Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
I. Confirmar la Sentencia Interlocutoria N° 177/2026 (12/08/2026), en todo lo que fue materia de agravios.
II. Imponer las costas de Alzada por su orden.
III. Regular los honorarios profesionales del Dr. , letrado apoderado de la parte actora, en el 1,6% del monto del proceso, incluido el plus procuratorio, con más el IVA si correspondiere.
Trelew, 17 de noviembre de 2026.
Estos autos caratulados “ c/ . s/ Accidente de trabajo (sistémico)”
(Expte. N° 679/2026), venidos a despacho a fin de resolver el llamado de autos del 16/10/2026.
I. Mediante sentencia interlocutoria N° 177/2026 (12/08/2026), la magistrada de primera instancia no hizo lugar, por el momento, a la intimación solicitada por la parte actora para que . autorizara y realizara una nueva intervención quirúrgica reconstructiva del hombro derecho, con provisión de los materiales indicados por el médico tratante, ni a la aplicación de astreintes o remisión de antecedentes a la justicia penal.
Para así resolver, recordó que esta Sala, mediante SIL N° 25/2026, había revocado parcialmente la medida cautelar innovativa oportunamente dispuesta, dejando sin efecto lo relativo a la eventual intervención quirúrgica que indicaran los profesionales tratantes. Señaló que, tratándose de una tutela anticipada, resultaba necesario acreditar una amenaza inminente de perjuicio irreparable o de muy difícil reparación ulterior.
En ese marco, consideró que las prescripciones médicas acompañadas no permitían establecer que la postergación de la nueva cirugía pudiera ocasionar un daño irreversible o comprometer las posibilidades de recuperación del trabajador. Valoró, además, lo informado por el perito médico, quien señaló que las lesiones constatadas podían requerir eventualmente tratamiento quirúrgico, según su evolución clínica, aunque sin configurar una urgencia médica, y que los riesgos de su diferimiento se vinculaban con la persistencia del dolor y la impotencia funcional.
Asimismo, distinguió la nueva práctica quirúrgica de las prestaciones de rehabilitación posteriores a la intervención de neurolisis de plexo braquial realizada el 12/06/2026, respecto de las cuales dispuso correr traslado a la actora de la presentación efectuada por la aseguradora mediante ID 2465868, a fin de esclarecer las circunstancias relativas a su cumplimiento.
II. Por ID 2471365 (13/08/2026), la parte actora interpuso recurso de apelación. Al fundarlo, mediante ID 2476431 (18/08/2026), cuestionó, en primer lugar, la valoración del informe pericial del Dr. , por considerar que sus conclusiones resultan contradictorias y carecen de suficiente sustento científico.
Señaló que el experto reconoció la ilegibilidad de la prescripción médica acompañada y, pese a ello, descartó el carácter urgente de la intervención. Agregó que dicha conclusión fue formulada en mayo de 2026 sobre la base de una evaluación física <PER_1> <ANONIMIZAR_1> <TEXTO_ANONIMIZAR_2> <ANONIMIZAR_1> realizada en octubre de 2025, sin una nueva revisación que permitiera constatar la evolución de su cuadro clínico.
En segundo término, sostuvo que la magistrada omitió valorar adecuadamente la orden quirúrgica expedida en julio de 2026 por el Dr. , especialista en ortopedia y traumatología, en la que se consignó expresamente el carácter urgente de la intervención.
Argumentó que dicha indicación constituye un elemento médico posterior a la anterior intervención de esta Cámara y que debió ser ponderado conforme a lo señalado en la SIL N° 25/2026, en cuanto contempló la posibilidad de acreditar ulteriormente la necesidad y urgencia de una práctica quirúrgica según la evolución del cuadro y los nuevos elementos médicos incorporados.
Asimismo, cuestionó la interpretación efectuada respecto del peligro en la demora. Sostuvo que la persistencia del dolor y la limitación funcional de su miembro superior derecho constituyen circunstancias suficientes para justificar la protección cautelar, por cuanto la postergación de la intervención compromete sus derechos a la salud, a la integridad psicofísica y a una tutela judicial efectiva.
Invocó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, destacando la relevancia del criterio del médico tratante y la necesidad de evitar que la demora en el tratamiento agrave las condiciones de salud del paciente.
Finalmente, alegó que la resolución omitió considerar la relación funcional existente entre la cirugía de neurolisis de plexo braquial practicada el 12/06/2026 y la nueva intervención reconstructiva del hombro derecho. Afirmó que la falta de reparación de la estructura articular podría comprometer los resultados de la cirugía neurológica previa, frustrar las posibilidades de recuperación y ocasionar consecuencias funcionales irreversibles.
Por tales razones, solicitó la revocación de la resolución apelada y que se ordene a la aseguradora la cobertura integral y realización inmediata de la intervención quirúrgica indicada, con imposición de costas. Finalmente, mantuvo la reserva del caso federal.
III. La parte demandada no contestó el traslado de los agravios conferido el 19/08/2026.
IV. a) A fin de resolver la cuestión sometida a conocimiento de esta Alzada, corresponde examinar los antecedentes incorporados con posterioridad al dictado de la SIL N° 25/2026, tanto en lo relativo a la evolución médica del actor como a las solicitudes formuladas por las partes y las decisiones adoptadas en la instancia de origen.
i) Mediante SIL N° 25/2026 (08/05/2026), esta Sala revocó parcialmente la medida cautelar innovativa dispuesta en primera instancia, dejando sin efecto lo relativo a la eventual intervención quirúrgica que indicaran los profesionales tratantes, por no encontrarse acreditada una urgencia imperiosa que justificara su inclusión dentro de la tutela anticipada. No obstante, dejó expresamente a salvo la posibilidad de revisar dicha cuestión, conforme a los resultados de los estudios ordenados y los nuevos elementos médicos que se incorporaran al proceso.
ii) Mediante ID 2366671 (22/05/2026), la parte actora solicitó la ampliación de la medida cautelar y acompañó una prescripción del Dr. , de fecha 14/05/2026, mediante la cual indicó con carácter urgente una intervención quirúrgica de plexo braquial derecho.
iii) Asimismo, por ID 2366955 (24/05/2026), incorporó el informe de una resonancia magnética de cerebro con contraste realizada el 21/05/2026.
iv) Ante dichas presentaciones, el 26/05/2026 la magistrada de primera dispuso dar nueva intervención al perito médico, a fin de que se expidiera sobre el diagnóstico actual, la indicación quirúrgica y los riesgos derivados de su postergación.
v) Mediante ID 2370354 (27/05/2026), el perito médico Dr. informó que las lesiones constatadas en los estudios de hombro y codo podían requerir eventualmente tratamiento quirúrgico, según su evolución clínica. Sin embargo, descartó que constituyeran urgencias médicas y señaló que los riesgos de su postergación se vinculaban con la persistencia del dolor y la impotencia funcional del miembro afectado. Asimismo, manifestó que la prescripción del médico tratante resultaba ilegible, circunstancia que le impedía extraer conclusiones concretas de su contenido.
vi) Por ID 2378399 (01/06/2026), la demandada acompañó el informe de la interconsulta neuroquirúrgica realizada el 26/05/2026 en la Clínica del Valle de Comodoro Rivadavia, en la cual el Dr. indicó la realización urgente de una cirugía de plexo braquial, en atención al tiempo transcurrido.
vii) Posteriormente, mediante ID 2387636 (08/06/2026), el actor acompañó las órdenes expedidas por el Dr. para la realización de dicha intervención, programada para el 12/06/2026, y los estudios prequirúrgicos correspondientes.
viii) Con fecha 12/06/2026 se realizó la intervención de neurolisis de plexo braquial derecho en la Clínica San Miguel de Trelew. Posteriormente, el Dr. prescribió, el 18/06/2026, una resonancia magnética de hombro derecho con carácter urgente, por un cuadro de inestabilidad articular. Dicho estudio fue realizado el 25/06/2026 y su informe, acompañado por la demandada mediante ID 2422988 (30/06/2026), evidenció, entre otros hallazgos, tendinosis del supraespinoso con rotura parcial de fibras articulares posteriores y alteraciones del labrum posterosuperior sugestivas de lesión de SLAP. La realización del estudio fue reconocida por la parte actora mediante ID 2427821 (02/07/2026).
ix) Mediante ID 2427821 (02/07/2026), el actor informó que, luego de una nueva consulta con el Dr. , se había indicado un tratamiento de rehabilitación mediante diez sesiones de kinesiología, junto con medicación analgésica y asistencia psicológica. Señaló que dichas prestaciones resultaban necesarias para mejorar la movilidad del miembro superior y controlar el dolor antes de someterse a una nueva intervención quirúrgica.
x) Posteriormente, mediante ID 2437952 (16/07/2026), la parte actora solicitó la habilitación de la feria judicial y acompañó nuevas prescripciones del Dr. , quien había indicado una cirugía reconstructiva del hombro derecho para el 24/07/2026, con provisión de tres anclajes de titanio de 3 mm y uno de 5 mm, además de los correspondientes estudios prequirúrgicos. Solicitó que se intimara a . a autorizar la práctica y proveer los materiales necesarios, bajo apercibimiento de astreintes.
xi) Mediante providencia del 21/07/2026, el Juzgado de Feria rechazó la habilitación solicitada, al considerar que no se había acreditado la presentación previa de las prescripciones médicas ante la aseguradora ni una negativa, silencio o demora injustificada de esta. Asimismo, señaló que la sola programación de una intervención quirúrgica no permitía tener por configurada una situación excepcional que justificara la habilitación de la feria judicial.
xii) Por ID 2439641 (27/07/2026), el actor denunció que la ART había rechazado expresamente la cobertura de la nueva cirugía reconstructiva del hombro derecho, provocando la suspensión del turno previsto para el 24/07/2026. Acompañó comunicaciones que atribuyó a representantes de la aseguradora, según las cuales las prescripciones habrían sido recibidas el 17/07/2026 y la cirugía rechazada por auditoría médica el 22/07/2026, con fundamento en que la medida cautelar ya se encontraba cumplida. En consecuencia, solicitó que se intimara a la demandada a autorizar y reprogramar la intervención, con provisión de los materiales indicados, bajo apercibimiento de astreintes y remisión de antecedentes a la justicia penal por presunta desobediencia.
xiii) Corrido el correspondiente traslado, la demandada lo contestó mediante ID 2456279 (04/08/2026), solicitando el rechazo de la denuncia de incumplimiento. Sostuvo que había cumplido las prestaciones ordenadas mediante la realización de los estudios diagnósticos, la cirugía de plexo braquial y los tratamientos complementarios. Asimismo, señaló que la SIL N° 25/2026 había revocado expresamente el punto relativo a la eventual intervención quirúrgica, por lo que la nueva cirugía reconstructiva del hombro derecho excedía el alcance de la medida cautelar vigente y su falta de autorización no configuraba desobediencia judicial.
<ANONIMIZAR>
xiv) Posteriormente, mediante ID 2465868 (10/08/2026), la aseguradora denunció que el actor habría concurrido únicamente a cinco de las veinte sesiones de fisiokinesioterapia indicadas, pese a haberse gestionado su traslado al centro asistencial. Solicitó que se tuviera presente dicha circunstancia a los fines de garantizar la continuidad del tratamiento.
b) Delimitados así los antecedentes, corresponde señalar que la pretensión actualmente formulada por el actor presenta dos aspectos que deben ser diferenciados. Por un lado, denuncia el incumplimiento de la medida cautelar oportunamente dispuesta y solicita la aplicación de sanciones conminatorias; por otro, pretende obtener la autorización y cobertura de una nueva intervención quirúrgica reconstructiva del hombro derecho, cuya indicación médica es posterior al dictado de la SIL N° 25/2026.
Esta distinción resulta relevante, pues mientras la primera cuestión exige determinar el alcance de la orden judicial vigente, la segunda requiere examinar si los elementos médicos incorporados con posterioridad permiten tener por acreditados los presupuestos excepcionales que esta Sala consideró insuficientemente demostrados en aquella oportunidad.
En cuanto al primero de dichos aspectos, cabe recordar que mediante la SIL N° 25/2026 esta Sala dejó sin efecto la obligación cautelar relativa a la eventual intervención quirúrgica que indicaran los profesionales tratantes, manteniendo las restantes prestaciones médicas y diagnósticas allí contempladas. Por consiguiente, la nueva cirugía reconstructiva del hombro derecho no puede considerarse comprendida, sin más, dentro de los alcances de aquella decisión.
En efecto, la intervención de neurolisis de plexo braquial derecho, efectivamente realizada el 12/06/2026, constituye una práctica distinta de la cirugía reconstructiva del hombro indicada para el 24/07/2026. Esta última no había sido objeto de una orden judicial específica de cobertura, de modo que su falta de autorización no configura, por sí sola, un incumplimiento de la medida cautelar vigente que habilite la imposición de astreintes o la remisión de antecedentes a la justicia penal por desobediencia. Sin embargo, ello no impide examinar si los nuevos antecedentes médicos justifican ampliar el alcance de la tutela cautelar, posibilidad que fue expresamente contemplada por esta Sala en su anterior pronunciamiento.
En este sentido, cabe recordar que, para la procedencia de una medida cautelar —sea de no innovar o innovativa— no solo deben verificarse los presupuestos comunes a toda tutela cautelar, sino también que la misma se encuentre dirigida a evitar perjuicios que no podrían ser reparados mediante la sentencia definitiva. En otras palabras, el anticipo de jurisdicción que implica el otorgamiento de una medida de este tipo, cuando se superpone con el fondo del litigio o agota alguna de las pretensiones, exige la acreditación de una amenaza inminente de daños irreparables o de muy difícil reparación ulterior (conf. esta Sala en SIL 25/2026, con cita a Sala A, SIAU N° 03/2023, con cita a CSJN, causa “Camacho Acosta”, 7-8-97, Fallos, 320:1633, LL 1997-E-653; esta Sala, SIL N° 25/2026).
En el mismo sentido, se ha señalado que la medida cautelar innovativa —como toda tutela cautelar— requiere, para su procedencia, la concurrencia de los tres presupuestos generales: verosimilitud del derecho invocado, peligro en la demora y contracautela; a los que se suma un requisito específico propio de su naturaleza, consistente en la acreditación de la posibilidad de un perjuicio irreparable o de muy difícil reparación ulterior (conf. esta Sala en SIL 25/2026, con cita a Sala B, SIE N° 01/2014; esta Sala, SIL N° 25/2026). Al respecto, se advierte que, con posterioridad al dictado de la SIL N° 25/2026, se produjeron circunstancias relevantes para la evaluación del cuadro clínico del trabajador. En particular, se concretó la intervención de plexo braquial, se realizó una nueva resonancia magnética de hombro derecho y el profesional tratante indicó una cirugía reconstructiva, con individualización de los materiales necesarios y una fecha prevista para su realización.
Tales elementos permiten tener por acreditada, con el grado de provisionalidad propio de esta etapa, la existencia de una indicación médica concreta respecto de la nueva práctica solicitada. Sin embargo, no resultan suficientes, por sí solos, para establecer que su postergación pueda ocasionar un daño irreversible, comprometer las posibilidades de recuperación del actor o generar un perjuicio de muy difícil reparación ulterior. En este punto, corresponde destacar que las lesiones del hombro derecho ya habían sido examinadas por esta Sala en la SIL N° 25/2026, oportunidad en la que se valoraron los estudios que daban cuenta de una lesión de Hill-Sachs, rotura del labrum, compromiso del tendón del bíceps y tendinosis del supraespinoso, entre otras alteraciones. Si bien la resonancia magnética del 25/06/2026 aporta nuevos elementos sobre el estado de dichas estructuras, no contiene una valoración específica acerca de las consecuencias que podría ocasionar la demora en la intervención quirúrgica.
Por otra parte, el informe del perito médico Dr. , producido mediante ID , reconoció que las lesiones constatadas podían requerir tratamiento quirúrgico, aunque descartó su carácter urgente. No obstante, dicho dictamen fue elaborado con anterioridad a la intervención de plexo braquial del 12/06/2026 y a las nuevas indicaciones médicas, circunstancia que impide considerarlo suficiente, por sí solo, para determinar las consecuencias que actualmente podría ocasionar la postergación de la cirugía reconstructiva.
En igual sentido, si bien el recurrente sostiene que la falta de reparación de las estructuras articulares del hombro podría comprometer los resultados de la intervención <PER> <DNI_1> neurológica previamente realizada, no se advierte que dicha afirmación encuentre, por el momento, respaldo suficiente en un informe médico específico que establezca la relación entre ambas prácticas y precise los riesgos concretos derivados de la demora. Así, aun cuando la documentación acompañada da cuenta de la persistencia de lesiones y de la indicación de una nueva intervención, consideramos que resulta necesario contar con mayores elementos de prueba que permitan determinar, con suficiente sustento técnico, si la cirugía reconstructiva reviste un carácter impostergable y, particularmente, si su diferimiento podría comprometer seriamente las posibilidades de recuperación del trabajador o provocar consecuencias irreversibles en su salud.
En este sentido, corresponde distinguir entre la celeridad con la que el profesional tratante considera conveniente abordar quirúrgicamente las lesiones del actor y la concurrencia de los presupuestos que habilitan a imponer cautelarmente a la aseguradora la cobertura de dicha intervención. En efecto, la indicación médica de realizar una práctica en un plazo determinado, aun cuando responda a criterios terapéuticos atendibles, no permite tener por configurada, sin más, la urgencia exigida para el dictado de una medida cautelar innovativa, particularmente cuando esta importa anticipar el cumplimiento de una prestación que constituye materia de controversia.
Precisamente, en el excepcional marco de las medidas anticipatorias, corresponde a quien solicita la tutela acreditar, con elementos objetivos y suficientes, que la postergación de la intervención puede ocasionar un perjuicio irreparable o de muy difícil reparación ulterior. Tal extremo, como ya se señaló en la SIL N° 25/2026, no se satisface con la sola prescripción de la práctica quirúrgica ni con su programación para una fecha próxima, sino que requiere demostrar las consecuencias concretas que su diferimiento podría producir sobre la salud y las posibilidades de recuperación del trabajador. Y es justamente esta circunstancia la que, pese a la nueva documentación médica incorporada, no se encuentra suficientemente acreditada en el estado actual de las actuaciones. Ello no implica desconocer la relevancia de la indicación efectuada por el médico tratante ni del dolor y las limitaciones funcionales denunciadas por el actor. Sin embargo, su valoración, a los fines de la tutela pretendida, requiere contar con elementos médicos que permitan establecer las consecuencias concretas de la postergación de la práctica y determinar si existe un riesgo de perjuicio irreparable o de muy difícil reparación ulterior. En definitiva, los elementos incorporados no alcanzan para tener por suficientemente acreditadas las circunstancias excepcionales que justificarían ampliar el alcance de la tutela cautelar oportunamente delimitada.
Por consiguiente, corresponde confirmar la resolución apelada, sin que ello importe expedirse sobre la necesidad o conveniencia médica de la intervención solicitada ni sobre la obligación sustancial de cobertura que pudiera corresponder a la aseguradora. Ello, sin perjuicio de que, una vez incorporados nuevos elementos médicos que permitan esclarecer la urgencia de la práctica y las consecuencias concretas de su postergación, la cuestión pueda ser nuevamente examinada por la magistrada de grado, atendiendo a la evolución del cuadro clínico del actor y a la naturaleza provisional y modificable de las medidas cautelares.
En consecuencia, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmar la Sentencia Interlocutoria N° 177/2026 (12/08/2026).
VI. En cuanto a las costas de Alzada, se imponen por el orden causado en razón de no existir contradictorio (art. 69, segundo párrafo, del CPCC).
En cuanto a los honorarios profesionales, corresponde regular los del Dr. , letrado apoderado de la parte actora, en el 1,6% del monto del proceso, incluido el plus procuratorio, con más el IVA si correspondiere (conf. arts. 5, 6, 8, 13, 26 y 46 de la Ley XIII N° 4).
Por ello, la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones de Trelew, RESUELVE:
I. CONFIRMAR la Sentencia Interlocutoria N° 177/2026 (12/08/2026), en todo lo que fue materia de agravios.
II. IMPONER las costas de Alzada por su orden.
III. REGULAR los honorarios profesionales del Dr. , letrado apoderado de la parte actora, en el 1,6% del monto del proceso, incluido el plus procuratorio, con más el IVA si correspondiere.
IV. REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.
Suscripta digitalmente por los Jueces de Cámara:
- Dr. Guillermo WALTER (PRESIDENTE)
- Dr. Marcelo PERAL (JUEZ DE CÁMARA)
Registrada como Sentencia Interlocutoria N° 76 / 2026 - SIL.
- Dra. Florencia CESARI (Secretaria de Refuerzo)
Fin de la sentencia