Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128302
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Mercedes, con asiento en dicha ciudad, rechazó en todos sus términos la demanda instaurada por Ramón Alberto Buzzo contra Transporte José Beraldi S.A. y Mapfre Argentina Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. (hoy Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.), mediante la que reclamaba el pago de una reparación integral por daños y perjuicios, con sustento en el derecho común y, en subsidio, las prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo (v. pronunciamiento de fecha 26-VIII-2021).
Para así decidir, juzgó no acreditado que las dolencias que padece el reclamante, que le provocan una incapacidad psicofísica permanente, hubieran sido generadas por la actividad laboral desarrollada para la patronal.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica del 8-IX-2021), el que fue concedido por el a quo , en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (v. resol. de fecha 27-IX-2021).
En su medio impugnativo, el interesado relata los antecedentes de la causa, cita las normas y la doctrina que considera violadas. Plantea la inconstitucionalidad del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial. Asimismo, sostiene que se debe habilitar la instancia extraordinaria local sin restricciones, desde que se encuentra involucrada una cuestión federal.
En sustancia, afirma que la decisión del tribunal de origen, en cuanto tuvo por no probada la existencia del nexo causal entre las patologías sufridas por el accionante y las tareas que desarrollaba para la principal, es fruto de una absurda valoración de la prueba.
Luego, entiende que el sentenciante omitió considerar que el trabajador se encontraba en perfecto estado de salud y que no recibió los elementos de seguridad adecuados para desempeñar las labores. Seguidamente, alega que el camión que conducía era riesgoso en sí mismo. Por último, le endilga no haber advertido que la empresa empleadora había asumido una actitud desaprensiva, maliciosa y obstructiva en el transcurso del proceso.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 123.066, "Núñez", resol. de 14-VIII-2019 y L. 122.494, "Caballero Fernández", resol. de 11-IX-2019), hipótesis que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020).
III.2. Asimismo, y en torno al planteo de inconstitucionalidad articulado por el impugnante, cabe recordar que esta Suprema Corte ha señalado que el recurso de inaplicabilidad de ley se concede "con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan" (art. 161 apdo. 3 inc. "a" de la Constitución local) y que las limitaciones estipuladas por las normas procesales en cuanto al valor del litigio para la concesión del mismo no vulnera derechos y garantías constitucionales, resultando compatible con el citado art. 161, pues no impide deducir el recurso extraordinario previsto, sino que lo condiciona a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa y sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio (causas L. 116.461, "Arriola Camacho", sent. de 31-VII-2013; L. 117.666, "Madrid", sent. de 11-III-2015 y L. 120.442, "Alegre", resol. de 3-V-2017).
III.4. Realizado el examen conforme los lineamientos anteriormente enunciados, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado desde que, mediante la denuncia de violación de doctrina legal, el impugnante trae a consideración agravios relacionados a cuestiones cuya definición es privativa del sentenciante de grado y relativos a la valoración de los hechos y las pruebas -como lo es, la determinación de la existencia de relación causal entre la patología que afecta al trabajador y el trabajo desempeñado-, así como el supuesto absurdo en que habría incurrido el tribunal de trabajo al meritar las circunstancias probatorias de la litis (causas L. 117.762, "Elormendi", resol. de 5-III-2014; L. 120.446, "Chamas", resol. de 14-VI-2017; L. 120.677, "Merlo", resol. de 27-IX-2017; L. 124.723, "Núñez", resol. de 2-XI-2020; L. 125.287, "Seguel", resol. de 13-XI-2020; L. 126.743, "Ricardini", resol. de 6-VIII-2021 y L. 127.241, "Rizzo", resol. de 20-X-2021).
Tampoco abastece aquel cometido, la denuncia de precedentes relacionados con la configuración del vicio de absurdo, pues resultan inhábiles a los fines de abrir la competencia revisora por el estrecho marco cognitivo enunciado (causas L. 121.929, "Arrua", resol. de 27-II-2019; L. 124.463, "Gamero", resol. de 14-VII-2020; L. 125.418, "Marín", resol. de 12-II-2021 y L. 128.010, "Lezcano", resol. de 1-XI-2021).
Por lo demás, resta señalar que no constituye doctrina legal, en los términos señalados, la que deriva de la opinión de los autores, ni la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 125.485, "Morales", resol. de 4-II-2021; L. 126.551, "Arias", resol. de 4-III-2021 y L. 126.594 "Fredes", resol. de 11-VI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/05/2022 15:08:59 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/05/2022 10:17:59 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/05/2022 13:42:39 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/05/2022 19:53:52 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/05/2022 07:52:12 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 23/05/2022 10:41:25 hs. bajo el número RR-653-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia