Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 124115
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.115, "Sabels, Nicolás contra Consorcio de Gestión de Puerto Quequén. Accidente de trabajo", con arreglo al siguiente orden de votación (Acuerdo 2078): doctores Kogan, Soria, Torres , Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Necochea hizo lugar parcialmente a la demanda deducida, con costas a cargo de la accionada vencida (v. fs. 847/902 vta. y aclaratoria de fs. 904/907 vta.).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 22-IV-2019).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar parcialmente a la demanda deducida por Nicolás Sabels (fallecido durante la tramitación de la causa) y condenó a Consorcio de Gestión de Puerto Quequén a pagarle a la señora Liliana Elena Petrosino y a Raquel Andrea, Nicolás Emanuel y Facundo Alberto Sabels (esposa e hijos, respectivamente) la suma que especificó en concepto de indemnización por los daños y perjuicios derivados de la incapacidad provocada por la dolencia que contrajera a consecuencia de las tareas prestadas para su empleadora (v. fs. 847/902 vta.).
Para así decidir, el juzgador tuvo por acreditado no sólo la dolencia denunciada (alergia mediada por IgE manifestada por cuadros de broncoespasmo y urticarias al contacto con alérgenos en su lugar de trabajo) y la relación causal con la tarea cumplida para la demandada, sino, también, la incapacidad generada por la afección, que, de conformidad con las conclusiones volcadas por el perito médico en su informe, resultó estimada en el 15% del índice de la total obrera y en el 100% para el desarrollo de las tareas habituales (v. fs. 852 vta./857 y 862/863 vta.).
Sobre este último aspecto, y en lo que aquí resulta relevante por ser motivo de agravio, en la sentencia el tribunal de origen analizó las posturas de las partes en el litigio y determinó, en base a la doctrina autoral y a las directrices que fluyen del precedente "Aróstegui" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que mediante la reparación de daños laborales fundados en el derecho común se deben resarcir todos los aspectos del afectado en lo que se refiere a su personalidad, integridad y vida de relación; debiéndose contemplar los perjuicios sufridos al margen del menoscabo a la actividad productiva (v. fs. 887 vta./889).
Señaló el sentenciante que en esa dirección debía ser tenido en cuenta el 100% de incapacidad del trabajador para el desarrollo de sus tareas habituales establecido por el perito médico, no sólo por la habitualidad y especificidad de las mismas al margen del título habilitante, sino además porque es la que mejor representa la compensación de los inconvenientes que sufrió el señor Nicolás Sabels a partir de la manifestación de la dolencia, es decir, la incapacidad física, laboral y psíquica y los perjuicios de la vida de relación en todas sus manifestaciones: familiares, culturales, deportivas, artísticas, etc. (v. fs. 889 y vta.).
II. Contra la decisión de origen, se alza la legitimada pasiva mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la transgresión de los arts. 14, 17, 18, 31 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 8 y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 902 a 906 del Código Civil (ley 340); 384 y 163 inc. 5 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 inc. "d" de la ley 11.653 y de la doctrina legal que identifica.
II.1. Se agravia del porcentaje de incapacidad en base al cual fue cuantificado el resarcimiento por daño emergente.
A juicio del compareciente, los magistrados de grado incurrieron en absurdo al valorar la pericia médica, pues -asevera- contrariamente a lo afirmado en el pronunciamiento, el trabajador es portador de una incapacidad parcial y permanente del 15% del índice de la total obrera.
Explica que el perito hizo referencia al 100% de incapacidad para el "desarrollo de tareas en el lugar de trabajo" y no para las "tareas habituales".
Argumenta que las labores que realizaba el actor tampoco exigían una profesión determinada ni conocimientos técnicos o preparación específica previa, ya que podían ser prestadas por cualquier trabajador a partir de la experiencia que hubiera adquirido y el fiel cumplimiento de las órdenes que le impartieran sus superiores.
Aduce que el tribunal arribó a un desproporcionado monto de condena -de $619.511,71- mientras que, continúa, de tomarse el porcentaje de incapacidad determinado por el experto, la indemnización por daño emergente se reduciría a $22.897,77 (v. rec., punto VII.2.3).
II.2. Refiere, en otro orden, que en el fallo se aplicó erróneamente la fórmula "Méndez" para estimar dicho resarcimiento, en tanto esta última solo puede ser utilizada para calcular el lucro cesante (v. rec., punto VII.5).
II.3. Por último, peticiona que, al momento de revisarse la cuestión relativa a la indemnización por daño material, se revea -también- el quantum determinado en concepto de perjuicio moral (v. rec., punto VII.6).
III. El recurso no prospera.
III.1. Inicialmente, cabe señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por la diferencia entre el importe indemnizatorio establecido en la sentencia en concepto de daños emergente y moral y el que resultaría de la estimación del porcentaje de incapacidad que propone el compareciente- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141, razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido solo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de la Suprema Corte queda acotada a verificar si lo resuelto contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando se ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 120.201, "Morris", sent. de 24-IV-2018; L. 120.998, "López", sent. de 27-XI-2019; L. 121.770, "Salgado", sent. de 21-IX-2020; L. 120.853, "Bowers", sent. de 21-X-2020; L. 122.218, "Villarroel", sent. de 9-XII-2020; L. 121.841, "Sanchioni", sent. de 21-IV-2021 y L. 124.084, "Vecchio", sent. de 5-V-2021; e. o.).
III.2. Bajo esa directriz, observo que los planteos que despliega el interesado con la finalidad de desvirtuar lo resuelto por el tribunal de grado no son atendibles.
III.2.a. Ello es así, porque lejos de evidenciar la existencia de violación de doctrina legal, se limita a cuestionar -por conducto de la evocada configuración del vicio de absurdo en la apreciación del dictamen emitido por el perito médico desinsaculado en autos- el porcentual de incapacidad que tuvo en consideración el juzgador para cuantificar el resarcimiento reconocido al actor en la sentencia.
En verdad, se avizora en la queja que los agravios que allí se proponen, con denuncia de absurdo y dirigidos a impugnar la conclusión de grado en cuanto definió la incapacidad padecida por el trabajador en orden al 100% para el desarrollo de sus tareas habituales -y ello en virtud de la naturaleza de la afección y las consecuencia que de ella derivan- imponen necesariamente una revisión del análisis de los hechos y de las pruebas que concurren en el caso, todo lo cual se encuentra excluido del ámbito de la casación por la vía transitada.
En este sentido, reiteradamente ha declarado esta Suprema Corte que no concurre el supuesto de excepción previsto en la mencionada norma del régimen adjetivo laboral cuando se traen a su conocimiento cuestiones fácticas, ni cuando se ventilan agravios relacionados con el absurdo en la valoración de la prueba realizada por el juzgador (causas L. 118.457, "Avalos", resol. de 18-III-2015; L. 118.322, "Farías", sent. de 14-XII-2016 y L. 125.158, "Sangorrin", resol. de 4-III-2021; e. o.). Tampoco, cuando la doctrina que se invoca como violada refiere al aludido vicio (causas L. 96.679, "Cisneros", sent. de 2-III-2011 y L. 116.842, "Ferreyra Sotelo", resol. de 24-X-2012).
III.2.b. Si bien lo expuesto resulta suficiente para rechazar la queja examinada, cabe agregar que el precedente que cita el recurrente en el punto VII.4.3 de la crítica (causa L. 96.467, "Busso", sent. de 3-VI-2009) tampoco resulta útil, ya que no guarda correspondencia con las motivaciones del juzgador de grado que constituyeron factores esenciales de este tramo de la decisión, ni refiere a situaciones similares, atento haber mediado presupuestos facticos diferentes a los propios del caso bajo juzgamiento (causas L. 120.736, "Gorosito", sent. 27-VII-2020; L. 124.183, "Britos", sent. 9-XII-2020 y L. 123.734, "Peralta", sent. de 18-V-2021; e. o.).
III.2.c. Finalmente, el agravio por el que se objeta la aplicación de la fórmula "Mendez" al caso de autos, así como la petición fundada en la revisión del quantum indemnizatorio fijado en concepto de daño moral (v. rec., punto VII.6), también resultan inatendibles.
Tal como ha sostenido esta Suprema Corte, en el marco excepcional previsto por el art. 55 de la ley 11.653, corresponde el rechazo de la crítica que contenga el recurso cuando no se ha denunciado a su respecto la vulneración de doctrina legal alguna, presupuesto esencial e inicial para pretender la revisión de lo resuelto por dicha vía (causas L. 115.488, "Cahuapé Pereyra", sent. de 10-IX-2014 y L. 118.436, "Llanos", sent. de 15-VI-2016; e. o.).
III.3. En definitiva, no habiéndose configurado la hipótesis de admisibilidad contemplada en la ley adjetiva laboral local, deben permanecer incólumes las conclusiones del fallo de grado.
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar por inadmisible el recurso extraordinario traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
Los señores Jueces doctores Soria , Torres y Genoud , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/12/2021 20:00:41 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/12/2021 23:46:13 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/12/2021 11:07:18 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/12/2021 10:08:35 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/12/2021 10:35:14 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia