Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 126358
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Morón hizo lugar a la demanda incoada por Marcelo Alejandro Rodríguez y, en consecuencia, condenó a Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonar la suma que especificó en concepto de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo. Asimismo, solidariamente con la empleadora Leston S.A., las obligó al pago de una reparación integral por daños y perjuicios, con sustento en el derecho común (v. fs. 843/860).
Para así decidir, tuvo por acreditado que el actor padece una incapacidad laboral parcial y permanente del 42,52% del índice de la total obrera en relación causal con el accidente padecido.
Asimismo, en lo que interesa destacar, procedió a ajustar el ingreso base por el índice RIPTE para calcular la prestación prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, señalando que el decreto 669/19 dispone su aplicación en todos los casos, independientemente de la fecha de la primera manifestación invalidante.
Por otro lado, consideró que la aseguradora resultaba responsable en los términos del art. 1.074 del Código Civil, por cuanto no cumplió con el deber de control, a fin de evitar la ocurrencia de accidentes, infringiendo de ese modo sus obligaciones de prevención establecidas en la ley 24.557.
II. Contra dicha decisión, Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 26-V-2020), el que fue concedido por el a quo mediante resolución de fecha 20-VII-2020 (v. fs. 877 vta./879 vta.).
En su presentación denuncia absurdo y arbitrariedad, e indica las normas que considera violadas.
II.1. En primer lugar, cuestiona el ingreso base tomado para el cálculo de la indemnización, alegando que el sentenciante aplicó retroactivamente el índice RIPTE previsto en la ley 26.773, dictada tres años después de la fecha del accidente. Entiende, además, que dicha actualización fue realizada de modo incorrecto, porque no debe ser aplicada sobre las fórmulas sino sobre los pisos de las prestaciones.
Al respecto, agrega que el art. 20 de la ley 27.348 es claro al establecer que será de aplicación únicamente a las contingencias cuya primera manifestación invalidante resulte posterior a su entrada en vigencia.
II.2. Luego, se agravia de la condena civil impuesta, en tanto considera que no se hallan cumplidos los presupuestos necesarios para la aplicación de lo dispuesto por el artículo 1.074 del Código Civil.
En esa línea, señala que el fallo atacado incurre en arbitrariedad al no brindar los argumentos fácticos tendientes a demostrar en forma acabada la existencia de una relación de causalidad adecuada o jurídicamente relevante entre dichos presuntos incumplimientos y el lamentable accidente.
II.3. Finalmente, objeta el porcentaje de incapacidad fijado en el pronunciamiento de origen, que aduce se encuentra alejado de lo establecido por el Baremo Ley.
Manifiesta que resulta clara la referida tabla respecto a la incapacidad a otorgar en el caso, y que el perito se alejó infundadamente del porcentaje allí fijado, situación que lo llevó a refutar dicho informe. Impugna que, sin embargo, al momento de fallar, los jueces no hallaron motivo alguno para apartarse de lo enunciado por el galeno.
También rebate que haya tenido por acreditada la existencia de incapacidad psicológica relacionada con el evento de autos, por cuanto alega que no quedó demostrado que no tuviera una base estructural.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Liminarmente, a los fines del tratamiento del remedio traído, se impone invertir el orden de los agravios.
III.2. En este marco, resulta insuficiente el embate dirigido a controvertir el porcentaje de incapacidad fijado en el pronunciamiento de origen.
Al respecto, esta Corte ha señalado que determinar el grado de incapacidad que afecta al trabajador, y en general el análisis de las cuestiones de hecho y la apreciación del material probatorio, constituyen atribuciones privativas de los jueces de grado y exentas de censura en casación, salvo absurdo (causas L. 117.984, "Vilche", resol. de 27-VIII-2014; L. 119.785, "Ortigoza", resol. de 29-VI-2016; L. 121.187, "Ponce", resol. de 30-V-2018; L. 122.597, "Vargas", resol. de 19-VI-2019 y L. 125.035, "Gutiérrez", resol. de 9-XII-2020).
Ello exige la acreditación de la existencia de un error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal, e incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 112.202, "Gilles", resol. de 6-X-2010; L. 117.891, "Alderete", resol. de 20-VIII-2014; L. 117.795, "Idaskin", resol. de 20-XI-2014; L. 121.468, "Fonzo", resol. de 22-VIII-2018; L. 121.844, "Sandoval", resol. de 13-II-2019; L. 124.111, "Ferreyra", resol. de 16-VI-2020 y L. 124.997, "Petri", resol. de 4-II-2021).
El señalado vicio no es demostrado por la recurrente, habida cuenta de que las objeciones que formula en torno al modo en que considera que el sentenciante debió valorar los hechos y las pruebas aportadas al proceso, basadas en meras apreciaciones personales y poniendo de manifiesto, tan sólo, su disconformidad con la solución alcanzada en el pronunciamiento, resultan ineficaces para conmover la decisión respecto del grado de minusvalía que en forma privativa el juzgador estableció en el fallo (causas L. 101.295, "Zakowicz", sent. de 1-IX-2010; L. 116.581, "Fornari", resol. de 29-V-2013; L. 119.978, "Manzanares", resol. de 5-X-2016 y L. 124.886, "Luna", resol. de 16-X-2020).
Asimismo, se impone recordar que en la tarea de valorar la pericia médica y asignarle entidad convictiva, los tribunales de trabajo ejercen facultades privativas, resultando la decisión que adopten al respecto ajena al cometido de la Suprema Corte, salvo absurdo (causa L. 110.646, "Buscarini", sent. de 29-V-2013; L. 119.974, "Cuevas", resol. de 7-IX-2016; L. 120.191, "Ruiz", resol. de 19-IV-2017; L. 122.801, "Molina", resol. de 6-XI-2019 y L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020), vicio que, como se anticipó, no logra ser acreditado.
III.3. Igualmente insuficiente es el reproche vinculado a la adjudicación de responsabilidad en los términos del art. 1.074 del Código Civil.
De modo preliminar, cabe señalar que reiteradamente Corte ha declarado que determinar si la aseguradora ha cumplido o no con las obligaciones que el sistema de la ley 24.557 pone a su cargo en materia de seguridad, prevención y control de los riesgos del trabajo, y si media o no relación causal entre tales inobservancias y el daño comprobado, son cuestiones privativas de los jueces de grado no revisables en casación, salvo absurdo, que debe ser invocado y fehacientemente demostrado por la parte interesada (causas L. 115.990, "Staropoli", sent. de 11-XII-2013; L. 118.668, "Sosa", resol. de 15-VII-2015 y L. 124.685, "Knaupe", resol. de 15-IX-2020).
En el caso, la impugnante no satisface la referida carga, en tanto no concreta una réplica idónea que desvirtúe el esencial razonamiento del sentenciante de grado, para quien la aseguradora de riesgos de trabajo incumplió los deberes a su cargo de seguridad, prevención y control de riesgos, asesoramiento, asistencia técnica y capacitación y, sobre dicha plataforma concluyó verificados, los presupuestos de responsabilidad civil del art. 1.074 del Código Civil de Vélez Sarsfield.
En efecto, sostuvo el juzgador en el veredicto que las únicas constancias acompañadas por la demandada fueron dos copias de visita y de verificación, la primera de fecha anterior al ingreso del actor y la segunda posterior al accidente, ambas desconocidas por el accionante, y que carecían de todo valor probatorio por no haberse ofrecido el respaldo registral de la documentación desconocida.
Siendo ello así, se advierte que la argumentación del recurrente exhibe, en rigor, un reproche que tan solo traduce una mera discrepancia subjetiva con el criterio seguido por el juzgador de grado, sin demostrar la transgresión de las normas legales que denuncia, ni que medie error en el modo como el tribunal de trabajo resolvió la controversia, método que, sabido es, resulta insuficiente para demostrar la concurrencia de absurdo (causas L. 116.825, "Narváez", sent. de 6-XI-2013; L. 116.975, "Kilimik", sent. de 28-VIII-2014; L. 119.785, "Ortigoza", resol. de 29-VI-2016; L. 123.149, "Lescano", resol. de 30-X-2019 y L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021).
III.4. Finalmente, el agravio referido a la aplicación del índice RIPTE para cálculo del ingreso base denota un manifiesto déficit técnico, desde que la interesada omite denunciar como transgredida la norma actuada por el juzgador de grado y que dio sustento al fallo que ataca (decreto 669/19), dejando insatisfecha la exigencia básica prevista en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 116.692, "Agüero", resol. de 15-VIII-2012; L. 120.837, "Rubén", resol. de 6-II-2017; L. 121.114, "Guiñazu", resol. de 11-IV-2018 y L. 125.157, "Dietrich", resol. de 22-II-2021), sin que la Suprema Corte pueda suplir de oficio, por inferencia o interpretación, la cita de los preceptos que debió efectuar la recurrente para fundar su impugnación (causas L. 118.206, "Apa", resol. de 8-X-2014; L. 118.141, "Colino", resol. de 12-XI-2014; L. 121.686, "García", resol. de 5-XII-2018 y L. 124.146, "Peralta", resol. de 11-III-2020).
En definitiva, circunscripta la facultad revisora de este Tribunal al contenido de la sentencia según la concreta impugnación que contra ella se formule, la insuficiencia del presente reproche impide, pues, revisar el acierto o desacierto de la decisión de grado (causas L. 107.439, "Pérez", sent. de 26-IX-2012; L. 102.603, "Sebastiani", sent. de 4-XII-2013; L. 121.833, "Blanco", resol. de 3-X-2018 y L. 124.050, "Rivero", resol. de 18-VIII-2020).
Por lo demás, corresponde indicar que la cita de doctrina legal deviene ineficaz si los precedentes invocados en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley fueron elaborados sobre la base de presupuestos diferentes a los propios del caso en juzgamiento (causas L. 110.363, "Moreira", sent. de 31-VII-2013; L. 117.361, "López Aguado", sent. de 16-VII-2014; L. 120.447, "Ferrari", resol. de 13-XII-2017 y L. 123.930, "Caso", resol. de 3-VIII-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/06/2021 12:20:33 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/06/2021 17:22:51 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/06/2021 09:52:34 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/06/2021 11:17:09 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/06/2021 13:43:51 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia