Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 124851
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido desestimados en otros casos sustancialmente análogos y desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en tanto no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Morón -previa declaración de inconstitucionalidad de diversas normas de la ley 24.557- hizo lugar a la demanda promovida por María Fernanda Mohr contra Jorge y Francisco Otranto S.A. en concepto de daño material y moral. Asimismo, condenó a La Caja Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. -hoy Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.- a pagar la suma que especificó en concepto de la prestación dineraria de pago único prevista en la ley 24.557 (v. fs. 524/538).
Para así decidir, juzgó acreditado que las secuelas que padece la actora por la enfermedad sufrida -asma bronquial-, guardan estrecha relación con la actividad desarrollada para la patronal.
II. Frente a lo así resuelto la empleadora dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 15-VII-2019), los que fueron concedidos por el a quo a fs. 573. Habiéndose conferido vista al Procurador General (v. proveído de fecha 27-VII-2020 y dictamen en archivo adjunto de la presentación de fecha 17-IX-2020).
III. En el remedio extraordinario de nulidad manifiesta que el a quo omitió tratar la responsabilidad que le cabe a la aseguradora accionada en el marco del art. 1.113 del Código velezano, con motivo de la obligación que pesaba sobre ella en materia de prevención y seguridad.
Afirma que la sentencia se funda en pautas o afirmaciones de excesiva generalidad, quebrantando las garantías constitucionales que cita.
Por otro lado, sostiene que, a efectos de determinar el monto de la reparación integral, el juzgador estableció una suma que no guarda congruencia con el resto de las probanzas de autos, en especial con el porcentaje de incapacidad atribuido en el 15% del índice de la total obrera.
Señala que el tribunal de grado no descontó de la suma de condena que le fuera impuesta, los importes relativos a los intereses que se le aplicaron a la aseguradora durante el juicio.
Para finalizar, alega que en el pronunciamiento se menciona que la actora padeció una enfermedad columnaria, patología que no emerge en la causa, con lo que se configura otra incongruencia significativa y gravitante para la decisión final del litigio, poniendo de manifiesto una arbitrariedad que invalida el acto jurisdiccional.
III.1. Al respecto, corresponde señalar que la vía prevista en el art. 161 apdo. 3 inc. "b" de la Constitución provincial, únicamente puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. cit.; L. 93.996, "Pérez Baglivo", sent. de 19-X-2011; L. 100.717, "Miño", sent. de 28-XII-2011; L. 121.095, "Cimadevilla", resol. de 11-IV-2018 y L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021).
En este marco, el recurso extraordinario de nulidad deducido deviene improcedente, pues, más allá que se omite denunciar la transgresión de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial, lo que impugna la interesada es la forma en que el juzgador de origen resolvió la controversia, y bien es sabido que no corresponde, en el ámbito de la vía en estudio, realizar la revisión del acierto o desacierto jurídico de esta decisión, pues ello es materia propia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 87.192, "Arbasetti", sent. de 26-XII-2007; L. 95.649, "Borrajo", sent. de 3-IX-2008; L. 109.022, "Villa", resol. de 23-III-2010 y L. 125.039, cit.).
III.2. Luego en lo concerniente a la objeción vinculada a la falta de abordaje de la responsabilidad de la aseguradora, cabe señalar que la transgresión del art. 168 de la Carta local ocurre cuando el juzgador ha excluido el tema por descuido, pero no cuando -como sucede en el sub examine - las cuestiones se encuentran desplazadas de consideración como consecuencia de la solución a la que arribó el tribunal a quo (causas L. 90.359, "Amadeo", sent. de 25-III-2009; L. 92.804, "Olivares", sent. de 3-VI-2009 y L. 125.753, "Rey", resol. de 8-II-2021), pues lo que se sanciona con la nulidad del pronunciamiento es la omisión de una cuestión esencial y no la forma en que ésta fuere resuelta (causas L. 117.758, "Pio" y L. 118.080, "Maletti", resols. de 29-X-2014; L. 100.830, "Abelen", sent. de 3-XII-2014; L. 118.794, "Blasi", resol. de 11-IV-2018 y L. 125.753, cit.).
III.3. Por otro lado, el señalamiento de una supuesta incongruencia, relativa a una patología columnaria que no aparece invocada en la causa, lejos de erigirse como un elemento de invalidez del fallo, se evidencia como un claro error material en que incurrió el juzgador en un tramo del pronunciamiento, concretamente al abordar la excepción de prescripción deducida, pues luego, en esa misma parcela del fallo, el a quo concluyó, conforme los términos de la pericia médica, que la demandante presentaba asma bronquial, a la que define como una enfermedad inflamatoria de las vías aéreas que se produce por exposición a contaminantes ambientales que desencadenan liberación de sustancias que generan broncoconstricción, secreción y edema, dificultando la entrada y salida de aire (v. fs. 526).
III. 4. Finalmente, cabe puntualizar que la denuncia de violación de garantías consagradas en la Constitución nacional, como así también las argumentaciones que se dirigen a cuestionar la congruencia de la decisión del tribunal de mérito y la arbitrariedad que se le endilga al fallo, son igualmente extrañas al remedio en examen (causas L. 88.959, "Agrizio", sent. de 27-III-2008; L. 86.849, "Montolivo", sent. de 3-IX-2008; L. 118.841, "Magan", resol. de 21-X-2015 y L.124.729, "Ríos", resol. de 6-XI-2020).
IV.1. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la interesada sostiene que el a quo interpretó incorrectamente la ley 24.557. En sustancia, se agravia que el juzgador no extendió la condena en forma solidaria a la aseguradora. Alega errores en la forma en que se liquidaron los resarcimientos de autos. Sostiene que el fallo resulta arbitrario y cuestiona la valoración de la prueba pericial.
IV.2. Liminarmente, se impone observar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria, representado por el monto de condena, no supera el mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, vigente al momento de la interposición del presente recurso, razón por la cual la admisibilidad del remedio en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 116.525, "Rouco", sent. de 20-VIII-2014; L. 117.666, "Madrid", sent. de 11-III-2015 y L. 125.416, "Tévez", resol. de 30-XI-2020).
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 117.282, "Brizuela", resol. de 12-VI-2013; L. 116.942, "Novelli", sent. de 28-X-2015 y L. 121.245, "Leguizamón", resol. de 16-V-2018 y L. 125.416, cit.).
IV.3. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante aludida se impone nítida, desde que los precedentes traídos por la recurrente remiten a presupuestos fácticos y jurídicos distintos a los que se verifican en el presente y, por lo tanto, su invocación es ineficaz para habilitar la revisión del pronunciamiento de origen por el estrecho conducto antes citado (causas L. 116.356, "Izurieta", sent. de 30-X-2013; L. 117.361, "López Aguado", sent. de 16-VII-2014; L. 118.712, "Grecco", resol. de 2-IX-2015 y L. 125.059, resol. de 21-XII-2020).
IV.4. Finalmente, es dable recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 117.738, "Steinberg", resol. de 27-V-2015; L. 118.921, "Veliz", resol. de 23-IX-2015; L. 121.345, "Olivares", resol. de 8-VIII-2018 y L. 125.472, "Ávila", 12-II-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido desestimados en otros casos sustancialmente análogos y desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en tanto no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/03/2021 14:01:36 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/03/2021 19:53:15 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/03/2021 10:13:41 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/03/2021 09:53:07 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/03/2021 11:17:37 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia