Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121579
En la ciudad de La Plata, a de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Soria, de Lázzari, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 121.579, "Stoppini, Carlos Damián contra Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y otra. Accidente de trabajo".
El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Bragado, perteneciente al Departamento Judicial de Mercedes, hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 493/510 vta.).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 534/539 vta.), concedido por el citado Tribunal a fs. 542 y vta.
Dictada la providencia de autos a fs. 554 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar a la acción deducida por Carlos Damián Stoppini en cuanto procuraba el cobro de una indemnización integral –sustentada en las normas del derecho común- por el reagravamiento de las secuelas padecidas a consecuencia del accidente que sufrió mientras prestaba tareas como policía bajo la dependencia del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, condenando a ésta a abonarle la suma que determinó en concepto de daño material y moral.
Para así decidir, en lo que interesa, tuvo por probado en el veredicto que: i] el actor sufrió un accidente de trabajo el día 6 de diciembre de 2005, al recibir un disparo en el rostro por parte de un malviviente, que fue resarcido por Provincia ART S.A. en base a la determinación de un grado de incapacidad parcial, permanente y definitiva del 9 % de la total obrera; ii] posteriormente padeció un reagravamiento de su afección, motivado en una descompensación neurológica que le trajo aparejado -según dictamen pericial médico- crisis convulsivas con datos positivos, desorden mental orgánico postraumático grado II, parálisis unilateral periférica del nervio facial y anosmia, provocadas por la pérdida de tejido encefálico a nivel del lóbulo temporal derecho que le causó el recorrido del proyectil que ingresó en la hemicara derecha con salida por la izquierda; así como también -conforme conclusiones del peritaje psicológico- trastorno por estrés postraumático de grado moderado a severo asociado a signo sintomatología de ansiedad y/o angustia; todo ello en relación causal con el evento dañoso; iii] en virtud de lo indicado, la disminución de la capacidad laborativa del accionante (sumados los factores de ponderación) alcanza al 78,8 % de la total obrera; iv] el reclamante tomó conocimiento del padecimiento físico que da lugar a esta acción el día 17 de septiembre de 2007, esto es, cuando efectúa denuncia por reagravación ante la aseguradora de riesgos del trabajo y; v] resultó acreditada en autos la configuración de los presupuestos de atribución de responsabilidad objetiva de la Provincia de Buenos Aires (v. cuestiones cuarta a séptima; fs. 494 vta./497 vta.).
También juzgó probado que mediante resolución del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires de fecha 22 de noviembre de 2006, se declararon imputables al servicio las graves lesiones sufridas por el señor Sttopini el día 6 de diciembre de 2005, por haberse producido como consecuencia directa e inmediata del ejercicio de la función policial. Ello indica, continuó, que ninguna duda cabía de que -en la especie- las tareas propias e inherentes de un agente de policía, en tanto presta un servicio de seguridad, constituyen una actividad riesgosa por la que deben portar armas para defensa personal y de la población en general, teniendo que enfrentar toda situación de peligro, tal como aconteció en autos (v. vered., séptima cuestión; fs. 497 in fine y vta.).
En la sentencia, el tribunal interviniente se avocó liminarmente a abordar la excepción de prescripción opuesta por la accionada. Estimó que, a tenor de lo dispuesto en el art. 4.037 del Código velezano y lo sostenido pacíficamente por la jurisprudencia, el plazo bienal corre desde que la acción se encuentra expedita, es decir, que comienza cuando el interesado estuvo en posibilidad jurídica de ejercer su potestad. En el caso, explicó, no resultó coincidente ese momento con el acaecimiento del evento dañoso, en tanto las secuelas incapacitantes de mayor importancia se manifestaron con posterioridad y el promotor del pleito tomó conocimiento de las mismas el día 17 de septiembre de 2007, fecha en que denunció la reagravación de la dolencia ante Provincia ART S.A. (v. constancia de fs. 65). Por ello, concluyó que al interponer la demanda el día 12 de agosto de 2009 el plazo prescriptivo no había expirado (v. fs. 500 vta. in fine /501 vta.).
En oportunidad de formular el análisis de fondo de la cuestión debatida, consideró –por los argumentos que explicitó- que si bien la determinación de la responsabilidad de la accionada por el hecho dañoso y sus secuelas debían ser estudiadas con arreglo a la normativa del derogado Código Civil velezano por tratarse de un hecho consumado; para cuantificar la reparación del daño, al no verificarse el completo cumplimiento o consumación del resarcimiento al momento de la entrada en vigencia de la nueva ley 26.994, correspondía apegarse a las disposiciones del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 503 vta./505).
Desde esa perspectiva, halló configurados los presupuestos de atribución de responsabilidad objetiva de la Provincia de Buenos Aires en los términos del art. 1.113 -segundo párrafo, segunda parte- del Código Civil (ley 340), en tanto la tarea realizada por el señor Stoppini debe asimilarse al concepto de "cosa riesgosa" contenido en la norma mencionada, siendo precisamente la exposición del trabajador al riesgo por la inseguridad propia de la sociedad la que provocó la patología que padece (v. fs. 505 in fine y vta.).
Sostuvo que velar por la seguridad de los ciudadanos, enfrentando a delincuentes y/o toda otra cuestión que implique un riesgo para la alteración de la paz social, configuran un escenario idóneo para el acaecimiento del episodio que en definitiva le produjo el daño (v. fs. 505 vta.).
Entendió -con apoyo en la doctrina legal de esta Corte que identificó-, que en el marco del art. 1113 del Código Civil (ley 340) no cabe una interpretación estrecha de la locución "cosa", desde que, trascendiendo el puro concepto físico del término, no corresponde omitir la ponderación razonada de la incidencia que posea la tarea desempeñada por el trabajador, pudiendo ésta constituirse en factor de causación del daño. Por lo tanto, el vocablo "cosa" se extiende para abarcar, en la actualidad, las tareas específicas del trabajador y la actividad laboral toda, razón por la cual, cuando esas tareas pueden generar un resultado dañoso se impone admitir su inclusión en las previsiones de dicho precepto (v. últ. fs. cit.).
Agregó que en el caso, no se verificó la ruptura del nexo causal por la participación de terceros por quien no se debe responder, pues resulta evidente que en el ámbito de una actividad especialmente peligrosa como la desarrollada por la policía de seguridad, no son ajenos a la relación obligacional los daños provocados por sospechosos ya que, al contrario, el accionar ilícito de tales sujetos se encuentra incorporado al entramado que conforma el concepto de riesgo propio de la labor asignada al dependiente, por lo que ese accionar del delincuente no puede operar al mismo tiempo como eximente de responsabilidad y objeto de la prestación laboral (v. fs. 506).
Abordó también el sentenciante la temática vinculada a la validez constitucional del art. 39 de la ley 24.557. En esa tarea, se dispuso a efectuar el cotejo de las cuantías resarcitorias a las que accedería el actor según si su reclamo fuera atendido conforme las previsiones de la ley 24.557, o en el marco del régimen común de responsabilidad civil, calculando solo el daño material con las pautas que habitualmente utiliza el hecho (v. fs. 502/503).
Al verificar la insuficiencia e irrazonabilidad de la reparación acordada de conformidad con las pautas de la ley especial, descalificó –aún con carácter previo a determinar la precisa reparación que luego concedería- la validez constitucional del art. 39 de la ley 24.557 por resultar conculcatorio de las garantías consagradas en los arts. 15 de la Constitución provincial; 16, 17, 18, 19 y 28 de la Constitución nacional y pactos incorporados por su art. 75 inc. 22 (v. fs. 503 y vta.).
De conformidad con ello, y con el carácter de empleador autoasegurado que reviste el Fisco provincial, condenó a este último a pagar íntegramente el monto propuesto como reparación del daño sufrido ($ 988.748,64) –determinado con arreglo en las disposiciones del nuevo Código Civil- con la deducción del importe abonado en la etapa extrajudicial ($ 16.200); por lo que el capital total de condena asciende a $ 985.463,41 (v. fs. 506 vta./508 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento se alza la Fiscalía de Estado mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6 y 272 del Código Procesal Civil y Comercial; 12 de la ley 24.557; 3, 8, 17 incs. 5 y 6 de la ley 26.773 y su decreto reglamentario 472/14; 3 del Código Civil (ley 340); leyes 23.928 y 25.561 y de la doctrina legal que cita.
II.1. De un lado, objeta la conclusión con arreglo a la cual el tribunal de origen rechazó la defensa de prescripción.
Alega que dicho órgano jurisdiccional valoró absurdamente las pruebas y las propias manifestaciones vertidas por la parte actora en sus escritos de demanda y ampliación, donde reconoció que al momento de sufrir el accidente existieron malestares inmediatamente posteriores que se vincularon con el evento, por lo que la única y lógica conclusión posible es que a la fecha en que la Comisión Médica dictaminó sobre el porcentual de incapacidad del señor Stoppini, éste ya se encontraba en conocimiento de su minusvalía y consintió sin impugnar en modo alguno lo resuelto administrativamente (v. fs. 535 vta. 536).
II.2. Del otro, se agravia del quantum indemnizatorio reconocido en la sentencia.
II.2.a. En este aspecto, sostiene -en primer término- que el fallo en crisis desconoce las disposiciones de la ley 13.236, ya que determinó el importe del resarcimiento utilizando el parámetro de 65 años como edad jubilatoria del actor con fundamento en el art. 19 de la ley 24.241, pero sin tener en consideración que dicho régimen legal no le resultaba aplicable al encontrarse el promotor del pleito afectado al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires como personal policial.
Explica que la ley 13.236 dispone que el retiro o jubilación móvil ordinaria al 100% del haber se alcanzará cuando el agente reúna 35 años de servicios, prescindiendo de su edad, restándole al señor Stoppini 25 años de vida útil profesional (ya que a la fecha del infortunio llevaba 10 años trabajados) para gozar de tal beneficio, y no 37 años como se propuso en la sentencia. Al respecto, invoca vulnerada la doctrina legal de esta Corte emanada del precedente L. 78.500, "Bucetta", sent. de 21-V-2002 (v. fs. 536/537).
II.2.b. En segundo lugar, denuncia que a los efectos de establecer la indemnización correspondiente el juzgador aplicó el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación por juzgar que al hallarse pendiente el cobro no juega la noción de "consumo jurídico".
En ese orden de ideas, tras sostener que en autos no existen hechos en curso de desarrollo, indica que tal definición contrasta con las directrices plasmadas por esta Corte en la causa L. 118.695, "Staroni"; como así también con las que la Corte Suprema de Justicia de la Nación expuso al fallar en los casos "Lucca de Hoz" y "Espósito" (v. fs. 537 y vta.).
II.2.c. Finalmente, expresa que al momento de propiciarse la reparación plena del caso, la sentencia incurre en una conclusión incoherente y contradictoria con el orden lógico que ella misma propone y con los extremos que se tuvieron por acreditados en la causa.
Sobre el punto refiere que, apartándose de toda lógica, incluyó en el seno de la indemnización adicional reconocida a dos rubros (pérdida de chance y daño estético) que no se encuentran fehacientemente comprobados en autos.
Explica que el juzgador tuvo en cuenta la edad del accionante, su retribución, incapacidad, los períodos faltantes para alcanzar el beneficio jubilatorio, la carrera escalafonaria y la percepción de un seguro. No obstante lo cual, continúa, sobre ese universo propio del caso, y necesariamente diferente al de cualquier otra persona, el tribunal creó una reparación adicional teniendo en consideración una vez más a dichos extremos fácticos pero lanzados hacia la capacidad vital con independencia del marco laboral, sumando un nuevo importe de condena.
Añade que cuando se parte de un análisis que pretende ser integral y que contemple los derechos personalísimos de la víctima, su integridad personal, salud psicofísica, afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida, no pueden crearse rubros indemnizatorios reñidos con el caso concreto.
También se opone a la suma determinada como compensación adicional ya que, argumenta, si el señor Stoppini nunca dejó de percibir sus salarios y ascendió incesantemente en su escalafón, percibiendo además un seguro de orden civil, lejos de adicionarse importe alguno, debió -en todo caso- deducirse el mismo de la fórmula matemática propuesta por el sentenciante.
Señala que a la luz de lo normado por los arts. 1.738 y 1.746 del Código Civil y Comercial de la Nación, que el órgano de grado juzgó aplicable al caso, se ha mantenido la clasificación dual del daño, esto es, dividiéndose en patrimonial (o material) y moral (o extra patrimonial), no admitiéndose ninguna otra categoría de perjuicio resarcible. La mención a la salud psicofísica, las afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en el proyecto de vida no implica postular la existencia de "nuevos daños", sino enfatizar que la tutela se centra en la persona y que la violación de sus derechos personalísimos dará lugar a la reparación de las consecuencias patrimoniales o extra patrimoniales que de ella resulten.
Con todo, concluye, queda claro que el reconocimiento del universo integral que el sentenciante llevó a cabo en el específico supuesto de autos, al no meritarse debidamente, arroja una ilógica conclusión, pues en definitiva termina desconociendo lo mismo que tiende a reconocer, recreando rubros que se superponen y soslayando considerar realidades constatadas en la causa (v. fs. 537 vta in fine /539).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Inicialmente, dable es advertir que la secretaria del tribunal de origen no rebricó el veredicto (v.fs. 497 vta./498), ni la sentencia (v. fs. 509 vta. y 510 vta.); así como tampoco existe constancia de registro decisorio.
Ahora bien, aun cuando la ausencia de firma de la actuaria en dichos actos procesales –omisión que se reitera en el acuerdo por el que se examinaron los recaudos tendientes a conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (v. fs. 542 y vta.), tampoco registrado-, constituyen por sí solas a la anulación del pronunciamiento.
III.2. Seguidamente se impone destacar que el recurso ha sido bien concedido, pues la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653 consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial, y su validez constitucional fue declarada -por mayoría- por esta Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro", resolución de 3-XII-2014.
III.3. Ahora bien, adentrándome en los agravios que porta el recurso, cabe precisar que la crítica orientada a controvertir el rechazo de la excepción de prescripción no puede tener favorable acogida.
III.2.a. Conforme se desprende de la reseña efectuada, el sentenciante de mérito puntualizó que según las pautas que brinda el art. 4.037 del Código Civil (ley 340) el plazo bienal de prescripción corre desde que la acción se encuentra expedita, y que en el caso no resulta coincidente con el acaecimiento del infortunio (esto es, el día 6 de diciembre de 2005), en tanto las secuelas incapacitantes de mayor importancia solo se manifestaron con posterioridad, habiendo tomado conocimiento el accionante de su minusvalía el día 17 de septiembre de 2007 cuando efectuó la denuncia de reagravación ante la aseguradora de riesgos del trabajo, por lo que -concluyó- a la fecha de promoción de la demanda (12 de agosto de 2009) el plazo prescriptivo aun no se encontraba agotado.
III.2.b. Hallándonos en presencia de una típica cuestión de índole fáctica, advierto que las alegaciones que definen el contenido de este aspecto de la crítica carecen de aptitud para conmover lo decidido en la instancia ordinaria, en tanto no alcanza el compareciente a demostrar el absurdo que invoca.
III.2.b.ii. En rigor, el agraviado pretende la modificación del dies a quo del plazo de prescripción establecido en el fallo, situándolo al momento en que la Comisión Médica otorga el porcentual de incapacidad (esto es, en fecha 3-IV-2006, según constancia obrante a fs. 15; v. rec., fs. 536). Tal determinación alcanzada por el órgano jurisdiccional de grado en uso de potestades privativas, no puede ser modificada en casación frente a un agravio que se limita a contraponer a lo resuelto la particular y subjetiva visión del recurrente sobre el tema.
Es evidente, que la exposición de meras discrepancias subjetivas como las que contiene la impugnación en tratamiento, son ineficaces para obtener la revisión de lo decidido en la instancia de origen, pues, conforme lo ha declarado este Tribunal devienen insuficientes los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley que se agotan en el mero intento de sustituir el criterio de los juzgadores de grado por el propio, en orden a los medios probatorios considerados y a las conclusiones arribadas. La exhibición de una opinión discrepante no basta para acreditar el error grave, palmario y fundamental configurativo de absurdo y susceptible de invalidar el pronunciamiento (art. 279, CPCC, causas L. 120.158, "Caccaviello", sent. de 21-VI-2018 y L. 119.794, "Arenas", sent. de 6-II-2019; e. o.).
III.2.b.ii. Para más, la insuficiencia del embate se patentiza igualmente en la omisión de denunciar la infracción de la norma actuada en el pronunciamiento recurrido (art. 4.037 del Código Civil -ley 340-). Ese déficit cobra insalvable relevancia, pues, conforme esta Corte lo ha declarado reiteradamente, no puede suplir de oficio, por inferencias o interpretación, la omisión de las citas legales que debieron efectuarse por la parte interesada (causas L. 116.824, "G., R. E.", sent. de 23-X-2013 y L. 120.682, "Suárez", sent. de 3-X-2018; e. o.).
III.3.a. En cambio, se advierte que considerando la fecha de entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación (1 de agosto de 2015; ley 26.994, texto según ley 27.077, B.O., 19-XII-2014) y la determinada en el fallo como de toma de conocimiento de la reagravación de las secuelas del accidente sufrido por el actor que motivó el reclamo de autos (17 de septiembre de 2007; v. vered., fs. 496); la cuestión vinculada a las pautas que tomó en consideración el tribunal de grado para establecer la cuantía de la indemnización correspondiente no podía ser resuelta -como se hizo- soslayando la legislación vigente al momento de los hechos ventil
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