Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127241
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Fiscalía de Estado (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; Acordada 1790 y Resol. 24/20).
Las costas se difieren para el momento en que se resuelva el mérito del recurso que se concede y la regulación de honorarios para su oportunidad.
2Rechazar los recursos extraordinarios traídos por la parte actora, el de nulidad en virtud de que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y el de inaplicabilidad de ley en tanto no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
I. En el caso, el Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Olavarría rechazó -por mayoría- la acción promovida por Gustavo Adolfo Rizzo contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, en la que procuraba el cobro de las indemnizaciones derivadas del accidente de trabajo que denunció padecer, en el marco del derecho común, imponiendo las costas al actor vencido con el beneficio de gratuidad. Luego, estimó los honorarios profesionales tomando como base regulatoria el monto reclamado en la demanda, con más los intereses a tasa pasiva digital, desde la promoción de la acción (v. vered. de 8-III-2021 y sent. de 17-III-2021).
Para así decidir, valorando los escritos constitutivos de la litis y apartándose de las conclusiones brindadas por el galeno en su informe, concluyó sobre la falta de evidencias eficientes a fin de construir la presencia de los factores atributivos de responsabilidad civil que deben concurrir para calificar jurídicamente alguna relación entre la incapacidad informada y el siniestro denunciado como ocurrido. En esa línea, destacó la absoluta orfandad probatoria en torno a la existencia misma del accidente de trabajo, al extremo que no tuvo por ofrecida prueba alguna tendiente a demostrar el hecho traumático que se denunció en el escrito liminar como acaecido.
II. Frente a lo así resuelto, la parte actora interpuso recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. escrito del 31-III-2021), los que fueron concedidos por el tribunal de grado en fecha 6 de abril de 2021, el segundo de los nombrados en el marco de la excepción contenida en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Luego, el Fisco de la Provincia de Buenos Aires interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 7-IV-2021), donde objetó que el a quo utilizara, como base regulatoria para el cálculo de los honorarios, la suma reclamada en la demanda, alegando que debió estar a aquella equivalente a la que proporcionalmente habría representado la indemnización de haber prosperado la acción. En apoyo de su postura, citó la doctrina legal de esta Suprema Corte elaborada en torno al alcance de lo dispuesto en los arts. 23 y 58 del decreto ley 8.904/77.
El tribunal denegó el recurso del Fisco con fundamento en el principio de irrecurribilidad de las decisiones dictadas en materia de honorarios (v. resol. de 12-IV-2021), dando lugar a la articulación de la vía de hecho contenida en el art. 292 del Código Procesal, Civil y Comercial (v. presentación de 21-IV-2021).
III. El recurso de queja deducido de modo directo ante esta sede de casación, debe prosperar.
III.1. Al respecto, corresponde recordar que si bien con fundamento en las normas procesales o disposiciones arancelarias que así lo expresan, esta Suprema Corte ha decidido -reiteradamente- que contra las resoluciones de los tribunales colegiados en materia de honorarios no son admisibles los recursos extraordinarios, también se ha precisado que tal limitación está referida a la regulación en sí misma, tanto respecto de su monto como a las bases o pautas ponderadas por el tribunal de grado para llegar a su determinación, dejando abierta la posibilidad de conocer en esta materia cuando los agravios se dirigen a otros aspectos que pueden ser abordados a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas Ac. 106.022, "Fornillo", resol. de 25-III-2009; L. 113.631, "Rial", resol. de 30-III-2011; L. 117.877, "Ricalde", resol. de 16-IV-2014; L. 119.547, "Adriano", resol. de 6-IV-2016; L. 121.909, "Luna", resol. de 21-XI-2018 y L. 122.685, "Sánchez", resol. de 12-VI-2019).
En el caso, tal como se anticipó, se impugna en torno a la determinación del monto a considerar a los fines regulatorios frente a una demanda íntegramente rechazada, alegándose por vía del recurso deducido el quebrantamiento de las citadas disposiciones arancelarias y de la doctrina dictada por este Tribunal a su respecto, agravioséstos cuyo análisis queda atrapado en el marco de admisibilidad del mismo (causas Ac. 86.346, "Calleri", resol. de 9-IV-2003; Ac. 94.153, "El Halcón SAT", resol. de 18-V-2005; C. 116.935, "Comité de Administración del Fideicomiso Ley 12.726/90", resol. de 7-VIII-2013; L. 101.196, "F.,S.", sent. de 18-VI-2014; L. 122.752, "Bravo", resol. de 5-VI-2019 y L. 125.683, "Morales", resol. de 10-V-2021).
III.2. No obstante lo dicho, se observa que el valor del litigio, representado por la diferencia entre la suma fijada por el tribunal interviniente en carácter de honorarios y la que pretendería se estime la impugnante sobre la base regulatoria morigerada (causas Ac. 95.112, "Cabuli", resol. de 15-II-2006 y Ac. 101.380, "De Nunzio", resol. de 15-X-2008), no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, razón por la cual la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 111.056, "Kessler", resol. de 21-VIII-2013; L. 116.525, "Rouco", sent. de 20-VIII-2014 y L. 117.666, "Madrid", sent. de 11-III-2015).
III.3. En ese contexto, corresponde verificar la existencia, o no, en el caso, de la hipótesis de excepción prevista en el citado art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653. Así pues, debe examinarse la concordancia del fallo con la doctrina de esta Corte, vigente a la fecha en que se dictó aquél y cuya violación se invoca en el recurso, análisis que excede el marco de admisibilidad del carril promovido (art. 55, ley 11.653; causas L. 117.092, "Ullua", resol. de 18-XII-2013; L. 116.902, "Bensusan", resol. de 16-IV-2014 y L. 125.683, "Morales", cit.).
IV. Sentado ello, ingresando en el estudio del recurso extraordinario de nulidad intentado por la parte actora, se observa que, a su respecto, denuncia la violación de los arts. 161, 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. En tal sentido, aduce que el pronunciamiento puesto en tela de juicio carece de fundamentación. Desde otro costado, entiende que el tribunal de grado, al expedirse, omitió ponderar los agravios desarrollados en torno al incumplimiento de las obligaciones de seguridad e higiene por parte de la aseguradora codemandada.
IV.1. En ese contexto señalado, corresponde recordar que la vía prevista en el art. 161 apartado 3 inc. "b" de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires únicamente puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. cit.; causas L. 121.277, "Jara", resol. de 7-III-2018; L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020 y L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021).
IV.2.a. En consecuencia, el embate articulado carece de andamiaje, desde que la simple lectura del libelo impugnativo da cuenta que la crítica se dirige a objetar el modo como el tribunal abordó y resolvió las cuestiones ventiladas en autos, remitiendo el planteo a la imputación de presuntos errores in iudicando , cuyo tratamiento es ajeno al acotado ámbito de actuación del carril de nulidad intentado y propio del de inaplicabilidad de ley (causas L. 122.963, "Romero", resol. de 18-IX-2019; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020 y L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020).
Cabe agregar a ello, que las alegaciones referidas a la apreciación y valoración del material probatorio, como a su deficiente examen por el tribunal de grado, no pueden ser canalizadas mediante el recurso extraordinario de nulidad, sino por conducto del de inaplicabilidad de ley (causas L. 124.188, "Moreda", resol. de 17-VI-2020 y L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021).
IV.2.b. Por otra parte, no son atendibles los argumentos concernientes a la pretendida violación del referido art. 171 de la Constitución provincial citada, desde que dicho precepto sólo se infringe cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica, de suerte que aquél aparezca sin otro sustento válido que el mero arbitrio del juzgador (causas L. 122.785, "Barreiro", resol. de 30-X-2019; L. 125.493, "Razquin", resol. de 30-XI-2020 y L. 125.924, "Contreras", resol. de 16-VII-2021), hipótesis que no concurre en el fallo atacado, en el cual las citas legales efectuadas abastecen la exigencia constitucional.
V. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el legitimado activo denuncia absurdo en la apreciación de la prueba y la violación de la doctrina legal que cita. En lo esencial, se agravia del rechazo de la demanda, en cuanto el a quo no tuvo por acreditada la existencia misma del accidente laboral.
V.1. De modo liminar, cabe señalar que -como lo indicó el juzgador de grado- el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, razón por la cual corresponde establecer la existencia o no de la hipótesis de excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020; L. 125.435, "Estévez", resol de 21-XII-2020 y L. 126.774, "Martínez", resol. de 30-VIII-2021).
V.2. En este orden, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado desde que, mediante la denuncia de violación de doctrina legal, la impugnante trae a consideración agravios relacionados a cuestiones cuya definición es privativa del sentenciante de grado y relativos a la valoración de los hechos y las pruebas, así como al supuesto absurdo en que habría incurrido el tribunal de trabajo al meritar las circunstancias probatorias de la litis (causas L. 117.762, "Elormendi", resol. de 5-III-2014; L. 120.446, "Chamas", resol. de 14-VI-2017; L. 120.677, "Merlo", resol. de 27-IX-2017; L. 125.287, "Seguel", resol. de 13-XI-2020 y L. 126.743, "Ricardini", resol. de 6-VIII-2021).
Por lo demás, cabe recordar que la jurisprudencia emanada de otros tribunales no constituye la "doctrina legal" a la que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 120.893, "Gómez", resol. de 6-XII-2017; L. 121.429, "Maravilla", sent. de 19-IX-2019 y L. 126.733, "Villalba", resol. de 17-VIII-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Fiscalía de Estado (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; Acordada 1790 y Resol. 24/20).
Las costas se difieren para el momento en que se resuelva el mérito del recurso que se concede y la regulación de honorarios para su oportunidad.
2. Rechazar los recursos extraordinarios traídos por la parte actora, el de nulidad en virtud de que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y el de inaplicabilidad de ley en tanto no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20; art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y pasen los autos a despacho.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/10/2021 09:29:49 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/10/2021 10:13:13 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/10/2021 16:16:30 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/10/2021 12:28:20 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/10/2021 08:03:42 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 20/10/2021 10:07:04 hs. bajo el número RR-1323-2021 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia