Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120169
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.169, "Perafan, José Luis contra Municipalidad de Bragado y otra. Accidente de trabajo", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Soria, Pettigiani, Genoud, Kogan, Torres .
El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Bragado, perteneciente al Departamento Judicial de Mercedes, hizo lugar parcialmente a la acción promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 502/514 vta.).
Se dedujo, por Provincia ART S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 528/546 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de origen tuvo por acreditado que, como consecuencia de las tareas que desarrollara bajo la dependencia de la Municipalidad de Bragado -en el "sector herrería"-, José Luis Perafan sufrió un accidente de trabajo el día 6 de septiembre de 2008 que le provocó la rotura meniscal de su rodilla derecha y que, tras sucesivos reagravamientos, lo incapacita en un 15% del índice de la total obrera.
Asimismo, que la Comisión Médica interviniente emitió dictamen el día 23 de agosto de 2010 reconociéndole al trabajador una minusvalía del orden del 5,5% del mismo índice, por la que percibió por parte de la aseguradora una prestación en concepto de incapacidad permanente, parcial y definitiva equivalente a $3.749,08 (v. vered., cuestiones primera a cuarta, fs. 502/503 vta. y décima, fs. 504 vta. y 505).
En sentencia, el a quo se avocó liminarmente al tratamiento de la excepción de prescripción deducida por la aseguradora. En tal sentido, juzgó que no puede considerarse consolidada la secuela permanente sufrida por el actor con anterioridad al 23 de agosto de 2010 (oportunidad en que el organismo administrativo interviniente se expidió respecto de la incapacidad definitiva y del cese de la temporaria), pues en ese momento se torna exigible la reparación para el supuesto que se adjudique responsabilidad. Luego -prosiguió- habiéndose interpuesto la demanda el 7 de junio de 2012, la acción no se encuentra prescripta al no haber transcurrido el término de dos años establecido por el art. 4.037 del Código Civil (v. sent., fs. 508 y vta.).
Seguidamente, en lo que resulta especialmente relevante para la resolución de la litis, declaró procedente la pretensión indemnizatoria contra la aseguradora por el cobro de la prestación prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a " de la ley 24.557 y calculó su cuantía en la suma de $23.826,35 ($2.628,97 x 53 x 65/57 x 15%).
Al importe así determinado, adicionó -además- el 20% que fija el art. 3 de la ley 26.773, que asciende a la suma de $4.765,27; arribando a un parcial de $28.591,62.
Consideró luego el a quo que correspondía revalorizar el importe por aplicación del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) previsto por la ley 26.773 (art. 17 apdo. 6). En tales condiciones, y toda vez que el mencionado índice publicado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social entre los meses de agosto de 2010 (408,08) y mayo de 2015 (1.549,59) arrojaba un coeficiente de 3,797, declaró procedente recomponer la prestación, estableciéndola en la suma de $108.562,38 (v. sent., fs. 508 vta. y 509), a la que hubo de descontarle los $3.749,08 oportunamente abonados por la aseguradora, arribando a un total de $104.813,30 (v. sent., fs. 512 vta.).
Con dicho resultado, y toda vez que la cuantificación de los daños realizada bajo el influjo de la normativa de derecho común arrojó un importe claramente inferior ($61.011,36) al que surge de la aplicación del sistema asistencial especial, declaró abstracto el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 e innecesario el análisis de la responsabilidad civil de las coaccionadas, en tanto tal reparación es subsumida por la tarifada (v. sent., fs. 509 vta.).
Para fundar la aplicación al caso de la ley 26.773 hubo de declarar la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 del referido dispositivo legal.
Al efecto, señaló -primeramente- que el actor había sido reparado sólo parcialmente por el infortunio sufrido el 6 de septiembre de 2008, quedando pendiente de cobro la diferencia reclamada por la presente acción.
Indicó, luego, que las particularidades del caso y los principios de no regresión normativa, de progresividad (art. 75 incs. 22 y 23, Const. nac.) y el protectorio consagrado en el art. 14 del mismo ordenamiento, conducen a concluir que la aplicación de las modificaciones de la ley 26.773 repara más equitativa y adecuadamente el perjuicio sufrido (art. 19) sin importar una violación del principio de irretroactividad de la ley, sino su aplicación inmediata, resultando lo más justo, equitativo y razonable (arts. 16 y 18, Const. nac.).
Agregó que resulta evidente a partir del texto del art. 17 apartado 6 de la ley 26.773 que el legislador pretendió ajustar las prestaciones dinerarias por incapacidad permanente de la ley 24.557, decretos 1.278/00 y 1.694/09 a la fecha de la publicación de la ley 26.773, toda vez que el último ajuste de estas prestaciones dinerarias ocurrió en el año 2009, y sólo para aquellas contingencias cuya primera manifestación invalidante fuera posterior a la publicación en el Boletín Oficial del decreto 1.694/09.
Asimismo, declaró la inconstitucionalidad del art. 17 del decreto 472/14 (reglamentario de la ley 26.773) en cuanto determina que sólo las compensaciones adicionales de pago único, incorporadas al art. 11 de la ley 24.557, sus modificatorias, y los pisos mínimos establecidos en el decreto 1.694/09 se deben incrementar por aplicación del índice RIPTE desde el 1 de enero de 2010 hasta la fecha de entrada en vigencia de la ley 26.773. Ello, por considerar que el Poder Ejecutivo incurrió en un exceso del poder reglamentario, contraviniendo el marco de facultades autorizadas en el art. 99 inc. 2 de la Constitución nacional (v. sent., fs. 509 vta./512).
Finalmente, dispuso calcular los intereses moratorios, desde la fecha de exigibilidad del crédito (23 de agosto de 2010) y hasta su efectivo pago, con arreglo a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días mediante el sistema de "Banca Internet Provincia", vigente en los distintos períodos de aplicación (v. sent., fs. 513).
II. Contra esta forma de resolver Provincia ART S.A. interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia arbitrariedad y la violación de los arts. 14, 16, 17, 18, 19 y 28 de la Constitución nacional; 3, 21, 622, 656, 953, 1.071, 1.074, 1.109, 1.113, 1.198 y 4.037 del Código Civil (ley 340); 375, 384, 767, 768 y 770 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; 165 de la ley 11.653; 14 de la ley 24.557; 8, 17 apartados 5 y 6 de la ley 26.773; del decreto 472/14 y de la doctrina legal que identifica.
II.1. En primer término, cuestiona que el tribunal de grado haya rechazado la excepción de prescripción planteada por la aseguradora.
Indica que quedó acreditado en autos que el accidente que motivó el proceso ocurrió el día 6 de septiembre de 2008, fecha que hubo de operar como inicio del cómputo del período prescriptivo bienal (art. 4.037, Cód. Civ.) que concluyó -entonces- el día 7 de septiembre de 2008, es decir, con anterioridad a la interposición de la demanda (7 de junio de 2012).
Advierte que, aun cuando se considerase que el trabajador no tomó cabal conocimiento de su incapacidad al momento del infortunio, sí lo hizo unas semanas más tarde (el día 16 de octubre de 2008) al ser intervenido quirúrgicamente, circunstancia que -a su criterio- revelaba que la lesión dejaría secuelas incapacitantes (v. fs. 530 vta. y 531).
II.2. Por otro lado, se agravia por cuanto en la sentencia se dispuso -previa declaración de inconstitucionalidad de su art. 17 apartado 5- la aplicación al caso de las disposiciones de la ley 26.773.
Sostiene, en lo esencial, que toda vez que el infortunio que originó la incapacidad del actor acaeció con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 26.773 (en el año 2008), lo resuelto transgrede el principio de irretroactividad de las leyes previsto en el art. 3 del Código Civil (art. 7 del Cód. Civ. y Com. de la Nación) y afecta las garantías constitucionales de propiedad y defensa en juicio.
En otro orden, argumenta que la declaración de inconstitucionalidad de una norma de origen legal constituye un acto de suma gravedad que debe ser considerado como la ultima ratio del orden jurídico, y que requiere la demostración de la lesión concreta con referencia a las circunstancias de la causa, no pudiendo fundarse en consideraciones abstractas. Sostiene que el art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 determina claramente el ámbito temporal de aplicación de la ley de conformidad con la voluntad del legislador, y la misma resulta coherente con lo dispuesto por el art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, por lo que -según entiende- su declaración de invalidez es desacertada.
Aduce que la decisión de grado provoca que la aseguradora, que cumplió acabadamente con la normativa vigente al momento del infortunio, se vea perjudicada al cargar con las consecuencias disvaliosas de la declaración de inaplicabilidad de una norma con grave afectación de su garantía de propiedad y de sus derechos adquiridos.
Concluye que la doctrina legal de esta Suprema Corte por la que se sostiene que en materia de infortunios del trabajo resulta de aplicación la ley vigente al momento en que el titular de la acción adquiere noción de la disminución de su capacidad laborativa se ha mantenido vigente durante años y permanece inalterada en la actualidad. Cita en apoyo de su posición -entre otros- la causa L. 108.699, "Kluppel Melo" (sent. de 20-VIII-2014), referida a la aplicabilidad del decreto 1.278/00 a una contingencia ocurrida con anterioridad a su entrada en vigencia.
Agrega que la redacción del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 avala y respeta el mencionado criterio (v. fs. 531/539 vta.).
II.3. Seguidamente, de modo subsidiario, aduce que el índice de ajuste de las prestaciones establecido en la ley 26.773 no debe ser aplicado (conforme los términos de sus arts. 8 y 17 apdo. 6) sobre el resultado de la fórmula de cálculo de las prestaciones, técnica que fue utilizada por el juzgador.
Refiere que el decreto 472/14 (reglam. de la ley 26.773) especificó que sólo las compensaciones adicionales de pago único -incorporadas al art. 11 de la ley 24.557- y los pisos mínimos establecidos en el decreto 1.694/09 se deben incrementar conforme la variación del índice RIPTE.
Aduna que la actualización de los referidos ítems por conducto del índice RIPTE se halla -según lo dispuesto en el referido art. 8 de la ley 26.773- a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, y -reitera- de ningún modo puede utilizarse para actualizar el resultado de las fórmulas que ya contienen mínimos actualizados (v. fs. 539 vta./542 vta.).
II.4. Por otro lado, cuestiona el modo en que el a quo descontó del importe final de la prestación, la suma oportunamente abonada por la aseguradora.
En lo esencial, sostiene que la suma correspondiente al 5,5% de incapacidad reconocida por Provincia ART S.A. y efectivamente abonada no debió volver a computarse al definir el capital de condena y, mucho menos, hacerlo de modo deficiente. Esto último, por cuanto entiende que el a quo debió aplicar al porcentaje abonado los mismos parámetros e índices de actualización implementados para determinar la prestación.
Concluye que la sentencia sólo debió condenar al pago del remanente de incapacidad que no fue indemnizado y que se determinó en autos (v. fs. 542 vta. y 543).
II.5. Finalmente, objeta que el tribunal de grado haya aplicado intereses sobre el capital de condena a la tasa pasiva digital fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, argumentando que tal definición se aparta -en el caso- de la doctrina que este Tribunal tiene establecida a partir -entre otros- de los precedentes C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" (sents. de 21-X-2009), luego ratificada por L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013; v. fs. 543/546 vta.).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. De inicio se impone señalar que, en la especie, el valor de lo cuestionado (representado por la diferencia existente entre la suma que en concepto de prestación dineraria por incapacidad laboral permanente parcial fijó el tribunal de trabajo con arreglo a las disposiciones de la ley 24.557 -con las modificaciones introducidas por la ley 26.773-, y aquella otra que resultaría de no aplicarse la actualización y la adicional -art. 3- previstas en esta última normativa; a lo que cabe añadir el saldo entre el monto de los intereses calculados a la tasa que dispuso el tribunal sentenciante y el que resultaría de implementarse la que propone el recurrente) no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141, Acordada 3748/15, vigente a partir del 1 de marzo de 2015). Por tal razón, la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido sólo podrá sortearse a través del conducto de excepción previsto en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Luego, la función revisora de esta Corte queda circunscripta - prima facie - a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 116.470, "Armesto", sent. de 6-III-2013; L. 116.431, "Velásquez", sent. de 30-IX-2014; L. 117.086, "Selesan", sent. de 20-VIII-2014; L. 117.516, "Raminey", sent. de 1-IV-2015; L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015; y L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015; e. o.).
III.2. Aclarado ello, observo que en lo que concierne al agravio por el que se controvierte el rechazo del planteo de prescripción, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítidamente.
Ello es así, desde que mediante la denuncia de vulneración de doctrina legal la impugnante trae a consideración una crítica que, en rigor, remite a cuestiones de hecho y prueba -como lo es la vinculada a determinar el comienzo del curso de la prescripción y su eventual interrupción o suspensión-, detraídas de la revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto de rito antes citado (causas L. 94.184, "Jacquet", sent. de 7-V-2014; L. 117.224, "López", sent. de 22-IV-2015 y L. 119.539, "Albornoz", resol. de 4-V-2016).
Asimismo, cabe agregar, para mayor satisfacción de la recurrente, que la cita de doctrina legal deviene ineficaz si los precedentes invocados -como acontece en el caso- fueron elaborados sobre la base de presupuestos fácticos diferentes a los propios del asunto en juzgamiento (causas L. 116.356, "Izurieta", sent. de 30-X-2013; y L. 117.361, "López Aguado", sent. de 16-VII-2014; e. o.).
III.3. En cambio, en lo que respecta a la aplicación efectuada por el a quo del mecanismo de actualización contemplado en el art. 17 apartado 6 de la ley 26.773, estimo que la impugnación merece favorable acogida.
Respecto del tópico, corresponde precisar que el remedio extraordinario deducido involucra en el agravio examinado (por conducto de la declaración de inconstitucionalidad de su art. 17 apdo. 5) el análisis de una cuestión federal que, con prescindencia del valor del litigio, amerita la apertura de la instancia extraordinaria.
En tal sentido, tiene dicho este Tribunal que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que -según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada"; 311:2478 in re "Di Mascio")- es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Por consiguiente, dicho cuestionamiento habrá de ser abordado con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
III.3.a. En primer lugar, debe revocarse la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, efectuada por el órgano jurisdiccional de la instancia.
III.3.a.i. En el pronunciamiento de grado, so pretexto de contradecir ciertos preceptos de la Constitución nacional, se margina del caso la operatividad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, declarándose su invalidez material. Ello pretende encontrar fundamento en que la nueva ley es aplicable de conformidad con lo previsto en el art. 3 del Código Civil y el art. 7 del Código Civil y Comercial vigente por sobre las normas especiales que contiene el régimen de infortunios laborales.
Al respecto, es doctrina de esta Corte que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (causas L. 62.704, "Caamaño de Trincado", sent. de 29-IX-1998; L. 74.805, "Menéndez", sent. de 21-III-2001; Ac. 87.787, "C., S.", sent. de 15-III-2006 y L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708; 324:920 y 335:2333; e. o.).
De allí que la atribución de pronunciarse en tales términos sobre un precepto legal sólo ha de tener cabida cuando la repugnancia con la cláusula constitucional sea manifiesta y la incompatibilidad normativa inconciliable (causa L. 74.814, "Sánchez", sent. de 29-IX-2004).
La fundamentación intentada en la sentencia no cumple con tales previsiones ni se evidencia que, para la determinación de su entrada en vigencia, la ley haya escogido un dato falto de razonabilidad (todo ello más allá de mi personal opinión respecto del ámbito de aplicación del precepto).
III.3.a.ii. Por otro lado, tampoco la genérica alusión al "principio de progresividad" (v. sent., fs. 511 vta.), justifica la decisión adoptada; máxime cuando ningún argumento porta el fallo tendiente a demostrar la configuración en el caso de una situación de "total desamparo" relativa al damnificado que aconsejase aplicar una solución acorde con apoyo en el citado principio (CSJN causa "Arcuri Rojas, Elsa c/ ANSeS", sent. de 3-XI-2009).
III.3.a.iii. Para más, tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como este Tribunal se han expedido sobre la temática que gira en orden al ámbito temporal de aplicación del índice RIPTE contemplado en la ley 26.773, debiéndose destacar que en dichas oportunidades ningún reproche constitucional mereció la pauta que recepta el art. 17.5 de la ley citada, cuya aplicación llevó a los mencionados tribunales a una solución que contrasta con la adoptada en
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