Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaA) confirmar en todo cuanto fue materia de agravios la sentencia definitiva 109/2026 (26/08/2026).
B) imponer las costas de alzada a la actora recurrente vencida.
C) regular los honorarios de <PER_5> y <PER_6>, en conjunto, en $700.000 con adición del I.V.A. correspondiente y sin perjuicio de los mínimos legales (arts. 5, 7, 8, 9, 13, 46 y concs. de la ley XIII N° 4; y leyes 23349 y 23871).
D) SIN REGULAR honorarios a <PER_7> y <PER_8> en virtud del pacto de cuota litis homologado en la causa.
E)
En la ciudad de Trelew, a los 13 días del mes de noviembre del año dos mil veintiséis, se reúne la “Sala 3” de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia de la Dra. Natalia Isabel Spoturno y la presencia del Sr. Juez de Cámara Dr. Sergio Rubén Lucero, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: “<PER_1> c/ <PER_2> s/ Accidente de trabajo (sistémico)” (Expte. Nro. 603 - Año 2026 CAT), venidos en apelación y expedirse en orden al sorteo practicado. La Magistrada y el Magistrado resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?, SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
I. A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Dr. Sergio Rubén Lucero dijo:
I. Vienen estos actuados al conocimiento de este tribunal de alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte actora mediante presentación ID 2494929, en contra de la sentencia definitiva N° 109/2026 (26/08/2026).
En la mencionada sentencia, se declaró la inconstitucionalidad de los arts. 8 inc. 3, 21, 22 y 46 de la Ley N° 24.557, así como de cualquier otra norma que implique la obligatoriedad de actuaciones del actor ante órganos distintos a los pertenecientes al Poder Judicial de la Provincia del Chubut para demandar y percibir las indemnizaciones por el accidente de autos, y la del el Decreto de necesidad y urgencia Nº 669/19.
A su vez, se rechazó la demanda entablada por <PER_1> en contra de <PER_2>, impuso las costas a la actora vencida y reguló los honorarios profesionales.
II. La expresión de agravios de la parte actora apelante fue presentada mediante escrito ID 2505080 (03/09/2026), cuyo traslado conferido el 04/09/2026, fue contestado por la demandada en el ID 2510130 (07/09/2026).
III.La parte recurrente formuló siete agravios, los seis primeros centrados en que la magistrada de grado concluyó, en base a la prueba pericial médica y testimonial, que las patologías que presenta la actora no tienen vinculación con las tareas laborales que realiza y el último referido a las costas impuestas a su parte tras el rechazo de la demanda.
1. Errónea valoración de la prueba pericial.
Bajo este título la actora plantea que el dictamen pericial realizado adolece de deficiencias metodológicas y científicas insalvables y que la “a quo” no ponderó ninguna de las impugnaciones oportunamente formuladas por su parte.
Puntualmente, se agravia de la pericia por cuanto:
(a) Atribución monocausal contraria a la ciencia médica. Atribuyó la totalidad de las cinco patologías de la actora a dos factores personales, esto es, la obesidad grado I (IMC 31,6) y la edad (60 años) sin citar referencias bibliográficas, estudio epidemiológico o protocolo que respalde su tesis de que un IMC de 31,6 es la causa única y excluyente de las patologías que padece la actora.
(b) Omisión absoluta del análisis de los factores de riesgo ergonómicos. No analizó, no evaluó y no mencionó ninguno de los factores de riesgo ergonómicos a los que estuvo expuesta la actora durante más de diez años como manipulación manual de cargas, movimientos repetitivos, posturas forzadas, flexión y torsión de columna, expresamente identificados como agentes de riesgo en la Resolución MTEySS Nº 295/03 y en la Mesa de Consenso SRT Nº 2/2019 sobre patología de columna lumbosacra. El perito redujo tareas de más de una década a "barrido, orden liviano", tergiversando los hechos acreditados.
(c) Anamnesis incompleta. El perito no indagó sobre sus tareas específicas ni realizó un examen físico adecuado de sus dolencias durante la entrevista pericial, preguntándole únicamente su edad y peso.
(d) Contradicción interna insalvable. Es contradictoria, debido a que el propio perito reconoció que la obesidad "no es la única causa", para inmediatamente sostener que es "la causa estructural predominante frente a tareas que no alcanzan el umbral de daño” y que dicha afirmación carece de sustento porque nunca analizó cuáles eran esas tareas. (e) Falta de fundamentación científica. No cita bibliografía, no aplica la metodología de la Resolución SRT 298/2017, no utiliza las Mesas de Consenso de la SRT, y responde los puntos periciales de modo lacónico y dogmático ("No", "No corresponde", "Patologías degenerativas").
(f) Falta de idoneidad específica del perito. El Dr. <PER_3> es especialista en psiquiatría y medicina legal, no en traumatología, ortopedia ni medicina del trabajo, y las patologías de la actora —hernia discal, rotura del manguito rotador, bursitis— son esencialmente traumatológicas y por lo tanto su evaluación en relación con factores de riesgo ocupacionales exige conocimientos en ergonomía y medicina laboral que el perito no acredita.
2. La sentencia omite ponderar que la actora ingresó sin incapacidad alguna, conforme el examen preocupacional, hecho no controvertido.
Se agravia de que la sentencia soslaye por completo que, al momento de su ingreso a la dependencia pública, el 1/5/2013, la actora fue sometida a un examen médico preocupacional (conf. art. 6, ap. 3.b, Ley 24.557) que concluyó que se encontraba apta para el puesto, sin evidenciar patología alguna, de modo que su aparición ocurrió durante y en ocasión de la prestación laboral. Que este extremo fue expresamente reconocido en el propio relato de los hechos de la sentencia y no fue impugnado ni desconocido por la demandada, de modo que la sentencia no extrajo ninguna consecuencia jurídica de este hecho que ella misma tuvo por cierto, incurriendo así en un déficit de fundamentación.
3. La prueba testimonial acredita las tareas, el esfuerzo físico, las posturas forzadas y el propio episodio lesivo. La sentencia la valoró arbitrariamente. Se agravia porque la sentencia afirma respecto de la magnitud del esfuerzo "no encuentro acreditada con los dichos de las testigos", cuando la lectura de esas declaraciones demuestra exactamente lo contrario, esto es, ambas testigos, compañeras de trabajo de la actora, corroboraron las tareas denunciadas y su aptitud lesiva.
Indica que la sentencia reconoce que las testigos "describen las tareas diarias, explicando con más detalle —y sin contradecir— las informadas en la demanda" y que, en consecuencia, no puede tenerse por acreditadas las tareas y, al mismo tiempo, negarles toda aptitud lesiva sin un análisis ergonómico serio que aquí brilla por su ausencia. Además, señala que las tareas se hallaban suficientemente acreditadas desde el principio y ello se desprende del proveído de apertura a prueba.
4. Violación de la teoría de la indiferencia de la concausa Indica que aun en la hipótesis de que las patologías de la actora tuvieran un componente degenerativo o etario, ello no exime de responsabilidad a la ART, porque en materia de accidentes y enfermedades laborales rige el principio de la indiferencia de la concausa, que la sentencia ignora por completo, incurriendo en un error de derecho que impone su revocación.
Señala que basta que el trabajo haya actuado como factor concurrente o agravante para que la totalidad del daño sea indemnizable. Y que en autos el perito al admitir que la obesidad no es la única causa reconoció la existencia de otras causas concurrentes, existiendo a su vez un examen preocupacional que concluyó que la actora no presenta una incapacidad preexistente.
Señala que la sentencia al validar un 0% de incapacidad sobre la base de la predisposición constitucional y degenerativa de la actora, que ningún examen preocupacional consignó, invirtió ilegítimamente la carga de la prueba y aplicó una excepción cuyos presupuestos no concurren.
5. Desconocimiento del encuadre de las patologías y de la concausalidad prevista por la propia LRT.
Se agravia porque la sentencia desatendió el encuadre normativo de las patologías ya que el Listado de Enfermedades Profesionales aprobado como Anexo I del Decreto 658/96 califica como enfermedad profesional el "hombro doloroso simple (tendinitis del manguito de los rotadores)", identificando como agente de riesgo las "posiciones forzadas y gestos repetitivos en el trabajo" y, entre las actividades laborales que pueden exponer a dicho agente, los "trabajos que requieren de movimientos repetitivos o forzados del hombro". Las tareas de la actora —barrer, trapear, mover muebles, limpiar por encima de la altura de los hombros— encuadran plenamente en esa descripción, y la correspondiente incapacidad se cuantifica conforme la Tabla de Evaluación de Incapacidades aprobada por el Decreto 659/96.
Señala que, respecto de la columna lumbosacra, la Mesa de Consenso SRT Nº 2/2019 identifica como factores de riesgo la manipulación manual de cargas, las posturas forzadas de tronco y los movimientos repetitivos de flexión y torsión, todos presentes en autos. Reitera que el propio sistema de la LRT reconoce la concausalidad como factor de responsabilidad (art. 6, ap. 2.b, Ley 24.557), habiendo interpretado la jurisprudencia que no se requiere que el trabajo sea la única causa, sino que basta que haya contribuido significativamente al desarrollo o agravamiento de la patología.
Y manifiesta que el antecedente de la cirugía cervical de 2016 lejos de demostrar una predisposición constitucional refuerza la tesis de la causalidad laboral, pues evidencia que el trabajo venía causando daño a la columna desde antes.
6. Inaplicación de los principios protectorio e in dubio pro operario.
Se agravia porque en autos coexisten un dictamen pericial que arroja 0% de incapacidad y una evaluación fundada del Dr. <PER_4> –acompañado por su parte- que determinó un 41,16% de incapacidad con relación causal directa con las tareas. Que el “a quo” no verificó o le produjo alguna contemplación la pericia aportada por su parte, lo que, en base al principio de “in dubio pro operario” (art. 9º LCT), debería generar alguna duda razonada al verificarse las tareas de la actora.
7. Errónea imposición de costas.
Entiende que la imposición de costas a la actora exhibe un error en la aplicación de las normas y principios jurídicos en torno a los hechos probados de la causa.
Por cuanto el derecho laboral prevé la gratuidad para los trabajadores, y que las costas también se encuentran afectadas o abarcadas por este principio de gratuidad y que ese instituto no puede implicar solamente una exención en el pago de tasas judiciales o administrativas y debe avanzar sobre otros que directa o indirectamente afectan el libre acceso a la jurisdicción como lo son las costas, el asesoramiento gratuito, las comunicaciones gratuitas, entre otros. Cita doctrina.
Por otro lado señala que está acreditado en la causa que la actora contaba con elementos objetivos suficientes para considerarse plenamente justificada para iniciar la presente acción, a saber: afecciones comprobadas y que conforme un informe médico requerido resultaban aptas para afectar su salud, relacionadas con las tareas prestadas como Portera en una escuela de la Provincia del Chubut; y que la respuesta por parte de la ART antes del inicio de la demanda, no reflejaba los elementos luego expresados en la contestación sino que simplemente se expresó: “Motivos/s de Rechazo: Patología no incluida en el estado de enfermedades profesionales Decreto 658/96.” (carta <TEXTO_ANONIMIZAR> pieza <TEXTO_ANONIMIZAR> del 4/4/2024) lo que se traduce en una respuesta genérica e insuficiente para descartar los elementos objetivos con que contaba la actora. Cita jurisprudencia de la Cámara de Apelaciones de Esquel (CAEQ SDL N° 64/2023).
A su vez, sostiene que la sentencia impuso costas y reguló honorarios tanto a los letrados de la demandada como al perito sin distinguir entre ambos, cuando el art. 38 de la ley XIV N° 1 prevé un trato diferente para los peritos. Esa norma dispone que, si el obrero o empleado resulta vencido, los honorarios de los peritos los abona la Provincia, siempre que se justifique sumariamente que aquel es insolvente o de escasos recursos.
Finalmente, hace reserva del caso federal.
IV. La demandada, al contestar agravios mediante ID 2510130, señala que la recurrente reproduce sustancialmente las objeciones que ya había formulado al solicitar explicaciones al perito y que reiteró en los alegatos pero sin requerir, ni siquiera subsidiariamente, la producción de una nueva pericia médica, y aísla frases de las explicaciones como que la obesidad “no es la única causa” y deduce de allí que una de las restantes causas debe ser necesariamente el trabajo, pero sin tener en cuenta que el fallo reseñó expresamente los cuestionamientos dirigidos al dictamen, transcribió y valoró las explicaciones brindadas por el Dr. <PER_3>, examinó las declaraciones testimoniales y explicó por qué, aun teniendo por acreditadas las tareas realizadas por la actora, no encontraba demostrada una exposición con la frecuencia y magnitud necesarias para atribuirles eficacia causal respecto de las patologías constatadas.
Contesta que podrá la recurrente discrepar con las explicaciones que dio el perito ante la observación de su informe, pero no puede presentarlas como si nunca hubieran sido dadas ni como si la sentenciante las hubiera omitido.
Refiere que la aplicación de la teoría de la indiferencia de la concausa presupone que el trabajo haya actuado efectivamente como causa, factor concurrente o agravante y que ese presupuesto es justamente el que debía acreditarse y el que la pericia judicial descartó de manera expresa. Y que lo mismo ocurre con la prueba testimonial, ya que las declaraciones resultan aptas para describir qué tareas se realizaban y, en su caso, la existencia de episodios o manifestaciones de dolor, pero no sustituyen el conocimiento médico necesario para establecer la etiología de las lesiones.
Respecto al argumento relativo al examen preocupacional, indica que la inexistencia de una incapacidad preexistente consignada al ingreso no demuestra que cualquier patología aparecida años después tenga necesariamente origen laboral, ya que ello es una cosa y otra es la prueba del nexo causal o concausal entre las tareas y las dolencias posteriormente constatadas.
En cuanto al quinto agravio, contesta que el hecho de que el Decreto 658/96 califique como enfermedad profesional el "hombro doloroso simple (tendinitis del manguito de los rotadores)" y describa las tareas, ello no exime de acreditar que, en el caso concreto, la trabajadora estuvo expuesta a esos agentes en condiciones idóneas para producir o agravar la patología, que ello fue uno de los puntos sometidos al perito, quien concluyó que las tareas verificadas no configuraban, con la intensidad y frecuencia acreditadas, el agente causal necesario.
Finalmente señala que el informe del Dr. <PER_4> no constituye una pericia judicial ni es posible conferirle el mismo valor que al dictamen producido en autos y que la regla “in dubio pro operario” no convierte en equivalentes medios probatorios de distinta naturaleza ni impone optar por la conclusión más favorable cada vez que una parte acompaña un informe privado que contradice la pericia judicial. Y que dicho principio protectorio no sustituye la prueba del nexo causal ni permite crear una incapacidad laboral que el experto judicial descartó.
Concluye, en suma, que los agravios descansan en una misma disconformidad con la valoración de la prueba, pero no logran demostrar arbitrariedad ni error jurídicamente relevante.
V. Tratamiento del recurso.
En los límites fijados por el contenido de los agravios formulados por la parte actora y su contestación, ingresaré al tratamiento de los seis primeros en conjunto pues todos ellos se dirigen, en definitiva, a cuestionar la conclusión alcanzada por la magistrada de grado en cuanto consideró no acreditados los presupuestos necesarios para establecer una relación causal entre las tareas invocadas y la patología reclamada; y, por consiguiente, el rechazo de la demanda. Y por último trataré el referido a las costas impuestas a su parte.
V.1. Para comenzar el análisis, corresponde señalar que la magistrada de la instancia de grado, al momento de analizar la incapacidad denunciada, fundó su decisión en la pericia médica elaborada por el Dr. <PER_3> y en la prueba testimonial producida en autos, concluyendo que las tareas laborales realizadas por la actora no tienen la entidad para provocar daños en distintos segmentos corporales y en diversas épocas y corresponde el rechazo de la demanda.
La actora recurrente expresa que la pericia atribuyó la totalidad de las cinco patologías de la actora a dos factores personales, esto es, la obesidad grado I y la edad sin citar referencias bibliográficas, estudio epidemiológico o protocolo que lo respalden y no explica cómo un IMC de 31,6 es la causa única y excluyente de las patologías que padece la actora.
Al respecto, cabe señalar que ello ya fue explicado por el perito, al contestar la impugnación (ID 2187599) explicando que “Sobre la supuesta "atribución monocausal" a la obesidad La impugnante yerra al afirmar que se atribuye la patología únicamente a la obesidad” y que “la obesidad Grado I (IMC 31,6) actúa como un factor de riesgo biomecánico preexistente y constante. La ciencia médica (fisiología articular) es concluyente: el sobrepeso genera una carga axial permanente que acelera los procesos de deshidratación discal y artrosis facetaria, independientemente de la actividad laboral. No es la única causa, pero es la causa estructural predominante frente a tareas que no alcanzan el umbral de daño” y ratificó que “los hallazgos en la RMN (abombamiento discal difuso L-S …) son de carácter involutivo-degenerativo” y ello fue considerado expresamente por la magistrada al describir el informe del galeno y al concluir que prevalecieron el factor etario y la configuración anatómica de la actora y que la actora presenta una predisposición constitucional y degenerativa generalizada en su sistema osteoarticular.
Por otro lado, la recurrente expresa que el perito no analizó, no evaluó y no mencionó ninguno de los factores de riesgo ergonómicos a los que estuvo expuesta la actora durante más de diez años como manipulación manual de cargas, movimientos repetitivos, posturas forzadas, flexión y torsión de columna; no indagó sobre sus tareas específicas ni realizó un examen físico adecuado de sus dolencias durante la entrevista pericial, preguntándole únicamente el perito su edad y peso.
Sin embargo, en la contestación a la impugnación (ID 2187599), el experto explicó que “La realización de tareas de limpieza por 10 años no es per se causa de rotura si no existe una exposición que supere los límites de tolerancia biológica, los cuales no fueron constatados en la anamnesis ni en la descripción de tareas, prevaleciendo aquí el factor etario y la configuración anatómica de la actora” y que “La pericia presentada se basa en el examen físico directo, el análisis de los estudios complementarios y la aplicación de la normativa médico-legal vigente”. Y ello la magistrada lo ponderó expresamente y le agregó de su cuño que: “de lo que se desprende que el experto sí tuvo en cuenta las tareas descriptas en demanda y al momento del examen”.
Tampoco modifica esta situación el hecho de que de las declaraciones testimoniales posteriores a la pericia del Dr. <PER_3>, se extraiga que la actora efectivamente realizaba las tareas descriptas en la demanda. La magistrada de grado, al respecto fue contundente, a saber: “Las testigos describen las tareas diarias, explicando con más detalle -y sin contradecir- las informadas en la demanda: limpieza en general, barrer, baldear, trapear, acarrear productos de limpieza, mover mobiliario, tareas éstas tenidas en cuenta por el perito al momento de realizar su informe”. Por ello, al tratarse de una prueba posterior, y dado que el perito había considerado que no se había acreditado el levantamiento de cargas pesadas con la frecuencia ni magnitud necesarias para producir una hernia o lesión traumática en un tejido sano y posteriormente declararon las testigos con el fin de aclarar qué tipo de tareas realizaba la actora (ver la providencia de suspensión de autos para sentencia de fecha 16/04/2026), la magistrada puntualmente indicó al respecto “magnitud que no encuentro acreditada con los dichos de las testigos, que acabo de transcribir” (ver sentencia, pág. 9, 3° párrafo).
La recurrente sostiene, además, que las declaraciones testimoniales permiten arribar a una conclusión contraria a la alcanzada por la magistrada y que no resulta posible tener por acreditadas las tareas y, al mismo tiempo, descartar su aptitud lesiva sin un análisis ergonómico.
Sin embargo, la magistrada descartó la aptitud lesiva de las tareas descriptas por las testigos sobre la base de la pericia médica. Para ello, tuvo en consideración, como se señaló anteriormente, que el perito había evaluado tanto las tareas descriptas en el escrito de inicio como las contempladas en el examen ergonómico (conf. contestación a la impugnación del Dr. <PER_3>, ID 2187599, pág. 1 in fine y vta.; sentencia, análisis de la cuestión de fondo, pág. 9, 3° párrafo).
Respecto a que el perito reconoció que la obesidad no es la única causa y al mismo tiempo que es la causa estructural predominante frente a tareas que no alcanzan el umbral de daño, cabe señalar que al momento de dar respuesta a la impugnación de parte, el perito señaló que la obesidad “No es la única causa, pero es la causa estructural predominante frente a tareas que no alcanzan el umbral de daño” y luego ratificó “que los hallazgos en la RMN (abombamiento discal difuso L5-S1) son de carácter involutivodegenerativo”. Es decir, el perito consideró que las tareas laborales invocadas por la actora no presentaban, según las condiciones de exposición examinadas, entidad suficiente para provocar o agravar las patologías constatadas, a las que atribuyó un origen predominantemente involutivo-degenerativo.
Estas conclusiones permiten desestimar también los agravios vinculados con la aplicación de la teoría de la indiferencia de la concausa y el encuadre de las patologías en el régimen de enfermedades profesionales. En efecto, aun cuando el trabajo no deba constituir la causa exclusiva de una afección para que esta resulte indemnizable, es necesario acreditar que haya contribuido efectivamente a producirla o agravarla, extremo que la magistrada consideró no demostrado. Del mismo modo, la circunstancia de que el listado de enfermedades profesionales contemple determinadas patologías asociadas a posiciones forzadas y movimientos repetitivos no exime de verificar, en el caso concreto, la exposición a los agentes de riesgo en condiciones idóneas para provocar el daño. Por las razones anteriormente desarrolladas, los cuestionamientos de la recurrente no logran desvirtuar la conclusión alcanzada en la sentencia.
Como corolario de todo lo expuesto, se desprende que el experto fundó su conclusión de que no se reconoce incapacidad laboral por contingencia cubierta por la LRT no sólo en el examen físico directo practicado a la actora, sino también en estudios complementarios, a partir de cuya valoración concluyó que las tareas laborales no habían contribuido a producir o agravar las patologías constatadas, a las que atribuyó un origen predominantemente involutivo-degenerativo. La parte actora reitera en sus agravios su disconformidad con el resultado de la pericia, destacando elementos -como la metodología de la Resolución SRT 298/2017, las Mesas de Consenso de la SRT y las respuestas lacónicas y dogmáticas del perito- que no logran desacreditar las conclusiones del experto ni demostrar la existencia de error en la aplicación de los criterios médicos utilizados. En lo atinente a que el Dr. <PER_3> es especialista en psiquiatría y medicina legal y no acredita conocimientos en traumatología, ello no fue materia de remedio alguno en el momento procesal oportuno y, traído como novedad a esta instancia, impide a esta Alzada su tratamiento so riesgo de incurrir en incongruencia procesal.
Por todo lo anterior, cabe recordar que prestigiosa doctrina señala que el justo motivo de duda, permisivo del rechazo del dictamen pericial concurre sólo cuando existen en el proceso otras pruebas en contra de igual o superior valor a aquél. O, dicho de otra manera, para desconocer fuerza de convicción al dictamen del experto es menester, entre otros requisitos que existan otras pruebas (Conf.: Mittermaier, en “Tratado de la prueba en materia criminal”, Madrid 1877, pág. 165; id., Llesona, en “Teoría general de la prueba”, Madrid 1964, To. IV, nros. 409 y 515). En nuestra doctrina nacional ha sido coincidente Palacio al concluir, con relación a la posibilidad de apartamiento de las conclusiones periciales, al decir que solo resulta factible cuando “existen en el proceso elementos probatorios provistos de mayor eficacia” (Conf.: aut. cit., en “Derecho Procesal Civil”, Bs. As. 1972, T. IV-720, “b”).
Por ello, y dado que el informe pericial se encuentra debidamente fundado, resulta coherente con los antecedentes clínicos y se sustenta en principios propios de la ciencia médica, no se advierten motivos que justifiquen apartarse de sus conclusiones. Y sin perjuicio de que el recurrente alega que la magistrada de grado no verificó ni contempló la perica aportada por su parte (realizado por el Dr. <PER_4>) y de haberlo hecho produciría la duda suficiente para generar que el resultado sea favorable a la actora en virtud del principio de “in dubio pro operario”, ello tampoco debe tener acogida, dado que dicho informe de parte realizado por el Dr. <PER_4> fue puntualmente considerado por el Dr. <PER_3> (ver ID 2178461, “Hechos”, 6to párrafo) descartando en sus conclusiones que las tareas laborales realizadas por la actora tengan entidad para provocarle los daños que reclama, y la magistrada consideró que las explicaciones al respecto resultan claras y contundentes, lo cual aleja la existencia de dudas al respecto.
Por lo demás, la circunstancia invocada por la recurrente relativa a la omisión de ponderar que al momento del examen preocupacional la actora no presentaba grado de incapacidad alguna, ello no es así, dado que la magistrada ponderó puntualmente ese hecho en sustento de las conclusiones del perito referidas, en los siguientes términos: “Que la cirugía cervical de 2016 a la que se sometió -a poco de ingresar a trabajar- demuestra que la actora presenta una predisposición constitucional y degenerativa generalizada en su sistema osteoarticular” (SIC) (ver, sentencia, pág. 9, 3° párrafo in fine). Y si bien la recurrente plantea una postura contraria a ese fragmento de la sentencia, lo hace de forma genérica al señalar que esa circunstancia demuestra que el trabajo venía causando daño a la columna desde antes, pero no se cuestiona puntualmente el fundamento destacado por la magistrada referido a que la cirugía a la que se sometió la actora en esa fecha también lo había sido al poco tiempo de ingresar a trabajar.
De todo lo expuesto se desprende que los cuestionamientos formulados por la recurrente no logran desvirtuar los fundamentos de la sentencia apelada. En efecto, las objeciones dirigidas a la valoración de la prueba pericial médica y testimonial, así como los planteos vinculados con la relación causal y concausal, el examen preocupacional y la aplicación del principio in dubio pro operario, han sido examinados precedentemente sin que se adviertan razones suficientes para modificar la conclusión alcanzada por la magistrada de grado.
En definitiva, los agravios formulados no logran demostrar que la magistrada de grado hubiera incurrido en un error en la valoración de la prueba ni en la aplicación del derecho que justifique modificar la decisión recurrida. Por las razones desarrolladas, corresponde desestimar los cuestionamientos examinados y confirmar el rechazo de la demanda. Así lo voto.
V.2. Costas.
La recurrente se agravia de que la imposición de costas a su parte exhibe un error en la aplicación de las normas y principios jurídicos en torno a los hechos probados de la causa. Entiende que el derecho laboral prevé la gratuidad para los trabajadores, y que las costas también se encuentran afectadas o abarcadas por este principio de gratuidad sumado a que contaba con elementos objetivos -que menciona- suficientes para considerarse plenamente justificada para iniciar la presente acción.
Para dar respuesta al agravio, primero cabe señalar que en reiteradas ocasiones he expuesto que en el ámbito laboral la Ley de Contrato de Trabajo, en su artículo 20, establece el principio de gratuidad, garantizando el acceso gratuito de los trabajadores a la justicia para reclamar sus derechos. Se materializa en la eximición a los trabajadores del pago de la tasa de justicia, y en la etapa prejudicial en la posibilidad de remitir intimaciones telegráficas y hacer denuncias en sede administrativa sin costo alguno.
Las leyes procesales provinciales han receptado el principio de la derrota, incluso la Ley XIV N° 1 así lo establece y sin distingo alguno en el art. 57. Ello no se contrapone de modo alguno con lo previsto en el art. 13 que más allá de referir confusamente al “beneficio de pobreza”. Esta previsión normativa precisamente asegura que ningún obstáculo económico se presente para el acceso del trabajador al órgano jurisdiccional, aunque ello no significa que, tramitado el proceso, de resultar el trabajador vencido no deba cargar con las costas. A la luz de los conceptos expresados, cabe señalar ahora que el principio de gratuidad que prevé la norma reguladora del proceso laboral no tiene incidencia alguna en la consideración de la atribución de las costas.
Tengo dicho antes de ahora que el mentado beneficio derivado del principio protectorio laboral implica establecer el fácil e irrestricto acceso al Poder Judicial, como órgano jurisdiccional del Estado, para que se diriman los conflictos laborales que se generen y sin que tenga que incurrir en gasto alguno para ello el trabajador que reclame en resguardo de sus derechos -gratuidad de acceso-, pero que ello no implica un beneficio de litigar sin gastos -que implica mantener la gratuidad también al término del proceso sea cual fuere su resultado hasta que se mejore de fortuna-. Y, estimo que viene en apoyo de tal inteligencia la circunstancia de que, como antes dije, la misma norma procesal especial contempla expresamente la imposición de las costas al vencido como regla general que rige en la materia en el art. 57 de la Ley XIV Nº 1 (esta Sala, SDL 43/2026; SDL 53/2026). A su vez, debo recordar que la condena en costas es la condena accesoria que impone el Juez a la parte vencida en un proceso o en una incidencia, debiendo resarcir al vencedor los gastos que le ha causado el proceso. Resultan un accesorio de la sentencia, que no tiene vinculación con la resolución sustancial; por ello, la cuestión concerniente al modo de distribuir los gastos causídicos es un tema que no compone la relación jurídico procesal formulada solamente por los lazos establecidos en la situación de fondo (conf. Gozaíni, Osvaldo Alfredo: Costas Procesales Doctrina y Jurisprudencia, p. 63. S. l., Ediar, 1990). La teoría del vencimiento, para la imposición de la condena al pago de las costas, no atiende a elementos subjetivos, como el dolo o la culpa, sino al hecho objetivo del vencimiento. Chiovenda le adjudicó dos notas características a la teoría, la primera es que la condena en costas no está subordinada ni a la temeridad ni a la culpa del vencido, pues solo requiere la condición objetiva del vencimiento (conf. Loutayf Ranea, Roberto G.: Condena en Costas en el Proceso Civil, p. 44. S. l., Astrea, 1998). El fundamento de la condena en costas es evitar que la actuación de la ley represente una disminución patrimonial para la parte en favor de la cual se realiza.
En el caso la decisión sustancial del fallo de primera instancia –la cual ahora se confirma– rechaza la demanda en todas sus partes. La trabajadora reclamó una indemnización por afecciones que manifestó ocurrieron entre octubre y diciembre del 2023. La demandada al contestar demanda solicitó el rechazo de la demanda en todas sus partes, con imposición de las costas dado que no es una contingencia cubierta por la LRT. En el proceso, la pericia médica concluyó que la actora no presenta incapacidad como consecuencia de las tareas laborales por las cuales aquí se demanda. En virtud de ello y de las pruebas testimoniales, como se señaló, la magistrada desestimó la demanda. Ante esta situación, no se verifica que en el caso se hubiera puesto en cuestión el derecho del demandante a formular su reclamo ante los tribunales competentes, prueba de lo cual es que el pleito tramitó con total normalidad -inclusive la magistrada declaró la inconstitucionalidad de los arts. 6, 8 inc. 3, 21, 22 y 46 de la ley 24.557 y consideró inaplicable el Título I de la ley 27.348 a tal fin-, sino que lo que debe juzgarse es su responsabilidad por los gastos de un proceso cuyo resultado le fue adverso. Ello, dado que el principio contenido en el art. 69 CPCC encuentra su razón de ser en el hecho objetivo de la derrota (CSJN “Lopez, Enrique Eduardo c/ Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales S.A. s/ accidente - ley especial”; con cita a fallos 323:3115; 325:3467; 329:2761).
Y, por último, descarto que la sola creencia subjetiva de que se contaba con derecho al reclamo no alcanza para desplazar la vigencia de la regla objetiva del vencimiento, por cuanto basta con observar que, salvo una conducta de ejercicio abusivo del proceso, en la cual a pesar de que se tenga conciencia de la sinrazón igualmente se reclame, de común, quienes litigan lo hacen con tal creencia de tener la razón en sus planteos. En tal sentido el fundamento de esta obligación no debe buscarse en la culpa, puesto que no hay culpa en sostener de buena fe el propio derecho ante la autoridad judicial, aunque resulte a posteriori que su pretensión era infundada. Lo que cuenta es el hecho objetivo del vencimiento (mi voto en: esta Sala, SDL 43/2026, SDL 55/2026).
En referencia a la cita jurisprudencial de la Cámara de Apelaciones de Esquel (CAEQ SDL N° 64/2023), no resulta un caso análogo, toda vez que en dicho supuesto la actora había resultado sustancialmente vencedora.
Por último, la recurrente sostiene que la sentencia reguló honorarios inclusive al perito, sin dejar a salvo el art. 38 de la ley XIV N° 1, el cual prevé un trato diferente para el pago a los peritos. Al respecto, cabe precisar que el último párrafo del citado artículo 38 de la Ley XIV N° 1 contempla una situación distinta a la planteada elípticamente por la recurrente, cual es, estimo, vinculando erróneamente la imposición de las costas al vencido con relación a quien eventualmente el beneficiario de la regulación de honorarios podrá reclamar su pago. Obviamente el legitimado para ejercer el planteo con base en el citado artículo sería el profesional titular del derecho a los honorarios que se le hubieren regulado por su actuación y no el obligado al pago de las costas. Ello deja de manifiesto que ni aun cuando hubiera sido interpuesto el correspondiente recurso previsto por el artículo 48 de la ley de aranceles XIII N° 4 -lo que aquí no se hizo-, nada hubiera alterado el resultado derivado del principio objetivo del vencimiento que determina la imposición de las costas. En consecuencia, corresponde el rechazo de los agravios bajo tratamiento.
VI. Conclusión:
Por las razones expuestas, corresponderá entonces confirmar el fallo apelado en todo cuanto fue materia de agravios, con costas de alzada a la actora recurrente vencida (Conf.: Arts. 57 de la Ley XIV N° 1 y 69 del C.P.C.C.).
A su vez, en lo que se refiere a la regulación de honorarios por las tareas realizadas en esta sede, teniendo en cuenta la extensión, calidad y eficacia de las labores profesionales cumplidas, propongo establecer los emolumentos de la asistencia letrada de la demandada, Dres. <PER_5> y <PER_6>, en conjunto, en $700.000 con adición del I.V.A.
correspondiente y sin perjuicio de los mínimos legales (arts. 5, 7, 8, 9, 13, 46 y concs. de la ley XIII N° 4; y leyes 23349 y 23871). Sin que corresponda regular honorarios a la asistencia letrada de la parte actora en virtud del pacto de cuota litis homologado el 30/05/2025.
Termino mi intervención en la presente cuestión pronunciándome en ella por la AFIRMATIVA.
I. A LA PRIMERA CUESTIÓN, la Dra. Natalia Spoturno dijo:
1. Dada la claridad de la reseña efectuada por el magistrado que me precedió en el voto, tanto de la sentencia recurrida como de los agravios expresados por la parte actora y su contestación (considerandos III y IV), y a fin de evitar repeticiones innecesarias, ingresaré directamente al análisis del recurso, en el marco de lo previsto por el art. 169 de la Constitución de la Provincia del Chubut y la Ley V N° 203.
2. Comparto los fundamentos desarrollados por el Dr. Lucero en el considerando V de su voto y la solución que propone de confirmar la sentencia recurrida.
2.1. En primer término, coincido con el magistrado prevotante en que corresponde desestimar los cuestionamientos dirigidos a la valoración de la prueba pericial médica y testimonial y a la conclusión alcanzada por la magistrada de grado respecto de la ausencia de relación causal entre las tareas desarrolladas por la actora y las patologías denunciadas. En efecto, tal como se explica en el primer voto, la sentencia examinó las conclusiones del perito médico, las explicaciones brindadas al responder las impugnaciones y las declaraciones testimoniales producidas en autos. A partir de esa valoración, la magistrada consideró que, aun cuando las tareas descriptas por las testigos se correspondían con las denunciadas en la demanda, no se encontraba acreditada una exposición laboral de entidad suficiente para atribuirles eficacia causal respecto de las afecciones constatadas. La recurrente cuestiona esa conclusión mediante diversos argumentos referidos a las deficiencias metodológicas de la pericia, la incidencia de los factores ergonómicos, la existencia de posibles causas concurrentes y la valoración de los restantes elementos probatorios. Sin embargo, tales objeciones no logran demostrar que la valoración efectuada por la magistrada resulte desacertada ni que existan elementos suficientes para apartarse de las conclusiones del dictamen pericial.
En ese marco, comparto también el rechazo de los agravios vinculados con la aplicación de la teoría de la indiferencia de la concausa y el encuadre de las patologías en el régimen de enfermedades profesionales. La posibilidad de que el trabajo actúe como factor concurrente o agravante no exime de acreditar su efectiva incidencia causal en el caso concreto, presupuesto que, conforme a la valoración probatoria efectuada en la sentencia y examinada en el voto precedente, no ha quedado acreditado.
Tampoco la ausencia de incapacidad consignada en el examen preocupacional permite, por sí sola, establecer el origen laboral de las patologías posteriormente constatadas. Del mismo modo, la existencia de un informe médico de parte con conclusiones diferentes de las alcanzadas por el perito judicial no determina necesariamente una situación de duda que imponga resolver la controversia mediante la aplicación del principio in dubio pro operario.
Por otra parte, coincido con el Dr. Lucero en que el cuestionamiento relativo a la especialidad profesional del perito, introducido recién en esta instancia, no puede ser examinado por esta Cámara sin exceder los límites de su competencia revisora. En definitiva, comparto los fundamentos expuestos en el primer voto para desestimar los agravios examinados y confirmar la decisión de primera instancia.
2.2. En cuanto a las costas, comparto los fundamentos y conclusiones expuestos por el Dr. Lucero en el considerando V.2 de su voto.
El beneficio de gratuidad persigue asegurar el efectivo acceso a la jurisdicción, evitando que la falta de recursos económicos constituya un obstáculo para obtener tutela judicial. Sin embargo, esa finalidad no altera el régimen de imposición de costas previsto por la legislación procesal, pues ambas instituciones responden a finalidades diferentes (mi voto en SDL 55/2026).
En el caso, las circunstancias invocadas por la recurrente, entre ellas la existencia de un informe médico favorable a su pretensión y los fundamentos del rechazo comunicado por la aseguradora, no justifican apartarse del principio objetivo del vencimiento, según el criterio sostenido por este tribunal (Sala A, SDL 7/2024 y SDL 60/2024; Sala B, SDL 81/2023 y SDL 89/2023; Sala 3, SDL 43/2026).
En cuanto al planteo referido al art. 38 de la Ley XIV N° 1, comparto también la distinción efectuada por el magistrado prevotante entre la imposición de costas y el régimen especial previsto para el pago de los honorarios periciales. La disposición invocada contempla, bajo determinadas condiciones, que dichos honorarios sean abonados por la Provincia cuando la parte trabajadora resulta vencida y acredita su insolvencia o escasez de recursos. Sin embargo, esa previsión no modifica la regla de atribución de costas establecida en el art. 57 de la misma ley, sino que regula una cuestión diferente, vinculada con el pago de los honorarios del perito. En consecuencia, tampoco este argumento permite modificar la decisión recurrida.
3. Conclusión:
Por todo lo expuesto, acompaño la propuesta de confirmar la sentencia apelada en todo cuanto fue materia de agravios, con costas de alzada a la parte actora recurrente, en su condición de vencida (art. 57 de la Ley XIV N° 1).
Con respecto a los honorarios profesionales por las tareas cumplidas ante esta Alzada, considerando la extensión, calidad y eficacia de la labor desarrollada y el modo en que se resuelve el recurso, comparto la propuesta regulatoria efectuada por el Dr. Lucero en su voto.
Termino mi intervención en la presente cuestión pronunciándome por la AFIRMATIVA.
Así lo voto.
II. A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Lucero dijo:
Visto el Acuerdo arribado al tratar las cuestiones precedentes, corresponde: A) CONFIRMAR en todo cuanto fue materia de agravios la sentencia definitiva 109/2026 (26/08/2026). B) IMPONER las costas de alzada a la actora recurrente vencida. C) REGULAR los honorarios de <PER_5> y <PER_6>, en conjunto, en $700.000 con adición del I.V.A. correspondiente y sin perjuicio de los mínimos legales (arts. 5, 7, 8, 9, 13, 46 y concs. de la ley XIII N° 4; y leyes 23349 y 23871). D) SIN REGULAR honorarios a <PER_7> y <PER_8> en virtud del pacto de cuota litis homologado en la causa. Así lo voto.
II. A LA SEGUNDA CUESTIÓN, la Dra. Spoturno dijo:
En virtud del Acuerdo arribado corresponde:
A) CONFIRMAR en todo cuanto fue materia de agravios la sentencia definitiva 109/2026 (26/08/2026).
B) IMPONER las costas de alzada a la actora recurrente vencida.
C) REGULAR los honorarios de <PER_5> y <PER_6>, en conjunto, en $700.000 con adición del I.V.A. correspondiente y sin perjuicio de los mínimos legales (arts. 5, 7, 8, 9, 13, 46 y concs. de la ley XIII N° 4; y leyes 23349 y 23871).
D) SIN REGULAR honorarios a <PER_7> y <PER_8> en virtud del pacto de cuota litis homologado en la causa.
ASÍ LO VOTO.
Con lo que se dio por terminado el Acuerdo (art. 274 del C.P.C.C.), pasándose a dictar:
Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la “Sala 3” de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew;
A) CONFIRMAR en todo cuanto fue materia de agravios la sentencia definitiva 109/2026 (26/08/2026).
B) IMPONER las costas de alzada a la actora recurrente vencida.
C) REGULAR los honorarios de <PER_5> y <PER_6>, en conjunto, en $700.000 con adición del I.V.A. correspondiente y sin perjuicio de los mínimos legales (arts. 5, 7, 8, 9, 13, 46 y concs. de la ley XIII N° 4; y leyes 23349 y 23871).
D) SIN REGULAR honorarios a <PER_7> y <PER_8> en virtud del pacto de cuota litis homologado en la causa.
E) Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripta digitalmente por:
Natalia SPOTURNO Sergio LUCERO Registrada como sentencia definitiva N° 60/2026 SDL Ricardo F. GRIFFITHS (Secretario de Cámara)
Fin de la sentencia