia y a la concreta impugnación contra ella formulada (causas L. 120.120, "Ojeda", sent. de 12-IX-2018; L. 120.168, "Vietta", sent. de 27-III-2019; L. 121.460, "Guerra", sent. de 31-VIII-2020 y L. 129.506, "Villegas", resol. de 29-XII-2022; e.o.).
III.2. En ese marco, cabe afirmar que le asiste razón a la recurrente en cuanto postula se modifique la sentencia de grado en relación al adicional prescripto en el citado art. 3 de la ley 26.773 (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
Esta Suprema Corte en la causa L. 119.002, "Carabajal" (sent. de 25-IV-2018), dispuso que, en el esquema delineado por la ley citada, la norma examinada, al adicionarle a las indemnizaciones sistémicas un monto equivalente al veinte por ciento -20%-, evidencia el propósito de restringir o eliminar las diferencias habidas -en cuanto a sus valores- entre dichas reparaciones y las fundadas en el derecho común. Siendo ello así, la finalidad de la disposición legal -la intención de estimular la promoción de las acciones que persiguen los resarcimientos previstos en el régimen especial por sobre las que puedan entablarse al amparo de la ley civil- posibilita interpretar que el accidente in itinere no se encuentra alcanzado por dicho precepto, la razón emergente manifiesta: en estos casos devienen improcedentes los reclamos que pretenden encontrar sustento en una supuesta responsabilidad civil del empleador (causas L. 122.163, "Maskevich", resol. 20-II-2019; L. 121.829, "Pires", resol. 17-IV-2019; L. 123.857, "Rojas", resol. 11-III-2020 y L. 127.610, "Ruti", resol. de 20-XII-2021).
Finalmente se señaló que la solución propuesta se ajusta al criterio adoptado por la Corte federal en la ya citada causa "Espósito, Dardo Luis c. Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. s. accidente-ley especial", sent. de 7-VI-2016 (v. cons. 5°, segundo párr.).
En tales condiciones, debe casarse lo decidido por el a quo en cuanto condenó a La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a pagar la indemnización adicional prevista por el art. 3 de la ley 26.773, pues no se verifican en la especie los presupuestos a los que dicha norma condiciona su aplicación.
III.3. Luego, los agravios vinculados al decreto 669/2019 hallan adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir en la causa L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025) y su progenie (L. 128.977, "Chocobar", sent. de 13-III-2026; L. 127.690, "Ovejero", sent. de 26-V-2026 y L. 130.546, "Paszkiewich", sent. de 23-VI-2026, entre muchos otros), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.); resultando ello suficiente para resolver este tramo de la impugnación traída.
III.4. Por último, se impone aclarar que, encontrándose prohibido el ofrecimiento de pruebas (art. 284, del Código Procesal Civil y Comercial), deviene improcedente lo peticionado por la impugnante en el apartado IV del escrito recursivo (causas L. 124.859, "González", resol. 28-VIII-2020 y L. 129.209, "Galperín", resol. de 5-XII-2022).
El señor Juez doctor Soria dijo:
Comparto lo resuelto por mis colegas que me preceden en la votación. Sólo he de aclarar que en aquello vinculado con el decreto 669/2019, suscribo la solución propuesta a tenor de lo prescripto en el tercer párrafo del art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.), y dejando a salvo mi opinión expuesta en la causa L. 128.977, "Chocobar" (sent. de 13-III-2026).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con el alcance establecido en el punto III.1 y, asimismo, en cuanto aplicó al caso las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara; debiéndose los autos remitirse al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/10/2026 22:34:05 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/10/2026 12:55:29 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/10/2026 15:09:28 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/11/2026 19:40:40 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/11/2026 08:50:02 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/11/2026 11:14:01 hs. bajo el número RR-2448-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia