Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaA) confirmar la sentencia apelada.
B) imponer las costas de la alzada al actor vencido (arts. 57 de la Ley XIV Nro. 1 y art. 69 del CPCC), regulando los honorarios de la Dra. , en un 5,04% del monto del proceso y con más el IVA si correspondiere, sin regular honorarios al letrado del actor en virtud del pacto de cuota Litis homologado en autos (arts. 5, 6, 7, 8, 13, 18 y 46 de la Ley XIII nro. 4).
C)
En la ciudad de Trelew, a los 18 días de noviembre del año dos mil veintiséis, se reúne la “Sala 1” de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia de la Dra. Florencia Cordón Ferrando y la presencia del Sr. Juez de Cámara Dr. Diego Eduardo Ferreyra, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: “ . A. s/ Accidente de trabajo (sistémico)” (Expte. Nro. 445 - Año 2026 CAT), venidos en apelación y expedirse en orden al sorteo practicado. La Magistrada y el Magistrado resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?, SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
. A LA PRIMERA CUESTIÓN, la Dra. Florencia Cordón Ferrando expresó:
1. Vienen a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones con motivo de la apelación interpuesta por el accionante contra la sentencia definitiva de fecha 07/07/2026 que declaró la inconstitucionalidad de los arts. 8 -inc. 3-, 21,22 y 46 de la Ley 24.557 así como de cualquier otra norma que implique la obligatoriedad de actuaciones de la actora ante órganos distintos a los pertenecientes al Poder Judicial dela Provincia del Chubut para demandar y percibir las indemnizaciones por la incapacidad laborativa determinada en autos y rechazó en todas sus partes la demanda entablada por en contra de ., con costas del proceso a cargo del actor vencido.
La expresión de agravios se presentó mediante escrito digital (ID 2432171) la que fue contestada por la contraria por ID 2449246.
2. Sentencia.
El Juez de Refuerzo, tras declarar la inconstitucionalidad de las normas referidas, precisó que el accionante reclamó el reconocimiento de la incapacidad que padece proveniente de una enfermedad profesional que le produjo una lesión en su visión — queratoconjuntivitis— cuya primera manifestación invalidante acaeció el 06/02/2025; mientras que la demandada sostuvo que aquella lesión era de origen inculpable al no encontrarse listada.
Manifestó que, a los fines de dilucidar la controversia, contaba con la pericia médica efectuada por el Dr. —y la respuesta a la impugnación brindada por el profesional mediante — quien, tras efectuar examen físico del actor y considerar los estudios médicos complementarios acompañados, dictaminó que el trabajador padece queratoconjuntivitis crónica bilateral y pterigion bilateral incipiente y determinó la relación de causalidad adecuada entre las afecciones y el ambiente de tareas denunciado en la demanda.
Seguidamente, aclaró que, no obstante las conclusiones arribadas por el perito referidas a la existencia de queratoconjuntivitis crónica bilateral y pterigion y su vinculación causal <PER_1> <TEXTO_ANONIMIZAR_1> <TEXTO_ANONIMIZAR> <PAT_1> con la exposición a radiación ultravioleta y al clima marítimo durante más de una década, dicha premisa no encontraba respaldo en las constancias objetivas de la causa. Fundó esa afirmación en que la prueba documental acreditaba únicamente una relación laboral del actor con . desde octubre de 2024 y que la Libreta de Embarque solo reflejaba un período acotado de servicios, sin que existieran otros elementos de prueba (documental, testimonial ni informativa) que logre retrotraer el historial laboral del trabajador a la década de exposición invocada como génesis de la enfermedad profesional crónica.
Añadió que el actor no acompañó la Libreta de Embarque completa, pese a la expresa intimación judicial al efecto, instrumento que resultaba fundamental para acreditar los embarcos históricos y las labores desempeñadas de marinero durante los años alegados, y desistió de la prueba informativa dirigida a Prefectura Naval Argentina, destinada a reconstruir sus antecedentes de embarco y salud ocupacional. De tal manera –dijoimpidió la acreditación fehaciente de la plataforma fáctica invocada.
Advirtió la ausencia de antecedentes médicos contemporáneos al período denunciado (certificado médico, historia clínica o constancia de atención oftalmológica), destacando que el único informe oftalmológico acompañado databa de octubre de 2025.
En tales condiciones, consideró que los escasos meses de actividad laboral acreditados –reducidos a cuatro meses- es inapto para sustentar la pretensión, lo que no implica afirmar dogmáticamente que dicho lapso sea insuficiente para provocar la patología, sino que tal extremo no guarda congruencia con la plataforma fáctica invocada.
Expresó que la guía de actuación y Diagnóstico de Enfermedades Profesionales de la SRT, acompañada con la demanda, cataloga a la queratoconjuntivitis y al pterigion como afecciones de carácter crónico, cuyo desarrollo exige una exposición prolongada frente a los agentes de riesgo, sin que la autoridad de aplicación fije normativamente un período cronológico tasado. No obstante ello –dijo- lo determinante para el rechazo de la demanda es que en la misma se alegó que la dolencia era el resultado directo de más de diez años de labor como marinero y el perito asentó su juicio de causalidad tomando como válida dicha premisa.
Sostuvo que, en consecuencia, pretender atribuir la génesis y consolidación de esa patología a apenas cuatro meses, implicaría un apartamiento palmario de los términos de la traba de la litis.
En síntesis, el Magistrado concluyó que la falta de acreditación de ese presupuesto fáctico impedía otorgar eficacia causal al dictamen pericial y justificaba el rechazo de la acción, sin que ello implicara desconocer el principio protectorio ni la regla in dubio pro operario, los que no permiten suplir la ausencia de prueba sobre los hechos constitutivos de la pretensión.
<TEXTO_ANONIMIZAR>
3. Agravios.
El recurrente precisa que la sentencia no rechazó la acción por inexistencia de la enfermedad, de la incapacidad ni del nexo causal médico, extremos que resultaron acreditados mediante la pericia oficial.
Afirma que la sentencia rechazó la demanda, pese a las conclusiones periciales, por considerar insuficientemente acreditada la prolongada exposición laboral invocada, otorgando especial relevancia a la falta de acompañamiento de la libreta completa de embarque y al desistimiento del informe requerido a la Prefectura Naval Argentina. Sostiene que de ese modo el fallo desplazó el eje del litigio, pues dejó de analizar la enfermedad profesional acreditada mediante la pericia y pasó a considerar determinante la acreditación de una determinada cantidad de años de exposición.
Realiza una distinción entre la aptitud de la radiación ultravioleta para producir enfermedades oculares en trabajadores de la pesca y la acreditación, en el caso concreto, de la exposición del actor y de su incidencia causal en la enfermedad. Señala que el primer aspecto ya se encuentra contemplado por el Decreto 658/96, que incluye a las radiaciones ultravioletas como agente de riesgo, contempla las afecciones oculares derivadas de ellas y reconoce entre las actividades expuestas los trabajos a la intemperie desarrollados en la pesca.
Seguidamente, y como primer agravio, afirma que el Magistrado interpretó equivocadamente el Decreto 658/96, al haber otorgado la sentencia al tiempo de exposición ocupacional un carácter decisivo que, a su entender, no surge del régimen legal. Afirma que ni la Ley 24.557, ni el Decreto 658/96, ni la Guía de Actuación y Diagnóstico de Enfermedades Profesionales de la SRT establecen un período mínimo de exposición como requisito para el reconocimiento de la enfermedad.
Manifiesta que la normativa identifica el agente de riesgo, las enfermedades que puede producir y las actividades en las que puede presentarse, mientras que la determinación de si la exposición concreta fue suficiente para provocar la enfermedad constituye una cuestión médica que debe ser resuelta mediante la prueba pericial. Añade que el tiempo de exposición puede ser ponderado por el experto junto con otros factores, pero no transformarse en un presupuesto jurídico autónomo capaz de neutralizar una conclusión médica favorable.
Como segundo agravio, cuestiona el apartamiento de las conclusiones de la pericia médica oficial. Destaca que el experto examinó personalmente al actor, realizó la evaluación oftalmológica, describió los hallazgos clínicos, explicó el mecanismo fisiopatológico y respondió los puntos de pericia, concluyendo que el cuadro de queratoconjuntivitis crónica bilateral con pterigion incipiente resultaba compatible con la exposición ocupacional propia de sus tareas, determinando un 12,20 % de incapacidad. Refiere que el dictamen no fue desvirtuado mediante otra pericia, ni se señalaron contradicciones internas, errores metodológicos o fundamentos científicos que permitieran apartarse de sus conclusiones. Afirma que la sentencia, en lugar de cuestionar técnicamente el dictamen, sustituyó el criterio del especialista por una apreciación jurídica vinculada con la duración de la exposición, privando así de eficacia a una prueba de naturaleza eminentemente científica.
En tercer lugar, se agravia de la errónea valoración de la prueba relativa a la exposición laboral, pues considera que la sentencia examinó aisladamente la falta de la libreta completa de embarque y el desistimiento del informe dirigido a la Prefectura Naval Argentina, sin efectuar una valoración conjunta e integral de las restantes constancias de la causa.
Señala que se encontraba acreditado que el actor desarrolló tareas en la actividad pesquera, promovió el procedimiento administrativo correspondiente por enfermedad profesional, la contingencia fue rechazada por la aseguradora y durante el proceso se produjo una pericia médica oficial que constató la enfermedad, determinó incapacidad y explicó su compatibilidad con la exposición ocupacional. Sostiene que no resulta razonable que, aun encontrándose acreditados dichos extremos, la pretensión fracase exclusivamente por no haberse reconstruido documentalmente toda la historia laboral del trabajador.
Finalmente, sostiene que la demanda fue rechazada porque la sentencia atribuyó a la extensión temporal de la exposición una relevancia decisiva que el régimen legal no contempla. Afirma que ello altera el funcionamiento del sistema de enfermedades profesionales previsto por la Ley 24.557 y el Decreto 658/96, al subordinar la eficacia de la prueba médica a un requisito que no integra la estructura normativa aplicable. Por todas esas razones, solicita que se revoque íntegramente la sentencia apelada y se haga lugar a la demanda.
4.Contestación de agravios.
La demandada, al responder los agravios, manifiesta que el planteo del actor parte de una premisa equivocada.
Señala que el actor denunció la primera manifestación invalidante el 6/02/2025, en el marco de la relación laboral con ., iniciada en octubre de 2024, y que de las constancias de embarco y desembarco aportadas surge que solo estuvo expuesto durante 61 días.
Destaca que, frente a ese reducido período, el actor invocó una antigüedad de más de diez años como marinero y una exposición permanente al sol y a las inclemencias climáticas, extremo que no fue acreditado. Afirma que el tiempo y las condiciones de exposición constituyen factores relevantes para determinar el origen causal laboral, <TEXTO_ANONIMIZAR> especialmente tratándose de una patología que no responde a un único agente y de una exposición a radiación ultravioleta que también se produce fuera del ámbito laboral. Cita, en tal sentido, la Res. SRT 460/08 y la Res. SRT 37/10.
Sostiene que el perito médico atribuyó el cuadro crónico a los supuestos diez años de actividad como marinero, por lo que, no acreditado ese antecedente, también pierde sustento su razonamiento causal. Agrega que tampoco se acreditó cuál era el puesto desempeñado por el actor durante los 61 días de embarco, circunstancia relevante para determinar el grado de exposición. Asimismo, invoca el Decreto 658/96, el Decreto 49/14 y la Res. 295/03, para señalar que las condiciones de exposición al agente de riesgo constituyen una cuestión técnico-científica y que no resulta posible presumir el nexo causal por la sola circunstancia de tratarse de una actividad comprendida entre aquellas con posible exposición a radiación ultravioleta.
Añade que tampoco fue acreditada la primera manifestación invalidante, extremo que considera determinante para establecer la cobertura de la ART, máxime cuando el propio actor afirmó haber estado expuesto durante más de diez años, pero solo acreditó algunos meses bajo la relación laboral de autos. Invoca el art. 47 de la LRT y sostiene que, ante una enfermedad desarrollada a través del tiempo y durante distintas relaciones laborales, resulta necesario determinar cuándo se produjo la primera manifestación invalidante para establecer la cobertura correspondiente.
Afirma que en autos no existe constancia objetiva de dicho momento, pues la denuncia fue efectuada por el propio trabajador y no se acompañaron certificados médicos, registros asistenciales, testimonios ni otros elementos que permitan corroborarla. Finalmente, sostiene que la ausencia de exámenes preocupacionales o periódicos no permite presumir el origen laboral de la enfermedad, dado el carácter eventual o discontinuo de la actividad pesquera y el régimen de control sanitario a cargo de Prefectura Naval Argentina, citando en apoyo a su postura la SDL N° 28/2026 de la Sala 2 de esta Cámara de Apelaciones.
En definitiva, sostiene que frente a la orfandad probatoria existente no cabe otra solución que el rechazo de la demanda.
5.Tratamiento de los agravios.
Para resolver, cabe precisar que el actor reclamó la determinación de incapacidad laboral definitiva como consecuencia de la enfermedad laboral —queratoconjuntivitis—, invocando sus tareas como marinero embarcado por más de 10 años, tiempo en el cual se vio expuesto a múltiples factores —rayo de sol, vientos y agua salada, frío y condiciones climáticas extremas durante prolongadas jornadas de pesca—.
Afirmó que la patología que sufre —inflamación de la córnea, sequedad ocular, picazón, lagrimeo, pegoteo en los ojos, fotofobia, encandilamiento y visión borrosa— se encuentran directamente relacionadas con sus tareas laborales y ambiente de trabajo riesgoso, de acuerdo a los lineamientos reconocidos, incluso, por la SRT.
Con la demanda acompañó como prueba documental el telegrama remitido a la ART denunciando la enfermedad, la comunicación del rechazo por parte de la aseguradora, la guía de actuación y diagnóstico de enfermedades profesionales emitida por la SRT, constancia emitida por ARCA sobre las remuneraciones percibidas por el actor —de octubre de 2024 a enero 2025— y Libreta de embarque del actor —por el período de octubre 2024 a febrero 2025—.
A su turno, la demandada efectuó las negativas procesales puntuales de rigor, especialmente, en lo que aquí importa, las tareas y condiciones de trabajo descriptas en la demanda.
Alegó que la denuncia de siniestro fue cursada por el trabajador sin estudios de respaldo, ni evidencia alguna de que hubiera requerido atención médica por afección oftalmológica alguna y que aquélla fue rechazada por la ART, toda vez que la patología invocada no se encontraba entre las enfermedades cubiertas (Dec. 658/96), ni el actor figuraba declarado como expuesto a agentes de riesgos capaces de provocarla. El perito médico designado —Dr. — , tras haber examinado el estudio oftalmológico realizado sobre el actor en fecha 09/10/2025, concluyó que “el trabajador presenta un cuadro clínico compatible con queratoconjuntivitis crónica bilateral y pterigion incipiente, afecciones oculares que guardan relación causal directa con la exposición ambiental intensa y prolongada propia de su labor como marinero a bordo del buque “Santorini”, perteneciente a la empresa .
Durante más de una década de trabajo en altamar, el actor se ha visto expuesto de manera continua a factores nocivos como la radiación ultravioleta, el viento frío y salino, el reflejo solar sobre la superficie marina y el contacto con alérgenos proteicos derivados del pescado. Estas condiciones, combinadas con jornadas extensas y ausencia de medidas adecuadas de protección ocular, han producido una irritación crónica de la conjuntiva y de la superficie corneal, con síntomas persistentes de fotofobia, lagrimeo, ardor, enrojecimiento ocular y sensación de cuerpo extraño. El examen físico oftalmológico demuestra hiperemia conjuntival difusa, congestión perilímbica, ruptura precoz del film lagrimal y signos iniciales de pterigion en ambos ojos, con agudeza visual conservada (10/10 en ambos ojos). La biomicroscopía confirma una inflamación ocular crónica de tipo irritativo, sin lesiones ulcerativas ni compromiso del fondo de ojo. Desde la perspectiva médico-legal, el cuadro presenta carácter crónico, ocupacional y secuelar, vinculado a la exposición prolongada a agentes ambientales dañinos…En síntesis, el Sr. presenta una patología ocular profesional crónica directamente relacionada con su exposición laboral marítima, caracterizada por <TEXTO_ANONIMIZAR_2> inflamación conjuntival persistente y pterigion bilateral incipiente. El cuadro genera limitación funcional leve pero permanente, configurando una incapacidad parcial y definitiva del 12,2 % de la Total Obrera, de origen estrictamente laboral y ambiental, en el marco de las tareas desempeñadas a bordo de buques pesqueros en condiciones climáticas extremas”. (ID 2101399, los subrayados me pertenecen).
La ART mediante ID 2114722 impugnó el dictamen por no existir referencia a si el actor recibió o no tratamiento médico, motivo por el cual desconocía si existió falta de respuesta terapéutica que justificara la valoración otorgada. Agregó que no se estableció una relación de un nexo causal único y directo entre las labores desempeñadas por el actor y la patología diagnosticada, razón por la cual estimaba que el porcentaje de incapacidad concedido carece de fundamento científico.
El perito respondió la impugnación mediante ratificando el origen, evolución y consolidación del cuadro, así como la relación causal con las condiciones ambientales propias del trabajo marítimo desempeñado por el actor y la incapacidad establecida en su informe.
Reseñado del modo más sucinto posible los antecedentes de la causa, adelanto que propondré al Acuerdo se confirme la sentencia de primera instancia que desestimó la demanda.
Ello así, pues, tal como lo puso de resalto el Magistrado de Primera Instancia, pese a que el actor esgrimió en la demanda tareas de marinero embarcado por más de 10 años, sólo se encuentran fehacientemente acreditados cuatro meses de dicho tipo y condiciones de tareas (10/2024 al 01/2025). Así, no se encuentra debidamente acreditada la plataforma fáctica invocada en la demanda, a la cual el propio actor atribuyó el origen y la consolidación de la dolencia.
Cabe precisar que la carga de acreditar la prolongada exposición del trabajador a los factores nocivos para su salud recaía sobre la propia parte, en virtud de lo dispuesto por el art. 381 del CPCC, de aplicación supletoria conforme al art. 44 de la Ley XIV N° 1. En este punto ha sido particularmente negligente el actor, ya que no acompañó la Libreta de Embarque en forma completa (pese a haber sido intimado al efecto) y desistió expresamente de la prueba informativa dirigida a Prefectura Naval Argentina, ambos medios probatorios que resultaban idóneos para reconstruir el historial marítimo del actor. Por su lado, tal como surge de la transcripción del dictamen, el perito fundó el vínculo causal de la enfermedad dando por cierto que el Sr. estuvo expuesto durante más de una década al trabajo de altamar, lo que consideró con “una exposición ambiental intensa y prolongada propia de su labor como marinero”.
En consecuencia, el sentenciante valoró adecuadamente la pericia médica al restarle eficacia probatoria respecto al vínculo causal, ya que no es posible, a partir del dictamen, <PAT_1> afirmar que la queratoconjuntivitis que presenta el actor tiene su origen y consolidación en los escasos cuatro meses de labor en altamar que se encuentran acreditados. Y no se trata aquí de otorgar al tiempo de exposición una relevancia jurídica decisiva que el régimen legal no le atribuye, como afirma el recurrente. La propia Guía de Actuación y Diagnóstico de Enfermedades Profesionales de la SRT acompañada por el actor cataloga a la afección como de carácter crónico y, si bien no determina un plazo específico, exige una exposición prolongada frente a los agentes de riesgo. La pericia no permite determinar que una exposición de cuatro meses fuera suficiente para originar y consolidar la enfermedad y no es posible ni razonable inferir dicha conclusión.
En suma, la pericia, únicamente, permite tener por demostrado que el Sr. padece la queratoconjuntivitis invocada, pero no el vínculo casual directo con las tareas que el actor dijo desempeñar por más de diez años.
Por ello, no advierto arbitrariedad en la valoración de la prueba pericial médica por parte del Magistrado sino que, por el contrario, la descalificación de su eficacia probatoria respecto a la génesis y consolidación de la enfermedad luce ajustada a la sana crítica (art. 390 CPCC) y a las posiciones asumidas por las partes en sus escritos de inicio. Tal como expuse en mi voto en la SDL 17/2025 de esta Sala, los jueces no se arrogan facultades que le son ajenas, sino que realizan una valoración de la prueba rendida en autos. Y, en este sentido, es dable recordar que los dictámenes periciales, en nuestro sistema, no revisten el carácter de prueba legal y están sujetos a la valoración de los/as jueces/zas con arreglo a las pautas del artículo 477 del C.P.C.C.N., esto es, teniendo en cuenta la competencia del perito, los principios científicos o técnicos en que se fundan, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica, las observaciones formuladas por los letrados y los demás elementos de convicción que la causa ofrezca (CNAT, Sala VIII “R. H. M. S. c/ Galeno ART S.A. s/ accidente – ley especial”, 22/10/2024; MJ–JU–M–153941–AR||MJJ153941).
Como es sabido, la opinión del perito nunca podría sustituir a la del/a juez/a y sólo lo asesora en aspectos eminentemente técnicos, situación ésta que se acentúa aún más en una cuestión de derecho efectuada a través del análisis de la totalidad del material probatorio (CSJN, “Riganti, Analía N.D y otro c/ Zamboni, Adriana y otros. s/ recurso de inconstitucionalidad”, 29/3/2011, IdSAIJ: SUJ0037838, citado en mi voto en SDC 25/2024 CAT Sala A).
No debe eludirse que el juicio de causalidad es siempre jurídico. De modo que para determinar el carácter indemnizable de una secuela no basta con que ésta haya sido comprobada por el perito, sino que es necesario que en el caso se presenten elementos de juicio suficientes que demuestren el nexo causal de la patología con el evento dañoso (confr. CNTrab. Sala V; “Faciolo, Luis Francisco vs. Productores de Frutas ART s. Recurso Ley 27348”, 17/10/2024, Rubinzal Online; RC J 11413/24), lo cual, como vengo diciendo, no observo aquí presentes.
Por lo expuesto, concluyo que no resulta posible establecer la relación causal entre la queratoconjuntivitis que padece el actor y los escasos meses de labor efectivamente acreditados, tal como pretende el recurrente.
Por otro lado, admitir ese planteo supondría modificar la plataforma fáctica introducida en la demanda, con la consecuente afectación del principio de congruencia procesal y del derecho de defensa de la aseguradora demandada.
En este aspecto, es preciso recordar aquí que el principio de congruencia exige la estricta adecuación del pronunciamiento judicial a las cuestiones articuladas en la pretensión del actor y en la oposición del demandado o en los escritos presentados por cualquiera de las partes con motivo de algún incidente suscitado durante el curso del proceso (conf. Palacio, Lino Enrique y Alvarado Velloso, Adolfo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, t. II, p. 114).
Alsina expresa que la decisión debe ser con arreglo a las acciones deducidas en juicio, es decir, que debe haber conformidad entre la sentencia y la demanda, en cuanto a las personas, el objeto y la causa, porque el juez no puede apartarse de los términos en que ha quedado planteada la litis en la relación procesal. Ello porque con la contestación de la demanda se integra la relación procesal sustancial, lo que produce dos efectos fundamentales: quedan fijados los sujetos de la relación y las cuestiones sometidas al pronunciamiento del juez, sin que desde este momento ni las partes ni el juez puedan modificarla (Alsina Hugo, Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, Segunda Edición, 1961, Tomo IV, p. 92 y ss).
En ese sentido, el Superior Tribunal de Justicia local expresó que ha de cuidarse celosamente que las resoluciones judiciales se adecuen al postulado de congruencia, lo que impone lograr que medie una conformidad entre el contenido de aquellas y el objeto de peticiones -pretensiones y oposiciones que delimitan el tema de decisión-. La comparación entre lo reclamado y lo decidido, debe guardar una estricta correspondencia. Cuando la resolución se aparta de la materia que fijaron las partes se menoscaba el aludido requisito. Este postulado se proyecta desde el triple punto de vista: sujeto, objeto y causa (S.T.J, SD 09/S.R.E./07).
Si bien en el proceso laboral la constitución de la relación jurídico procesal no es tan estricta como en el civil, no por ello deja de tener vigencia la regla procesal que ordena al tribunal «tomar por base en la sentencia la exposición de los hechos contenidos en los escritos de demanda y contestación o de ampliación en su caso», desde que, además, la demarcación del thema decidendum concede a las partes la oportunidad de considerar de qué defenderse y qué probar para hacer posible la garantía de ser oídos y cómo establecer la estrategia de defensa y de prueba, esto es, ganar el caso judicial (Conf. Serrano Alou, Sebastián, en: “La prueba en el proceso laboral a la luz del principio protectorio y la facilitación de la prueba. In dubio pro operario, inversión de la carga de la prueba y carga dinámica de la prueba” (Cita: MJ-DOC-4438-AR | MJD4438.).
Por último, señalo que la solución que aquí se propicia en modo alguno vulnera los principios protectorios e in dubio pro operario. Ello pues, como señaló recientemente la Sala II de la CNAT, si bien en materia laboral resultan aplicables las cargas probatorias dinámicas, el principio in dubio pro operario, la primacía de la realidad y la valoración de la prueba indiciaria, tales herramientas no relevan al trabajador de aportar elementos de convicción razonablemente compatibles con la mecánica del infortunio denunciado, sino que operan cuando los extremos esenciales del relato encuentran algún respaldo probatorio y subsisten dudas razonables, lo cual aquí no acontece (confr. CNTrab. Sala II, “Castillo Cohene, Cirilo vs. Prevención ART S.A. s. Recurso Ley 27348”, 02/07/2026; Rubinzal Online; RC J 6111/26, citado en mi voto en SDL 45/2026).
En definitiva, considero que el actor no logró demostrar los presupuestos fácticos invocados sobre el origen laboral de la incapacidad que padece por queratoconjuntivitis crónica, todo lo cual era su carga acreditar (art 44 de la Ley XIV Nro. 1 y art 381 del CPCC).
Por todas las razones expuestas, propicio al Acuerdo el rechazo de los agravios y la confirmación de la sentencia venida en apelación.
6. Conclusión: Por los fundamentos dados, considero que la sentencia apelada debe ser confirmada en todas sus partes, con costas al actor vencido (conf. arts. 57 de la Ley XIV Nro. 1 y art. 69 del CPCC).
Finalmente, en atención a la calidad y resultado de los trabajos profesionales cumplidos en esta instancia, propongo que los honorarios dela letrada apoderado dela parte demandada, Dra. , se regulen en un 5,04% sobre el monto del proceso y con más el IVA si correspondiere, sin regular honorarios al letrado del actor por existir pacto de cuota Litis homologado en autos (arts. 5, 6, 7, 8, 13, 18 y 46 de la Ley XIII nro. 4).
Termino mi intervención, entonces, pronunciándome en la presente cuestión POR LA AFIRMATIVA.
I. A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Dr. Diego Ferreyra dijo:
1.-En los términos del artículo 2° de la Ley V N° 203 que habilita al magistrado a remitirse a los antecedentes ya reseñados, y a fin de evitar reiteraciones innecesarias, adhiero y comparto lo expuesto por la Dra. Florencia Cordón Ferrando en los puntos 1., 2., 3. y 4. de su voto, conteniendo los mismos una adecuada descripción de la sentencia recurrida y de los agravios formulados por el accionante y su réplica por la demandada. 2.-Dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 169 de la Constitución de la Provincia del Chubut, adelanto que coincido con la solución propuesta por la Magistrada preopinante de rechazar los agravios articulados por el actor confirmando la sentencia recurrida que desestimó la demanda por enfermedad profesional. Adhiero así a las consideraciones expuestas en su voto en el punto 5., así como la conclusión del punto 6. 3.-A los sólidos fundamentos desarrollados por la Dra. Cordón Ferrando, solo habré de añadir las siguientes consideraciones.
Como precisó mi colega de Sala, la plataforma fáctica sobre la cual el Sr. sustentó su acción contra la ART se basó en haber desarrollado tareas laborales durante más de diez años expuesto a diversos factores de riesgo, tales como la radiación solar, los vientos, el agua salada, las bajas temperaturas y las condiciones climáticas extremas durante extensas jornadas de pesca, circunstancias que habrían provocado la queratoconjuntivitis que padece.
En ese contexto, coincido con el magistrado de grado y con la magistrada preopinante en cuanto a que la prueba incorporada al proceso —la Libreta de Embarque acompañada como documental y la informativa dirigida a ARCA— resulta insuficiente para acreditar la exposición prolongada a dichos agentes durante más de una década. En efecto, de tales constancias únicamente surge que el actor se desempeñó como marinero durante algunos meses, extremo que llega firme a esta instancia por no haber sido objeto de agravio. De tal modo, la ausencia de prueba del presupuesto fáctico invocado por el accionante —que cabe añadir, no cuestiona a lo largo de sus agravios—, necesariamente habrá de repercutir en su contra pues le correspondía la acreditación de la exposición prolongada a los agentes nocivos para su salud, conforme a las reglas sobre distribución de la carga probatoria previstas en el art. 381 del CPCC, aplicable supletoriamente por remisión del art. 44 de la Ley XIV N° 1.
En este punto debo recordar, como lo hice al votar en la SDL 45/2026 de esta Sala 1 que la carga de la prueba constituye un imperativo del propio interés, que pesa sobre cada litigante respecto de los hechos que constituyen el presupuesto de la norma cuya aplicación pretende. También en el proceso laboral rigen las reglas generales del onus probandi, sin perjuicio de las particularidades propias de la materia y del principio protectorio.
El Superior Tribunal de Justicia ha dicho al respecto que: “La formación del material de conocimiento en el proceso, constituye una carga para las partes y condiciona la actuación del juez: secundum allegata et proba quien alega un hecho debe probarlo. La carga de la prueba es una distribución, no del poder de probar, sino del riesgo de no hacerlo, es decir, del perjuicio eventual que puede originarse en no probar lo que sea menester. Carga que asiste en principio a la actora, pues quien demanda, quien pretende, debe probar los hechos que sustentan su pretensión en juicio para convencer al juez de su verdad, sin perjuicio de la obligación de quien es traído al pleito de probar los hechos impeditivos o extintivos que oponga a aquélla pretensión, salvo los supuestos en que la ley hace pesar la carga de probar, específicamente en la accionada (inversión de la carga de la prueba). Las reglas de la carga de la prueba que se enderezan a determinar quien debió probar determinado hecho y sin embargo no lo hizo, cobran importancia ante la ausencia de prueba eficaz para suscitar certeza en el juez. Es que en tal caso el tribunal deberá fallar contra quien debía probar y no lo hizo” (STJ, S.D.C.A. N° 123/2017).
En esta dirección y en materia laboral, esta Cámara ha sostenido reiteradamente que el encuadre sistémico de un reclamo fundado en la Ley de Riesgos del Trabajo no exime al trabajador de acreditar los presupuestos fácticos indispensables para acceder a la reparación (esta Sala 1 en SDL 45/2026, Sala 2, SDL 36/2026, entre otros). Cabe añadir que el sustento fáctico aludido en la demanda en modo alguno puede considerarse probado con la pericia médica presentada mediante ID 2101399 por el Dr. . Es que debe diferenciarse con precisión la existencia de la lesión, por un lado, de su origen laboral, por el otro. La pericia médica constituye prueba idónea para determinar la existencia de una enfermedad o lesión, sus características clínicas, sus secuelas funcionales, su grado incapacitante y la compatibilidad médica entre determinado mecanismo o factor de riesgo y las consecuencias comprobadas. Pero sustancialmente distinto es establecer si el acontecimiento relatado, y señalado como originante de la lesión, verdaderamente sucedió o si las concretas tareas y condiciones laborales que el experto toma como antecedente —y, como ocurren en el caso, su tiempo de exposición—, fueron efectivamente desarrolladas. Esos son presupuestos fácticos cuya determinación corresponde al juez a partir de la prueba incorporada al proceso. Conforme lo expuesto, el nexo causal jurídicamente relevante exige verificar previamente los presupuestos fácticos sobre los cuales descansa la hipótesis etiológica formulada por el experto. Por eso el dictamen es idóneo para acreditar la enfermedad y su eventual compatibilidad médica con ciertas condiciones laborales, pero no para demostrar por sí mismo que aquellas condiciones efectivamente existieron.
En la pericia efectuada, el perito sostuvo que el actor presenta un cuadro clínico compatible con queratoconjuntivitis crónica bilateral y pterigion incipiente, afecciones oculares que guardan relación causal directa con la exposición ambiental intensa y prolongada durante más de una década de trabajo en altamar. Es decir, como correctamente destacó la Dra. Cordón Ferrando en su voto, el galeno fundó sus conclusiones en el relato actoral, teniendo por sentado que el actor estuvo expuesto de manera continua a radiación ultravioleta, viento frío y salino durante más de una década. Precisamente estos son los hechos que debía probar el actor y que no encuentran acreditación al respecto.
Por lo tanto, y al igual que mi colega de Sala, considero que el magistrado de grado no incorporó ningún presupuesto ajeno al sistema de enfermedades profesionales previstos en el régimen de reparación de la LRT y del baremo legal, como sostiene el recurrente, sino que valoró adecuadamente la pericia médica en función de los propios hechos invocados por el actor al demandar, quien fundó su pretensión en una exposición prolongada —superior a diez años— a los agentes de riesgo que podrían haber originado la patología que padece.
Finalmente, adhiero y hago propias las consideraciones efectuadas en el primer voto correspondiente a la aplicación a que la falta de acreditación por parte del actor del presupuesto de hecho que sustentaba su pretensión pueda ser suplica por el principio “in dubio pro operarario”.
En el proceso laboral, rigen las reglas del "onus probandi", que impone la carga al accionante de acreditar el presupuesto de su pretensión. Afirmado un hecho relevante por el pretensor, pesa sobre él la carga de probarlo, lo que no significa imponerle alguna actividad, sino el riesgo de que su pretensión sea desestimada, si el hecho no resulta, de alguna manera acreditado.
Por consiguiente, no encontrándose probado el presupuesto fáctico sobre el cual el accionante basó su acción ni haberse demostrado un error en la valoración de la prueba por parte del magistrado sentenciante, los agravios articulados no logran conmover los fundamentos de la sentencia recurrida.
4. Conclusión.
Por los fundamentos expuestos, y en plena coincidencia con lo desarrollado por la Dra. Florencia Cordón Ferrando, considero que no se encuentra debidamente probado el hecho controvertido que da sustento a la pretensión, siendo la carga de la prueba del actor, acuerdo en que corresponde confirmar íntegramente la sentencia que rechazó la demanda. Expreso coincidencia también con lo expuesto en el considerando 6) referido a las costas y regulación de honorarios profesionales.
En consecuencia, a esta primera cuestión también me expido POR LA AFIRMATIVA.
II. A LA SEGUNDA CUESTIÓN, la Dra. Florencia Cordón Ferrando expuso:
Visto el acuerdo alcanzado al tratar las cuestiones precedentes, corresponde: A) CONFIRMAR la sentencia apelada.
B) IMPONER las costas de la alzada al actor vencido (arts. 57 de la Ley XIV Nro. 1 y art. 69 del CPCC), regulando los honorarios de la Dra. , en un 5,04% del monto del proceso y con más el IVA si correspondiere, sin regular honorarios al letrado del actor en virtud del pacto de cuota Litis homologado en autos (arts. 5, 6, 7, 8, 13, 18 y 46 de la Ley XIII nro. 4).
C) Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Así lo voto.
II. A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Ferreyra expuso:
Atento al acuerdo alcanzado, la resolución a dictar es la siguiente:
A) CONFIRMAR la sentencia apelada.
B) IMPONER las costas de la alzada al actor vencido (arts. 57 de la Ley XIV Nro. 1 y art. 69 del CPCC), regulando los honorarios de la Dra. , en un 5,04% del monto del proceso y con más el IVA si correspondiere, sin regular honorarios al letrado del actor en virtud del pacto de cuota Litis homologado en autos (arts. 5, 6, 7, 8, 13, 18 y 46 de la Ley XIII nro. 4).
C) Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Así lo voto.
Con lo que se dio por terminado el Acuerdo (art. 274 del C.P.C.C.), pasándose a dictar:
Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la “Sala 1” de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; RESUELVE:
A) CONFIRMAR la sentencia apelada.
B) IMPONER las costas de la alzada al actor vencido (arts. 57 de la Ley XIV Nro. 1 y art. 69 del CPCC), regulando los honorarios de la Dra. , en un 5,04% del monto del proceso y con más el IVA si correspondiere, sin regular honorarios al letrado del actor en virtud del pacto de cuota Litis homologado en autos (arts. 5, 6, 7, 8, 13, 18 y 46 de la Ley XIII nro. 4).
C) Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripta digitalmente por:
Florencia CORDÓN FERRANDO (Presidenta)
Diego Eduardo FERREYRA (Juez de Cámara)
Registrada como sentencia definitiva N° 55/2026 SDL Ricardo Fabián GRIFFITHS (Secretario)
Fin de la sentencia