Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121868
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.868, "Moyano, Carmen Cristina contra Municipalidad de Florencio Varela. Accidente de trabajo", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Pettigiani, de Lázzari, Torres, Soria.
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Quilmes hizo lugar a la acción promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 830/851).
Se dedujo, por la Municipalidad de Florencio Varela, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 879/885 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de grado hizo lugar a la demanda que la señora Carmen Cristina Moyano promovió contra la Municipalidad de Florencio Varela, mediante la cual le había reclamado el pago de una indemnización integral -con sustento en disposiciones del derecho común- por los daños y perjuicios derivados del accidente de trabajo que sufrió el día 17 de enero de 2007.
Para así decidir, tuvo por acreditado que, mientras realizaba sus tareas habituales, la actora sufrió un cuadro de intoxicación aguda a raíz de un procedimiento de desinfección en el lugar de trabajo, lo que derivó en secuelas psíquicas que la incapacitan en forma parcial y permanente en un 17,5% del índice de la total obrera (v. vered., fs. 830/837 vta.). Halló comprobados los presupuestos de responsabilidad civil en los términos de los arts. 1.109 y 1.113 del Código Civil, y condenó al empleador a la reparación integral de la actora por los daños material y moral sufridos.
Por otro lado, hizo lugar a las excepciones de falta de acción y de legitimación pasiva opuestas por la citada Provincia ART S.A., ya que consideró que esta había dado cumplimiento a sus obligaciones en el marco del contrato de afiliación mantenido con la demandada, y procedió a restar del monto total de condena la suma abonada oportunamente por la aseguradora de riesgos del trabajo (v. fs. 847/848).
Finalmente, dispuso que las sumas de condena devengarían intereses compensatorios a liquidarse conforme la "tasa pasiva" -plazo fijo a treinta días en pesos- del Banco de la Provincia de Buenos Aires desde la fecha de exigibilidad del crédito hasta el 19 de agosto de 2008, y desde esa fecha y hasta su efectivo pago a la "tasa pasiva digital" -plazo fijo a treinta días y en pesos- del mismo banco (v. fs. 847 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento el letrado apoderado de la Municipalidad de Florencio Varela interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 14, 16, 17, 18 y 28 de la Constitución nacional y de la doctrina legal que cita.
Ensaya los siguientes agravios:
II.1. En primer lugar, señala que el órgano judicial de grado omitió aplicar los arts. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y 505 del Código Civil -según ley 24.432- así como también la doctrina que este Tribunal estableció en la causa L. 77.914, "Zuccoli" (sent. de 2-X-2002), habida cuenta que la regulación de honorarios profesionales con más sus aportes legales, sin cuantificar los de los profesionales dependientes de la comuna, exceden el veinticinco por ciento de la condena (v. rec., fs. 881 y vta.).
II.2. Por otro lado, critica el fallo en cuanto le impuso las costas en relación a la citación del tercero (Provincia ART S.A.), pues -a su entender- debieron establecerse por su orden.
Señala que debió traer al juicio a la aseguradora de riesgos del trabajo no sólo por tener con ella una vinculación contractual onerosa, sino porque las leyes de aplicación y el control ejercido por el Tribunal de Cuentas provincial la tornan obligatoria.
Alega que, si el propio órgano de grado entendió que la intervención de la aseguradora devenía en un litisconsorcio necesario, citándola a comparecer en los términos del art. 89 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, la condena en costas es contradictoria con la resolución definitiva (v. fs. 881 vta./882 vta.).
II.3. Por último, objeta que el tribunal de grado hubiera aplicado intereses sobre el capital de condena conforme la tasa pasiva denominada "digital".
En sustancia, afirma que la alícuota utilizada no se ajusta a la doctrina legal de esta Corte que emerge de los precedentes L. 94.446, "Ginossi" (sent. de 21-X-2009); B. 63.840, "Freitas" (sent. de 28-XII-2010); B. 58.903, "Jotafi" (sent. de 18-VI-2014) y B. 63.860, "Medicine R.R.L." (sent. de 10-VI-2015), entre otras (v. fs. 882 vta./884).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Inicialmente, cabe resaltar -como parece esbozarlo la propia interesada (v. fs. 879 vta. y 880)- que en la especie el valor de lo cuestionado no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, de modo que el tratamiento del remedio procesal deducido, en principio, sólo podrá justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En consecuencia, la competencia de revisión queda acotada a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal de esta Suprema Corte, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede en un caso similar (causas L. 88.054, "Antoni", sent. de 7-IV-2010; L. 98.133, "Vallejos", sent. de 26-X-2011; L. 113.822, "García", sent. de 8-V-2013 y L. 103.596, "Lamas", sent. de 22-V-2013; e.o.).
Sentado lo anterior, por razones de índole metodológica habré de alterar el orden de los agravios traídos por la recurrente.
III.2. En ese marco, respecto a la crítica dirigida a cuestionar la imposición de costas relativa a la citación de tercero, anticipo que no se configura en la especie el mentado supuesto.
La exclusión de la hipótesis que habilita el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 se impone nítida toda vez que el agravio -estructurado sobre la base de la presunta violación de la doctrina legal citada a fs. 881 vta. y, por su conducto, las individualizadas a fs. 882- se vinculan con la imposición y distribución de costas, temática que, por tratarse de una típica cuestión de hecho cuya valoración es privativa de los jueces de grado no es, como tal, revisable en casación (causas L. 99.752, "Buldorini", sent. de 30-VI-2010; L. 108.025, "Pastor", sent. de 29-V-2013 y L. 120.523, "Acosta", sent. de 11-IV-2018; e.o.).
III.3. Luego, considero que no puede prosperar la crítica por la que -conforme los términos de la impugnación- se cuestiona la tasa de interés pasiva, en su variante denominada "digital", aplicada por el tribunal de grado -en el período indicado- al capital de condena, por resultar más alta que la presencial.
En la causa L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016) esta Suprema Corte por mayoría que conformé, en atención a la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires y, en pos de la finalidad uniformadora de la jurisprudencia, precisó la doctrina que venía manteniendo hasta ese momento (v. también causa C. 119.176, "Cabrera", sentenciada en la misma fecha), determinando que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos; y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
Se sigue de ello, que la decisión adoptada en el presente caso por el tribunal de grado encuentra respaldo en la doctrina legal vigente de esta Corte, por lo que corresponde desestimar la réplica también en este tramo.
III.4. Con relación al agravio por el que se denuncia que el juzgador excedió el límite en la responsabilidad por el pago de las costas (con cita de los arts. 505, Cód. Civ. -art. 730, Cód. Civ. y Com.- y 277, LCT, t.o. ley 24.432), y no sin aclarar que en autos los honorarios profesionales fueron fijados con fundamento en la ley arancelaria vigente al momento de practicarse la regulación (esto es, el decreto ley 8.904/77); considero que -aun resaltando la imprecisión que exhibe la crítica (v. fs. 881 vta.)- se verifica en el caso la violación de la doctrina legal de esta Corte.
Luego, y a los efectos de abordar el tratamiento del embate, remito -por razones de celeridad- a los términos de la adhesión que efectuara al votar en la causa L. 91.884, "Arzamendía Rolón" (sent. de 18-VIII-2010).
Lo expresado en dicha oportunidad, entre otras, se encuentra en la misma línea de ideas ya volcada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes "Abdurraman" (Fallos: 332:921) y "Villalba" (Fallos: 332:1276), ratificados en fallos dictados por el Alto Tribunal, en las causas "Canosa, Javier Eduardo c/Canal del Este S.A. y otros s/despido"; "Malynowyc, Ignacio Javier c/Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G. y otros s/despido", sentencias de 6-VIII-2015 y en "Tarantino, María de los Ángeles c/Refinería del Norte S.A. y otro s/accidente - acción civil", sentencia de 15-X-2015.
Tal como se advierte del simple cotejo de la liquidación de fs. 852 y del auto obrante a fs. 853 y vta., en la especie se excede el límite de 25% establecido en los arts. 505 del derogado ordenamiento sustantivo (actual art. 730, Cód. Civ. y Com.) y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo. En consecuencia, devueltas las actuaciones a la instancia de grado, el tribunal interviniente deberá efectuar el correspondiente prorrateo adecuándose a los dispuesto en las citadas normas sustantivas.
IV. Por lo expuesto, y si mi opinión es compartida, corresponde hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y remitir los autos al tribunal de origen para que proceda de conformidad con lo establecido en el punto III.4. de la presente.
Costas por su orden, atento el progreso parcial de la impugnación (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Adhiero al voto de mi distinguida colega doctora Kogan.
En lo tocante a la responsabilidad en materia de costas, lo hago conforme mi voto en la causa L. 121.989, "Monsiejchuk", sentencia de 26-XII-2019.
Considero que le asiste razón a la parte agraviada cuando denuncia que el órgano judicial de grado transgredió la doctrina legal elaborada en torno a los arts. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y 505 del Código Civil, según ley 24.432.
La limitación respecto del alcance de la responsabilidad por el pago de las costas prevista en las citadas normas legales ha sido considerada constitucional y aplicable en el ámbito provincial por esta Suprema Corte, en reiterados pronunciamientos emitidos por la mayoría (así, causas L. 77.914, "Zuccoli", sent. de 2-X-2002, citada por la recurrente; L. 93.064, "Vas da Silva", sent. de 2-III-2011; L. 112.832, "G., D. H.", sent. de 2-V-2013; L. 117.427, "Caraballo", sent. de 20-V-2015 y L. 118.434, "Virgili", sent. de 12-IV-2017; e.o.). Además, como bien destaca la impugnante, fue receptada en idénticos términos en el art. 730 del nuevo ordenamiento de fondo.
Luego, el recurso debe prosperar con los alcances expuestos en el punto IV del voto que abre el Acuerdo.
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Adhiero a lo expuesto por la colega doctora Kogan en los puntos III.1. y III.2. de su voto.
II. Respecto de la tasa de interés aplicada por el tribunal de grado al capital de condena, habré de manifestar que, tanto en la causa L. 118.587, "Trofe", como en la causa C. 119.176, "Cabrera", sentencias de 15-VI-2016 (al igual que ya lo había hecho en la causa B. 62.488, "Ubertalli Carbonino", sent. de 18-V-2016), expresé mi opinión respecto de cuál era la tasa a la que debían calcularse los intereses moratorios. En ambos casos, tal postura quedó en minoría, declarándose por esta Suprema Corte (y conformándose así su doctrina legal al respecto) que dicho cómputo debe llevarse a cabo, en principio, usándose la tasa pasiva más alta de las que ofrezca el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días.
Ante ello, dejando a salvo mi opinión, como también lo hice en otras oportunidades (causas L. 107.329, "De Benedetti", sent. de 25-II-2015; L. 118.478, "Averza", resol. de 6-V-2015 y L. 118.357, "De Juana", resol. de 22-IV-2016; e.o.), he de plegarme a la doctrina mayoritaria a que vengo haciendo referencia (arts. 31 bis, ley 5.827 y modif.; 279 y 289, CPCC).
En función de lo dicho, corresponde el rechazo de este tramo de la impugnación deducida.
III. Con relación a la cuantía de los honorarios regulados y a si se supera el porcentaje establecido en los arts. 505 del Código Civil; 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y 730 del Código Civil y Comercial (dejando aclarado que fueron fijados con fundamento en la ley arancelaria vigente al momento de practicarse la regulación, esto es, el dec. ley 8.904/77), me parece del caso efectuar las siguientes consideraciones con la finalidad de clarificar la doctrina legal que emerge de, entre otras, la causa L. 77.914, "Zuccoli" (sent. de 2-X-2002).
Siempre he entendido que dicha doctrina indica que lo prescripto por el art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (o el actual art. 730, Cód. Civ. y Com.) resulta no una restricción a la facultad de los jueces para aplicar las reglas locales sobre, por ejemplo, los honorarios que pudieran regularse, sino un límite a la responsabilidad del deudor (condenado en costas) a quien no puede serle exigido un pago que supere el porcentaje fijado por la ley.
Si tal es la doctrina legal que esta Suprema Corte ha establecido por mayoría, deben quedarnos claras algunas de sus consecuencias. Así, si lo que se instruye con ella es que la ley no fija una limitación a la regulación de honorarios según la normativa local (o a cualquier otro rubro que integre las costas), no ocurre violación de aquella doctrina si los miembros de un tribunal estiman regulaciones que superan dicho límite. En todo caso, tal transgresión ocurrirá si luego se hace lugar a una ejecución por el total de los honorarios porque, según nuestro criterio, lo que se ha limitado es la responsabilidad del deudor que quedará eximido de responder cuando el total de lo que se le reclama por costas supere el 25% del monto definitivo del juicio.
Entonces, ¿ha habido, en el caso, una violación de esa doctrina? Por el solo hecho de haberse regulado honorarios (más allá de que se supere el porcentual fijado) no ocurre tal infracción, y no la habrá en tanto no se haga un reclamo por el pago total.
Formuladas estas aclaraciones sólo me queda por señalar que deberá recomendarse al tribunal de trabajo actuante que tenga en cuenta que la responsabilidad de la condenada en costas tiene los límites fijados en aquel precepto, conforme la referida doctrina legal, debiendo en el caso, prorratearse los distintos rubros (honorarios, aportes, tasa justicia, contribución, etc.) hasta el límite del 25% del monto de condena con más sus intereses.
Con tales alcances, así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. Adhiero a lo manifestado por la señora Jueza doctora Kogan en los puntos III.1., III.2. y III.3. de su voto.
I.2. También comparto la solución a la que arriba en el punto III.4. en cuanto postula la modificación de lo decidido en la instancia de grado respecto de la imposición de las costas, en tanto se corresponde con la doctrina legal que emerge de, entre otras, la causa L. 77.914, "Zuccoli", sentencia de 2-X-2000 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
II. Por todo lo expuesto, considero que debe hacerse lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en los términos establecidos en el apartado final del voto que abre el acuerdo.
Con el alcance indicado, así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. Adhiero a lo expuesto por mi distinguida colega doctora Kogan en los puntos III.1., III.2. y III.3. de su voto.
I.2. También concuerdo con la mencionada colega en que merece favorable recepción la denuncia de violación de la doctrina legal elaborada por esta Corte -entre otros- en el precedente L. 77.914, "Zuccoli" (sent. de 2-X-2002).
I.2.a. Aun cuando en el sub lite no ha existido controversia en orden a su validez y aplicación, cabe reseñar cierta jurisprudencia relacionada con las disposiciones contempladas en la ley 24.432.
Al fallar la causa F.420.XXXVII "Fox, Héctor Raúl c/ Siderca S.A.C.I." (sent. de 28-VII-2004), la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió sobre la naturaleza común de la legislación mencionada.
Sobre tal base, puede concluirse que los arts. 1 y 8 de la ley 24.432, que incorporaron un nuevo párrafo a los arts. 505 del Código Civil (reiterado en análogos términos en el art. 730 del Cód. Civ. y Com.) y 277 de la ley 20.744, estableciendo un tope del 25% del monto fijado en la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo, en concepto de costas por la sustancia que regulan, no requieren adhesión alguna. Son entonces aplicables en el ámbito de las provincias (art. 75 inc. 12, Const. nac.), sin que ello implique alterar en modo alguno la autonomía local (causas L. 77.914, "Zuccoli", sent. de 2-X-2000; L. 73.148, "Sciandra", sent. de 12-III-2003; L. 77.859, "Acosta", sent. de 27-VII-2005 y L. 89.979, "S., M.", sent. de 16-IV-2008).
Por otro lado, el Alto Tribunal en la causa "Abdurraman, Martín c/Transportes Línea 104 S.A. s/accidente ley 9-688" (A.151.XXXVII, sent. de 5-V-2009) sostuvo que la limitación de responsabilidad incorporada por la ley 24.432 al art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, constituye un régimen especial en principio válido, cuya solución a tenor de la finalidad tenida en miras por el legislador "...se manifiesta como uno de los arbitrios posibles enderezados a disminuir el costo de los procesos judiciales y morigerar los índices de litigiosidad" (cons. 12°).
I.2.b. En el caso, surge de la liquidación de fs. 852 y regulación de honorarios de fs. 853 y vta. que el juzgador de origen rebasó la limitación porcentual establecida en las normas mencionadas; ello me conduce a acompañar la solución propuesta por la mencionada colega.
Corresponde entonces que -una vez devueltos los autos- dicho tribunal adecue el pronunciamiento efectuando el prorrateo pertinente, de modo tal que la responsabilidad de la accionada por el pago de las costas no supere el porcentaje del 25% del monto de condena (causa L. 92.089, "Arroyo", sent. de 26-X-2011).
II. En virtud de lo expuesto, debe hacerse lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído en los términos señalados anteriormente.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance est
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