Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 136058
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído respecto del agravio tratado en el punto III.1, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado, y declararlo procedente en relación al analizado en el punto III.2 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.). En consecuencia, corresponde revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara.
Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus , dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
El señor Juez doctor Torres, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Kohan dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar a la demanda promovida por Nicolás Alberto Faccio y condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14, inc. 2 ap. "a", de la ley 24.557, más la indemnización adicional contemplada en el art. 3 de la ley 26.773 (v. sent. de fecha 16-V-2025).
Para así decidir, y en lo que interesa destacar por ser materia de agravio, tras analizar el informe pericial médico, el a quo juzgó acreditado que, como consecuencia del accidente de trabajo que protagonizó el día 1 de febrero de 2022, el actor padece una incapacidad física -de acuerdo al baremo del decreto 659/96- del 15,95%, incluidos los factores de ponderación (v. sent., pág. 8).
Luego, valoró el informe psicológico y declaró probado que el accionante sufre, además, una reacción vivencial anormal neurótica Grado II, que le produce una incapacidad psíquica del diez por ciento -10%-, también de acuerdo con las disposiciones del citado baremo (v. sent., págs. 10/11), alcanzando una minusvalía parcial y permanente del 25,95% de la total obrera.
Por otra parte, para el cálculo de las prestaciones dinerarias, estableció el valor de su ingreso base mensual aplicando el decreto 669/2019.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito del 28-V-2025), que fue concedido por el a quo (v. resolución del 3-VI-2025).
En su presentación se agravia, en primer lugar, porque el tribunal de grado, al momento de calcular el valor del ingreso base mensual del accionante, omitió las previsiones de las resoluciones 1.039/19 y 332/23 de la Superintendencia de Seguros de la Nación. En ese orden, denuncia arbitrariedad y formula el cálculo que estima pertinente, de acuerdo a las normas indicadas, postulando su aplicación.
Por otro lado, objeta el grado de incapacidad que se declaró acreditado en el pronunciamiento, alegando que el tribunal de origen se apartó del baremo del Decreto 659/96, ya que, sin considerar las impugnaciones formuladas por su parte, sumó los valores determinados en las pericias y no aplicó el sistema de la capacidad restante.
Puntualmente, en lo que concierne a la incapacidad psicológica, sostiene que no había sido peticionada en la instancia administrativa, por lo que no correspondía hacer lugar al reclamo.
Asimismo, cuestiona el porcentaje otorgado, que entiende resulta absurdo y se aparta, también en este aspecto, del baremo de ley.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Invirtiendo el orden de los agravios por razones metodológicas, he de analizar inicialmente las críticas que formula la recurrente a las conclusiones que se establecieron en el pronunciamiento de grado sobre la minusvalía que padece el accionante.
III.1.a. En primer lugar, tiene dicho esta Corte que determinar el grado de incapacidad que afecta al trabajador y ponderar las pericias -médica y psicológica- a tal fin, constituyen facultades privativas de los jueces de grado y ajenas -por regla- a la casación, salvo que se demuestre la existencia de absurdo (causas L. 127.797, "Llanos" sent. de 14-XII-2023; L. 130.386, "Villalba", sent. de 28-XI-2024 y L. 131.095, "Zalazar", resol. de 10-VI-2026; e.o.).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 121.468, "Fonzo", resol. de 22-VIII-2018; L. 124.997, "Petri", resol. de 4-II-2021; L. 130.013, "Cepeda", resol. de 4-XII-2023 y L. 132.033, " Beguiristain ", resol. de 5-VIII-2026).
III.1.b. En el caso, la interesada se limita, en primer lugar, a propugnar la aplicación del criterio de incapacidad restante en oposición al empleado en la sentencia de mérito, sin acometer una réplica idónea susceptible de modificar lo resuelto, ni demostrar el yerro que le endilga al sentenciante de grado.
El contenido de este aspecto del agravio solo refleja la mera disconformidad del interesado con lo decidido en la sentencia, sin aportar -como es menester- una explicación tendiente a evidenciar que la apreciación efectuada por los magistrados de origen sea el producto de aquel error grave, grosero y manifiesto que caracteriza al absurdo (causas L. 127.038, "Guerrero", sent. de 19-XII-2022; L. 121.958, "Lamuraglia", sent. de 7-IX-2023; L. 129.380, "Sartorelli", sent. de 8-II-2025 y L. 131.072, "Diez", sent. de 17-IX-2025).
III.1.c. Luego, la crítica se estructura sobre la base de la distinta eficacia que la recurrente le atribuye al informe pericial psicológico. Así, por conducto de su propia opinión en orden a la entidad convictiva que, a su juicio, correspondería asignarle a la referida experticia, no consigue descalificar la labor axiológica del juzgador, pues el recurso sólo refleja una mera contraposición de criterios con el razonamiento empleado en el fallo de grado, revelando su insuficiencia para demostrar el excepcional yerro valorativo invocado (causas L. 117.656, "Barraza", sent. de 23-XI-2016; L. 117.823, "Díaz", sent. de 10-V-2017; L. 120.801, "Dagnone", sent. de 7-III-2019 y L. 131.365, "Morando", resol. de 29-VII-2024; e.o.).
En definitiva, pretende la compareciente hacer prevalecer su opinión sobre la del juzgador en lo que atañe a la facultad de seleccionar, jerarquizar e interpretar las probanzas del proceso, método inapropiado para evidenciar el grave yerro denunciado.
III.1.d. Igualmente infructuosa deviene la crítica concerniente al presunto apartamiento de las disposiciones del baremo del decreto 659/96 para establecer el grado de incapacidad indemnizable.
Ello así, en tanto no explica ni desarrolla, ante esta instancia, cómo se configura la transgresión de la norma denunciada, como resulta menester para dar acabado cumplimiento con la carga recursiva (art. 279, CPCC), sino que, antes bien, se limita únicamente a exponer su propio análisis acerca del modo como debió haber sido resuelto este aspecto de la controversia, sin que ello demuestre la absurdidad que endilga al pronunciamiento.
III.1.e. Tampoco resulta procedente el embate que se sustenta en que el tribunal de origen no debió tratar la incapacidad psicológica, porque el accionante lo expuso recién en la instancia judicial, por lo que se configura como un cuestionamiento novedoso.
En este sentido, tiene dicho esta Corte que el planteo que ha sido introducido por primera vez ante la instancia extraordinaria, y por ende extemporáneamente, resulta improcedente para habilitar la vía recursiva (causas L. 126.519, "Acuña Cam", sent. de 29-XII-2022; L. 130.435, "Robles", resol. de 4-XII-2023; L. 132.885, "Barrenechea", resol. de 10-VI-2025 y L. 133.591, "Centeno", resol. de 24-IX-2026; e.o.).
III.2. En otro orden, cabe indicar que el agravio vinculado con el modo de aplicación del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, halla adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir en la causa L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025) y su progenie (L. 128.977, "Chocobar", sent. de 13-III-2026; L. 127.690, "Ovejero", sent. de 26-V-2026 y L. 130.546, "Paszkiewich", sent. de 23-VI-2026; entre muchos otros), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.); resultando ello suficiente para resolver esta parcela de la impugnación traída.
El señor Juez doctor Soria dijo:
Comparto lo resuelto por mis colegas que me preceden en la votación. Sólo he de aclarar que, en relación a lo tratado en el apartado III.2., suscribo la solución propuesta a tenor de lo prescripto en el tercer párrafo del art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.), y dejando a salvo mi opinión expuesta en la causa L. 127.690, "Ovejero" (sent. de 26-V-2026).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído respecto del agravio tratado en el punto III.1, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado, y declararlo procedente en relación al analizado en el punto III.2 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.). En consecuencia, corresponde revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara.
Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus , dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/10/2026 20:18:02 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/10/2026 12:11:22 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 03/11/2026 12:48:02 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/11/2026 12:21:08 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/11/2026 13:50:55 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 04/11/2026 14:39:17 hs. bajo el número RR-2508-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia