Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 124707
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que obre de conformidad.
Las costas de esta instancia extraordinaria se imponen por su orden, atento el progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.707, "Vega, Rubén Manuel contra Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial y otros. Accidente de trabajo, etc.", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud .
El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Bragado, perteneciente al Departamento Judicial de Mercedes, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 256/275).
Se interpuso, por el Fisco provincial, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 24 de mayo de 2018).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de origen admitió la demanda promovida por el señor Rubén Manuel Vega y condenó al Fisco de la Provincia de Buenos Aires al pago de la suma que estableció en concepto de indemnización integral por daños y perjuicios, derivados de la incapacidad producida por el accidente de trabajo que sufrió mientras prestaba tareas como conductor de locomotoras en la ciudad de Bragado (v. fs. 256/275).
Para así decidir, tuvo por demostrada la existencia del infortunio ocurrido el día 21 de julio de 2011, oportunidad en la que al descender de la unidad para realizar el cambio de vías resbaló de la escalera de manera imprevista, quedando su pierna izquierda atrapada entre los estribos, y que al continuar la caída golpeó por la espalda con su cuello y hombro derecho en el pasamanos de acero que posee la locomotora, siendo arrastrado unos metros hasta que su compañero de maniobras logró detener la marcha (v. vered., cuarta cuestión; fs. 258 y vta.).
También juzgó probado que, a consecuencia del evento, el actor padece limitación de la movilidad de la columna cervical y meniscectomía sin secuelas, que lo incapacitan en un 12,78% del índice de la total obrera (v. vered., quinta cuestión, fs. 258 vta. y 259).
Asimismo, el juzgador halló verificados los presupuestos de atribución de responsabilidad civil subjetiva y objetiva de la empleadora en los términos de los arts. 1.109 y 1.113 del Código de Vélez Sarsfield; aunque juzgó que esta última debía soportar las consecuencias dañosas del infortunio en un 50%, dado que la conducta imprudente del actor había concurrido concausalmente en el acaecimiento del evento dañoso (v. vered., cuestiones séptima y octava, fs. 260 vta. y 261, y sent., fs. 267 vta./270).
Declaró la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 y condenó al Fisco provincial al pago de las sumas que específicamente determinó para resarcir los daños material y moral (v. sent., fs. 264/265 vta. y 270/271).
Finalmente, aplicó intereses al capital de condena y reguló los honorarios de los letrados intervinientes en el proceso con fundamento en las leyes arancelarias vigentes (dec. ley 8.904/77 y ley 14.967; v. sent., fs. 271/275 y resol. de fs. 283 y vta.).
Asimismo, descalificó constitucionalmente la ley 24.432, en tanto -explicó- modifica el régimen arancelario para abogados que establecen las citadas normativas arancelarias locales, por corresponder a la órbita legal jurisdiccional exclusiva y no delegada de la Provincia de Buenos Aires (v. sent., fs. 271/273 vta.).
II. El letrado apoderado de la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación y errónea aplicación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 505 del Código Civil (ley 340 -conf. ley 24.432-) y de la doctrina legal que identifica.
II.1. Inicialmente controvierte la declaración de inconstitucionalidad de la evocada ley 24.432.
Explica que la normativa en crisis se ha mantenido vigente con la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, que en su art. 730 reitera la aplicación del tope del 25% para los honorarios del juicio originalmente incorporado al art. 505 del Código velezano, según la modificación de la ley de referencia.
Denuncia transgredida la doctrina emanada de los precedentes de esta Suprema Corte en los que se ha decretado la validez constitucional de dicha limitación.
También cita en apoyo de su postura aquellas directrices plasmadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los distintos fallos, donde determinó que la solución consagrada por el art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo -en tanto se refiere a la responsabilidad por el pago de costas, con un tope del 25% del monto de sentencia incluidos los honorarios profesionales y prorrateo en caso de superarse ese porcentaje-, se manifiesta como uno de los arbitrios posibles enderezados a disminuir el costo de los procesos judiciales y morigerar los índices de litigiosidad, asegurando la razonable satisfacción de las costas del proceso por parte de la vencida, sin convalidar excesos o abusos.
Señala, además, que de dicha doctrina emerge el criterio de que la ya citada ley 24.432 no conculca el derecho de igualdad, ya que no evidencia un fin persecutorio o discriminatorio, sino que, por el contrario, otorga el mismo tratamiento a todos los profesionales que asisten a la parte no condenada en costas, sea ésta actora o demandada, trabajador o empresario, con el objetivo de disminuir los gastos procesales.
II.2. También objeta que el tribunal de grado ordenara al Fisco provincial depositar el importe íntegro de condena dentro de los tres días de quedar consentida o ejecutoriada la sentencia.
Afirma que en los términos de los arts. 157, 158 y 163 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y de las disposiciones contenidas en la Ley de Administración Financiera (ley 13.767), para los casos en que el Fisco provincial resulte condenado a pagar sumas de dinero, nunca puede obligárselo a cumplir tal cometido en el marco del indicado término.
Señala que en dichos dispositivos se establecen mecanismos de control para el trámite de toda erogación que el Estado provincial tenga que efectuar en cumplimiento de sus deudas, y que su dictado obedece a elementales principios del Estado de Derecho, en la medida que el movimiento de fondos públicos requiere de una particular fiscalización, y la eventual imposición de un plazo exiguo, como si se tratara de una persona privada, impone a aquel un deber de imposible cumplimiento.
Refiere, asimismo, que tal definición genera una gran sobrecarga de trabajo en los diferentes órganos jurisdiccionales, ya que cada sentencia condenatoria dictada contra la Provincia de Buenos Aires trae aparejada el inicio de un proceso de ejecución, trabas de embargo sobre cuentas públicas, tramitación de su consecuente levantamiento y giros de dinero de devolución, generándose una inagotable fuente de intereses que no pueden ser satisfechos en tiempo y forma.
Agrega que los plazos fijados actualmente por los tribunales del fuero laboral provocan un triple resultado disvalioso, a saber: a) el dictado de un fallo de cumplimiento imposible por ausencia de recursos; b) una sobrecarga de las exigencias presupuestarias con desarreglo o desatención de partidas existentes; c) un espiral de pleitos e incidentes de ejecución que generan un sinfín de costas y esfuerzos para las partes y el propio tribunal.
Pone de resalto que el art. 163 inc. 7 del Código Procesal Civil y Comercial otorga al juez de la causa la facultad de establecer el plazo de cumplimiento de la sentencia.
En tal sentido, argumenta que, en el ámbito provincial, los jueces -como directores del proceso- deben llevar a cabo tal cometido aplicando los criterios de "discrecionalidad" y "razonabilidad".
En suma, peticiona que, para el hipotético caso que se condene al Fisco provincial en las presentes actuaciones, se ejerza la potestad conferida por la mentada norma procesal, estableciéndose un plazo de cumplimiento no inferior a sesenta días hábiles, contados a partir de que la sentencia adquiera autoridad de cosa juzgada.
También aduce que esta Suprema Corte ha convalidado la prerrogativa pública especial de que goza la Provincia de Buenos Aires en juicio, en especial, para contestar las demandas en un tiempo más prolongado (conf. art. 31, dec. ley 7.543/69 y modif.), o bien eximiéndolo del depósito previo en materia laboral para la interposición de los recursos extraordinarios (art. 56, ley 11.653, texto según ley 14.552).
En estas condiciones, afirma que el órgano jurisdiccional de la instancia de origen se encuentra facultado para ampliar el plazo de cumplimiento de la sentencia firme en aras de garantizar una mejor administración de justicia, teniendo en cuenta el interés público comprometido y el principio de legalidad.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Inicialmente se impone destacar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia -representado por la diferencia entre el importe de los honorarios regulados por el juzgador y aquel que resultaría de aplicarse la doctrina legal que se denuncia transgredida en el recurso, más el monto de condena cuyo plazo de exigibilidad se controvierte- no supera (como lo reconoce la propia recurrente en el punto III apartado 3 del escrito impugnativo), la suma mínima para recurrir establecida por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), vigente al momento de la interposición del remedio procesal. Por ello, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley fue concedido en el marco de la excepción que contempla la norma del art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (v. fs. 291 y vta.).
Siendo ello así, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 122.596, "Felioga", resol. de 8-V-2019; L. 123.066, "Nuñez", resol. de 14-VIII-2019 y L. 125.912, "Melgar", resol. de 12-II-2021), hipótesis que se configura cuando se ha establecido una criterio mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 119.809, "Martínez", sent. de 22-II-2017; L. 119.599, "Silveira", sent. de 11-IV-2018; L. 120.201, "Morris", sent. de 25-IV-2018; L. 121.143, "Hurtado", sent. de 14-VIII-2019; L. 121.387, "Monti", sent. de 19-IX-2019; L. 122.752, "Bravo", sent. de 4-VIII-2020; e.o.).
III.2.a. Delimitado de este modo el abordaje de los planteos ensayados, observo viable el tratamiento del reproche vinculado a la aplicación de la ley 24.432, cuya invalidez constitucional fue decretada en la instancia de grado, pues dicha crítica involucra el análisis de una cuestión federal.
Sobre el particular, ha declarado esta Corte que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que -según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 308:490 in re "Strada"; 311:2478 in re "Di Mascio")- es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
III.2.b. Establecido lo que antecede, y con la aclaración de que los honorarios fueron fijados en atención a la actuación que realizaron los profesionales en cada una de las etapas del proceso y la índole, mérito y naturaleza de los trabajos efectuados (con fundamento en el decreto ley 8.904/77 y la ley 14.967; v. resol. de fs. 283 y vta.), considero que asiste la razón a la quejosa.
III.2.b.i. Ingresando a analizar la resolución recurrida, resulta pertinente precisar que los argumentos que esgrimió el tribunal de grado para declarar la inconstitucionalidad de la citada ley 24.432, tuvieron conexión con aquel cuestionamiento fundado en una supuesta alteración de la autonomía de las provincias por parte del legislador nacional (arts. 75 inc. 12 y 121, Const. nac.), temática resuelta por esta Suprema Corte en reiteradas oportunidades.
En tal sentido, y como hube de hacerlo al emitir mi voto en la causa L. 124.028, "Blanco" (sent. de 30-VIII-2021), sentenciada por el mismo tribunal y análoga a la presente en el agravio aquí abordado, a efectos de abastecer el embate, remito a los fundamentos que hube de exponer al brindar mi opinión en las causas L. 74.119, "Hait", sentencia de 11-VIII-2010; L. 117.286, "Rodríguez", sentencia de 17-VII-2015; L. 121.845, "Romero", sentencia de 27-VII-2020 y L. 121.786, "Ortellado", sentencia de 4-VIII-2020.
III.2.b.ii. Luego, con relación a la validez constitucional del límite impuesto en los arts. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y 505 del anterior Código Civil (conf. ley 24.432 -y actual art. 730, Cód. Civ. y Com. de la Nación-), respecto de la responsabilidad en el pago de las costas, remito -como hube de hacerlo recientemente en la causa L. 121.989, "Mosiejchuk", sentencia de 26-XII-2019- a los términos de la adhesión que efectuara al votar en la causa L. 91.884, "Arzamendía Rolón", sentencia de 18-VIII-2010.
Lo expresado en dicha causa, entre otras, se encuentra en la misma línea de ideas ya volcada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes "Abdurraman" (Fallos: 332:921) y "Villalba" (Fallos: 332:1276), ratificados en fallos dictados por el Alto Tribunal, en las causas "Canosa, Javier Eduardo c/ Canal del Este S.A. y otros s/ despido"; "Malynowyc, Ignacio Javier c/ Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G. y otros s/ despido", sentencias de 6-VIII-2015 y en "Tarantino, María de los Ángeles c/ Refinería del Norte S.A. y otro s/ accidente acción civil", sentencia de 15-X-2015.
III.2.b.iii. En el caso, corresponde señalar que, tras declarar la inconstitucionalidad e inaplicabilidad al caso de la ley 24.432, en tanto modifica los regímenes arancelarios para abogados, el sentenciante propuso regular los honorarios de los profesionales intervinientes según la mentada legislación local, rebasando la estimación de los conceptos integrantes de la condena en costas la limitación porcentual (25% del monto de la sentencia) establecida en el art. 730 del Código Civil y Comercial y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. ley 24.432).
III.2.b.iv. En tales condiciones, corresponde revocar el pronunciamiento de grado en esta parcela y devolver las actuaciones al tribunal de origen para que, teniendo en cuenta los lineamientos de la doctrina legal transgredida, dicte nuevo pronunciamiento observando los límites fijados por el legislador nacional, de modo tal que la responsabilidad de la recurrente por el pago de las costas no supere el porcentaje del 25% del monto de la condena.
III.3. En cambio, entiendo que el supuesto de admisibilidad receptado en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 no se verifica respecto del restante agravio que porta el recurso bajo examen.
La doctrina en la que el compareciente sustenta esta parcela de la crítica no resulta idónea.
Me afirmo en esta conclusión porque, de un lado, los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no constituyen la doctrina legal a que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 117.869, "Videla de Maldonado", sent. de 24-II-2016; L. 119.683, "Pineda Muñoz", sent. de 14-VI-2017; L. 120.201, "Morris", sent. de 25-IV-2018; e.o.); y, de otro costado, en tanto los precedentes de este Tribunal que cita no guardan correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión, o bien no se refieren a situaciones similares, atento su distinto contenido fáctico (causas L. 119.378, "Sarmiento", sent. de 5-VII-2017; L. 119.565, "Berbere", sent. de 3-X-2018; L. 120.253, "Pastor", sent. de 2-V-2019; e.o.), resultando -por lo tanto- ineficaces para habilitar la vía extraordinaria intentada.
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar el pronunciamiento de grado en cuanto declaró la inconstitucionalidad de la ley 24.432 (modificatoria de los arts. 505 del anterior Cód. Civ. y 277, LCT), debiendo remitirse los autos al tribunal de origen para que obre de conformidad con lo dispuesto en el punto III.2.b.iv. del presente.
Costas de esta instancia por su orden, atento el progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Adhiero al voto de la doctora Kogan.
Sólo he de señalar que en el punto III.2. (y sus apartados) lo hago en tanto se corresponde con la doctrina legal que emerge de, entre otras, la causa L. 77.914, "Zuccoli", sentencia de 2-X-2002 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Bajo la siguiente aclaración, habré de adherir al sufragio emitido por mi distinguida colega doctora Kogan.
En lo tocante a la objetada declaración de inconstitucionalidad de la ley 24.432, comparto lo decidido por la ponente, pues observo que le asiste razón al interesado cuando denuncia transgredida la doctrina legal de este Tribunal (entre otras, la invocada con sustento en lo juzgado en las causas L. 77.859, "Acosta", sent. de 27-VII-2005 y L. 90.651, "Gómez", sent. de 29-VI-2011).
En cuanto al restante agravio, como lo señala la doctora Kogan, y sin perjuicio de otras consideraciones que pudiesen realizarse, la doctrina que invoca el recurrente no se vincula con la decisión aquí cuestionada.
Con el alcance indicado, así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero al voto que inicia el Acuerdo.
En ese orden, comparto la propuesta de la colega ponente de rescindir la declaración de inconstitucionalidad de la ley 24.432, de conformidad con la postura que sostuve al sufragar las causas L. 73.148, "Sciandra" y L. 75.196, "Santillán", sentencias de 12-III-2003; L. 117.427, "Caraballo", sentencia de 20-V-2015; L. 118.411, "Scartoccio", sentencia de 21-XI-2018 y L. 119.955, "Duarte", sentencia de 14-VIII-2019, a las que remito por motivos de brevedad.
Así lo voto .
Con lo que termino el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que obre de conformidad.
Las costas de esta instancia extraordinaria se imponen por su orden, atento el progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/09/2021 16:39:49 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/09/2021 12:10:10 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/09/2021 09:09:49 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/09/2021 23:17:37 - SORIA Daniel F
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.