Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 119464
En la ciudad de La Plata, a 18 de septiembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, de Lázzari, Negri, Genoud, Kogan, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 119.464, "Carrizo, Patricio Alejandro contra Unidad Ejecutora del Programa Provincial (UEPFP). Accidente de trabajo".
El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Bragado, perteneciente al Departamento Judicial de Mercedes, acogió la acción deducida, imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 298/308 vta.).
Se interpuso, por Fiscalía de Estado, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 317/321 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de grado admitió la demanda promovida por el señor Patricio Alejandro Carrizo y condenó a la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial (UEPFP), en su calidad de empleadora autoasegurada, al pago de la suma que estableció en concepto de la prestación dineraria contemplada en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 -según las prescripciones del decreto 1.694/09- y la prevista en el art. 3 de la ley 26.773, reajustando el monto de condena mediante la aplicación del índice Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) dispuesto en esta última ley.
Para resolver de esa manera, en el veredicto, el a quo juzgó acreditado que el día 28 de julio del año 2011 el actor sufrió un infortunio laboral del que derivó una hipoacusia severa mixta bilateral, que le provoca una incapacidad parcial y permanente del 35,36% del índice de la total obrera (v. fs. 298 vta.).
Ya en la sentencia, ante el planteo formulado por la parte actora, declaró la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 y la inaplicabilidad al caso de sus preceptos, por considerar que "no contemplan la reparación razonable y equitativa de los daños de que se trata, ya que, postergada la indemnización en el tiempo por más de tres años, la aplicación de la Ley 24557 -sin las mejoras reparatorias introducidas por Ley 26773- resulta insuficiente, lesionando derechos esenciales de la persona humana, a ser resarcida cuando es víctima de un infortunio laboral" (fs. 302 vta.). En ese sentido, señaló que "la norma en análisis resulta inconstitucional en tanto declara aplicables las mejoras solo para el futuro, y de tal modo contradicen los fines sociales y protectorios que amparan al trabajo subordinado (arts. 14 bis CNac., art. 39 CPcial.); al tiempo que en relación a los siniestros ocurridos con anterioridad, pero no cancelados, a la fecha de entrada en vigencia de la norma, su aplicación no constituye retroactividad de la ley, ni afecta el derecho de propiedad de las obligadas del sistema" (fs. 303).
Citando doctrina de esta Corte, expresó que el art. 3 del Código Civil "determina que las leyes se aplicarán a partir de su entrada en vigencia aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, es decir, que consagra la aplicación inmediata de la ley nueva, que rige para los hechos que están in fieri o en curso de desarrollo al tiempo de su sanción..." (fs. 303 vta.).
Desde esa perspectiva, teniendo en cuenta las particularidades del presente caso y los principios de no regresión normativa, progresividad (art. 75 inc. 22 y 23, Const. nac.) y protectorio (art. 14 bis, Const. nac.), juzgó que "la aplicación de la Ley 24557 con las modificaciones de la ley 26773 repara más equitativa y adecuadamente el perjuicio sufrido (art. 19 CN) y no importan una violación del principio de irretroactividad de la ley, sino su aplicación inmediata, resultando lo más justo, equitativo y razonable (arts. 16 y 18 CN)". También agregó que "resolver de otro modo, implicaría violar lo normado en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, así como el 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), en la inteligencia que se generaría una discriminación entre los propios trabajadores, quedando en mejor situación quienes se accidenten luego de la entrada en vigencia de la ley que los anteriores, cuya reparación aún no se hubiera materializado" (fs. 304)
Sostuvo entonces que, de acuerdo a lo previsto en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo, al dependiente le correspondía percibir la suma de $124.108,56; más el 20% adicional establecido en el art. 3 de la ley 26.773 ($24.821,71; v. fs. 304 vta.); luego, aplicó el índice RIPTE desde la fecha del accidente (julio 2011) hasta el mes de junio de 2014, llegando a un total de $327.944,45 en concepto de prestaciones dinerarias de pago único (v. fs. 305).
Finalmente, por mayoría, declaró de oficio la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la ley 24.432 (en cuanto modifica los arts. 505, Cód. Civ. y 277, LCT) al presente caso (v. fs. 306 vta./307 vta.).
II. La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928; 44 inc. "d", 48 y 63 de la ley 11.653; 163 inc. 6 y 165 del Código Procesal Civil y Comercial; 622, 901, 906, 1.068, 1.069, 1.078, 1.099 y 1.113 del Código Civil; 1, 5, 17, 18, 19, 31, 75 inc. 12, 121, 122 y 123 de la Constitución nacional; y de doctrina legal que identifica (v. fs. 317/321 vta.).
II.1. Se agravia porque -en su opinión- el tribunal de grado juzgó la "insuficiencia de los parámetros indemnizatorios de la ley 24.557" a pesar de que no fueron cuestionados (v. fs. 318 y vta.). Aduce que "a los efectos de ejercer el control de constitucionalidad del art. 39 de la Ley de Riesgos del Trabajo es necesario transitar todo el proceso, y ello a los fines de comprobar no sólo los presupuestos de la responsabilidad civil invocada sino también la suficiencia o no de las prestaciones que dicho régimen especial confiere a la víctima -como extensión del resarcimiento-, en su cotejo con la reparación que correspondería a la misma en el marco del derecho civil" (v. fs. cit.).
II.2. Asimismo, señala que la aplicación retroactiva que dispuso el a quo de la ley 26.773 atenta contra la seguridad jurídica del ordenamiento legal en su conjunto (v. fs. 319).
Destaca el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Lucca de Hoz" (sent. de 17-VIII-2010), en la que declaró que la ley 23.643, no resultaba aplicable si tanto la relación jurídica entre las partes como el efecto por el cual se reclama se produjeron con anterioridad a su entrada en vigencia (v. fs. 319 vta.).
Explica que la única cláusula sobre la vigencia temporal del nuevo ordenamiento es la contemplada en el apartado 5 del art. 17, en cuanto dispone que se aplicarán a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de la publicación de la norma en el Boletín Oficial (26 de octubre de 2012; v. fs. 320 vta.). También, que la disposición contenida en el apartado 6 del art. 17 es una norma de transición que regula el mecanismo de ajuste hasta el nacimiento de la ley pero para que se aplique desde esa fecha (v. fs. cit.).
Añade que el pago es un modo de extinción de las obligaciones (art. 724, Cód. Civ.), no una consecuencia de relaciones y situaciones jurídicas existentes, únicas a las que el art. 3 del Código Civil autoriza que resulten captadas por leyes nuevas (v. fs. cit.).
Aclara que el principio de progresividad -invocado en el fallo- no allana ni altera el principio de irretroactividad de la ley, si la relación jurídica se encuentra consumida (v. fs. cit.)
II.3. Por último, alega que el juzgador, al declarar la inaplicabilidad de la ley 24.432, se apartó de la doctrina legal que esta Corte estableció en las causas L. 91.884, "Arzamendía Rolón" (sent. de 18-VIII-2010) y L. 107.429, "Lassiar" (sent. de 26-XII-2012), en las que se declaró que "algunas de las disposiciones de la ley 24.432 poseen operatividad propia, sin que por ello se patentice cuanto menos, una clara colisión entre el ordenamiento de fondo y las atribuciones provinciales reservadas. Entre ellas, obviamente, se incluyen las de los arts. 505 del Código Civil y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo que, por su naturaleza, tienen operatividad inmediata" (fs. 321 vta.).
III. El recurso debe prosperar.
III.1. Esta Suprema Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro" (resol. de 3-XII-2014), se ha pronunciado -por mayoría que integré- por la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, en tanto consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial.
III.2. Merece favorable recepción el agravio que trae el interesado contra lo resuelto por el tribunal de grado en cuanto cuantificó la indemnización que contiene la condena con arreglo a las pautas previstas en la ley 26.773.
III.2.a. Cabe liminarmente señalar que el a quo ponderó la insuficiencia del resarcimiento previsto en la Ley de Riesgos del Trabajo a tenor del expreso planteo que formuló la parte actora a fs. 285/287 vta., oportunidad en la que no se cuestionó la constitucionalidad del art. 39 de la ley para así -en su caso- obtener el cobro de una indemnización extra sistémica, sino que, manteniéndose dentro del régimen especial, pretendió beneficiarse con las mejoras que trajo la ley 26.773. Sin perjuicio de la solución que finalmente habrá de proponerse, lo expuesto evidencia que la crítica inaugural del recurso no ha de gravitar en el caso.
III.2.b. Aclarado ello e ingresando a la sustancia de la decisión referida, considero que merece ser revocada.
Es sabido que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (causas L. 62.704, "Caamaño de Trincado", sent. de 29-IX-1998; L. 74.805, "Menéndez", sent. de 21-III-2001; Ac. 87.787, "C., S.", sent. de 15-III-2006 y L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457; 1149; 303:1708; 324:920 y 335:2333; e.o.).
Puede observarse que, bajo la aparente contradicción con ciertos preceptos de la Constitución nacional, la solución a la que arribó el sentenciante al marginar del caso al art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, reposa en verdad en un argumento que, lejos de sustentarse adecuadamente en una regla de rango constitucional, pretende encontrar fundamento en una pauta general prevista en la legislación civil (la de la aplicación inmediata de la nueva norma; arts. 3, Cód. Civ. y 7, Cód. Civ. y Com.). Aunque ello se hace, reemplazando las normas especiales que contiene el régimen de infortunios laborales.
La reflexión plasmada en el pronunciamiento atacado no evidencia una falta de razonabilidad en el criterio escogido en las normas cuestionadas para determinar la entrada en vigencia de las disposiciones pertinentes teniendo en consideración la fecha en que se produjo la primera manifestación invalidante.
Tampoco la genérica alusión al "principio de progresividad" justifica la decisión adoptada; máxime cuando ningún argumento porta el fallo tendiente a demostrar la configuración en el caso de una situación de "total desamparo" relativa al damnificado que aconsejase aplicar una solución acorde con apoyo en el citado principio (causa CSJN "Arcuri Rojas Elsa c/ ANSeS", sent. de 3-XI-2009). Se constata, fundamentalmente, que si bien el tribunal afirma que la indemnización contemplada en la Ley de Riesgos del Trabajo -sin las mejoras que trajo la ley 26.773- no constituye una reparación razonable y equitativa de los daños, ello no deja de ser un señalamiento dogmático, carente de todo argumento que atendiendo a las concretas circunstancias del caso luzca atendible.
Lo resuelto por el tribunal de grado no se ajusta a aquellas directrices de este Tribunal que señalan que la declaración de inconstitucionalidad de un precepto legal sólo ha de tener cabida cuando la repugnancia con la cláusula constitucional sea manifiesta y la incompatibilidad normativa inconciliable (causa L. 74.814, "Sánchez", sent. de 29-IX-2004).
Para más, tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como este Tribunal se han expedido sobre la temática que gira en orden al ámbito temporal de aplicación del índice RIPTE contemplado en la ley 26.773, debiéndose destacar que en dichas oportunidades ningún reproche constitucional mereció la pauta que recepta el art. 17 apartado 5 de la ley citada, cuya aplicación llevó a los mencionados tribunales a una solución que contrasta con la adoptada en la sentencia impugnada.
Luego, debe ser dejada sin efecto la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 efectuada por el órgano jurisdiccional de la instancia.
III.2.c. Sentado lo anterior, el pronunciamiento no puede ignorar la doctrina legal actual de esta Corte, aun cuando esta a la época del dictado de la sentencia recurrida e incluso de la interposición del recurso todavía no se encontraba vigente (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014).
Cabe recordar que en repetidas ocasiones ha declarado este Tribunal (causas L. 89.455, "Pirro", sent. de 12-IV-2006; L. 85.534, "O., C. G.", sent. de 13-II-2008 y L. 107.602, "Iturregui", sent. de 30-X-2013) y reiteradamente lo ha advertido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 298:33; 301:693; 304:1649 y 1761; 308: 1087; 310:670 y 2246; 311:870 y 1810; 312:555 y 891; e.o.), que no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.
Siendo ello así, habré de seguir -en esencia- el criterio expuesto por mi colega doctor Genoud en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), en la cual analizó la temática que aquí se ventila.
III.2.c.i. La ley 26.773 ("Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales", B.O. de 26-X-2012), dispone en su art. 17 apartado 5: "Las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero y en especie de esta ley entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha".
Es indudable que, en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación de las disposiciones pertinentes, la reforma de la ley 26.773 ha mantenido el criterio adoptado por las normas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00; 410/01 y 1.694/09), relativo a que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de su entrada en vigencia (y no así a las que hubieran acaecido con anterioridad a ese hito). Luego, también deben reputarse aplicables al referido cuerpo legal, en principio, y salvo que la nueva legislación haya establecido alguna excepción puntual a dicha regla- los criterios interpretativos mediante los cuales esta Suprema Corte ha zanjado los debates relativos a la aplicación en el tiempo de sus antecesoras (decs. 1.278/00 y 1.694/09, cits.; e.o., causa L. 109.850, "A., M. C.", sent. de 12-VI-2013).
III.2.c.ii. Definido lo anterior, cabe analizar si el art. 17 apartado 6 de la ley 26.773, en cuanto regula el mecanismo de "ajuste" de las prestaciones por incapacidad permanente previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, consagra una excepción a la aludida regla general establecida en el art. 17 apartado 5 del mismo texto legal, resultando eventualmente incluso a las contingencias acaecidas con anterioridad a su sanción.
El referido art. 17 apartado 6 de la ley 26.773 prescribe: "Las prestaciones en dinero por incapacidad permanente, previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, y su actualización mediante el decreto 1.694/09, se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social, desde el 1° de enero del año 2010".
A su vez, a los fines de contextualizar el mecanismo al que hace referencia el citado art. 17 apartado 6 de la ley 26.773 es indispensable tener presente el art. 8 del mismo cuerpo legal, en cuanto dispone que "Los importes por incapacidad laboral permanente previstos en las normas que integran el régimen de reparación, se ajustarán de manera general semestralmente según la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a cuyo efecto dictará la resolución pertinente fijando los nuevos valores y su lapso de vigencia".
Más allá de las deficiencias que podrían endilgarse a la técnica legislativa utilizada por la ley 26.773 para regular estos aspectos, en mi opinión la interpretación sistemática de los preceptos legales aludidos lleva a concluir que el art. 17 apartado 6 del referido texto normativo no establece una excepción a la regla general establecida en su art. 17 apartado 5.
En primer lugar, esa supuesta excepción no fue plasmada expresamente en el texto de la ley.
Ese dato (que surge de la simple lectura de la norma) puede ser corroborado si se repara en la circunstancia de que, cuando la nueva normativa quiso excepcionar aquella regla general, lo hizo de manera expresa y categórica. Así, al disponer en el art. 17 apartado 7 que: "Las disposiciones atinentes al importe y actualización de las prestaciones adicionales por Gran Invalidez entrarán en vigencia a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la presente, con independencia de la fecha de determinación de esa condición", la ley 26.773 ha excepcionado expresamente -sólo para el caso de las prestaciones por gran invalidez, hipótesis ajena al caso de autos- la regla general relativa a que las mejoras prestacionales y los mecanismos de actualización contemplados en la nueva legislación sólo se aplican a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se haya producido con posterioridad a su publicación, disponiendo (exclusivamente para ese tipo de incapacidades) la aplicación inmediata de la reforma incluso a contingencias ocurridas con anterioridad a su sanción.
En ese contexto, y en tanto no corresponde suponer imprevisión o inconsecuencia en la tarea legislativa (causa B. 63.568, "García", sent. de 10-VIII-2011; e.o.), no cabe sino concluir en que, para todos los supuestos no excepcionados expresamente, rige sin ambages la regla general establecida en el art. 17 apartado 5 de la ley 26.773.
Por otra parte, como ya fue anticipado, la disposición del art. 17 apartado 6 -en cuanto establece que las prestaciones dinerarias " se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social, desde el 1° de enero del año 2010"- no puede interpretarse aislada de la norma del art. 8
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.