Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120835
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 11 de marzo de 2020, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Pettigiani, Soria, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.835, "Aguirre, Rafael Hernando contra Kraft Foods Arg. S.A. Accidente de trabajo".
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 955/970 y resol., fs. 1.132/1.134).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 992/1.008 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de origen hizo lugar a la demanda promovida por el señor Rafael Hernando Aguirre -y previa declaración de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557- condenó a Kraft Foods Argentina S.A. (hoy Mondelez Argentina S.A.) a abonarle las sumas que especificó en concepto de indemnización derivada de las secuelas incapacitantes provocadas por el accidente de trabajo que el reclamante protagonizó el día 21 de julio de 2002, así como también un resarcimiento por daño moral y prestaciones por tratamiento psicológico. Asimismo, juzgó procedente la demanda contra Mapfre Argentina S.A. hasta el límite de su cobertura y, solidariamente con la patronal, a costear el tratamiento psicológico ordenado (v. fs. 955/970).
En lo que resulta de interés por ser materia de agravios, sobre el capital de condena adicionó intereses, desde la exigibilidad del crédito y hasta su efectivo pago, a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia" -BIP- (v. fs. 966 y vta.).
Posteriormente -ante la impugnación formulada por la parte actora a fs. 990/991- declaró que ante la inexistencia de la tasa BIP con anterioridad al día 19 de agosto de 2008 -y de conformidad con la doctrina legal establecida en la causa "Ginossi"- desde el día 10 de enero de 2003 hasta el día 18 de agosto de 2008 debían abonarse los acrecidos a la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires para operaciones de plazo fijo a treinta días en pesos y, con posterioridad a esa fecha, a la tasa pasiva "digital" mencionada (v. fs. 1.132 vta. y 1.133).
II. La parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia arbitrariedad, la violación del derecho de propiedad del acreedor amparado por el art. 17 de la Constitución nacional y de la doctrina emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 992/1.008 vta.).
II.1. Inicialmente, en lo atinente a la admisibilidad del medio de impugnación, sostiene que, al estar en juego la adecuación de un fallo de un tribunal inferior a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la Constitución nacional, se justifica la intervención del Tribunal Superior de la Provincia para agotar la instancia local, sin que ello pueda ser obstaculizado por normas procesales.
En tal sentido, afirma que los fallos del Máximo Tribunal "deben ser acatados, por lo que su violación arbitraria constituye cuestión federal suficiente que habilita el recurso extraordinario que deberá ser articulado contra la decisión adversa a ella emitida por el Tribunal superior de la causa que en autos no es otro que la Suprema Corte de la Provincia" (fs. 993).
Expresa, a su vez, que este Tribunal ha concedido efectos vinculantes a los pronunciamientos emanados de la Corte federal, a tales fines, invoca lo que a su criterio constituyen las pautas sentadas en la causa Ac. 59.366, "Centeno" (sent. de 10-VI-1997; v. fs. 994).
II.2. En lo medular de su crítica, se agravia de la tasa de interés aplicada por el tribunal de origen al capital de condena.
En ese orden, manifiesta que mediante la aplicación de las "tasas de interés" -ya sean activas o pasivas- los tribunales inferiores actualmente han favorecido la "licuación" de las deudas de quienes incumplen sus obligaciones económicas y financieras, afectando el valor adquisitivo final de los créditos de quienes deben recurrir a la justicia para cobrarlos (v. fs. 995).
Aduce que si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dictado fallos progresistas, los mismos han sido desvirtuados por la Suprema Corte, al permitir que aquellas doctrinas sean desnaturalizadas por la inflación (v. fs. 996/997).
Seguidamente, tras reiterar la inaplicabilidad de la tasa pasiva de interés en los juicios laborales, cita en apoyo de su postura los precedentes S.722.XXIV "Simonet, Mario A. c/ La Primera de Ciudadela S.A. s/ Despido" (sent. de 4-X-1994) y C.161.XXV "Chaine, Gerardo M. c/ ODE S.A. s/ Despido" (sent. de 13-X-1994) del Máximo Tribunal federal, y afirma que la doctrina emanada de aquellos considera como créditos alimentarios a todos los que reclaman los trabajadores ante los tribunales del fuero del trabajo (v. fs. 997 in fine y vta.).
Continúa señalando que la aplicación de la mencionada tasa de interés no otorga ningún interés real y positivo, por cuanto es muy inferior a la inflación que sacude a nuestra economía, la cual -alega- ni siquiera cubre la depreciación monetaria, afectando gravemente el poder adquisitivo del accionante (v. fs. 997 vta.).
Luego, con el objeto de acreditar el perjuicio invocado, cuantifica el crédito de autos aplicando un "coef. ajuste por depreciación monetaria (801%)" e intereses al 6% anual como los que se aplicaban en épocas de estabilidad plena (v. fs. 1.001 vta.).
Concluye que la aplicación de tasas de interés fuertemente negativas es un hecho de gravedad institucional, por cuanto despoja al actor de gran parte del poder adquisitivo de su crédito y lo deja durante largos años sin interés alguno, violándose el derecho de propiedad consagrado en el art. 17 de la Constitución nacional (v. fs. 1.002/1.003 vta.).
A tenor de lo expuesto, propone tres métodos a fin de evitar la confiscación -a favor del deudor- de los créditos alimentarios del acreedor laboral: el primero, a través de la indexación del crédito y por conducto del planteo de inconstitucionalidad de las leyes 23.928 y 23.561 (v. fs. 1.003 vta./1.005 vta.). El segundo, fijando una tasa que otorgue un rendimiento positivo puro de interés del 1.467,33% sobre el monto nominal de condena (v. fs. 1.005 vta.). Por último -y en caso de que se utilicen intereses bancarios- aplicando la tasa activa de "operaciones restantes" del Banco de la Provincia de Buenos Aires con capitalización mensual de intereses (v. fs. 1.005 vta.).
Argumenta luego, que la sentencia vulnera los arts. 14 bis, 17 y 18 de la Constitución nacional y 519, 520, 521, 522 y 622 del Código Civil (v. fs. 1.006 y vta.).
Para finalizar, ratifica su tesis respecto a la obligatoriedad de los fallos de la Corte Suprema (v. fs. 1.007/1.008).
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, verificándose que en la especie el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria supera el umbral establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial -texto según ley 14.141- (Acordada 3.748/15), pierde virtualidad el análisis de las argumentaciones con las que el recurrente pretende poner en tela de juicio el recaudo de admisibilidad fundado en la cuantía económica del asunto.
Ello, sin perjuicio de dejar aclarado que esta Suprema Corte ha señalado en reiteradas ocasiones que las limitaciones establecidas por los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, no vulneran derechos o garantías constitucionales desde que no obstan la deducción del recurso extraordinario previsto sino que lo condicionan a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa, sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio. Tampoco impiden a los litigantes ser oídos con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial (causas L. 76.638, "Valette", sent. de 2-V-2002; L. 83.142, "Polo", sent. de 4-VII-2007 y L. 117.612, "Aranda", sent. de 17-IX-2014).
III.2. Ingresando al tratamiento del agravio que define el contenido de la crítica -y sin perjuicio de señalar que lo transcripto por el interesado en lo relativo al precedente de este Tribunal Ac. 59.366, "Centeno" (sent. de 10-VI-1997) para justificar el "carácter vinculante" que le atribuye a los pronunciamientos dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación corresponde solo a la opinión personal de uno de los ministros votantes en la mencionada causa-, se advierte una errada lectura por parte del recurrente de los fallos del más Alto Tribunal del país individualizados como S.722.XXV "Simonet" (sent. de 4-X-1994) y C.161.XXV "Chaine" (sent. de 13-X-1994), toda vez que, en ellos, en modo alguno se pronunció por la inaplicabilidad de la tasa de interés pasiva en "juicios laborales" como se afirma. Lo dicho por el quejoso -siguiendo un desenfocado razonamiento- parece sustentarse en verdad, en los votos en disidencia -y que no conformaron la postura mayoritaria- formulados en ambos casos por el entonces ministro doctor Fayt.
III.3. El agravio por el que se cuestiona la tasa de interés moratorio que aplicó el sentenciante al monto de condena, no puede prosperar.
III.3.a. El tribunal de grado, a fin de calcular los acrecidos, utilizó, desde la exigibilidad del crédito -10 de enero de 2003- y hasta el día 18 de agosto de 2008, la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días y, desde el día 19 de agosto de 2008, la que abona la misma entidad bancaria a través del sistema denominado "Banca Internet Provincia". Para ello, tuvo en cuenta lo resuelto en el precedente L. 108.164, "Abraham", sentencia de 13-XI-2013, en la que esta Corte declaró la invalidez constitucional de la ley 14.399 (v. sent., fs. 966 y vta. y resol., fs. 1.132/1.133 vta.).
III.3.b. La decisión no es conmovida por el impugnante.
Al efecto, debe señalarse que esta Suprema Corte en la causa L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016), por mayoría que conformé, ha precisado su doctrina en la temática abordada, la que aun sobreviniente a la interposición del recurso deducido no corresponde dejar de atender (causas L. 116.959, "Navarro", sent. de 20-VIII-2014; L. 117.272, "Gómez González", sent. de 24-VI-2015 y L. 118.566, "Mauri", sent. de 26-X-2016). Así, y como se resolviera en la referida causa L. 118.587 y en otras sustancialmente análogas (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), cabe declarar que en la especie los intereses deben ser calculados exclusivamente sobre el capital , mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.), criterio que ha sido reiterado en los precedentes L. 118.858, "Pincini" (sent. de 26-X-2016); L. 119.905, "Galván" (resol. de 26-X-2016) y L. 119.422, "Clemente" (sent. de 31-X-2016), entre otros.
Siendo así, cabe concluir que, en el presente caso, lo decidido en materia de tasa de interés por el tribunal de grado se ajusta -en el contexto de las circunstancias reseñadas durante el período de su aplicación- a la doctrina legal de esta Corte, por lo que corresponde desestimar la réplica en este tramo.
III.4. Finalmente, tampoco queda margen para ingresar en el análisis de la denunciada inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y 4 y 5 de la ley 25.561, puesto que el planteo traído por el quejoso como una de las tantas motivaciones destinadas a justificar el daño que derivaría de la aplicación de la tasa de interés empleada por el tribunal de la instancia ordinaria, pretende sustentarse en una tesis que colisiona con el criterio adoptado por esta Corte en cuanto reiteradamente ha declarado la validez constitucional de aquellas normas que prohíben expresamente toda forma de actualización monetaria, indexación de precios o repotenciación de deudas (causas L. 105.189, "Portillo", sent. de 7-IX-2011 y L. 107.840, "Cimadoro", sent. de 18-IV-2012), y ello sin que se aporten nuevos argumentos aptos para desvirtuar la aplicación de la citada doctrina.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I.1. Adhiero a lo expuesto por la doctora Kogan en los puntos III.1. y III.2. de su voto.
I.2. Luego, en lo que atañe a la tasa de interés moratorio que aplicó el tribunal a quo al monto de condena, ante la consolidación de la doctrina legal de esta Suprema Corte debido a la reiteración de casos sustancialmente análogos (v. causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera", sents. de 15-VI-2016; L. 118.453, "Dardengo" y L. 118.361, "Valentín", sents. de 28-IX-2016), y a tenor de lo prescripto en el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias, también habré de compartir -dejando a salvo mi opinión- la propuesta decisoria de la colega que inaugura este acuerdo.
I.3. Finalmente, suscribo lo manifestado por la ponente en el punto III.4. de su sufragio.
II. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó también por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero al sufragio de la doctora Kogan y, con relación a la crítica que se efectúa respecto de la tasa de interés, lo hago con las consideraciones que tuve oportunidad de señalar en los precedentes C. 119.176, "Cabrera" y L. 118.587, "Trofe" (sents. de 15-VI-2016), que doy por reproducidas merced a razones de economía y celeridad procesal (conf. causa L. 120.898, "Albarracín", sent. de 12-II-2020).
Con el alcance indicado, voto por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
EDUARDO JULIO PETTIGIANI LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria
Fin de la sentencia