Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada y revocar la sentencia en cuanto rechazó el pago invocado por <PER_2>, reconociendo que la suma de pesos tres millones setecientos ochenta y tres mil ochocientos dieciséis con setenta y nueve centavos ($3.783.816,79) fue efectivamente abonada al trabajador, debiendo practicarse liquidación en la instancia de grado, conforme considerando respectivo.
2Imponer las costas de ésta instancia a la actora vencida.
3Regular los honorarios profesionales al Dr. <PER_4>, en el veinticinco por ciento (25%) y a la Dra. <PER_5>, en el treinta por ciento (30%), en ambos casos de los que les fueron regulados por su actuación en la primera instancia, con más el IVA si correspondiere.
4Téngase a las partes actora y demandada por efectuada la reserva de caso federal.
001216/2025 En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil veintiséis, se reúne en acuerdo la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial nro. II con asiento en esta ciudad, con la presidencia de la Dra. Verónica Daniela Robert y la vicepresidencia del Dr. Manuel Horacio Pis Diez (Acuerdo Plenario nro. 5394/2025, arts. 1 a 5), para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "<PER_1> c/ <PER_2 s/ Accidente de trabajo (sistémico)", expte. nro 1216/2025, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Laboral N° 2 (expte. nro. 565/2023), y atento al resultado del sorteo de fecha 28 de octubre de 2026 (art. 271 del Código Procesal Civil y Comercial), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Verónica Daniela Robert y Dr. Manuel Horacio Pis Diez.
Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la Sentencia nro. 382/2025 de fecha 11 de noviembre de 2025? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión, la Dra. Robert dijo:
I. El fallo apelado:
Mediante SD N° 382/25, del 11/11/25, la magistrada de grado declaró la inconstitucionalidad de los arts. 6, 8 inc. 3, 12, 21, 22 y 46 LRT, rechazó el pedido de inconstitucionalidad de los Decretos 1278/00, 410/00, Laudo 156/96 y de los Decretos PEN N°658/96 y 659/96, del art. 9 de la Ley 26773 e inconstitucionalidad del art. 17 inc. 5 de la ley 26773 (III.1); e hizo lugar a la demanda interpuesta por el Sr. <PER_1>, condenando a la firma <PER_2> para que en plazo de 10 (diez) días proceda abonar la suma de pesos dos millones ochocientos treinta y un mil cuatrocientos cincuenta y cinco con catorce centavos ($2.831.455,14) con más intereses (III.2). Impuso las costas a la demandada vencida, y reguló los honorarios de los profesionales actuantes.
I.1. Recursos:
Contra el fallo se alzó la demandada mediante ID 2139872, concedido mediante resolución del 17/11/25, expresándose agravios mediante ID 2150292, que mereció réplica de la contraria en ID 2160119. I.2.
En lo que aquí resulta atinente, se presenta el Sr. <PER_1>, mediante su letrado apoderado, con el objeto de obtener por parte de <PER_2> el pago de la suma de pesos $ 5.011.746,48 con la aplicación de intereses y costas por la incapacidad sobreviniente al accidente sufrido por aplicación de la ley 24557, art. 3° Ley 26773. Relata los hechos en los que funda su pretensión, plantea la inconstitucionalidad de los arts. 6, 8 inc. 3, 12, 21, 22 y 46 LRT, Decretos 1278/00; 410/00, Laudo 156/96 y de los Decretos PEN N° 658/96 y 659/96, plantea Inconstitucionalidad del art. 9 y 17 inc. 5 de la Ley 26773, hace reserva de planteo de inconstitucionalidad en caso que la Provincia del Chubut adhiera a la Ley 27348, acompaña documental, ofrece prueba, funda en derecho, practica liquidación, hace reserva del Caso Federal, y peticiona.
A su turno se presenta <PER_2>, mediante su letrada apoderada, denuncia pago previo, opone defensa de falta de acción y falta de legitimación pasiva, subsidiariamente contesta demanda solicitando su rechazo, con costas. Formula negativas, expone su versión de los hechos, contesta planteo de inconstitucionalidad, funda su defensa, impugna liquidación, ofrece prueba, efectúa reserva del Caso Federal, y peticiona.
Los demás antecedentes de autos han sido debidamente reseñados en la sentencia de grado, por lo que a los mismos remito y tengo presentes para resolver. Mediante SI N° 07/25, del 03/02/26, esta Cámara de Apelaciones ordenó como medida de mejor proveer libramiento de oficios al Banco <BANCO> para que informe si de la cuenta corriente en pesos de <PER_2> CUIT <CUIT>, el 23/08/23 se transfirió a la cuenta <BANCO_1> titularidad del Sr. <PER_1>, las sumas de $3.456.803,21 y $327.013,58; y al <BANCO_1> a fin de que informe si la cuenta titularidad del Sr. <PER_1>, recibió por transferencia efectuada por <PER_2> (Banco <BANCO>) las sumas de $3.456.803,21 y $327.013,58 el 23/08/23.
II. Agravios de la demandada:
En único agravio, la demandada cuestiona que la sentencia haya tenido por no acreditado el pago de la suma de $3.783.816,79, que afirma haber abonado al actor en concepto de prestación dineraria por incapacidad laboral permanente parcial derivada del accidente ocurrido el 11/07/2022.
Sostiene que la a quo incurrió en un excesivo rigor formal al descartar dicho pago sobre la base del desconocimiento efectuado por el actor al contestar el traslado de la contestación de demanda, sin adoptar medidas tendientes a verificar su efectiva realización. En tal sentido, invoca los principios de primacía de la realidad y verdad jurídica objetiva, y considera que debía prevalecer la comprobación de los hechos por sobre las manifestaciones formales de las partes. Alega que el pago fue expresamente denunciado al contestar la demanda y respaldado con la documentación pertinente, por lo que su existencia revestía suficiente verosimilitud para justificar el ejercicio de las facultades instructorias previstas en el art. 36 inc. 2 del CPCCCh de Chubut.
Afirma que el juzgador debió disponer medidas para esclarecer la cuestión, tales como requerir informes a la entidad bancaria interviniente, a la ART o a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, garantizando la bilateralidad y el derecho de defensa.
En consecuencia, solicita que se revoque lo resuelto en este aspecto y se ordene la producción de las medidas probatorias necesarias para determinar la existencia y efectiva percepción del pago invocado. Finalmente, mantiene la reserva del caso federal.
II.1. Réplica de los agravios:
La actora peticiona la desestimación de la expresión de agravios de su contraria. Da respuesta a los mismos, contraponiendo los fundamentos y solicitando se rechace en su totalidad el recurso interpuesto por su oponente. Se opone a las medidas de mejor proveer peticionadas, y formula reserva de caso federal.
III. Tratamiento de los agravios:
Ingresando en el tratamiento de la cuestión traída a análisis, bien vale recordar aquí y ante todo, que no es preciso que el tribunal considere todos y cada uno de los planteos y argumentos esgrimidos por las partes, ni en el orden en que son propuestos, bastando que se lo haga únicamente respecto de aquellos que resulten esenciales y decisivos para sustentar debidamente el fallo de la causa. Tal como lo ha establecido el más alto tribunal federal, los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino solo aquellos que estimen pertinentes para la solución del caso (CSJN, Fallos, 248:385; 272:225; 297:333; 300:1193, 302:235, entre muchos otros). Por otro lado, estimo conveniente recordar que el obrar jurisdiccional del tribunal opera con sujeción al principio de congruencia, existiendo una serie de campos de actividad de los que no puede exceder el tribunal ad quem, limitación que –entre otros aspectos– resulta ser absoluta en tanto no puede conocer sino en la medida de los agravios planteados; ni respecto de las cuestiones que no fueron puestas a consideración del a quo; hallándose asimismo vedada la reforma de la resolución apelada en perjuicio del recurrente, salvo que medie recurso de la contraparte. Sentado ello, no cabe considerar por la Alzada cuestiones consentidas, entendiéndose por tales las que no fueron apeladas o que, apeladas dentro de un contexto mayor de impugnación, no fueron referidas en la expresión de agravios (Rivas, Adolfo A., Tratado de los recursos ordinarios, T° 2, p. 841/854, Abaco, 1991). En efecto, el Tribunal de Alzada no realiza un nuevo juicio, sino que se encuentra más limitado que el de primera instancia, por cuanto de conformidad con lo dispuesto por los arts. 271 y 277 del Código Procesal debe limitarse a decidir sobre aquellas cuestiones de hecho y derecho que hubieran sido sometidas a la decisión del magistrado interviniente, debido a que la segunda instancia es sólo un medio de revisión del pronunciamiento emitido en la primera y no una renovación plena del debate. Así, el principio de congruencia, que limitó la sentencia de primera instancia, limitará del mismo modo la de la segunda (CNCiv., Sala “F”, LL 35858-S).
Sentado lo anterior, y avocada al tratamiento del recurso planteado, cabe señalar que <PER_2> limita su queja a que la sentencia haya tenido por no acreditado el pago invocado por su parte, que afirma haber abonado al actor en concepto de prestación dineraria por incapacidad laboral permanente parcial derivada del accidente ocurrido el 11/07/2022.
El agravio debe prosperar.
La demandada cuestiona que la sentencia de primera instancia haya rechazado el pago de $3.783.816,79 que denunció haber efectuado al actor en concepto de prestación dineraria por incapacidad laboral permanente parcial derivada del accidente ocurrido el 11/07/2022. Para así decidir, la magistrada señaló que, si bien la accionada había denunciado el pago al contestar la demanda y acompañado la documentación que entendía respaldatoria, el actor había desconocido su autenticidad, por lo que correspondía a aquella acreditar el pago invocado, circunstancia que consideró no verificada en autos.
La recurrente sostiene que tal conclusión responde a un excesivo rigor formal, pues entiende que, ante la denuncia concreta del pago y la documentación acompañada, el juzgador debió adoptar medidas tendientes a verificar su efectiva realización.
Ahora bien, cabe señalar que el pago constituye un hecho extintivo de la obligación cuyo cumplimiento invoca la demandada y que, por consiguiente, pesaba sobre ésta la carga de acreditar su efectiva realización.
En el caso, con la contestación de demanda se acompañaron órdenes de pago que identifican al actor como beneficiario de las sumas allí consignadas, por un total de $3.783.816,79. No obstante, frente al desconocimiento formulado por el trabajador, resultaba necesario corroborar que dichas órdenes se hubieran traducido en transferencias efectivamente acreditadas en su cuenta bancaria.
Precisamente, a fin de esclarecer esta cuestión y ante el planteo formulado por la recurrente, esta Alzada dispuso como medida para mejor proveer el libramiento de oficios a las entidades bancarias <BANCO> y <BANCO_1>.
De las constancias bancarias incorporadas en ésta instancia surge que en la cuenta de titularidad del trabajador <PER_3> se registraron dos transferencias provenientes de <PER_2>, por las sumas de $327.013,58 y $3.456.803,21, respectivamente. Ambos importes totalizan $3.783.816,79, coincidiendo exactamente con el monto cuyo pago había sido denunciado por la demandada y con las sumas consignadas en las órdenes de pago acompañadas al contestar la demanda.
En tales condiciones, la prueba producida en esta instancia permite tener por acreditado que los fondos fueron efectivamente transferidos por la ART y recibidos en una cuenta bancaria de titularidad del trabajador. La coincidencia entre el origen de las transferencias, sus importes y la documentación acompañada por la demandada permite establecer una vinculación suficiente entre las operaciones informadas y el pago invocado. En definitiva, los movimientos de la cuenta del actor permiten corroborar la efectiva recepción de las sumas provenientes de la aseguradora por los importes denunciados.
En definitiva, deberá practicarse en la instancia de grado, una nueva liquidación, determinando eventualmente la existencia de diferencias adeudadas, dado el mayor porcentaje de incapacidad reconocido, e imputando las sumas abonadas por la ART primero a intereses y luego a capital, de conformidad art. 903 CCCN.
En consecuencia, se admite el agravio.
IV. Solución del caso:
Propongo hacer lugar al agravio, y revocar la sentencia en cuanto rechazó el pago invocado por <PER_2>, reconociendo que la suma de $3.783.816,79 fue efectivamente abonada al trabajador, debiendo practicarse liquidación en la instancia de grado, conforme considerando respectivo.
IV.1. Costas y honorarios:
En virtud de cómo se decide, por el principio general de la derrota, las costas de esta instancia se imponen a la actora.
Los honorarios profesionales por las labores desplegadas en esta instancia deben ser regulados de conformidad con las pautas generales previstas por los artículos 5 a 10, 13 y 46 ccdtes. de la ley arancelaria. En consecuencia, regulo los honorarios profesionales al Dr. <PER_4>, en el 25%; y a la Dra. <PER_5>, en el 30%, en ambos casos de los que les fueron regulados por su actuación en la primera instancia, con más el IVA si correspondiere.
A la segunda cuestión, la Dra. Robert dijo:
Fórmula postulatoria:
1. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada, y revocar la sentencia en cuanto rechazó el pago invocado por <PER_2>, reconociendo que la suma de $3.783.816,79 fue efectivamente abonada al trabajador, debiendo practicarse liquidación en la instancia de grado, conforme considerando respectivo.
2. Imponer las costas de esta instancia a la actora vencida.
3. Regular honorarios profesionales en la forma propuesta.
A la primera cuestión, el Dr. Pis Diez:
I. Análisis de los agravios. Solución.
Así, y adentrándome en el tratamiento de la cuestión traída a mi estudio, destaco ante todo que tiene dicho nuestro máximo tribunal que “los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las constancias de la causa, sino sólo aquellas que estimen conducentes para fundar sus conclusiones (Fallos, 311:571) y para la correcta solución del litigio (311:836), y tampoco están obligados a tratar todas las cuestiones propuestas por las partes ni analizar los argumentos utilizados que a su juicio no sean decisivos (301:970 y 311:1191).
Pongo de manifiesto asimismo que, atendiendo a la letra de la Ley V N° 203 DJP, la que reglamenta los alcances de la fundamentación individual de las resoluciones judiciales dictadas por órganos colegiados, conforme lo establecido por el art. 169 de la Constitución provincial; concuerdo con el detalle de antecedentes de la causa que efectuó la Dra. Robert en los apartados I, I.1, I.2, II, II.1, motivo por el cual remito a la reseña allí introducida (artículo 2 ley V203).
Luego, a fin de expedirme sobre las cuestiones materia de agravio, dejo expresa constancia que comparto los fundamentos de la solución dada por la colega preopinante, Dra. Verónica Robert, a los agravios de la demandada desarrollada en III y IV que hago propias (art. 3 ley V-203).
Cabe agregar que la decisión a la que se arriba es la correcta, pues los jueces debemos velar por la verdad objetiva de los hechos (art. 36 del CPCCCh) y no incurrir en excesos formales manifiestos.
Además está probado el pago parcial efectuado por la demandada, el que deber ser imputado en conformidad a lo dispuesto por el artículo 903 del CCCN.
En definitiva, coincido con la solución dada a los agravios de la demandada por la colega que me precede.
II. Costas y honorarios:
Las costas de esta instancia, por el principio de la derrota se imponen a la actora vencida (art. 69 del CPCCH.).
Regulo, dada la naturaleza del proceso, la labor desarrollada y el éxito obtenido, los honorarios del abogado de la actora en un 25% y los del abogado de la demandada en el 30%, en ambos casos de lo fijado en primera instancia, con más IVA de corresponder (art. 13 de la Ley XIII-nro.4).
A la segunda cuestión, el Dr. Pis Diez dijo:
Propongo la siguiente fórmula postulatoria:
1. Hacer lugar al recurso de apelación de la demandada, y revocar la sentencia de Primera Instancia en cuanto rechazo el pago de la demandada, reconociendo que la suma de $3.783.816,79, fue efectivamente abonada al actor, debiendo practicarse liquidación en la instancia de grado, conforme el considerando respectivo.
2. Las costas de esta instancia se imponen a la actora vencida.
3. Regulo, dada la naturaleza del proceso, la labor desarrollada y el éxito obtenido, los honorarios del abogado de la actora, Dr. <PER_4> en un 25% y los de la abogada de la demandada, Dra. <PER_5> en el 30%, en ambos casos de lo fijado en primera instancia, con más IVA de corresponder (art. 13 de la Ley XIII-nro.4). Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar la siguiente,
1. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada y revocar la sentencia en cuanto rechazó el pago invocado por <PER_2>, reconociendo que la suma de pesos tres millones setecientos ochenta y tres mil ochocientos dieciséis con setenta y nueve centavos ($3.783.816,79) fue efectivamente abonada al trabajador, debiendo practicarse liquidación en la instancia de grado, conforme considerando respectivo.
2. Imponer las costas de ésta instancia a la actora vencida.
3. Regular los honorarios profesionales al Dr. <PER_4>, en el veinticinco por ciento (25%) y a la Dra. <PER_5>, en el treinta por ciento (30%), en ambos casos de los que les fueron regulados por su actuación en la primera instancia, con más el IVA si correspondiere.
4. Téngase a las partes actora y demandada por efectuada la reserva de caso federal.
5. Regístrese, notifíquese y devuélvase.
REGISTRADA BAJO EL nro 152 DEL AÑO 2026 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS "L"
Fin de la sentencia