Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 118463
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 118.463, "Mora, Gabriel Alejandro contra Ministerio de Seguridad. Accidente de trabajo", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Pettigiani, Soria, Kogan, Natiello, Torres, Kohan.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción instaurada, imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 1.093/1.102 vta.). Con posterioridad, dictó la resolución de fs. 1.121/1.122 vta. en la que rechazó el pedido de aplicación de la ley 12.836.
Se dedujeron, contra ambos pronunciamientos, por la Fiscalía de Estado -en defensa de los intereses del Estado provincial y en representación de Provincia ART S.A.-, recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.113/1.119 y 1.132/1.140).
El tribunal de grado concedió los remedios interpuestos en representación de la Provincia de Buenos Aires por juzgar reunidos los requisitos de admisibilidad y los denegó respecto de la codemandada Provincia ART S.A. por considerar incumplida la exigencia pecuniaria prevista en el art. 56 de la ley 11.653 (v. fs. 1.141 y vta. y 1.199).
Tal denegatoria motivó la articulación de la queja obrante a fs. 1.184/1.188 vta., que fue admitida por esta Suprema Corte a fs. 1.203/1.205 vta.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 1.132/1.140?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el obrante a fs. 1.113/1.119?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. En lo que interesa para resolver la presente controversia, el tribunal de trabajo interviniente rechazó la aplicación de la ley 12.836 por entender que en razón de la fecha de exigibilidad del crédito (3 de junio de 2000) no correspondía en el caso aplicar el mecanismo de consolidación de deudas allí previsto (v. resol., fs. 1.121/1.122 vta.).
Para así resolver, destacó el a quo , entre otros argumentos, que la Corte federal en el precedente "Cavada", sostuvo que la ley 12.836 -cuya inconstitucionalidad fue declarada precisamente por no ajustarse a la norma nacional a la que adhirió- no resulta apta para consolidar las obligaciones a cargo del Estado provincial originadas con posterioridad al 31 de diciembre de 1999, ya que las leyes 13.436 y 13.929 no han adherido a la prórroga de la fecha de corte establecida por el art. 58 de la ley 25.725 (31 de diciembre de 2001).
Añadió que dicha postura también es sostenida por esta Corte provincial en las causas C. 104.022, "G. R., J." (sent. de 24-IV-2013); C. 110.280, "Taboada" (sent. de 29-IV-2013) y C. 118.451, "García" (sent. de 19-III-2014), entre otras.
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.132/1.140), en el que cuestiona la conclusión del a quo que desestimó el pedido de aplicación del régimen de consolidación de deudas provinciales establecido en la ley 12.836. Además, reitera los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 1.113/1.119 contra la sentencia de fs. 1.093/1.102 vta., que habré de abordar en la segunda cuestión.
III. El recurso no prospera.
III.1. De modo liminar, debe señalarse que el remedio fue concedido parcialmente por el tribunal de grado en el entendimiento que el embate se dirigía contra la resolución de fs. 1.121/1.122 vta. (v. fs. 1.199), razón por la cual habré de abordar únicamente el reproche que formula el impugnante con relación al rechazo de la aplicación de las prescripciones de la ley 12.836 en el caso.
III.2. En tales términos, corresponde desestimar la crítica que contiene el recurso.
Ello así, pues el pronunciamiento objetado ha sido dictado de conformidad con la doctrina legal de esta Corte.
En las causas C. 104.022, "G. R., J." (sent. de 24-IV-2013) y C. 110.280, "Taboada" (sent. de 29-V-2013), este Tribunal decidió -por mayoría- que siendo la fecha de la causa de la obligación posterior al 1 de enero de 2000 -en el caso, 3 de junio de 2000- y, en tanto ni la ley 13.436, ni la ley 13.929 han adherido expresamente a la prórroga de la fecha de corte establecida por el art. 58 de la ley 25.725 (31 de diciembre de 2001), teniendo en consideración el criterio que emana de la causa "Cavada" (CSJN C.632.XLIV, sent. de 3-VIII-2010), no corresponde aplicar el régimen de consolidación de la ley 12.836.
Lo brevemente expuesto alcanza para desestimar -sin más- la impugnación intentada, sin que los argumentos traídos por el quejoso a fs. 1.136 vta./1.139 resulten hábiles para proponer a esta Corte la revisión del criterio que ha conformado la doctrina legal en torno a la cuestión debatida.
Por ello, atento a que el planteo introducido ha sido resuelto en otros casos sustancialmente análogos (ver, además de los ya citados, los precedentes C. 118.659, "Blanco", resol de 30-IV-2014; C. 118.451, "García", resol. de 19-III-2014; C. 119.065, "Córdoba", sent. de 1-VII-2015; L. 118.447, "Pouler", sent. de 6-IV-2016; e.o.), corresponde rechazarlo (arts. 31 bis, ley 5.827 y modif. y 289, CPCC).
IV. Por lo expuesto, debe desestimarse el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido. Con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
A partir de mi voto en la causa C. 115.901, "Flores", sentencia de 15-VII-2015, en que asumí -por razones que allí se explicitan- la postura que considera superados los reparos constitucionales respecto del régimen de consolidación de pasivos provinciales (ley 12.836 y modificaciones), me encuentro en condiciones de abordar y, previo análisis, adherir a lo manifestado por mi distinguido colega doctor de Lázzari en el voto que abre el acuerdo.
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Soria, la señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Natiello, Torres y Kohan por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. En lo que interesa para resolver la presente cuestión, el tribunal de trabajo desestimó la defensa de prescripción e hizo lugar a la demanda promovida por el señor Gabriel Alejandro Mora condenando a Provincia ART S.A. y a la Provincia de Buenos Aires a abonarle al heredero del actor las sumas de $61.107,76 y $326.397,82 fijadas -respectivamente- en concepto de prestación dineraria establecida en el art. 15 apartado 2 de la ley 24.557, y la diferencia hasta completar el resarcimiento integral de los daños y perjuicios reclamados -en los términos del art. 1.113 del Código Civil- derivados del accidente de trabajo que sufrió el día 3 de junio de 2000, mientras desempeñaba tareas como policía de seguridad bajo dependencia de la accionada (v. fs. 1.093/1.102 vta.).
I.1. En lo que respecta a la defensa de prescripción, el juzgador dispuso su rechazo por entender que, a la fecha de interposición de la demanda (2 de agosto de 2005), no había fenecido el período bienal contemplado en los arts. 44 apartado 1 de la Ley de Riesgos del Trabajo y 4.037 del Código Civil (v. sent., fs. 1.096 y vta.).
Para arribar a dicha decisión, consideró que si bien Provincia ART S.A. planteó la excepción con fundamento en el hecho de que entre la fecha del evento dañoso (3 de junio de 2000) y la de promoción de la demanda (2 de agosto de 2005) había transcurrido en exceso el plazo de prescripción establecido en el art. 44 apartado 1 de la ley 24.557 -en cuanto establece el período de dos años desde que la prestación debió ser otorgada o pagada-, luego reconoció que en fecha 30 de enero de 2002 la Comisión Médica interviniente estableció que no podía determinarse el carácter definitivo de la incapacidad, y que el 22 de octubre de 2004 la misma Comisión Médica decidió prorrogar la provisoriedad de la incapacidad.
En cuanto a la excepción opuesta por la Provincia de Buenos Aires, fundada en que la demanda fue interpuesta después de dos años de cesada la relación (11 de noviembre de 2002) en los términos del art. 44 apartado 1 de la Ley de Riesgos del Trabajo y después de dos años de que el actor tuvo conocimiento de su incapacidad (art. 4.037, Cód. Civ.), por las mismas razones concluyó que no podía considerarse que el trabajador hubiera tenido cabal conciencia de que su incapacidad era permanente, cuando los propios órganos administrativos encargados de aplicar la ley consideraban sus dolencias como provisorias y así se lo hacían saber (v. fs. 1.096 vta.).
I.2. Sentado ello, y puesto a analizar la responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires frente al accidente padecido por el actor, el a quo consideró que aquella debía responder integralmente por los daños sufridos por el señor Mora al haberse configurado en el caso el factor de atribución contemplado en el art. 1.113 del Código Civil.
Al respecto, consideró demostrado que el día 3 de junio de 2000, a consecuencia de un ataque armado por parte de un desconocido al que trataba de identificar, el actor quedó herido gravemente en lo que se consideró como acto de servicio. Consecuencia de ello resultó una incapacidad del 100%, conforme dictamen médico de fs. 455/461 (v. vered., fs. 1.093 vta.).
Luego, con base en la doctrina legal de esta Corte que identificó (causa L. 80.406, "Ferreyra", sent. de 29-IX-2004; e.o.), consideró que el vocablo "cosa" al que hace referencia el art. 1.113 del ordenamiento civil, se extiende en la actualidad para abarcar las tareas específicas del trabajador y la actividad laboral, resultando inocultable -en su criterio- que en la especie la tarea desempeñada por el actor se convirtió, por conducto de la exposición a la que debió someterse en su calidad de policía de seguridad, en una actividad altamente riesgosa que generó el daño padecido en el enfrentamiento armado en el que se vio atacado (v. sent., fs. 1.097 vta./1.098 vta.).
Más adelante, habiendo encuadrado el hecho dentro del marco del citado art. 1.113, descartó el sentenciante que en el caso se hubiera configurado la eximente del daño provocado por un tercero por el que el dueño o guardián de la cosa no deba responder, tal como había esgrimido la parte demandada.
En ese sentido, precisó que, en el evocado marco fáctico-jurídico, no es dable conceptualizar como tercero ajeno a la relación obligacional al sujeto que atacó con arma de fuego al agente de seguridad, sino que, por el contrario, aquel debía ser incorporado al entramado que conforma el riesgo que presentaba la tarea desempeñada por Mora como policía destinado al patrullaje de calles y prevención del delito. Sobre esa base de apoyo, concluyó que el empleador debía responder objetiva e integralmente por los perjuicios sufridos en virtud de lo que prescribe la normativa citada (v. sent., fs. 1.098 vta.).
Sobre tales premisas, verificada la responsabilidad civil del empleador por el accidente de trabajo sufrido, el juzgador declaró la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 y, una vez descontado el importe correspondiente a las prestaciones previstas en dicha normativa a cargo de la aseguradora de riesgos del trabajo, condenó al empleador a pagarle al actor la suma que especificó en concepto de reparación integral de daños (v. sent., fs. 1.100).
Finalmente, adicionó al capital de condena intereses calculados con arreglo a la tasa activa promedio que fija el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento, con sustento en el art. 48 de la ley 11.653 (texto según ley 14.399; v. fs. 1.101).
II. Contra dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpone el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley obrante a fs. 1.113/1.119.
Plantea los siguientes agravios:
II.1. En primer lugar, cuestiona el rechazo de la defensa de prescripción.
Sostiene que, al tiempo en que fue iniciada la demanda (2 de agosto de 2005), se encontraba cumplido en exceso el plazo de prescripción establecido en los arts. 44 de la ley 24.557 y 4.037 del Código Civil.
Afirma, respecto de la acción derivada de la Ley de Riesgos del Trabajo, que el inicio del término de la prescripción debía computarse desde que la prestación debió ser abonada o prestada, y en el caso, dicho extremo coincide con la fecha en que se denuncia como ocurrido el episodio, el día 3 de junio de 2000 o desde el cese de la relación laboral que sitúa en noviembre de 2002.
Alega que la conclusión del tribunal de grado resulta absurda al determinar el dies a quo del plazo de prescripción, posibilitando el ejercicio de una acción que se hallaba extinguida al momento de su interposición.
II.2. En otro orden, critica la atribución de responsabilidad formulada en la sentencia con sustento en el art. 1.113 segundo párrafo del Código Civil en cuanto allí se consideró comprendida, dentro de la expresión cosa riesgosa, a la actividad del trabajador como factor de causación del daño.
Cuestiona también la conclusión del sentenciante relativa a que la actuación del asaltante -quien, en su criterio, es un tercero por el que el empleador no debe responder- no interrumpió el nexo de causalidad entre el accidente y los daños padecidos por el actor.
Argumenta, en este sentido, que el fallo impugnado se aparta injustificadamente de la doctrina legal de esta Corte emanada del precedente "Dallinger", en el que -afirma- discutiéndose un caso análogo al presente, este Tribunal determinó que la conducta del tercero había tenido aptitud suficiente para interrumpir el nexo causal imputable al dueño o guardián de la cosa.
II.3. Luego, plantea que el crédito a favor del actor debe quedar sujeto al régimen de consolidación de pasivos establecido en la ley provincial 12.836 y, en consecuencia, solicita su aplicación al caso de autos.
En ese contexto, peticiona que los intereses sean liquidados conforme lo establecido en aquella normativa.
II.4. Finalmente, a todo evento, en caso de no prosperar el agravio anterior, cuestiona los intereses aplicados sobre el capital de condena conforme el art. 48 de la ley 11.653 con las modificaciones introducidas por la ley 14.399.
En ese sentido, alega que el fallo vulnera la doctrina de esta Corte que emerge de los precedentes L. 94.446, "Ginossi" (sent. de. 21-X-2009) y L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013), entre otros.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. El agravio vinculado con el rechazo de la defensa de prescripción no es de recibo.
III.1.a. Tiene reiteradamente dicho esta Corte que determinar el comienzo del curso de la prescripción, como también su eventual interrupción o suspensión, constituyen cuestiones de índole fáctica reservadas a los jueces de grado, y las conclusiones que al respectoéstos formulen no son susceptibles de revisión en esta instancia extraordinaria, salvo el supuesto de absurdo (causas L. 103.553, "Leguizamón", sent. de 21-XII-2011; L. 99.257, "Díaz", sent. de 11-IV-2012 y L. 118.880, "Benítez", sent. de 30-III-2016).
En la especie, el interesado en modo alguno logra rebatir la conclusión que impugna, ya que las alegaciones que formula no exteriorizan más que su discrepante opinión con el criterio de los jueces de mérito.
En efecto, el recurrente, a través de la mera reiteración de los argumentos introducidos en el escrito de promoción de la demanda, se desentiende por completo del análisis que condujo al a quo a desestimar la defensa de prescripción, sin lograr concretar una réplica idónea a los fines de descalificar lo decidido en la instancia de origen.
III.1.b. Me permito detenerme un poco más en esto: el recurrente insiste en que el a quo ha incurrido en absurdo al concluir que el término de la prescripción no se había cumplido a pesar de haber transcurrido -al momento de promoverse la demanda- más de cinco años desde la ocurrencia del hecho y casi tres años desde que el actor fue dado de baja (v. fs. 1.134 y vta.).
En realidad, lo que dijo el Tribunal es que nunca se había establecido la incapacidad definitiva, infiriéndose de ello un impedimento para fijar el inicio del curso de la prescripción. Tal aserto es el que no aparece cuestionado, desviando el recurrente su crítica de esta cuestión y orientándola hacia temas que no resultan la base del decisorio. Al respecto cabe recordar que esta Corte tiene dicho que es requisito ineludible del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la impugnación concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del fallo objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión, por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que la misma se asienta (causas L. 104.828, "Arenillas", sent. de 29-VI-2011; L. 91.407, "Flores", sent. de 25-II-2009 y L. 87.862, "Cardozo", sent. de 16-V-2007).
III.2. Tampoco el recurrente logra derribar la conclusión del a quo en cuanto atribuyó al empleador responsabilidad civil con sustento en el art. 1.113 del Código Civil.
III.2.a. Sabido es que el análisis del material probatorio aportado por las partes al proceso, como la determinación relativa a si se configuran o no los presupuestos que tornan viable la procedencia de la acción de daños y perjuicios, deducida en los términos del art. 1.113 del Código Civil, o las eximentes de responsabilidad que esta norma prevé, son facultades privativas de los jueces de mérito, cuyas conclusiones al respecto no son revisables en la instancia extraordinaria, salvo denuncia y eficaz demostración del vicio de absurdo (causas L. 84.282, "M., C.", sent. de 26-IX-2007; L. 93.900, "F., J. M.", sent. de 11-VI-2008 y L. 102.278, "S., J. A.", sent. de 15-VIII-2012).
Luego, como bien lo destacó el sentenciante, es doctrina de esta Suprema Corte que, en el marco de la citada norma legal, no cabe una interpretación estrecha del concepto "cosa", desde que, trascendiendo el puro concepto físico del término, no se debe omitir la ponderación razonada de la incidencia que posea la tarea desempeñada por el trabajador, pudiendo esta constituirse en factor de causación del daño. Así el vocablo "cosa" se extiende para abarcar, en la actualidad, las tareas específicas del trabajador y la actividad laboral toda. Si a ello se agrega que, cuando esas tareas pueden generar un resultado dañoso, deben ser incorporadas al concepto de riesgosas, se impone admitir su inclusión en las previsiones del precepto citado (causas L. 72.336, "Iommi", sent. de 14-IV-2004; L. 80.406, "Ferreyra", sent. de 29-IX-2004; L. 79.690, "R., L. G", sent. de 28-VI-2006; L. 82.743, "Vetancor", sent. de 26-IX-2007; L. 92.726, "Galán", sent. de 17-XII-2008; L. 93.818, "Lezcano", sent. de 25-XI-2009; L. 88.672, "Doufour", sent. de 28-V-2010; e.o.).
Partiendo de esa base, considero que debe descartarse la impugnación esgrimida por el recurrente, porque lo resuelto en este punto por el juzgador se adecua plenamente a la doctrina legal en vigencia, que contribuí a forjar (ver mi voto en la causa L. 80.406, cit.). La entrada en vigencia del Código Civil y Comercial no obstaculiza tales conclusiones desde que, aun sosteniendo -tal es mi opinión- que sus artículos, en cuanto imponen a los jueces la consideración de mejor definidas fuentes del derecho y más precisos criterios de interpretación, lo preceptuado en normas tales como sus arts. 1.757 y 1.758 vienen a ratificar la solución propuesta (causa L. 119.494, "Di Tomaso", sent. de 31-X-2016; e.o.).
Por otra parte, la impugnación asentada en la presunta transgresión de la doctrina legal establecida en la causa L. 81.930, "D., M. N. y otras" (sent. de 25-II-2009) debe desestimarse porque ha tomado -luego- nuevos rumbos. Al respecto, debo anotar lo excepcional de a
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